Derecho y Políticas Públicas

DIXI

ISSN (en línea): 2357-5891

Vol. 20, No. 28, julio 2018

Derecho y Políticas Públicas

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Sobre la implementación de la Justicia Especial para la Paz en Colombia: una reflexión sobre las fuerzas opositoras y su interés por ralentizar la transición

On the implementation of the Special Justice for Peace in Colombia: a reflection on the opposition forces and their interest in slowing the transition

Carlos Albeiro Flórez Vargas¹

Correo electrónico: primerodignidad@gmail.com

Recibido: 25 de agosto del 2018

Aprobado: 2 de octubre del 2018

Disponible en línea: 5 de enero del 2019

Cómo citar este artículo: Carlos Albeiro Flórez Vargas. Sobre la implementación de la Justicia Especial para la Paz en Colombia: una reflexión sobre las fuerzas opositoras y su interés por ralentizar la transición. DIXI 28. Julio 2018. Digital Object Identifier: Enlace a página

Resumen

Objetivo: este artículo es una invitación a reflexionar sobre las estratagemas que pretenden limitar o anular el accionar de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Asimismo, sobre las consecuencias nefastas de estas prácticas no solo para la sociedad, sino, incluso, para quienes las promueven.

Metodología: con el ánimo de reflexionar sobre estas posturas es importante considerar los diferentes modelos de justicia transicional.

Resultados: en un conflicto interno como el colombiano, el cual inundó de violencia a todo un país por más de 50 años, son muchos los actores que intervienen. Entre estos, algunos han sido reconocidos plenamente, mientras otros aún permanecen en el anonimato. Por una parte, dentro del primer conjunto, existen muchos exmilitantes (tanto de las Fuerzas Militares estatales como de la insurgencia y de grupos paramilitares) interesados en resolver su situación jurídica por medio del Tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP). Por otra, quienes no han sido procesados, condenados o siquiera expuestos públicamente como responsables de actos de violencia en el marco del conflicto, despliegan toda una serie de estrategias con el fin de evitar que el proceso de transición sea efectivo.

Conclusiones: la ceguera política, en un contubernio perverso con la ignorancia sobre los principios y modelos explicativos que orientan la justicia transicional, nubla toda racionalidad que permita el tránsito efectivo de una sociedad con un conflicto interno a una con una paz estable y duradera.

Palabras clave: actores del conflicto, burocracia, justicia transicional, reparación y no repetición, terceros civiles, víctima y victimarios.

ISSN 2357-5891 (en línea)

Derecho y Políticas Públicas

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On the implementation of the Special Justice for Peace in Colombia: a reflection on the opposition forces and their interest in slowing the transition

Abstract

Objective: this article is an invitation to reflect on the stratagems that seek to limit or annul the actions of the Special Justice for Peace (JEP). Also, about the harmful consequences of these practices not only for society, but even for those who promote them.

Methodology: in order to reflect on these positions, it is important to consider the different models of transitional justice.

Results: in an internal conflict like the Colombian one, which flooded a whole country with violence for more than 50 years, many actors intervene. Among these, some have been fully recognized, while others remain anonymous. On the one hand, within the first group, there are many ex-militants (both from the State Military Forces as well as from the insurgency and from paramilitary groups) interested in resolving their legal situation through the Special Justice Tribunal for Peace (jep). On the other hand, those who have not been prosecuted, condemned or even publicly exposed as responsible for acts of violence in the context of the conflict, deploy a whole series of strategies in order to prevent the transition process from being effective.

Conclusions: political blindness, in a perverse conspiracy with ignorance about the explanatory principles and models that guide transitional justice, clouds any rationality that allows the effective transition from a society with an internal conflict to one with a stable and lasting peace.

Keywords: conflict actors, bureaucracy, transitional justice, reparation and non-repetition, civilian third parties, victim and victimizers.

Sobre a implantação da Justiça Especial para a Paz na Colômbia: uma reflexão sobre as forças opositoras e seu interesse por desacelerar a transição

Resumo

Objetivo: este artigo é um convite à reflexão sobre os estratagemas que pretendem limitar ou anular o agir da Justiça Especial para a Paz (jep); bem como sobre as consequências nefastas dessas práticas não somente para a sociedade, mas também para quem os promovem.

Metodologia: a fim de refletir sobre esses posicionamentos, é importante considerar os diferentes modelos de justiça de transição.

Resultados: num conflito interno como o colombiano, o qual inundou de violência a todo o país por mais de 50 anos, são muitos os atores que intervêm. Entre estes, alguns têm sido reconhecidos plenamente, enquanto outros ainda permanecem no anonimato. Por um lado, dentro do primeiro conjunto, existem muitos ex-militantes (tanto das Forças Militares estatais quanto da insurgência e de grupos paramilitares) interessados em resolver sua situação jurídica por meio do Tribunal da JEP. Por outro, os que não foram ainda processados, condenados ou expostos publicamente como responsáveis de atos de violência no contexto do conflito desenvolvem uma série de estratégias a fim de evitar que o processo de transição seja efetivo.

Conclusões: a cegueira política, num conluio perverso com a ignorância sobre os princípios e os modelos explicativos que orientam a justiça de transição, turva qualquer raciocínio que permita a transição efetiva de uma sociedade com um conflito interno a uma com paz estável e duradoura.

Palavras-chave: atores do conflito, burocracia, justiça de transição, reparação e não repetição, terceiros civis, vítima e vitimários.

La política es la continuación de la guerra por otros medios.

Foucault

1. Introducción

El estudio comparativo de los procesos de justicia transicional le permite a quienes están involucrados en estos —lo cual incluye, indudablemente, a los colombianos— percibir parte de la compleja dinámica que implica el tránsito de una sociedad en conflicto interno a una en la que prevalezca el derecho fundamental a la paz. Las personas que han permanecido, a lo largo de su vida, en medio de un conflicto interno (unos como víctimas directas y otros como indirectas) no están facultados para verificar sus conductas y motivos, toda vez que los padecimientos físicos y psicológicos logran difuminar o nublar la conciencia. Este fenómeno ha sido observado por filósofos desde la Antigüedad, como, por ejemplo, Platón y Aristóteles (en los Diálogos y en la Ética Nicomaquea, respectivamente), quienes elaboraron unos sistemas teóricos que, aunque opuestos, dan cuenta de una suerte de ceguera de los ciudadanos frente a los propósitos de la polis (cudad Estado). Razón por la cual existe en la obra de ambos una desconfianza marcada frente a la democracia: entregar el poder o, mejor, las decisiones políticas al pueblo (que por regla general no toma las decisiones más sabias) es irresponsable. El mejor gobierno es el que ejercen los sabios, pues no puede un hombre enseñar o poner en práctica lo que no ha aprendido. La virtud de la polis (la felicidad de los ciudadanos, según Aristóteles) solo se alcanza cuando las decisiones que la afectan las tomans hombres virtuosos, esto es, los aristócratas.

En la actualidad, la ceguera del grueso de la población en democracias como la colombiana (los niveles de analfabetismo e indiferencia política son significativos en relación a los países europeos) es evidente. Las iniciativas populares que logran cambios sociales importantes son reprimidas o desestimadas, los líderes sociales son asesinados por reclamar derechos consagrados en la Constitución de 1991, los responsables de abusos del poder no han sido juzgados, el Congreso de la República ha dilatado los trámites necesarios para la implementación de la JEP, los acuerdos no se han cumplido por parte del Gobierno Santos, la exigencia de justicia se realiza en un entorno enrarecido por emociones desbordadas, los terceros civiles quedaron excluidos de responsabilidad ante la JEP (salvo si es su voluntad participar) y las víctimas no han sido asumidas como el núcleo y la razón de ser de la transición. Sobre estas circunstancias versa este artículo. Se reflexiona sobre cada uno de estos fenómenos en torno a dos premisas: 1. Los estudios comparativos permiten una comprensión amplia de las situaciones que se presentan en las transiciones, lo cual contrarresta la ceguera derivada de los vicios en el conocimiento y en la información; 2. No existe una teoría general de la justicia transicional, por lo cual es necesario reflexionar con relación a las particularidades del caso colombiano y no incurrir en semejanzas o diferencias injustificadas entre los procesos adelantados en el mundo hasta la fecha.

En Colombia, son pocas las iniciativas populares que prosperan y se convierten en verdaderas expresiones de la comunidad. Esto ocurre, en parte, porque existen aún —en medio del proceso de transición— manifestaciones sistemáticas y focalizadas de violencia. Los líderes sociales que adelantan dichos proyectos son amedrentados y, en el peor de los casos, asesinados debido a sus esfuerzos por recuperar tierras que fueron objeto de despojo por parte de los grupos armados, la reparación integral de las víctimas, el reconocimiento de la verdad y por su gestión frente a la reconfiguración de las tierras que son aún utilizadas para los cultivos ilícitos (sustitución de cultivos). Esta situación dificulta, por obvias razones, que las comunidades particularmente violentadas contribuyan a la transición. Las manifestaciones de la voluntad de cambio que devienen de las víctimas, por medio de sus líderes, las interrumpen con violencia, lo que indica cómo el proceso de justicia transicional se lleva a cabo en medio de una serie de mecanismos ilegales de coacción. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿quiénes se encuentran detrás de los asesinatos sistemáticos en contra de los líderes sociales y de las diversas limitaciones impuestas a los proyectos populares centrados en el posconflicto?

2. Las fuerzas en el posconflicto

Los factores económicos, aunque no son los únicos ni los más importantes en términos de causas del conflicto interno, deben atenderse con el fin de responder al anterior cuestionamiento. La economía de guerra en Colombia giró en torno al narcotráfico. Tanto los grupos paramilitares como las guerrillas se financiaron, sobre todo, del cultivo, el procesamiento y la distribución de narcóticos hacia los EE. UU. y Europa. La firma del acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno Santos implicó que una parte significativa del negocio de la cocaína, dominado por la extinta guerrilla, quedase a la deriva o en manos de quienes no se acogieron a las directrices pactadas. Ahora bien, por un lado, los nuevos interesados en las rutas, los cultivos, la mano de obra y demás mecanismos para realizar la actividad ilícita ejercen la fuerza para mantener el control sobre las zonas que estaban en poder de las FARC-EP. Entre estos interesados se pueden contar las Bacrim (bandas criminales que son el subproducto del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC), grupos narcotraficantes en esencia y algunos grupúsculos que incursionan en el negocio. Por otra parte, se encuentran las denominadas “disidencias de las FARC-EP”. Se trata de exintegrantes del extinto grupo guerrillero que decidieron no acogerse a la Justicia Especial para la Paz y continuar con el narcotráfico asumiéndose como un grupo sin fundamento político. Adicional a esto, existen otros actores que se benefician de la permanencia de la violencia y de los asesinatos de líderes sociales que promueven procesos de restitución de tierras, de reparación de víctimas y de conocimiento de la verdad de las atrocidades cometidas contra la población civil durante el conflicto. Se trata de quienes estuvieron en el poder e incurrieron en toda una serie de delitos de lesa humanidad. Su interés por mantener esta situación va más allá de lo económico —pues están involucrados en la compra de tierras que fueron objeto de despojo por parte de los paramilitares—, y se aloja en lo político.

3. El derecho como instrumento de intereses particulares en el posconflicto

La teoría expuesta por Santos,²1 la cual da cuenta de los elementos constitutivos del derecho, puede contribuir a la comprensión de la forma en que se implemen las fuerzas internas de un Estado para limitar y poner en tensión el proceso de justicia transicional. Dicha teoría explica cómo es posible que los diferentes actores ejerzan una suerte de influencia sobre la comunidad que, atónita o enceguecida por las emociones que se promueven en el entorno del posconflicto, hace de la transición un proceso complejo y desgastante. En ese sentido, Santos³ establece cómo el derecho lo componen tres elementos que se interrelacionan entre sí, pero que pueden ejercerse de manera independiente: la retórica, la burocracia y la violencia. La retórica representa todo discurso político que emiten voces reconocidas por el pueblo (los partidos políticos a través de sus dirigentes, por ejemplo). El elemento burocrático encuentra su mayor expresión en el derecho positivo, en la norma jurídica; y, por su parte, el componente de la violencia se refiere al uso de la fuerza.

Los actores del conflicto, en un escenario ideal de justicia transicional, deben comparecer ante el tribunal especial creado con el fin de juzgar los casos derivados del periodo de violencia. Sin embargo, algunos permanecen en el anonimato y, más aún, desempeñan cargos públicos. Esta situación no es extraña, ni es particular del caso colombiano. En los procesos de transición llevados a cabo en Argentina y Chile los perpetradores de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron funcionarios hasta muchos años después de derrocadas las dictaduras. Es decir, cierta parte de los actores del conflicto conserva poder después de que, sobre el papel, su mandato ha perdido vigencia. No se trata con esto de igualar los procesos de Chile y Argentina con el colombiano, sino de señalar un factor común (entre otros que no lo son) que subraya el funcionamiento de las instituciones: sin una condena que implique perder los derechos políticos, todo ciudadano puede aspirar a cargos de elección popular. Esos responsables de crímenes de lesa humanidad y de masacres contra la población civil, entre otras atrocidades, que se mantienen en el anonimato y cuentan con poder, juegan un papel determinante en la consecución o el fracaso de un tránsito entre una sociedad en guerra y una en paz. Sus acciones van encaminadas a entorpecer, limitar, ralentizar y, en el peor de los casos, eliminar lo pactado con el propósito de mantener la verdad oculta y su imagen política intacta. Para esto, se han utilizado los tres componentes de derecho.

Los discursos, desde que se iniciaron los diálogos de paz hasta que se firmó el acuerdo, han sido orientados —por parte de quienes ostentaron el poder en el Gobierno inmediatamente anterior— hacia la desconfianza sobre lo negociado, y luego sobre lo pactado. Una parte importante de los que participaron del Gobierno de Álvaro Uribe enfilaron sus discursos hacia la creación de pánico colectivo en torno a los acuerdos de La Habana. Incluso, el mismo expresidente se rehusó a participar de los diálogos argumentado que no negociaba con “terroristas”, a pesar de que la comunidad internacional ya había reconocido el estatus beligerante de las FARC-EP, lo que le permitía ser escuchado como grupo político alzado en armas. Los adjetivos utilizados para designar tanto a los miembros del equipo negociador como a los integrantes de la guerrilla motivaron una serie de emociones negativas que lograron dificultar, innecesariamente, el proceso de negociación y, por supuesto, el de implementación del Acuerdo. Vale la pena resaltar que este “panorama desolador y escéptico de la racionalidad deliberativa en los procesos de toma de decisiones incrementa sus insuficiencias en situaciones de justicia transicional, donde se acentúan los elementos emocionales”.⁴

Los discursos promovidos por las bancadas que están en contra del proceso de justicia transicional pactado en La Habana tiene su mejor expresión en los medios de comunicación masiva. De acuerdo con de Páramo, “la comunicación pública puede cambiar no solo las preferencias, sino también las identidades”.⁵ Un ejemplo claro de esto se presenta cuando una facción, como, por ejemplo, la que componen los conservadores, asumen que las personas pobres son incapaces de progresar, por lo que invertir los fondos estatales en proyectos sociales enfocados en la población pauperizada es inútil y una expresión de prodigalidad. En ese sentido, “la opinión pública, en lugar de ser el resultado neto de la suma de las preferencias de los ciudadanos, es más bien una función del debate de las élites que inducen a las preferencias a su conveniencia”.⁶ Otra situación que ilustra lo anterior se presenta frente a las exigencias desoídas, desatendidas, de los pueblos ancestrales de Colombia en relación con el derecho a la tierra o Derecho Mayor.⁷ La lucha constante de los indígenas por el reconocimiento de la propiedad sobre tierras heredadas por sus ancestros es un hecho conocido. La tierra ha sido el factor más determinante en la aparición de una verdadera desarmonía entre la cultura mayoritaria y las comunidades indígenas. Esto, en gran medida, se manifiesta como consecuencia de una concepción cerrada, insuficiente, del valor de la tierra para el mundo indígena: “Obtener y procesar información acerca de la cosmovisión de una comunidad indígena no es suficiente para comprender su universo. Hace falta establecer un diálogo casi simbiótico que permita la asimilación de símbolos”.⁸ Ante esto (el reclamo de las tierras ancestrales por parte de las diferentes comunidades) los medios de comunicación masiva han permanecido en silencio, lo que demuestra la falta de compromiso con las causas de los pueblos minoritarios que, por cierto, también han sido afectados por el conflicto armado interno.

Los actores del conflicto que permanecen anónimos (terceros civiles y funcionarios de todos los rangos) mantienen una particular relación con el poder de los medios que les permiten construir un entorno que responda a sus intereses particulares. Como bien lo afirma de Páramo, “actores privados e interesados intervienen en los debates generales para convencer al público de efectos causales erróneos de las políticas, lo que hace que los ciudadanos presionen a los legisladores para que actúen sobre la base de esas creencias erróneas” (p. 14). En Colombia, este fenómeno se presenta de manera evidente. Los medios de comunicación masiva han privilegiado la promoción de los escenarios y discursos en los que la negociación y el posterior acuerdo son atacados de forma insidiosa. Prueba de esto fueron los resultados del plebiscito por la paz adelantado por el Gobierno nacional. La mayoría de los colombianos votó de forma negativa por la concreción del acuerdo de Paz, lo cual se debió —ya que los mismos promotores del no lo confesaron— a una campaña de desprestigios que indujo al error a millones de ciudadanos. Más allá de esto, en los debates del Congreso de la República, organismo encargado de producir una regulación que le permita actuar a la JEP, se han desplegado estos discursos que envenenan a la población al tiempo que imponen toda una serie de talanqueras y obstáculos a la implementación del acuerdo. Con esto se busca señalar que los discursos de odio que orientan a la población hacia una resistencia al cambio, a la transición, están debidamente representados por algunas bancadas. Es en este punto que el elemento burocrático se convierte en una herramienta para alcanzar los propósitos de aquellos actores del conflicto que permanecen anónimos. En suma, los diferentes discursos que se oponen al proceso de transición se han promovido en diferentes espacios, como, por ejemplo, en los medios de comunicación y el Congreso de la República, lo que genera una clara instrumentalización de las personas por medio de la inducción al error. Esta situación convierte a los ciudadanos en medios para lograr los fines de la oposición. La violación del imperativo categórico kantiano es evidente: es desconocido el valor intrínseco de todo ser humano toda vez que se afecta su autonomía.⁹ Las decisiones de la población desinformada, o mal informada, están viciadas en razón de unos intereses particulares bien definidos: “Las emociones pueden producir creencias distorsionadas al tergiversar la información, e incluso pueden influir directamente en la formación de creencias, aunque exista una información correcta no distorsionada”.¹⁰ Lo anterior quiere decir que, la manipulación emocional, incluso cuando las negociaciones son transparentes, es efectiva en la medida en que logra que parte de la población se manifieste. La ira, por ejemplo, no se queda en una reflexión airada, sino que trasciende al espectro de las acciones: “Las emociones son estados o disposiciones mentales, intencionales, con antecedentes cognitivos y con una tendencia a la acción”.¹¹

El elemento burocrático también lo utilizan los opositores y los actores del conflicto que permanecen anónimos. Los partidos que los representan se han encargado de retrasar la implementación del acuerdo final. En un primer momento, se opusieron a la aprobación de un mecanismo que le permitiera tramitar, de manera especialmente acelerada, las normas que permitieran el otorgamiento de las amnistías necesarias para que los integrantes de las FARC-EP se desplazaran hacia los sitios de concentración. En una segunda instancia, sobre la base de los resultados negativos del plebiscito por la paz, exigieron que se revisaran algunos puntos del acuerdo con el propósito de sustraerlos de lo pactado. De este proceso se derivó la eliminación de la competencia de la JEP para juzgar a las personas que apoyaron grupos al margen de la ley como terceros, esto eso, con recursos económicos, logísticos o cognitivos. En un tercer momento, en la actualidad, se ha desarrollado toda una serie de estrategias con el fin de refrenar la implementación. Por ejemplo, la dilatación de la aprobación del reglamento interno de la JEP, así como el relativo a su competencia en materias como la extradición de quienes incumplan el acuerdo.

En Colombia, la exclusión de los terceros civiles de los procesos de justicia transicional se generó al interior del Congreso debido a la presión ejercida, entre otros, por el Centro Democrático, partido encabezado por Álvaro Uribe. El expresidente, quien enfrenta un número significativo de procesos judiciales relacionados con masacres y otros crímenes de lesa humanidad, lideró una de las modificaciones más representativas al acuerdo final. Impedir que los terceros civiles comparezcan ante la JEP tiene efectos sobre los cuatro componentes. Influye, de manera importante, en el reconocimiento de la verdad, en los procesos de justicia, en la reparación de las víctimas y en la exigencia de no repetición. Lo anterior se sustenta sobre un análisis de las experiencias documentadas de procesos de transición antecedentes. Así, entonces, el conocimiento de la verdad debe incluir la participación de todos los actores. Si no comparecen los patrocinadores de paramilitarismo (grupos armados que perpetraron la mayor cantidad de masacres durante el conflicto) parte de la responsabilidad quedará en el anonimato. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares no pudieron perpetrarse sin el auspicio de terceros civiles. La dotación de guerra (armamento, uniformes, alimentación y demás), el acceso a la información personal de las víctimas, el trasporte de las tropas y el silencio de los medios de comunicación no hubiese sido posible sin la participación de capitales privados. Con eso no se quiere indicar que solo fue gracias a los intereses y el apoyo de los terceros civiles que se facilitó el accionar del paramilitarismo (la acción u omisión de una cantidad importante de funcionarios fue determinante), sino que hace parte de la verdad de los hechos, toda vez que, sin su existencia, las dimensiones del conflicto serían quizás menores. Es necesario indicar que esta reflexión aplica, de manera idéntica, al caso de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las FARC-EP durante el conflicto, puesto que también se tiene conocimiento de la existencia de terceros civiles que auspiciaron diversas operaciones y actividades bélicas. Por parte de la sociedad civil, sobre todo aquella que habita en las zonas que eran controladas por las FARC-EP, existió una especie de apoyo logístico. Por ejemplo, los habitantes de las mencionadas zonas colaboraban con información sobre las unidades militares desplegadas, de tal forma que los miembros de los grupos subversivos los ubicaban y estaban al tanto de muchas de sus actividades. Fue sobre esta premisa que los paramilitares emprendieron campañas de exterminio con el propósito de interrumpir la cooperación de la población civil hacia las guerrillas.

En ese vaivén de responsabilidades (en el que los terceros civiles pasan de agache) las víctimas son despreciadas. Aquellos familiares que esperan conocer las razones por las cuales las víctimas de las masacres ya no los acompañan quedaran frustrados al solo contar, si acaso, con la versión de los perpetradores. Dichas familias nunca comprenderán, de mantenerse la exclusión de los terceros civiles, quiénes fueron las personas y cuáles sus motivos para auspiciar, por ejemplo, la toma de un pueblo que generó homicidios, terror, abusos sexuales y desplazamiento. Esto resulta desesperanzador para las víctimas, pues la zozobra está a la orden del día. No se sabrá si una masacre en particular se perpetuó porque se sospechaba la existencia de un vínculo entre la población y un grupo subversivo, o si se trató de un acto financiado por terceros civiles que tenían intereses particulares sobre la tierra despojada. Es necesario entonces, a fin de cumplir con el componente de verdad, que los terceros civiles sean visibles y compartan sus razones o motivaciones a las víctimas y sus familiares.

El componente de justicia también se afecta con el desconocimiento de la responsabilidad de los terceros civiles. Por un lado, porque no existiría una justicia retributiva. Es decir, porque los responsables no recibirían un castigo proporcional al daño causado. Por el otro, porque las víctimas no tendrán la ocasión de enfrentar a la contraparte. Más allá de esto, en el espectro ético, la justicia como ideal brillaría por su ausencia. Los terceros civiles responsables de patrocinar genocidios gozaran de impunidad y reconocimiento como personas honorables por parte de la sociedad. Ahora bien, como se afirmó al inicio, no existe, en términos de justicia transicional, una teoría aplicable a todos los casos, razón por la cual es necesario atender las necesidades propias de cada sociedad. Autores como Huntington¹² han advertido que los procesos de transición deben pensarse atendiendo a las diferentes fuerzas políticas. En el caso colombiano, es notoria la influencia de algunos actores del conflicto que no han sido juzgados. Frente a esto, Huntington, de acuerdo con Páramo (2013), “recomienda que si los responsables siguen gozando de una amplia base de poder es mejor no enjuiciarlos, ya que el coste político sería mayor que cualquier rédito en términos de justicia”.¹³ En ese sentido, la responsabilidad de dichos actores del conflicto que permanecen anónimos, así como de los terceros civiles, debe manejarse con cautela.

4. Modelos explicativos de la justicia transicional

Es preciso detenerse en este aspecto de la justicia porque es una de las dimensiones del acuerdo que más críticas ha soportado, lo cual se ha evidenciando en los medios de comunicación masivos y en los diferentes escenarios en los que la oposición tiene protagonismo. Al respecto, la crítica se ha centrado en el desconocimiento del valor de las penas alternativas y de la impunidad. Por una parte, se argumenta que las penas que purgarán los actores del conflicto que se acojan a la Justicia Especial para la Paz son irrisorias o inexistentes. Por otra, se sostiene que no todos los delitos serán conocidos y, por tanto, muchos no se expondrán porque así lo requieren los victimarios. Ahora bien, con el ánimo de reflexionar sobre estas dos posturas es importante considerar los diferentes modelos de justicia transicional expuestos por Uprimny,¹⁴ a fin de valorar las exigencias de la oposición a la JEP desde la experiencia, en términos generales, de otros países. Uprimny da cuenta de cuatro modelos explicativos. El primero se fundamenta en perdones amnésicos; el segundo, en perdones compensadores; el tercero, en transiciones punitivas; y el cuarto, en perdones responsabilizantes. Los modelos de perdón amnésico y de transición punitiva se encuentran en los extremos de la justificación del castigo o retribución judicial en el posconflicto. El perdón amnésico implica que los delitos sean condonados y la responsabilidad de los actores se limite a un mero reconocimiento simbólico, sin reparación pecuniaria alguna. Bajo este modelo, algunos países han fracaso, dado que la falta de castigo revive viejas rencillas y la página nunca se pasa. En el otro extremo, se encuentra el modelo de transición punitiva que desborda el castigo sobre uno o varios actores del conflicto. Ahora bien, los perdones compensadores y los responsabilizantes pretenden encontrar el término medio entre el vicio (exceso punitivo) y el defecto (impunidad). El modelo de perdones compensadores considera viables las amnistías generales para algunos actores del conflicto (por ejemplo, los miembros de las fuerzas militares estatales de bajo rango), pero reconoce imprescindible que las víctimas sean reparadas. Tal fue el caso de Chile, donde, una vez derrocado el régimen, la justicia transicional se enfocó en la reparación de las víctimas (las prebendas estatales fueron significativas) y se concedió la amnistía general a los funcionarios del régimen dictatorial.

El modelo responsabilizante representa una versión moderada de los anteriores. Según este esquema las amnistías no pueden ser generales, esto es, no desconocen la utilidad de las penas alternativas. Las amnistías se otorgan con el propósito de cumplir con ciertos requisitos de los acuerdos y no con el fin de introducir el olvido dentro del proceso. Se trata de reconocer la responsabilidad penal de los actores e infligir un castigo acorde con los principios pactados, no de castigar de manera proporcional al daño. Adicional a esto, el modelo responsabilizante asume, como condición sine qua non, que las víctimas deben ser escuchadas y reparadas, lo que incluye que la verdad sea conocida. Este esquema permite encontrar el término medio entre el vicio (el populismo punitivo) y el defecto (la impunidad). Se enfoca tanto en la dimensión retributiva (que exista una sanción) como en la restaurativa (que exista una reparación). Este punto medio fue la guía del acuerdo final entre las FARC-EP y el Gobierno Santos. Según este acuerdo, todos los actores del conflicto deben, además de confesar la verdad sobre los hechos punibles, reparar a las víctimas, dependiendo de sus capacidades.

Las fuerzas opositoras en Colombia desconocen la utilidad del modelo responsabilizante como expresión del punto medio entre el vicio y la virtud. Por un lado, decir que existe plena impunidad y que los miembros de las FARC-EP deben ser condenados según los términos de la justicia ordinaria a penas proporcionales a los daños causados es optar por el modelo de transición punitiva. Por otro, afirmar que, sobre la prevalencia del derecho fundamental a la paz, toda acción gubernamental orientada hacia la consecución del fin de la guerra es justificada significa adoptar un modelo de perdón amnésico, en el cual la justicia carece de instrumentos punitivos ejemplarizantes.

Las fuerzas contrarias a la implementación del acuerdo de paz también han recurrido a la violencia como una forma de ejercer el derecho. Las declaraciones que ponen en tela de juicio la validez del acuerdo y señalan de traidores de la patria a sus gestores, y en las cuales se desconocen los esfuerzos de las partes por deliberar, negociar e implementar lo pactado son —más que una queja pública— una invitación a la violencia. Las cifras de líderes sociales que fueron asesinados a causa de la reclamación de los derechos consagrados en la Constitución de 1991 dan testimonio del ejercicio del derecho como instrumento del poder. El homicidio sistemático de líderes sociales obedece a dos factores, al menos en términos generales: los intereses de nuevos grupos ilegales (sin banderas políticas) y el control de las zonas de cultivo de hoja de coca, las rutas y demás, por parte de actores del conflicto que permanecen anónimos o impunes. El señalamiento de un contradictor por parte de una figura pública con poder, puede ocasionar la muerte de una persona o de un grupo. Señalar, por ejemplo, a un colectivo en particular de estudiantes o docentes de ser un dispositivo promotor de pensamientos “inconvenientes para la patria” o de “terroristas” es firmar una declaratoria de “objetivo militar” que alguien podría estar dispuesto a ejecutar.

5. Conclusiones

La ceguera política, en un contubernio perverso con la ignorancia sobre los principios y modelos explicativos que orientan la justicia transicional, nubla toda racionalidad que permita el tránsito efectivo de una sociedad con un conflicto interno de más de 50 años a una con una paz estable y duradera. Esta obnubilación, en la que Platón y Aristóteles coinciden, al tiempo que observan los efectos de la democracia sobre la polis, es evidente en Colombia cada vez que la población se opone a la consecución de un paz estable y duradera. En ese sentido, la discusión planteada permite concluir que el estudio comparado le permite al investigador observar ciertos elementos que no son fácilmente perceptibles por quienes están inmersos en una transición política. Son los modelos explicativos los que permiten hacer una comparación justa entre los procesos acontecidos en los diferentes países y lo adelantado en Colombia hasta la fecha. Entender que el derecho se compone por tres elementos, y que estos son instrumentalizados por los opositores de la implementación del acuerdo en cuestión, hace visible la manipulación multimodal ejercida para destruir lo pactado. Se hace notoria la presencia de la promoción de emociones que riñen con la compasión, el perdón, la esperanza, entre otras que sustentan una suerte de altruismo. La venganza y la rememoración de los acontecimientos que representan el “dolor de patria” son factores que retrasan el proceso de transición.¹⁵

Una sociedad que no conoce la verdad de los hechos acontecidos con ocasión del conflicto no puede hacer la paz. El sentimiento de venganza sobrepasa la compasión, y las víctimas, embotadas de un resentimiento que exige, más que verdad, un castigo proporcional no son capaces de aceptar que el conflicto interno tuvo un final gracias a la negociación.¹⁶

En las negociaciones, cada una de las partes delibera en torno a lo que considera un pacto ideal para alcanzar la paz. Estas deliberaciones tienen puntos de encuentro y de contradicción. En ese sentido, para que se pueda llegar a un acuerdo, cada una de las partes debe ceder en una porción de sus pretensiones o deliberaciones. Cuando este proceso no se entiende, o no se expone ante la opinión pública de manera adecuada, la confusión se adentra en las creencias de los ciudadanos. Así, pues, es como se producen las opiniones resistentes al cambio. Por un lado, la población no es informada debidamente sobre cómo se gestan los acuerdos de paz entre grupos insurgentes y gobiernos legítimamente constituidos. No se trata de un proceso simple en el que una de las partes impone su deliberación sobre lo que considera deben ser las reformas institucionales que conducen a una era de paz. Tanto el Gobierno como los grupos subversivos tienen una visión política distinta. Esto es evidente dado que el Gobierno negociador funda sus deliberaciones sobre ideas que mantienen el statu quo, es decir, la situación tal y como se presenta. Podría afirmase, como lo hace De páramo,¹⁷ que se trata de un gobierno que prioriza el presente y la estabilidad, mientras las ideologías de izquierda (sobre las que se fundaron las FARC-EP) abogan por el cambio y por la justicia distributiva. Dicho de otra forma, la negociación adelantada en Colombia se presentó entre una guerrilla que, ante la situación política del país, decidió tomar las armas para generar un cambio institucional y del modelo económico, y un Gobierno cuya consigna es mantener las “cosas como están”. Figurativamente hablando, no podría haberse negociado entre dos partes con ideologías más disímiles: se trata de una pugna entre quienes preservan el presente y quienes estuvieron dispuestos a forzar el cambio. Esto no es plenamente comprendido por la sociedad en general, lo que es aprovechado por las fuerzas que buscan la desarticulación del acuerdo. Es así como, por el otro lado, las emociones promovidas alejan a las víctimas del perdón. De ese perdón “que puede devolver el descanso y equilibrio a las víctimas y, a la par, traer la promesa de una posible reconciliación con sus verdugos”.¹⁸

Los terceros civiles, excluidos de los procesos de justicia transicional que se llevarán a cabo en Colombia, como se ha indicado, han influido desde el anonimato (a través de los medios de comunicación masivos, los congresistas y otros estamentos políticos) en la falta de comprensión del proceso de transición. La motivación de estos actores anónimos surge del miedo a ser expuestos, a que se conozca la relación de empresarios reconocidos con grupos de exterminio o limpieza social. Sin embargo, este temor, según se ha mostrado en la experiencia latinoamericana, se basa en el error de pensar que su responsabilidad es equiparable a la que soportan los que cometieron, de manera directa, las atrocidades. Según Arteta (1996), “conceder el perdón al espectador que se evade de intervenir es más asequible que otorgarlo al agresor. Salvo que haya sido condición necesaria y suficiente del daño cometido, se intuye que el temeroso consentimiento de quien lo permite entraña menor perversión que la ejecución de quien lo comete”.¹⁹

En ese sentido, y a manera de conclusión, tanto la víctima directa o indirecta (pues, en suma, todos los colombianos lo han sido de alguna forma) como los terceros civiles están desconociendo una serie de premisas que soportan los estudios comparativos. Las víctimas ignoran la alta complejidad de los procesos de negociación, acuerdo e implementación, lo que los hace presa fácil de quienes están en contra y buscan sembrar una serie de emociones que impidan o limiten el perdón. De igual forma, los terceros civiles no han comprendido la importancia de su papel en la construcción de una paz estable y duradera. Para que el proceso de transición se presente, la verdad debe ser completa, lo que incluye reconocer la contribución que se hizo, desde todas las instancias sociales, al mantenimiento del conflicto. Esto permite que el perdón sea efectivo y no se activen viejas disputas. En este sentido, víctimas y terceros civiles deben procurar un perdón aliviador:

El perdón fácil de ciertos crímenes perpetúa la propia maldad que trata de aliviar. No vale un perdón que venga de ese a quien nada le cuesta concederlo o, mejor aún, de quien no se juega nada en esa concesión y solo busca desentenderse cuanto antes del problema y sus quebrantos.²⁰

Dicho de otra forma, si lo que está en juego es mayor, tanto más se hace necesario que la sociedad conozca la verdad para que el perdón sea significativo y renovador. En ese sentido, este artículo es una invitación a la reconciliación y a la reflexión del papel de los terceros civiles en la transición política que afronta el pueblo colombiano. Este objetivo se puede alcanzar siempre que la población se encuentre informada y distante de todo tipo de manipulación emocional promovida por los detractores.

Referencias

Aurelio Arteta. La compasión. Paidos. 1996.

Boaventura de Sousa Santos. Sociología jurídica crítica. Editorial Trotta. (2009).

Carlos Flórez. El concepto de Derecho Mayor: una aproximación desde la cosmología andina. DIXI 24. Octubre 2016. Pág. 63. Digital Object Identifier: Enlace a página.

Catalina Botero, María Paula Saffon y Rodrigo Uprimny. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. (2006). Disponible en Enlace a página

Félix Ovejero. ¿Idiotas o ciudadanos? Revista Claves de la razón crítica. 2008. Disponible en: Enlace a PDF

Juan Ramón de Páramo. Argumentaciones y negociaciones en los procesos de transición política. Universidad del Rosario. (2013).

Rodolfo Arango. Lo no negociable: las emociones y los límites de la racionalidad. Ponencia presentada en el SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS: “NEGOCIACIÓN, DISCUSIÓN RACIONAL Y ACUERDOS”. Universidad Nacional de Colombia. (2008).

Samuel Huntington. LA TERCERA OLA: DEMOCRATIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO 20. Norman OK. University of Oklahoma. (1991).

Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, abogado. Profesor Escuela Superior de Administración Publica ESAP, Seccional Santiago de Cali↩︎

Cf. Boaventura de Sousa Santos. Sociología jurídica crítica. Editorial Trotta. (2009).↩︎

Id.↩︎

Véase Juan Ramón de Páramo Arguelles. Argumentaciones y negociaciones en los procesos de transición política. Universidad del Rosario. (2013). Pág 15.↩︎

Id. Pág. 14.↩︎

Id.↩︎

Cf. Carlos Flórez. El concepto de Derecho Mayor: una aproximación desde la cosmología andina. DIXI 24. Octubre 2016. Pág. 63. Digital Object Identifier: Enlace a página↩︎

Id. Pág. 68.↩︎

Cf. Félix Ovejero. ¿Idiotas o ciudadanos? Revista Claves de la razón crítica. 2008. Disponible en: Enlace a PDF↩︎

Véase J. de Páramo, supra, nota 3. Pág. 17.↩︎

Id. Pág. 16.↩︎

Cf. Samuel Huntington. La tercera ola: democratización a finales del siglo 20. Norman OK. University of Oklahoma. (1991).↩︎

Véase J. de Páramo, supra, nota 3. Pág. 30.↩︎

Cf. Catalina Botero, María Paula Saffon, Rodrigo Uprimny. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. (2006). Disponible en Enlace a página↩︎

Cf. Rodolfo Arango. Lo no negociable: las emociones y los límites de la racionalidad. Ponencia presentada en el SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS: “NEGOCIACIÓN, DISCUSIÓN RACIONAL Y ACUERDOS”. Universidad Nacional de Colombia. (2008).↩︎

Cf. Aurelio Arteta. La compasión. Paidos. 1996.↩︎

Cf. J. de Páramo, supra, nota 3.↩︎

Id. Pág. 20.↩︎

Véase Aurelio Arteta, supra, nota 14. Pág. 20.↩︎

Véase J. de Páramo, supra, nota 3. Pág. 21.↩︎