Cooperativas en el sector rural para la reintegración productiva de los desmovilizados

Cooperatives in the Rural Sector for the Productive Reintegration of the Demobilized.

Carmen Lora-Ochoa1, Jhon William Pinedo-López2, Marysol BurgosSalvador3.

carmen.lora@campusucc.edu.co

Recibido: 9 de enero del 2017. Aprobado: 18 de julio del 2017. Disponible en línea: 14 de enero del 2018.

Cómo citar este artículo: Lora-Ochoa, C., Pinedo-López, J. W., Burgos-Salvador, M. (2018). Cooperativas en el sector rural para la reintegración productiva de los desmovilizados. Cooperativismo & Desarrollo, 112(25), 57-65. doi: revistas.ucc.edu.co

Cooperativismo & Desarrollo.

ISSN (en línea): 2382-4220.

Vol. 25, n.º 112, 2018.Artículo de reflexión / Essay.

doi: revistas.ucc.edu.co

Universidad Cooperativa de Colombia, Montería, Colombia.↩︎

Universidad Cooperativa de Colombia, Montería, Colombia.↩︎

Universidad Cooperativa de Colombia, Montería, Colombia.↩︎

Resumen

Propósito: el objetivo central de este trabajo es analizar si existe un escenario social, económico y jurídico favorable para establecer las cooperativas rurales como opción para la inserción productiva de los desmovilizados en el posconflicto colombiano y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo.

Temas: se realizó un análisis riguroso de documentos, normas, programas y datos económicos sobre cooperativismo, desarrollo rural y reinserción en Colombia, y se estudió también el impacto de las cooperativas en otros contextos geográficos.

Desarrollo: se parte de la incertidumbre social y económica que genera el proceso de reinserción tanto a desmovilizados como al resto de la sociedad. La metodología es de tipo analítico-propositiva, por cuanto analiza el contexto y propone el cooperativismo rural como alternativa para aportar soluciones en materia de reintegración social, laboral y productiva.

Conclusiones: se evidencia un escenario apropiado para que las cooperativas rurales contribuyan a aumentar la producción nacional y a disminuir la importación de productos agrícolas, principalmente de aquellos en los que se tiene ventajas comparativas y actualmente le representan al país un déficit comercial en la balanza de pagos.

Palabras clave: cooperativas rurales, desmovilizados, políticas públicas, reintegración.

Cooperatives in the Rural Sector for the Productive Reintegration of the Demobilized

Abstract

Purpose: The central objective of this study is to analyze if there is a favorable social, economic and legal scenario to establish rural cooperatives as an option for the productive insertion of demobilized people in Colombia’s post-conflict and to improve the quality of life of the countryside’s inhabitants.

Topics: A rigorous analysis of documents, norms, programs and economic data on cooperativism, rural development and reintegration in Colombia was performed. The impact of cooperatives in other geographical contexts was also studied.

Development: The study’s starting point lies in the social and economic uncertainty generated by the reintegration process, both for the demobilized and the rest of society. The methodology is analytical and propositional because it analyzes the context and proposes rural cooperativism as an alternative to provide solutions in terms of social, labor and productive reintegration.

Conclusions: There is an appropriate scenario for rural cooperatives to contribute to the increment of national production and agricultural products’ import reduction, especially in those cases with comparative advantages and which currently represent a trade deficit in the country’s balance of payments.

Keywords: rural cooperatives, demobilized, public policies, reintegration.

Cooperativas no setor rural para a reintegração produtiva dos desmobilizados

Resumo

Propósito: o objetivo central deste trabalho é analisar se existe um cenário social, econômico e jurídico favorável para estabelecer as cooperativas rurais como opção para a inserção produtiva dos desmobilizados no pós-conflito colombiano e para o melhoramento da qualidade de vida dos habitantes do campo.

Metodologia: foi realizada uma análise rigorosa de documentos, normas, programas e dados econômicos sobre cooperativismo, desenvolvimento rural e reinserção na Colômbia; foi estudado também o impacto das cooperativas em outros contextos geográficos.

Desenvolvimento: parte-se da incerteza social e econômica que gera o processo de reinserção, tanto para os desmobilizados como para o restante da sociedade. A metodologia utilizada é tipo analítico-propositiva, portanto analisa o contexto e propõe o cooperativismo rural como alternativa para oferecer soluções em matéria de reintegração social, profissional e produtiva.

Conclusões: evidencia-se um cenário apropriado para que as cooperativas rurais ajudem a aumentar a produção nacional e a diminuir a importação de produtos agrícolas, principalmente nos quais temos vantagens comparativas e que atualmente representam ao país um déficit comercial na balança de pagamentos.

Palavras-chave: cooperativas rurais, desmobilizados, políticas públicas, reintegração.

Introducción

Colombia vive un conflicto armado en poblaciones y territorios desde hace seis décadas aproximadamente. En estos contextos geográficos de conflicto, el Estado colombiano ha sido débil —y muchas veces ausente— a la hora de cumplir con su obligación constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de todos sus habitantes, así como para crear escenarios apropiados que permitieran condiciones acordes con las demandas particulares de cada región (Kalmanovitz y López, 2005; Moreno, 2010; Pécaut, 2003; Pizarro, 2004).

La falta de escenarios apropiados en los territorios se reflejó, principalmente, en la problemática agraria y la exclusión de sectores rurales que contribuyó al surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), conformadas por varios actores sociales (de raigambre campesina en su gran mayoría), quienes buscaban para entonces derechos a la propiedad de la tierra, reformas agrarias y protección al sector agropecuario.

Es por estos motivos que la implementación de alternativas efectivas dirigidas a la reinserción de los futuros desmovilizados de las FARC requiere de políticas públicas diferenciadas que se constituyan en un significativo avance para la superación del conflicto armado y en oportunidades reales de inserción a la sociedad y a la actividad productiva de las regiones y del país. Estas oportunidades reales de inserción hacen referencia directa a la generación de empleo digno (o “decente”, como también se denomina).

Es a partir del trabajo decente que el Estado tiene la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y es el cooperativismo una herramienta indispensable para cumplir tales fines, específicamente en la reintegración e inserción productiva de los desmovilizados. En este sentido, el cooperativismo entra a jugar un papel importante en los propósitos que tiene Colombia de generar empleo digno y reducir las tasas de desempleo en el sector rural.

Esta propuesta de cooperativas rurales es compatible con las metas del actual Gobierno nacional (2014-2018), el cual tiene entre sus principales propósitos una “Colombia equitativa y sin pobreza extrema”, y la “transformación del campo” (DNP, 2015). Estos propósitos tienen a su vez implicaciones sociales y económicas, como, por ejemplo, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, crear empleos rurales y aumentar la oferta exportable del país. Entre los objetivos establecidos en el “Plan de Desarrollo 2014-2018” (DNP, 2015) para transformar el campo, se encuentran los siguientes:

Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. (p. 423)

(…)

Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios que apoyen el desarrollo humano de los pobladores rurales. (p. 427)

(…)

Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural mediante una apuesta de inclusión productiva de los pobladores rurales. (p. 430) (…)

Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo. (p. 434) (…)

Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. (p. 440)

Los objetivos citados requieren de programas coherentes, dentro de los cuales conviene destacar el programa Colombia siembra, el cual incluye el cultivo de un millón de nuevas hectáreas en todo el país y la meta de generar 270 000 empleos más en el campo, razones estas que dan mayor consistencia al presente trabajo, cuyo propósito es revelar la pertinencia de establecer cooperativas rurales que faciliten el acceso a recursos, fertilizantes y semillas, así como a la producción, el mercadeo, el transporte y la distribución de productos, con los beneficios personales, familiares, económicos y sociales que esto representa para los desmovilizados del posconflicto y los habitantes de las zonas rurales de Colombia.

El trabajo lo conforman cinco apartados y su estructura es la siguiente:

1) introducción;

2) las cooperativas rurales y su impacto en diferentes contextos;

3) escenario normativo para la inserción productiva de desmovilizados a través de cooperativas rurales;

4) las cooperativas en el sector rural: opción productiva para los desmovilizados en Colombia, y

5) conclusiones.

Las cooperativas rurales y su impacto en diferentes contextos

La economía social solidaria (ESS) es una alternativa que pretende equilibrar las desigualdades generadas por el neoliberalismo imperante y que las personas tengan un rol activo a fin de determinar el curso de todas las dimensiones de la vida humana (económica, social, cultural, política y ambiental). Es un sector con gran dinamismo y su estudio despierta el interés de diversos autores, quienes identifican bondades tales como: relaciones de intercambio justas (Razeto, 1993); colaboración con otras comunidades y manejo responsable de recursos naturales (Coraggio, 2007), y práctica de la solidaridad y la autogestión (Singer, 2007).

Algunos países de América Latina presentan avances en la aplicación de esquemas propios con respecto al sector solidario. Este se ha introducido no solo a los procesos económicos base de la sociedad, sino también hacia la distribución equitativa de la tierra y del agua, es decir, se ha adentrado en el sector agrario como soporte de un Estado más equitativo (Coque, 2002; Moller, 1998; Roelants, Hyungsik y Terrasi, 2014; Yorg, 2016).

De acuerdo con Coque (2002), el avance o estancamiento del cooperativismo rural latinoamericano es consecuencia de las diferentes corrientes que han ido llegando y el grado de desarrollo es muy heterogéneo, en concordancia con la diversidad de los respectivos entornos sociales y métodos de promoción; por ejemplo, en Bolivia, el sistema cooperativo ha sido clave en la lucha contra la pobreza y se ha perfilado como un mecanismo que contribuye a la promoción del trabajo decente.

Los excombatientes de la Guerra del Chaco en Bolivia promovieron el concepto de “asociación idealista” de producción y mercadeo individual que sirvió de soporte al movimiento cooperativo, de manera que conformaron así las primeras cooperativas agrícolas y ganaderas en áreas cercanas a las zonas petroleras, al ser ellos adjudicatarios de tierras, maquinaria, equipo y semillas (Moller, 1988).

En Argentina, las cooperativas agropecuarias constituyen el reflejo de la realidad productiva desde sus comienzos como nación, es decir, son parte de sus razones históricas y de economía (Yorg, 2016). En Brasil, por su parte, el sector de la economía solidaria comienza a consolidarse en la década de los años ochenta a través de instituciones como la Organización de Cooperativas Brasileras, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, la Agencia de Desarrollo Solidario, el Sistema de Cooperativas de Crédito Rural con Interacción Solidaria y la Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria. Ya para el 2005 existían cerca de 15000 empresas solidarias en más de 2200 municipios brasileños (Zaar, 2007).

En Europa las cooperativas agropecuarias tienen una sorprendente participación en el sector agrícola, pues sus ventas llegan a 350 000 millones de euros. En Francia, Irlanda, Holanda, Austria, Hungría, Dinamarca, Finlandia y Suecia las cooperativas agrícolas manejan más del 70 % de la producción del sector, y en otros como España, Portugal, Italia, Bélgica y Alemania cerca del 50 % (Cabrera, 2015). El empleo cooperativo asciende a 2590133 puestos en Alemania; 1513691 en Francia; 2495810 en Italia; 39 53 042 en India; 162740000 en China; 5418207 en Japón; y 2561994 en Turquía (Roelants et al., 2014). También se conocen experiencias exitosas del cooperativismo en Estados Unidos, Canadá y España (Confecoop, 2016).

Colombia, por su parte, cuenta con instituciones que regulan, vigilan y fomentan el sector de la economía solidaria, entre ellas la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, creada en el 2011, mediante el Decreto 4122 de ese mismo año, como entidad ejecutora de políticas para el fomento, el fortalecimiento y el desarrollo del sector solidario. Sus objetivos son diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, la planeación, la protección, el fortalecimiento y el desarrollo de las organizaciones solidarias (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, corporaciones, federaciones, asociaciones, fundaciones y voluntariado) en el país. Los objetivos misionales de dicha institución apuntan a fortalecer la cultura de la asociatividad y de la solidaridad, la empresarialidad solidaria y la generación de empleo e institucionalidad para la asociatividad y la solidaridad.

Escenario normativo para la inserción productiva de los desmovilizados a través de cooperativas rurales

Desde 1997, mediante la Ley 418 —que ha sido modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010—, y reglamentada por el Decreto 128 de 2003, modificado a su vez por el Decreto 395 de 2007, se dispone que las personas desmovilizadas podrán acceder a los beneficios socioeconómicos que en el marco del proceso de reintegración establezca el Gobierno nacional, previo cumplimiento de los requisitos allí establecidos.

Con miras a que puedan concretarse dichos beneficios, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), mediante Documento No. 3554 del 1° de diciembre de 2008, aprobó los lineamientos de la política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales. Asimismo, los artículos 6° y 7° de la Ley 1424 de 2010 permiten la aquiescencia de los beneficios jurídicos previstos, siempre y cuando la persona desmovilizada se encuentre vinculada y cumpliendo con el proceso de reintegración social y económica y participando en las actividades de servicio social con las comunidades que los acojan, en el marco del proceso de reincorporación ofrecido por el Gobierno nacional.

Acorde con lo anterior, el Decreto 1391 de 2011, por el cual se reglamentan los beneficios económicos de los programas de reintegración de la población desmovilizada, dispone que la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, hoy Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), fijará mediante resolución de carácter general las características, las condiciones, las obligaciones y los requisitos necesarios para el acceso a los beneficios socioeconómicos reconocidos a la población desmovilizada, así como los montos de conformidad con los límites establecidos en el referido decreto.

La ACR tiene como función, entre otras, fomentar el acceso a los beneficios de gestión en salud, educación y formación para el trabajo a los miembros del grupo familiar —definidos en la normatividad vigente— que reporte la persona desmovilizada o desvinculada que se encuentre en proceso de reintegración. El artículo 20 de la Resolución No 754 de 2013 trata sobre el acceso al beneficio de estímulo económico para planes de negocios o capital semilla, en las modalidades de emprendimiento, lo cual consiste en la creación o adquisición de unidades de negocio y fortalecimiento para la inyección de capital a unidades de negocio que se encuentren activas y tengan una antigüedad mínima de 12 meses. Con respecto a este punto, es oportuno resaltar que entre el 2013 y el 2014 se invirtieron 4811 millones de pesos que beneficiaron a 1068 excombatientes (Mayorga, 2016).

En la misma resolución también se contempla que las comunidades receptoras de la persona desmovilizada o desvinculada podrán vincularse a las estrategias, proyectos, programas, modelos, actividades y metodologías que faciliten la implementación de la política nacional de reintegración, mediante espacios que promuevan la convivencia, la construcción de ciudadanía y los escenarios para la reconciliación.

Conforme a lo anterior, se considera que existe un escenario normativo propicio para que se implementen en el país cooperativas diversificadas en sus objetos sociales que se encuentren ubicadas en el sector rural, como alternativa a fin de concretar los planes y las estrategias que propone el Estado colombiano para recibir en el seno de la sociedad a los desmovilizados de las FARC.

Este escenario normativo se complementaría adecuadamente con el escenario económico, principalmente a través del denominado “capital semilla” propuesto por el Estado, el cual lo conformarían los recursos asignados por el Gobierno nacional, el apoyo económico de la cooperación internacional y los aportes de organizaciones e instituciones privadas nacionales, orientados al emprendimiento o al fortalecimiento de las unidades de negocios en forma de cooperativas ya constituidas.

Las cooperativas en el sector rural: opción productiva para los desmovilizados en Colombia

Un impulso serio y comprometido a favor del sector agropecuario colombiano es necesario para conjurar un posible problema de seguridad alimentaria, y esto puede concretarse mediante acciones gubernamentales que incluyan a los campesinos, a los grandes o pequeños productores agropecuarios y, por supuesto, a los desmovilizados de las FARC-EP, por cuanto son actores protagónicos con poder decisorio en la transformación que se quiere para el país. En este sentido, las cooperativas ofrecen multiplicidad de beneficios socioeconómicos y son una gran opción en la Colombia del posconflicto.

El cooperativismo se sugiere como opción efectiva y apropiada para lograr la inserción productiva y social de los desmovilizados, mediante el trabajo seguro y humanamente dignificante, razón por la cual se considera pertinente la creación de cooperativas rurales, al tenerse en cuenta que quienes se lleguen a desmovilizar han estado conviviendo por años en este entorno, y en atención, además, a que el grupo es un movimiento revolucionario que viene desde 1948, formado por campesinos del sur de Tolima, Huila y Cauca.

Esta inserción además de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, trabajo e ingresos, contribuye al impulso del sector agropecuario, uno de los primeros temas de discusión en la negociación de los acuerdos de paz con las FARC, específicamente el punto 1, “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, que incluye dentro de sus propuestas el fomento de la economía solidaria y el cooperativismo de los campesinos.

Ahora bien, las cooperativas ofrecen a los pequeños y medianos productores agrícolas oportunidades y una amplia gama de servicios, como, por ejemplo, mejor acceso a los mercados, recursos naturales, información, comunicación, tecnología, crédito, formación e infraestructuras. Asimismo, facilitan la participación de los pequeños productores en la toma de decisiones a todos los niveles, les prestan asistencia para garantizar esa estabilidad familiar y paz en la comunidad. Fortalecen la democracia y generan crecimiento económico y aportan a la producción de alimentos y aprovechamiento del campo con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, aumentar las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas.

Entre los beneficios de establecer cooperativas en el sector rural como opción para la inserción productiva de los desmovilizados de las FARC en el posconflicto colombiano, se pueden señalar, sin ser las únicas:

Vinculación productiva de los desmovilizados de las FARC y de otros grupos que hayan realizado el proceso de desmovilización.

Desarrollo del sector rural con todas sus implicaciones de tecnificación, accesibilidad y producción.

Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Aumentar la oferta exportable del país, principalmente de productos en los que ofrecen ventajas comparativas.

Más familias campesinas y de los desmovilizados tendrán garantizada la solución a sus necesidades económicas y de seguridad social de manera justa y equitativa.

Cumplimiento de la meta gubernamental de generar unos 270 000 empleos en el sector rural.

Facilitar créditos y asistencia técnica con responsabilidad y eficacia, de modo que llegue a las personas y entidades de manera transparente.

Control fiscal de los dineros que se inviertan a fin de evitar el lavado de activos o ingreso de dinero de dudosa procedencia en las cooperativas.

Educación y cultura de la solidaridad y la asociatividad.

Las cooperativas rurales contribuirían con los pequeños productores agropecuarios no asociados, quienes accederían a comercializar sus productos a través de dichas cooperativas y resolver, de esta forma, la dificultad de logística por falta de centros de acopios e infraestructura vial.

Estos beneficios son los más relevantes y corresponden en su mayoría a las metas establecidas por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su “Plan de desarrollo 2014-2018”, el cual incluye dentro de sus estrategias transversales y regionales “la transformación del campo” (art. 4, tít. i). Las cooperativas rurales también contribuyen a resolver problemas relacionados con el desarrollo rural, la desigualdad, la concentración de riqueza, la exclusión y pobreza extrema (Ministerio de Trabajo, 2012).

La opción de “Cooperativas rurales como herramienta para la reinserción productiva de los desmovilizados” aquí propuesta, se sustenta, además, en la dinámica del sector de la economía solidaria, el cual se ha convertido en una alternativa de solución ante los altos niveles de desempleo e informalidad que vive el país (8,5 % y 48,5 %, respectivamente; DANE, 2016). Este sector registró para el 2014 cerca de 6500 cooperativas, 5,9 millones de asociados, aportes del 4,9 % al PIB nominal nacional e ingresos anuales que ascendieron a 15200 millones de dólares (Portafolio, 2014). Estos aportes al PIB son muy significativos, si se tiene en cuenta que para ese mismo año este indicador alcanzó los 130 billones de pesos, equivalentes a USD 377 739 622 866 (Banco Mundial, 2015).

Sin embargo, es oportuno anotar que, de las 6500 cooperativas registradas en el 2014, un total de 2776 se encuentran ubicadas en la región Andina, con 4 844 053 asociados, y activos de COP 23,5 billones, de modo que concentran en Bogotá 1107 entidades con 1 591 225 asociados, y activos cercanos a los COP 10 billones de pesos (Portafolio, 2015). Asimismo, resulta oportuno destacar que el sector agrícola, área en la que se propone el cooperativismo para la inserción productiva, las cooperativas del subsector agropecuario representan el 7,6 % del total del sector cooperativo, cuentan con 140 415 asociados y generan 12 013 empleos en el país (Confecoop, 2016).

Conforme a estos datos y a las necesidades de los departamentos menos desarrollados económicamente, tales como Chocó, Cesar, Guajira, Caquetá, Arauca, Córdoba, Vichada, Guaviare y Guainía, consideramos que resulta pertinente proponer las cooperativas en zonas rurales como opción para la inserción productiva de los desmovilizados. Estas contribuirían, por un lado, a superar el atraso económico y los altos niveles de desempleo de estas regiones y, por el otro, a responder a los desmovilizados de las FARC en su proceso de inserción social y económica en el posconflicto colombiano.

Esta alternativa es fundamental en este momento, por cuanto varios de los departamentos mencionados son de vocación agrícola, y porque además albergarán en sus territorios las zonas de concentración de los combatientes que se desmovilizarán. En la figura 1, se observan los departamentos donde planea el Gobierno y las FARC concentrar a las personas que tienen la intención de desmovilizarse e ingresar a la vida civil y productiva de Colombia.

Figura 1. Departamentos de Colombia donde se concentrarán miembros de las FARC. Tomado de El Espectador (2016).

Con excepción de Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Nariño y Cauca, pertenecientes a la región Andina y que concentran 2776 cooperativas, los demás departamentos tienen la posibilidad de dinamizar su economía a través de las cooperativas en zonas rurales y convertirlas en la principal opción para la inserción productiva de los desmovilizados del posconflicto y, de paso, a toda la comunidad de cada una de estas regiones.

Además de dinamizar su economía, los departamentos con vocación agrícola tienen la gran oportunidad de aprovechar de manera óptima sus suelos y dedicarlos a la producción de alimentos como el arroz, el maíz, el trigo y la cebada, los cuales se importan a pesar de tener el país una superficie de 28 millones de hectáreas disponibles para cultivos. En cereales, se importan USD 170 millones al mes en trigo, cebada y maíz (Piñeros, 2015), y el volumen de importación de alimentos que se consume en el país corresponde al 28,5 % (Cabrera, 2015).

Con la aplicación de esta propuesta, departamentos como Córdoba, Chocó, Cesar, Caquetá, Arauca y la Guajira —los cuales actualmente no cuentan con una presencia masiva de cooperativas—, tienen la oportunidad de consolidar a este sector de la economía solidaria. Asimismo, se les abre la puerta a otros departamentos para que fomenten las cooperativas en el sector rural, de las cuales no se tiene un registro masivo y su aporte a la producción de alimentos no es muy significativo. En fin, la aplicación de esta propuesta contribuiría a mejorar los indicadores sociales y la calidad de vida de los habitantes rurales de este país mediante la producción de bienes de consumo, generación de empresas, empleos e ingresos de sectores de la sociedad que hoy se encuentran por fuera del sistema productivo.

Conclusiones

Los aspectos económicos, jurídicos y políticos analizados corroboran la existencia de un escenario apropiado en Colombia para la conformación de cooperativas rurales como alternativa para la inserción productiva de los desmovilizados de las FARC y los campesinos que se integren a dichas cooperativas, así como a los procesos productivos derivados de los programas de gobierno y demanda de productos básicos.

Las cooperativas rurales, además de lograr la inserción de los desmovilizados a la vida productiva, contribuyen también con la reconstrucción del tejido social en el campo, principalmente en las zonas más afectadas por la violencia y por los bajos niveles de desarrollo económico, lo cual fomenta, a su vez, el capital social y el aprovechamiento de los talentos y la creatividad de las personas que no han podido explotar todo su potencial.

Departamentos con bajos niveles de desarrollo económico como Chocó, Cesar, Guajira, Caquetá, Arauca, Córdoba, Vichada, Guaviare y Guainía tienen la posibilidad de dinamizar su economía a través de la economía solidaria y mejorar la calidad de vida de sus habitantes de áreas rurales, quienes actualmente presentan elevadas tasas de desempleo, informalidad económica, inseguridad y ausencia de capital social.

Se presenta un escenario apropiado para que las cooperativas rurales contribuyan a aumentar la producción nacional y a disminuir las importaciones de productos agrícolas, las cuales actualmente representan al país un déficit comercial en la balanza de pagos como consecuencia de la compra al exterior de maíz, arroz, trigo y cebada. Con la producción de estos productos Colombia tendría unos ahorros, estimados en este trabajo, de USD 1 840 000.

El Estado, a través de sus instituciones y programas, tiene la oportunidad de cumplir con las metas de ordenar el territorio rural y brindar mayor acceso a los productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente. Igualmente, tiene la oportunidad de cerrar las brechas urbano-rurales, contribuir con el desarrollo humano de los pobladores rurales, impulsar la competitividad rural y corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo entre regiones rurales.

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