Intersecciones

Perspectivas políticas y estéticas para la paz

Tania Bolaños, Diana Rey y María Alejandra Tapia

Editoras

Rodrigo Echeverri

Curador

INTERSECCIONES

Perspectivas políticas y estéticas para la paz

INTERSECCIONES

Perspectivas políticas y estéticas para la paz

Tania Bolaños, Diana Rey y María Alejandra Tapia

Editoras

Rodrigo Echeverri

Curador

Intersecciones: perspectivas políticas y estéticas para la paz / Tania Bolaños Enríquez, editora, María Alejandra Tapia Millán, Diana María Rey Lema, coordinadoras editoriales.

-- Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 2018.

p. – (Colección Investigación general)

Incluye datos biográficos de los autores. -- Incluye referencias bibliográficas.

ISBN 978-958-760-113-8 -- 978-958-760-114-5 (digital)

Paz - Colombia 1. Tapia Millán, María Alejandra, ed. 2. Rey Lema, Diana María, ed.

CDD: 303.66 ed. 23

CO-BoBN– a1035884

Intersecciones: perspectivas políticas para la paz

© Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, diciembre del 2018

© Tania Bolaños Enríquez (Ed.), María Alejandra Tapia Millán (Coord. Ed.), Diana María Rey Lema (Coord. Ed.), Paco Gómez Nadal, Máximo Pérez Cardona, Édgar Alberto Roa Martínez, Piedad Lucía Barreto Granada, Juan Pablo Monroy, Carolina Soto Méndez, Israel Biel Portero, Ángela Navia López, Liliana Parra, Isabel Hernández Arteaga, María Elsa Unriza Puin, Laureano David Angarita Becerra, Helmer Fernando Llanez Anaya, Fredys Alberto Simanca Herrera, Gabriel Becerra Yáñez, Rafael Velandia Montes.

ISBN (impreso): 978-958-760-113-8 ISBN (digital): 978-958-760-114-5

Digital Object Identifier: Enlace a página

Colección Investigación general

Proceso de arbitraje doble ciego

Recepción: 27 de febrero del 2018

Evaluación propuesta de obra: 7 de junio del 2018

Evaluación de contenidos: 9 de julio del 2018

Correcciones de autor: 18 de septiembre del 2018

Aprobación: 28 de septiembre del 2018

Fondo editorial

Director Nacional Editorial: Julián Andrés Pacheco Martínez

Producción editorial de libros: Camilo Moncada Morales

Producción editorial de revistas: Andrés Felipe Andrade Cañón

Producción editorial de apropiación social del conocimiento: Daniel Urquijo Molina

Proceso editorial

Corrección de estilo: Carolina Ochoa

Diseño y diagramación: Diego Abello Rico

Ilustración de la cubierta: Diego Abello Rico

Impresión: In Colors

Impreso en Bogotá, Colombia.

Depósito legal según el Decreto 460 de 1995.

CONTENIDO

Prólogo

El fin de la palabra, el tiempo de la palabra

Paco Gómez Nadal

Las palabras no son independientes, entidades añorantes de sí mismas nacidas para prestarse a narrativas ajenas o a veces a las propias. Las palabras son signo y son forma, son lucha interior entre homonimia y sinonimia, armamento para influir en el exterior.

Dicen algunos que no hay palabras en el campo de batalla, solo sangre, solo estruendo, solo hombres jugando a ser hombres y mujeres “en función hombre” —Victoria Sau dixit— matando para ser solo silencio… Sin embargo, cada vez se ganan menos guerras en el campo de batalla. Suele ser el territorio de la derrota y de la victoria, más bien, el flácido y violento espacio de la palabra publicitaria, propagandística, falsamente periodística, en la palabra de los libros de historia o de los precoces ensayos de coyuntura. Es allí donde se tuerce el pescuezo a la narrativa del ‘Otro’. Cuando ese ‘Otro’ pierde el equilibrio en materia narrativa, las armas comienzan a desafinar y el espíritu guerrero cede ante la evidencia de la sordera masiva producto de la ineficacia ya del mensaje que justificaba nuestra lucha.

En la sinécdoque con la que torno ‘palabra’ en ‘lenguaje’ queda contenido todo elemento-signo que construye narrativa y que conforma el mensaje que da forma al sistema-mundo que tratamos de explicar —y, a veces, aunque esta debería ser nuestra obligación inicial, de subvertir—. Bajo este juego de parte por todo, la palabra —jamás aislada, rebelde frente al ensimismamiento que le atribuían los funcionalistas rusos— puede ser obra de arte o expresión literaria, estudio académico o producto de consumo cultural masivo, verbo encendido en la tribuna o, incluso, silencio en el discurso colectivo. Si coincidimos con Walter Benjamin en que la reproductividad técnica “emancipó a la obra de arte de su existencia parasitaria en un ritual” para fundamentarla en la praxis política, no queda ya lenguaje ni palabra ni obra al margen del contexto ni —por tanto— de la política. O, expresado de otra manera, la realidad “trascendente” tiene ya la capacidad de “debilitar” toda obra, toda palabra, todo lenguaje que pretenda ensimismarse o constreñirse a la breve fugacidad virtual.

Si no hay ‘palabra’ independiente, tampoco hay palabra aislada. De ahí las intersecciones, el cruce permanente de narrativas, el diálogo —ora sordo, ora productivo, ora reproductivo— entre formas de conjugar, de armar el rompecabezas del lenguaje condicionado por su relación con receptores no siempre inermes que forman parte del mismo contexto que se mira y se cuenta. Parte de lo que ha logrado el cartesianismo eurooccidental impuesto en la academia y, también, en el arte es crear la ficción del aislamiento, de los compartimentos estancos que no dialogan, que no se contaminan. Una ficción. No puede ser trascendente lo que aísla el ‘creosentipensar’ de forma artificial y restringe la palabra a pequeños círculos de ‘especialistas’ que la vacían de complejidad para cargarla con una apariencia de ‘especialización’.

Colombia resumida

El caso de Colombia no se puede mirar, ni estudiar, ni narrar, ni performar de forma aislada. El país ha caminado en una estrecha celda, confundiendo especificidad con especialidad, poniendo nombre a lo que acontecía desde una lógica académica poco transdisciplinar. Los politólogos han contado un país (violencia y poder), los conflictólogos han narrado otro, los psicólogos apenas han rascado más en las consecuencias psicosociales que en los intereses que nos impulsan, los historiadores han escrito muchas veces con el extremo del lapicero que borra, que oculta o diluye, los antropólogos han querido inventar cajoncitos estancos para lo que fluye y se mezcla… La palabra ‘especializada’ ha fragmentado el poliédrico relato de la realidad o ha dibujado dicha complejidad para ‘especialistas’, pero ha fracasado, creo yo, en permear lo público: los debates, las construcciones, las deconstrucciones, las resistencias civiles, las utopías… Y ha fracasado —lo sigue haciendo aún en parte— con una alta dosis de desmemoria o de neomemoria.

El polifacético y fronterizo Heriberto Yépez, desde la frontera híbrida con el imperio en decadencia, muestra cómo hay unas formas de reordenar la memoria que son “fascistas” y que nos empujan a confundir el espacio controlado con el tiempo histórico y a la memoria con un avatar reducido de la propia memoria; la brevedad, en nuestro tiempo, es la virtud ensalzada que siembra el olvido (véanse las críticas al acuerdo de paz firmado en La Habana por su “excesiva” extensión: no parece desmesurado contener en 310 páginas la ruta para poner fin a un conflicto de décadas).

Yépez nos advierte del peligro de la palabra “comprimida” frente al relato comprensivo:

Una era de silencio es regida por lo represivo; una era de información, por lo compresivo. Toda palabra se volverá abreviatura en una esfera de individuos comprimidos, entre quienes se trasmitirá cada vez más comprimida información. Cada uno, un puerto de emisión y recepción; cada uno, un puerto que, finalmente, se volverá punto, átomo de información.

Reconectar los átomos parece tarea de Sísifo. La atomización del individuo afecta también a artistas y a académicos, presionados para reducir, sintetizar, minimizar el riesgo expansivo de lo verbalizado. La nueva —o reconstituida— colonialidad del saber, tan cargada del universalismo europeo como del culturalismo urgente estadounidense, nos empuja a reducir la memoria y a comprimir el relato. “Si la Historia fue invención senil de Europa, corresponde a Estados Unidos la invención de una historia-corta, de una rápida recordatoria. Estados Unidos hizo una adaptación de la Historia, la volvió quick-memory, briefing, mero memo” (Yépez, 2007, p. 25).

El tiempo histórico que vive Colombia es, también, un briefing de lo que podría ser y la narración de este se ha “comprimido” en una sola palabra convertida en mito y, por tanto, re(de)significada hasta mostrarse casi carente de significado. La palabra —y el mito— es “paz” y no parece razonable que la dejemos aislada como categoría de estudio para especialistas ni como resumen de los miedos o anhelos de toda una sociedad —cuando, además, conjugamos sociedad en singular confundiéndola no de forma inocente con la población que se acumula dentro de las fronteras físicas y políticas del Estado-nación eurooccidental y homogeneizante imitado por las élites de la independencia—. Así,

[…] en las ciencias sociales eurocéntricas se impone como unidad de análisis temporal/espacial las arbitrarias y movedizas fronteras espaciales y unidades temporales de los Estados-naciones, subordinando los análisis científico-sociales a las lógicas temporales y espaciales de la autoridad política que privilegia la modernidad. (Grosfoguel, 2017, p. 155)

Parece razonable entonces, aunque no haya seguridad del éxito ni de la eficacia de la misión, desdoblar la palabra “paz” para mostrar sus múltiples caras e intersecciones y para alentar/ alertar desde su propia fragilidad/búsqueda histórica. Y desdoblarla significa, en primer lugar, enfrentarla al espejo de la realidad trascendente entendiendo que esta —la realidad— es ante todo pasado y que ese pasado puede entenderse como pesado bloque inamovible y lastre para el presente o, como se conjugaría en algunas cosmovisiones andinas, un-pasado-como-futuro. Un pasado donde se encuentre “lo propio”, lo que nos define (nos hace diferentes), la esencia (no siempre positiva) que nos permita entendernos e imaginar un futuro conectado.

Y esa mirada, esa visión hacia el pasado-como-futuro, debe ser múltiple y debe cruzarse para buscar las intersecciones —en las que es propicia la siembra— y las zonas de sombra —en las que hay que buscar la forma de cosechar soluciones no violentas en la oscuridad del tiempo-espacio—. Es en ese esfuerzo donde hay que cruzar, combinar y entreverar las disciplinas académicas (liberadas en cierta medida del cartesianismo restrictivo) con los múltiples lenguajes artísticos conjugados (alejados del autotelismo ensimismado), en los espacios de rozamiento en los que las personas pueden con-vivir gracias a (y no a pesar de) su diversidad.

Se trata, entonces, de partir del pasado para preñarse de futuro porque, en este juego de tiempos, podríamos parafrasear a André Bretón (citado en Benjamin, 1936) y decir que la palabra “solo tiene valor cuando tiembla de reflejos del futuro”. Reflejos porque no podemos ver más allá, porque el futuro, más allá del territorio de aburrida convivencia pacífica que se nos vende en los eslóganes del discurso hegemónico, solo es incertidumbre y sombras de lo que estamos construyendo en este presente que ya es pasado.

Colombia tiene sobreabundancia de momentos históricos y cierta práctica en su olvido. La paz prometida de la que hablamos ahora es bastante más conservadora de la que se anheló en 1991 o, incluso, en algunos momentos de los años ochenta del siglo pasado. Pero esa es la consecuencia de tanta violencia no gratuita. Dolores González, responsable de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos en la organización mexicana SERAPAZ, cree que cuando:

[…] los niveles de violencia son tales y los costos son de tal dimensión, la agenda política de los movimientos sociales se restringe a unos mínimos que se basan en pedir un cierto Estado de Derecho, fortalecido en su capacidad de respuesta a las víctimas, fortalecido en ética pública y lucha contra la corrupción, pero deja aparcada la agenda de cambio del modelo político.

Entonces… ¿es paz de lo que escribimos o es sobre la ausencia de violencia sistemática?, ¿es la palabra develadora de los nudos estructurales que desatan la violencia física, sicológica, política o cultural o es una palabra que oculta lo que hay detrás del humo que todavía no nos deja respirar?, ¿es la paz el fin de la guerra verbalizable o solamente el control de daños visibles mientras las sociedades son sometidas a las violencias ‘familiares’, habituales?

La palabra —y sigo utilizando ‘palabra’ por ‘lenguajes’— tiende a naturalizar lo inaudito y a convertir en cotidiano lo disruptivo. Ya somos expertos en conjugar la palabra “víctima”: le hemos dado aliento, le hemos puesto nombre, la hemos tejido, la hemos estudiado. Tenemos perfiles de las víctimas, creemos otorgarles voz en el estruendo voraz de los medios, escribimos ensayos sobre ellas, realizamos emocionantes performances emocionales, nos sentimos bien al amasar sus letras hasta el desgaste: v-í-c-t-i-m-a-s. Nos cuesta, ante tanta violencia, ante tanto dolor, bajo tanto miedo, bajo tanta indolencia generalizada, conjugar la palabra “victimario”. Convivimos con él, con ellos. Se sienta, se sientan, en los mismos restaurantes que frecuentamos, mantienen rituales públicos en los que fomentan la amnesia colectiva, quiebran los espejos públicos para evitar el reflejo del pasado, hablan —ellos sí hablan— todo el tiempo de futuro para que no se nos ocurra interpelar al pasado. Nos cuesta, me cuesta, ponerles nombre y apellidos, tejer una cobija con los nombres propios de esos victimarios que ahora mambean palabras (paz, futuro, esperanza…) vacías de contenido para llenar el silencio, para animarnos a mirar hacia otro lado.

Este es —sería, quieren que sea, podría ser— el tiempo histórico de la paz. Como si pudiera decretarse o sembrarse esta palabra mediante un acto legislativo, se nos recuerda que vivimos instalados en el “momento” “histórico”: será breve, ya es pasado. Por suerte, hay palabreros y palabreras (presto este término wayúu para definir a académicos, a artistas, a personas que comparten su sentipensar en múltiples lenguajes) que se empeñan en buscar las intersecciones necesarias que pueden explicar o dotar de contenido-sentido a la paz. Unas veces lo hacen todavía contagiados por el poderoso virus de los discursos desmemoriados. Otras, aprenden a zafarse de lo previsible para arriesgarse a lo insospechado, a lo incalculable, a lo inimaginable, en términos de Günter Anders. En cualquier caso, lo más interesante —y necesario— de estas intersecciones es que al serlo suponen diálogo, proceso comunitario —porque no se hace desde el aislamiento— de construcción y duda, de deconstrucción y certidumbre.

Los diálogos transdisciplinares que resignifican la palabra son espacios de libertad porque la libertad se entiende como acto de responsabilidad y como posibilidad de equivocarse con el “Otro”. Es en esa otredad que podemos comenzar a reconectarnos, a romper el aislamiento inducido desde la especialización cartesiana o desde el capitalismo de los públicos.

Solo creo que falta una condición más para que la palabra no tenga fin y encuentre sentidos desconocidos en una fragmentación entrópica y utópica: hay que rescatar la palabra de los salones habituales donde se prestigia, hay que desacomodarla de los libros, de las galerías de arte, de los museos que fijan, de la virtualidad que la hace correr, a veces, sin sentido. No significa que, en los libros, en las galerías, en los museos o en las páginas virtuales de la reflexión no sea necesaria esta palabra ‘liberada’, pero condenarla solo a esos espacios sería ratificar su fin onanista y premiar la autoría sobre la (re)interpretación. No se trata de caer en el futurismo fascista de Marineti (“queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”), sino de rescatar del pasado-como-futuro otros muchos espacios de palabra, de lenguaje, de intersección, donde la palabra sea (re)apropiada por quienes habitualmente son sometidos a sus efectos. Se trata, pues, de multiplicar las intersecciones para que palabreros y palabreras abran brechas en los muros de las jerarquías coloniales que separan arte de artesanía, cultura de folclore, ciencia de mitología, religión de magia, racionalidad de instinto, modernidad de tradición… Es en las intersecciones, y no en la bipolaridad conceptual inducida, donde la política vuelve a ser un bien común y donde la paz puede ser algo más que un eslogan vaciado de contenido.

Referencias

Benjamin, W. (1936). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En W. Benjamin (1989), Discursos interrumpidos i. Buenos Aires: Taurus.

Grosfoguel, R. (2017). Caos sistémico, crisis civilizatoria y proyectos descoloniales: pensar más allá del proceso civilizatorio de la modernidad/colonialidad. Tabula Rasa, (25), 153-174.

Yépez, H. (2007). El imperio de la neomemoria. Oaxaca de Juárez: Almadía.

Introducción

“Sólo una cosa puede decirnos el pasado: lo que queda por hacer”

Néstor A. Braunstein

Durante más de seis décadas, Colombia ha estado atravesada por un profundo y cruento conflicto armado, producto del cual quedan hoy cerca de ocho millones de víctimas, además de los incontables daños materiales y emocionales. La cifra es escandalosa, dolorosa, absurda e insensata. Pero la cifra, por sí misma, aun en esta dimensión horrorosa, no alcanza a dar cuenta de la estela de devastación que imprimió la violencia política acaecida en el país y sus consecuencias en el lazo social y las subjetividades. Quizá por esto apelamos al campo del arte, con la confianza de que allí algo de lo inenarrable de la guerra pudiera devenir audible y fuera insumo para los diferentes análisis que se presentan a lo largo de este libro.

Intersecciones: perspectivas políticas y estéticas para la paz es el nombre de esta novedosa apuesta. En ella, quisimos acercar las reflexiones académicas provenientes de investigaciones académicas con aquellas que del mismo fenómeno surgieron en el campo del arte. Así, partimos de un trabajo transdisciplinar en el que artistas e investigadores intercambiamos ideas, reflexiones y experiencias; nos interpelamos, nos pusimos a prueba, aprendimos, desaprendimos, construimos, escribimos, creamos… pero sobre todo nos reconocimos como sujetos responsables y partícipes de la realidad en la que vivimos. En últimas, lo que nos acercó en esta experiencia fue el compromiso con el país, con las víctimas que ha dejado este insensato conflicto armado y con las generaciones por venir.

Para los investigadores, dicho proceso fue todo un desafío. Nos sacó de nuestra zona de confort, nos retó a confrontarnos con otras metodologías, con otros lenguajes y con otras maneras de narrar, comprender y sentir la violencia. En ciertos momentos, incluso, nos sentimos perdidos, angustiados. ¿Cuál es el formato —nos preguntábamos—, cómo escribimos?, ¿cómo hablamos con el arte y los artistas? Sin embargo, con cada encuentro, estas inquietudes se fueron convirtiendo en posibilidades de pensamiento, en compromisos mutuos con el proyecto y con las comunidades que nos animan a trabajar día a día, en exploraciones del saber más allá de los límites de las disciplinas y en formulaciones de nuevos marcos explicativos mucho más ricos, complejos y creativos.

Finalmente, al cerrar este recorrido, nos dimos cuenta de que estas intersecciones nos habían transformado a todos por completo. Los investigadores empezamos a escribir en un tono más poético, los artistas se acercaron a nuestros lenguajes más técnicos y se los apropiaron en sus obras; todos tuvimos un encuentro con la diferencia, que nos concedió nuevas miradas teóricas, éticas, políticas y epistemológicas.

Es entonces a partir de estos entrecruces, de estos diálogos y encuentros, que queremos aportar desde la academia y el arte a la construcción de paz, convencidos como estamos de que Colombia atraviesa un momento único en el desafío y el compromiso que implica la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el cual la pregunta del psicoanalista uruguayo Marcelo Viñar tal vez resuene más que nunca cuando dice: “Pero el horror de la guerra, del genocidio y de la tortura, ¿a quién le pertenece?, ¿a las víctimas o a la especie humana?”.

Así, luego de haber organizado una exposición de arte con el mismo título en noviembre de 2016 en la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá —con obras de los reconocidos artistas Mario Opazo, Rodrigo Echeverri, Fernando Arias, Eduar Moreno, Sair García, Liliana Angulo, Libia Posada, Andrés Orjuela y Adriana Ciudad—, emprendimos la tarea de editar un libro que profundizara en estos diálogos, buscando proporcionar un panorama de lo que ha dejado este conflicto de más de medio siglo, para aportar a la comprensión de fenómenos tan complejos como el nuevo estatuto de las víctimas en la contemporaneidad, los desafíos de la reparación simbólica en el marco de la justicia transicional, la potencia del arte como fuerza creadora y sanadora en contextos de guerra y los compromisos que asumen los jóvenes para la construcción de paz, lo que implica el desafío de la paz territorial, entre otros.

Así las cosas, este libro busca hacer visibles estas intersecciones entre reflexión académica y arte, para lo cual nos entregamos a la extrañeza, a lo inacabado, a lo abierto de ese significante que todavía desconocemos como nación llamado paz. De esta manera, el manuscrito se divide en cuatro secciones, que agrupan varias series de inquietudes y reflexiones, cada una marcada por un ritmo particular.

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP crea un gran reto para la construcción de la paz. Educar para la paz es una tarea inaplazable que lleva un compromiso social de las personas, especialmente las del ámbito académico, a pesar de ser una exigencia del ser humano. La cultura de la paz es un proceso de constitución de identidades ciudadanas, reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto, por lo que la educación debe fomentarla y fortalecerla. Evidencia de ello es el proyecto de investigación Intersecciones: perspectivas estéticas y políticas para la paz, que desarrolla metodologías transdisciplinarias en Ciencias Sociales, Humanidades y arte contemporáneo, de manera que vela por la apropiación progresiva del lenguaje de los derechos, el reconocimiento de las víctimas, la justicia social y la diversidad cultural y étnica del país, además de recuperar la memoria de la guerra para una paz estable y duradera.

Esperamos que esta apuesta resuene con ustedes, los lectores.

María Alejandra Tapia Millán

Diana María Rey Lema

Cosecharás

(Echeverri, 2004)

PRIMERA PARTE GÉNESIS

Colombia: desigualdad (Posada)

De la serie Cuadernos de geografía

Metodologías estéticas para la construcción de paz

Diana María Rey Lema

María Alejandra Tapia Millán

La igualdad es una necesidad vital del alma humana.

La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados

Simone Weil

Introducción

A lo largo del capítulo, se llevará a cabo una reconstrucción de la definición de paz a partir de dos autores fundamentales en el estudio y la formulación teórica de los temas relacionados con la paz: se habla de Bobbio (1982) y Galtung (2003) con las apreciaciones a partir de las cuales se relaciona el concepto de paz con la guerra o con la no violencia —según la perspectiva que se aborde—, además de realizar una reconstrucción semántica del concepto con base en la jurisprudencia colombiana. Así, lo anterior tiene el fin de servir como plataforma para pasar en el apartado siguiente a la mención crítica sobre la educación y la construcción de una cultura para la paz, pues se pretende observar cuáles son los límites que impone la no cultura de paz para alcanzar lo que se ha llamado en el texto una “sociedad pacífica”. Finalmente, se entabla la relación entre las metodologías estéticas —lo cual se relaciona con las perspectivas artísticas— y la construcción de paz, tal como lo menciona Nussbaum (2007), pues se considera que las muestras artísticas hacen parte del desarrollo de una paz estable y duradera.

Se parte de que estamos bajo los postulados de una paz positiva¹. Se entiende la paz negativa como la falta de violencia directa o de conflictos armados. La paz se reconoce como un valor de los más altos y deseados por el ser humano, es un proceso dinámico cuya intención es reducir las formas de violencia y elevar la justicia a su máximo nivel, concretando la ausencia de condiciones o circunstancias no deseadas y la potenciación de las condiciones deseadas (Lederach, 2000, p. 36). La paz es algo más que la ausencia de guerra o conflicto, o no violencia: es un comportamiento activo en la vida real, el cual crea en el hombre el desafío de un cambio de paradigma.

Al hablar de la no violencia, debe existir una instalación en la aceptación de la transformación, pues la concepción se erige sobre el planteamiento de desaparecer la guerra o “destruir la guerra”; en este sentido, el punto clave de lo que se ha dado en llamar cultura de paz es transformar la conciencia de las personas y lograr una desaparición del espíritu de destrucción impulsado por la guerra.

Aunque el conflicto ha estado y estará presente en el comportamiento humano por la complejidad de la comprensión, las personas olvidan que son ciudadanos del mundo, haciendo necesario focalizar el interés en la opinión pública y en la actividad profesional, pues a partir de ambas la persona pertenece o se integra en la sociedad civil y se convierte en miembro de ella. Irene Comins desarrolla el concepto de la ciudadanía mundial no como homogeneidad, “sino un sentimiento de necesidad y de unión mutua que justamente radica en las diferencias que nos enriquecen” (Comins, 2009, p. 94). En el mundo se generan desigualdades abismales y existe gran distancia entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, la concepción de la justicia, igualdad y equidad tiene una gran labor para afrontar las desigualdades (Nussbaum, 2007, p. 228).

Los criterios fundamentales que aportan a la consolidación de la paz son el desarrollo de las capacidades del ser humano y sustentan la idea de la subjetivación del derecho y la dignidad humana como obligatorios o necesarios, siendo las bases sociales del autorrespeto y la no humillación (Nussbaum, 2007). La paz no puede ser solo una utopía, sino un cimiento para construir un futuro de justicia social, libertad de decisión y dignidad para las generaciones actuales y las futuras. La educación hace a la humanidad más sabia y libre siendo el instrumento la cultura de paz que irradia la sociedad para la consolidación del tejido humano.

La paz

Vale la pena comenzar este apartado con una definición satisfactoria de lo que puede entenderse por el significante paz, el cual corre el riesgo de vaciarse por un uso tan amplio en diversos contextos. Para lo anterior, Bobbio ofrece una delimitación que es posible tomar aquí, además de una carga de significado que contiene los aspectos generales; en este sentido, se habla en primer lugar de una diferenciación entre la paz interna y la paz externa, donde una tiene relación clara con un conflicto en términos actitudinales o comportamentales de un actor determinado —es decir, en relación específica con su individualidad—, mientras que la otra hace referencia al conflicto que nace entre diferentes sujetos o grupos sociales; así, ambas se convierten en campos de estudio o tratamiento de diferentes perspectivas, la primera corresponde a la moral, mientras que la segunda es estudiada por los juristas y su estudio pertenece al Derecho (Bobbio, 1982).

Es claro que a lo largo del presente texto se hará referencia al segundo concepto de paz, la paz externa, relacionado con el conflicto que se encarga de mediar el Derecho. Sin embargo, incluso esta segunda definición de paz tiene la necesidad de delimitarse, pues con esta se pretende dar a entender solamente la paz que pone fin al conflicto particular de la guerra —no se incluye entonces cualquier tipo de conflicto que surja entre dos o más individuos o grupos sociales, sino específicamente aquel que se relaciona con un conflicto armado—. Ahora bien, se había anunciado líneas atrás que se tomaría la división entre una concepción de paz negativa (relación de dependencia semántica con la guerra) y una paz positiva; esta última se relaciona exclusivamente con la resolución de un conflicto por medios jurídicos (Bobbio, 1982).

Luego de puntualizar en una definición clara de lo que se entenderá como paz a lo largo del documento, cabe mencionar que también se tendrá en cuenta la relación existente con los planteamientos de Johan Galtung de la paz en relación con la no violencia, lo cual se aleja parcialmente de la exclusividad conceptual desde la cual Bobbio (1982) plantea su definición de paz. Según la perspectiva de Galtung, los dilemas que se entrecruzan en el devenir humano no pueden solucionarse de una forma simple acudiendo a dualismos como paz-guerra, pues estos caen en una simplificación de las problemáticas; por lo anterior, la perspectiva de Galtung abandona la interiorización de la paz como un contrario a los escenarios de guerra —motivo expuesto líneas atrás con Bobbio— y busca entenderla por sí misma.

Para lograr lo anterior, Galtung formula la llamada teoría del conflicto, compuesta por tres estadios principales en los que se aborda la paz desde diferentes perspectivas: la paz en una dimensión negativa en cuanto reducción de los actos violentos y los actos en detrimento de las necesidades humanas básicas (las cuales son para Galtung supervivencia, bienestar, identidad y libertad); en un segundo momento, se plantea la superación del simple cumplimiento o satisfacción de las necesidades básicas, buscando una forma de potenciar su desarrollo; por último, se vuelve a tomar la paz pero en una dimensión positiva, la cual se relaciona con la reducción de la violencia cultural (Calderón, 2009, p. 66).

Luego de este acercamiento teórico respecto a la concepción de paz, cabe mencionar que se encuentra una relación entre las dos líneas teóricas expuestas, dado que la definición de Bobbio (1982) se incluye en los planteamientos esgrimidos por Galtung (2003).

Ahora bien, se pasa a caracterizar el concepto a partir de la jurisprudencia colombiana, con el fin de ubicar el desarrollo conceptual en un contexto específico. En este sentido, se concibe la paz como un derecho y un deber de cada persona. Todas las personas tienen el derecho a vivir en paz y a trabajar en aras de ella. El concepto de paz en Colombia se materializa en la Constitución de 1991, en la cual se afirma que la paz, dentro del orden de valores que protege la Carta Magna en términos generales, ocupa el lugar de más alto nivel; es por ello que se protege este derecho de diferentes formas: se crean, en este sentido, procedimientos de resolución de conflictos en un ámbito internacional, además de la protección efectiva de los derechos fundamentales (Corte Constitucional de Colombia, 2006).

Como puede observarse, la concepción de paz tiene una relación significativa con los ya mencionados aportes de Galtung, en los que la paz se consolida como el cumplimiento de las necesidades básicas del ser humano (haciendo parte de estas la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad), por lo que su negación, es decir, sus respectivos contrarios (como lo son la mortalidad, el sufrimiento, la alienación y la represión) se erigen por medio de la violencia, una violencia que puede llegar a ser específica considerando los tipos que suelen mencionarse en el interior de una sociedad —violencia directa, estructural y cultural—; puede afirmarse entonces que estos contrarios, en el sentido de oponerse a la construcción de paz directamente, gestan la degradación humana (Ramírez, 2017).

Ahora bien, es claro que la paz es un propósito colectivo de índole nacional e internacional, relacionado con el fin último del ser humano, por lo que puede considerarse en general como la ausencia de conflictos o pugnas que tomen características de violencia física, o como una armonía social alcanzada por el pleno cumplimiento de las normas establecidas en los derechos humanos, o también como una suerte de minimización de los escenarios donde se desarrollan los conflictos, lo cual lleva a una humanización de las circunstancias en las que se desenvuelven. Lo anterior, siguiendo la Sentencia C-370/06, se relaciona con un núcleo mínimo y un desarrollo máximo: el primero tiene que ver con la ausencia de conflictos y el segundo, con el cumplimiento de los derechos humanos (Corte Constitucional de Colombia, 2006).

En vista de lo mencionado atrás, puede decirse que la paz es el propósito fundamental del desarrollo del Derecho internacional, por lo cual redunda en un fin principal del Estado colombiano por cuanto se entiende como un derecho colectivo y, a la vez, subjetivo de los seres humanos según se los considere grupal o individualmente; además, puede interpretarse también como un deber de todos los ciudadanos, pues es también misión de estos conseguirla y mantenerla por el buen funcionamiento del hecho social (Corte Constitucional de Colombia, 2006).

Por otro lado, cabe resaltar que la paz no puede interpretarse exclusivamente como el abandono de los conflictos explícitos en términos de violencia, ni se relaciona exclusivamente con los medios institucionales que se usan para contrarrestarla, sino que tiene cabida en un asunto cultural de alto nivel donde la ciudadanía aprehende los métodos jurídicos que permiten una resolución adecuada de los conflictos siempre presentes en el ámbito de lo social; esto se relaciona con lo que se denomina “convivencia pacífica”, la cual no puede ser conseguida por medio de imposiciones violentas y no consensuadas con la ciudadanía, pues no existiría ningún tipo de pacto y sería una paz frágil. Entonces, la paz se debe erigir sobre unas bases de cooperación, entendimiento y confianza en el otro para potenciar los desarrollos personales y colectivos de la sociedad (Corte Constitucional de Colombia, 1995). Además, no puede considerarse como un derecho que se desarrolla unidimensionalmente, sino que adquiere una serie de características múltiples y se asume de diversas formas.

Puede decirse, entonces, que la paz es la reunión de un conjunto de ejercicios donde cabe, por ejemplo, el desarrollo de la autonomía y la participación, pues se relaciona con la posibilidad de intervenir en asuntos públicos de orden político en tanto miembro de la comunidad en general. Entendiendo la paz como un derecho que cubre a todas las personas de todos los núcleos sociales, se tiene que está relacionada con el vivir en un contexto que le dé la espalda a la solución de los conflictos por medio de la violencia, además de que asegura la protección contra cualquier tipo de hecho violento que pueda acaecer. La paz llega a convertirse en un presupuesto del hecho democrático, pues es una condición necesaria para que el Estado lleve a cabo el cumplimiento de los demás derechos que lo acompañan, pudiendo afirmar incluso que la paz no es más que el cumplimiento adecuado de absolutamente todos los derechos humanos (Corte Constitucional de Colombia, 1993).

Acabar con la violencia es fundamental para la construcción de la paz. Mariela Sánchez (2012, p. 130) afirma que con la cultura de paz se busca llevar a cabo un redireccionamiento de las acciones individuales en la sociedad, encaminándolas hacia la construcción de una sociedad más justa y pluralista, y procurando eliminar por completo la violencia que se desarrolla en diferentes ámbitos. La transformación mancomunada se debe asumir como una voluntad dinámica, todos pueden pensar en la paz y aportar a ella; como parte de una colectividad es importante sentir, hablar y practicar la reconciliación, la reconstrucción y el reconocimiento de sí mismo, con los otros, con el territorio, con los que no están y con la biosfera.

La cultura y la educación para la paz

Hablar de la cultura de paz, en relación directa con la educación para la paz que solidifica las bases para lograrla, es un tema de principal interés para todos los investigadores que se encargan de teorizar la superación de los conflictos en general y, por consiguiente, la consecución de la paz. La educación y la cultura para la paz se convierten en bases principales para la manutención real de la paz, pues es necesario articular los desarrollos en términos de acuerdos que pongan fin a los conflictos que afectan el hecho social con unas bases que surquen el comportamiento de los ciudadanos en diversos ámbitos. Así, la paz no solo se entiende como el abandono de los hechos violentos ligados a un conflicto en particular, por ejemplo un conflicto armado, sino al abandono de los hechos violentos en términos generales, incluidos los que surgen en medio de las relaciones sociales cotidianas de los ciudadanos; es más, podría decirse que en este punto se les da una preponderancia especial a estos últimos.

La apuesta con la consolidación de una cultura de paz a partir de la educación es una sociedad pacífica, donde todos los ciudadanos puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales sin ningún tipo de coerción externa —sea estatal o de otra índole—; una sociedad donde puedan sentarse las bases de cooperación con todo el género humano y no exclusivamente con quienes se tiene un grado de cercanía familiar o de amistad (Sánchez, 2010); así pues, lo anterior se relaciona con una transgresión de los límites de las esferas que circundan lo social, pues tanto en la esfera privada como en la esfera pública el ciudadano como individuo debe propiciar los escenarios para solucionar los conflictos de una forma adecuada, con el fin de mantener la ya mencionada sociedad pacífica.

La exposición anterior aplica también al relacionamiento entre grupos sociales, los cuales deben llevar sus entrecruzamientos a una esfera de reconocimiento mutuo, como lo plantea Jalali (2009). En ese sentido, se debe partir del concepto de “amigo universal” para solventar las diferencias entre los grupos sociales y llegar a una aceptación significativa del otro con todos sus atributos de contingencia. La inclusión del otro es un punto clave en la construcción de los horizontes de intersubjetividad donde pueden llevarse a cabo soluciones de conflicto por las vías pacíficas, vías adecuadas para la manutención de la sociedad en paz.

Lo que queda entonces como resultado es que la educación para la paz —la educación para alcanzar una cultura de paz significativa— se relaciona con la educación para la vida, por cuanto amplía los contenidos que tanto preocupan a la escuela hasta alcanzar una perspectiva amplia de las formas de vida, lo cual supera una concepción tradicional de la educación que se limita al traspaso de los contenidos académicos en un aula acrítica y poco humana en el sentido social de la palabra. Al respecto, señala Jares (2005, p. 30) que:

Desde los presupuestos de una ciudadanía democrática, respetuosa y solidaria, debemos reforzar nuestras propuestas inequívocas a favor de una cultura de la no violencia y la paz, que tienen como principio fundamental el respeto a la vida de los demás, la vivencia de los derechos humanos y los principios democráticos de convivencia y la práctica de las estrategias noviolentas de resolución de conflictos.

Una educación basada en el respeto a la vida y a la dignidad humana —entendiendo estos últimos como derechos fundamentales que se ubican en ese orden por encima de todos los demás— es la clave para alcanzar la ya mencionada cultura de paz, pero ¿cuál es exactamente su intención? Cuando se habla de cultura de paz, puede hacerse referencia a múltiples situaciones en relación con el abandono de cualquier tipo de violencia, pues toda violencia afecta de manera decisiva la formación social, pero para enriquecer de contenido semántico las palabras “cultura de paz” se acude a los planteamientos de Jiménez (2014), en los cuales se reconstruye la concepción de la “paz neutral”.

La definición de paz neutral se desarrolla a partir de la consideración conjunta entre esta y la palabra “neutralización”, pues podría argüirse que la paz neutral en solitario hace referencia a ser neutra frente a los diferentes fenómenos de la guerra que se desarrollan en el seno de la sociedad, es decir, construirse con base en la indiferencia hacia los hechos violentos que la afrentan, lo cual no puede estar más alejado de la concepción real que el concepto refleja frente a la violencia. No se da entonces una limitación del término a partir de no acción frente a la violencia o los conflictos que surgen en la sociedad, sino todo lo contrario, adopta una actitud basada en la acción al neutralizar los hechos violentos que se enlazan con la cultura o en cualquier tipo de escenario simbólico.

Se arguye también que la neutralidad es la base de las relaciones sociales, el punto de partida de la relación entre un nosotros y un ellos, o de los entrecruzamientos con los otros como suele denominarse a las construcciones sociales que se diferencian de la propia, pues en este caso la neutralidad se encuentra en los horizontes de intersubjetividad, en una relación de reconocimiento y respeto bidimensional —en el entendido de que se da la aceptación mutua de las contingencias que trae consigo el otro—. En este sentido, puede afirmarse que a partir de esta neutralidad entre los sujetos o grupos sociales con cargas de contingencia que los diferencian y hasta los apartan, se lleva a cabo un proceso de deslegitimación de la violencia en todo sentido.

Como puede inferirse, la paz neutra es un concepto que se entiende a partir de las relaciones sociales de base, es decir, los relacionamientos que se dan a partir de grupos sociales diversos o sujetos con cargas de contingencia diferentes como en un marco social de índole más abstracta, relacionado con los procesos simbólicos. Es de esta forma como se encuentra el empalme entre la cultura de paz y la reconstrucción que hace Jiménez (2014) de la paz como neutralidad o paz neutral, en el entendido de que se encarga de mediar cualquier tipo de acciones o actividades que obren en detrimento de la organización social basada en la paz, es decir, en detrimento de una sociedad pacífica y bien organizada en términos de justicia.

Todas las personas tienen el deber de fomentar una cultura de paz. Bobbio arguye que existe una necesidad urgente de impulsar la paz en la pedagogía que trabaje el esfuerzo, en la que los resultados no se dan a corto plazo, amerite una voluntad y compromiso de cada ser humano. El conflicto de Colombia no está solamente en la selva, en los campos o en las zonas limítrofes, es importante atender los conflictos sociales de las ciudades con el objetivo de construir verdaderamente una sociedad justa, equitativa, solidaria y pluralista que responda al reto intergeneracional de supervivencia.

La tarea para la educación es crear y difundir la cultura de la paz, y promover la superación de los conflictos, el reconocimiento de la dignidad humana, la autonomía individual y de los pueblos, la tolerancia, el respeto en la diversidad del pensamiento y el camino del diálogo como instrumento para solucionar el conflicto, de manera que se trascienda a un estadio o fase superior. El camino de la paz desde la educación es la base más segura y a la cual se está ligado por vocación, aunque tiene un largo camino. La labor inmediata es crear sinergia desde la transdisciplinariedad para transformar la realidad que nos aqueja y construir una generación que hable de paz, a partir del consenso fundamental sobre las convergencias y disidencias, promoviendo una ética global con convicciones humanas integradoras. Con la educación, se promueve la igualdad de derechos, apreciación de la diversidad. Mesa (2001, p. 10) aduce el respeto por el medio ambiente y en definitiva aquellos valores relacionados con la responsabilidad global.

El empoderamiento de la cuidadanía mundial para la cultura de paz se sustenta en un trabajo solidario de todos los miembros, que trasciende en los postulados de lo individual a lo social, por ser una construcción colectiva; así, surge la metodología para la paz en la educación, que nace de un consenso, de un acuerdo funcional difundido y apropiado por el conglomerado social. Educar para la paz implica que la sociedad cuente con las condiciones y actitudes necesarias para aceptar el rol que desempeña a nivel individual, además de la repercusión que ese comportamiento tendrá a nivel colectivo. La transformación que los grupos deben tener para que alcancen a sentir el problema ajeno como propio requiere de un desarrollo de la afectividad, de transmutar y darle un sentido ético a la vida, de una responsabilidad cívica y de profundizar en el aspecto de la convivencia, para lo cual se requiere una educación afectiva y cognitiva, así como una educación social y política.

Este es el inicio de un complejo desafío de construcción colectiva de tejido humano. Se está en un tiempo decisivo para mirar hacia el futuro, no quedarse en el pasado y asumir un rol activo dentro de la sociedad, la política y el reconocimiento con los otros, lo que hará posible erigir una sociedad justa, democrática, digna y autónoma para todas las personas, especialmente las que han venido sufriendo por más de medio siglo el espectro de la guerra que se posó sobre el país y que trajo consigo violencia, desapariciones forzadas, desplazamiento de tierras, pérdida de identidad y de cultura (Fisas, 2002, p. 17). La formación para la paz, en el sentido de alcanzar el punto de tolerancia hacia temas relacionados con la violencia, es un compromiso que, aunque regulado desde un ordenamiento jurídico, se vuelve necesario a partir una de formación académica. Exigirle a una sociedad que carece de tolerancia un comportamiento pacifista no tiene lógica cuando desde sus formaciones básicas —hogar, colegio y entorno— no se le educó para comprender el dolor ajeno.

Con el fin de sedimentar lo anterior, Jiménez (2009) habla de un nuevo modelo antropológico que lleve hacia una interiorización de lo que es la paz, de lo que implica; este modelo —el cual es caracterizado como altamente positivo— tiene una serie de puntos que le dan peso y ayudan a la manutención de la sociedad pacífica. En esta medida, el primero de los puntos se desenvuelve ya en el terreno de la paz, pues implica pensarla como un valor fundamental para el ser humano. En este punto, se engloba claramente una idea de justicia y fraternidad que sirva de base para el desarrollo de los pueblos; así, todas las acciones, tanto las realizadas a partir de la individualidad como las que tienen una carga grupal, deben estar guiadas por esta idea fundamental.

El segundo punto de este nuevo modelo es tener en cuenta que no existe una homogeneización social, sino que todos los contextos se ven atravesados por diferentes modos de vida o culturas, las cuales se encuentran en un mismo nivel y deben interrelacionarse con base en el respeto. Finalmente, se habla del etnocentrismo como forma de violencia que afecta el hecho cultural, razón por la cual se dice que niega la paz. Para alcanzar la paz, debe partirse de una idea de transculturalidad, es decir, del permanente diálogo y aceptación de los otros que componen el hecho social (Jiménez, 2009).

Transdisciplinariedad: una metodología para la construcción de paz

El proyecto de investigación-creación Intersecciones: perspectivas políticas y estéticas para la paz fue una investigación científica que recorrió un camino a partir de la construcción de un protocolo de investigación transdisciplinar que acerca de forma ordenada y segura al elemento clave en la actividad de la investigación: el nuevo conocimiento. El objetivo fue analizar los aspectos sociales, políticos y culturales que ha dejado el conflicto armado en perspectiva pasada y presente, y analizar el futuro como una solución de construcción de paz sin olvidar los escenarios más crueles y desbordados que han flagelado a Colombia durante años, pero presentando como fórmula de reconciliación, reparación, perdón, verdad y la gran tarea de tejer y tejer estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que sientan el dolor de los agentes pasivos, las víctimas, además de que acojan a la sociedad a los agentes activos, los combatientes.

El proyecto pretende aportar a la construcción de paz y convertirla en una “herramienta” de trabajo, esto es, en una contribución analítica y metodológica a las luchas y a los desafíos que se enfrentan los académicos como defensores, activistas y partícipes de la paz en Colombia.

El diseño metodológico se desarrolló en etapas básicas con una técnica adecuada para la recolección y el análisis de la información requerida por los objetivos del estudio. La observación, la descripción y la explicación parten del diálogo de saberes entre artistas e investigadores para la compresión teórica y práctica, que aunque disímiles, confluyen en la inquietud permanente de qué significa ser colombiano en un contexto atravesado por distintas formas de violencia.

A partir de este diálogo transdisciplinar, se crean obras de arte contemporáneo que representan realidades del conflicto y propuestas sobre cómo hacer posible un país sin guerra y cómo promover la cultura de la paz. La conceptualización y la construcción de significados se consolidaron con las intersecciones entre artistas e investigadores en una exposición de arte contemporáneo, siendo representadas en videoinstalación, fotografías, instalación sonora, dibujos y esculturas, a partir de las cuales se buscó identificar el rol del estudiante, del visitante, del docente, del artista y de todos aquellos que son militantes de la construcción de paz —y con posterioridad en un capítulo de libro—.

La metodología utilizada es transdisciplinar por cuanto va más allá de las disciplinas para así llegar a la comprensión, al entendimiento significativo de la perspectiva de la vida humana y del compromiso social del ser humano en la cultura y educación para la paz. Tal como conceptualizan Delgado y Rist (2016), el horizonte de lo transdisciplinar se orienta a la integración del conocimiento que se genera entre ciencia, comunidad y arte para lo cual toma como base las dinámicas culturales y los procesos sociales.

El proyecto de investigación-creación se orientó a partir de tres elementos básicos de la transdisciplinariedad, a saber: primero, el diálogo entre múltiples actores (investigadores, artistas y comunidad) y saberes (arte y académia) vínculados a partir de la preocupación común por la construcción de paz en Colombia y siendo la coproducción el elemento central de este proceso; segundo, se tomaron en consideración los alcances y las limitaciones de las disciplinas que entraron en el diálogo (Derecho, Psicología, Psicoanálisis, Ciencia Política, Arte y Educación); tercero, dado que existen diversas dimensiones de la realidad, se genera la necesidad de construir el problema partiendo de la intersección de los saberes de las disciplinas venciendo la fragmentación del conocimiento.

El proyecto se consolida como un medio de sensibilización que aborda una mirada de consolidación de paz, de estimulación del pensamiento crítico y de contribución a la innovación, a la curiosidad y a las competencias e iniciativas personales de los estudiantes, académicos y comunidad en general, todo lo cual aporta a la posibilidad de forjar tejido humano que comprenda que se es diferente por la cultura, el orden social y las experiencias humanas, pero con un elemento común de entendimiento de aquellas diferencias, identidades y subjetividades que los separan.

Conclusiones

Para que Colombia consolide una paz duradera y sostenible, se requiere que todos los miembros de la sociedad adopten metodologías educativas de paz, que logren sostener el compromiso día a día de los grandes y graves efectos de la violencia estructural que se vive en el país. La filósofa Martha Nussbaum envió una carta al pueblo colombiano cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. En esta carta, arguye que las políticas de reconciliación deben estar intrínsecamente relacionadas con las políticas de desarrollo humano, lo cual claramente lleva a considerar la educación como parte fundamental de la construcción de paz; afirma que se debe llevar a cabo un fortalecimiento en todos los niveles de la escuela y, por supuesto, en la universidad para lograr un compromiso real con los valores que sostienen la humanidad, logrando relacionar estos con la imaginación de nuevas perspectivas sociales (Nussbaum, 2016, p. 34).

La paz es la máquina destinada a impulsar el movimiento del mundo, todos pueden pensar en ella y aportar en su construcción; no solo es posible, sino que además es necesaria y vital para la sociedad (Fisas, 2002, p. 17). Es deber de la educación que los estudiantes se identifiquen con sus concepciones de vida, en sociedad, con el otro, de manera que sirva para identificar las diferencias, dinamizar, reflexionar y cambiar la construcción mental.

Se parte del reconocimiento del multiculturalismo, cimentando una sociedad justa que debe proteger la libertad de sus ciudadanos para decidir a qué grupo quieren pertenecer y con cuál se sienten identificados; la ética debe ser entendida como un discurso social que se niega a aceptar la explotación y el sufrimiento humano innecesario.

Referencias

Bobbio, N. (1982). El problema de la guerra y las vías de la paz. Madrid: Gedisa.

Basarab, N. (1996). La transdisciplinariedad. Manifiesto. París: Éditions Du Rocher.

Calderón, P. (2009). Teoría de conflictos de Johan Galtung. Revista de Paz y Conflictos, (2), 60-81.

Comins, I. (2009). Filosofía del cuidar: una propuesta educativapara la paz. Barcelona: Icaria.

Delgado, F. y Rist, S. (2016). Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad. Aportes teórico-metodológicos para la sustentabilidad alimentaria y del desarrollo. La Paz: Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO).

Fisas, V. (2002). La paz es posible. Una agenda para la paz del siglo 19. Barcelona: Plaza y Janés.

Galtung, J. (2003). Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos. Ciudad de México: Transcend.

Jalali, M. (2009). Ciudadanía, justicia social y lucha por el reconocimiento. Pensamiento Jurídico, (26), 92-112.

Jares, X. (2005). Educar para la verdad y la esperanza. En tiempos de globalización, guerra preventiva y terrorismos. Madrid: Editorial Popular.

Jiménez, F. (2009). Hacia una antropología “para” la paz. Gazeta de Antropología, 25(2).

Jiménez, F. (2014). Paz neutra: una ilustración del concepto. Revista de Paz y Conflictos, (7), 19-52.

Lederach, J. (2000). El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz. Madrid: Catarata.

Mesa, P. (2001). Educación para la paz en el nuevo milenio. En J. M. Pureza (org.), Para una cultura da paz. Coimbra: Quarteto.

Nussbaum, M. (2007). Los límites de la justicia. Barcelona: Paidós Ibérica.

Nussbaum, M. (2016). Una carta para el pueblo colombiano. En S. Alvarado (ed.), La paz en Colombia (pp. 17-19). Buenos Aires: Clacso.

Ramírez, D. (2017). La paz según Johan Galtung: ¿cuáles son los elementos que debemos solucionar en Colombia? Escenarios Sociojurídicos, (9).

Sánchez, M. (2010). La educación para la paz en Colombia: una responsabilidad del Estado social de derecho. Revista via iuris, (9), 141-160.

Sánchez, M. (2012). Empoderamiento y responsabilidad de la cultura para la paz a través de la educación. Ra-Ximhai, 8(2), 27-158.

Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-370/06 (18 mayo 2006).

Colombia, Corte constitucional. Sentencia T-102/93 (10 marzo 1993).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-296/95 (6 julio 1995).

ANEXOS

PRIMERA PARTE GÉNESIS

Estos mapas hacen un reconocimiento del territorio colombiano. Presentan una nación acribillada, herida y maltratada.

Colombia: minas antipersonales, de la serie Signos cardinales

Posada

2008

Colombia: división política, de la serie Signos cardinales

Posada

2008

Fibras de conducción, de la serie Neurografías

Posada

2010

De la serie Humanos derechos

(Arias, 2014)

Transfiguración de los actores del conflicto armado colombiano: de la guerra a la paz en cinco minutos

Máximo Pérez

Tania Bolaños Enríquez

Introducción

Para que se llegara a un conflicto armado interno, varias generaciones de colombianos tuvieron que vivir —o padecer— las diferentes etapas de la violencia colombiana, siendo testigos del surgimiento de múltiples grupos armados organizados al margen de la ley (en adelante gaoml). El actual conflicto armado comenzó en la época de La Violencia con el bandolerismo político (Sánchez & Meertens, 2002). De esa forma, los primeros grupos insurgentes de ideología liberal y comunista de los años cuarenta se transformaron en los años sesenta en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el Ejército de Liberación Nacional (eln) y el Ejército Popular de Liberación (epl), mientras que en los años setenta surgió el Movimiento 19 de Abril (M-19).

Como respuesta a la insurgencia, se conformó un grupo contrainsurgente denominado Los Chulavitas, que en los años ochenta y noventa se consolidaron como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), convirtiéndose luego en las actuales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos actores armados, así como otros, son representados en Humanos derechos, la obra de Fernando Arias, de manera simbólica. Por un lado, el campesino empuñando su pala; por otro, el soldado con el fusil, la campesina vistiendo una camiseta con la estampa del ícono de la guerrilla latinoamericana y el paramilitar cubriendo su rostro con las gafas de quien no quiere ser reconocido.

El común denominador del presente conflicto y el origen de los GAOML ha sido la lucha por el poder territorial y político entre los dos partidos tradicionales de Colombia: el Liberal y el Conservador, así como la exclusión de partidos minoritarios como el Partido Comunista y de facciones minoritarias dentro de los partidos tradicionales, como el Movimiento de Revolución Liberal (MRL) y la Alianza Nacional Popular (Anapo) durante el periodo del Frente Nacional.

En la obra Humanos derechos, es posible evidenciar, explícitamente, la referencia al territorio con la pala sujetada del astil por el campesino y la referencia a la ideología política con el estampado de la fotografía del Che Guevara en la camiseta que cubre el torso de la guerrillera. Sin embargo, de una forma implícita, en esta obra de arte el cuerpo puede incluso connotar un territorio que es lentamente despojado de todas sus pertenencias. Lo anterior, de manera simbólica, nos muestra el fenómeno del desplazamiento forzado como efecto del conflicto armado, pero a la vez nos insinúa la consecusión de la paz al exhibir a unos individuos que acuerdan deshacer sus diferencias, abandonar la confrontación armada y reivindicar la humanidad expresada en los cuerpos pacíficamente desnudos frente al lente de la sociedad.

Los intentos de redistribución de la tierra de los años veinte

En la década de 1920, se experimentó en Colombia una desmesurada inflación, producto de la dificultad de responder a las nuevas demandas generadas por una mayor inversión externa (LeGrand, 1988, p. 122). A corto plazo, esto significó una oferta de alimentos restrictiva y la demanda debía atenderse con la importación mientras se ampliaba el mercado interno para la producción nacional de alimentos y materias primas que abasteciera la manufactura. Para ello, fue necesario el apoyo del sector de productores agrarios y, en consecuencia, se dio la discusión entre la visión del monopolio de la tierra y la de su distribución equitativa (López, 1982, p. 12-13).

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia (en Sentencia del 15 de abril de 1926) asumió la posición de la recuperación de los baldíos por parte del Estado, con el fin de concederle las tierras a la nueva clase media rural (LeGrand, 1988, p. 137). Se consideraban baldías aquellas tierras no cultivadas, con independencia de los testamentos, ventas o sentencias que confirmaban la tenencia de la tierra. Por otro lado, se estableció la prescripción adquisitiva para aquel que hubiese labrado la tierra por un periodo de cinco años. Tiempo después, se sancionaron los Decretos 839 y 1110 de 1928 con el mismo objetivo: recuperar los terrenos baldíos de la nación y contribuir al aprovechamiento productivo de la tierra (Londoño, 2011, pp. 199-200).

A pesar de los grandes avances legales en la redistribución de la tierra y el favorecimiento de la propiedad productiva, el continuo afianzamiento de las grandes extensiones de tierra, así como el constante desconocimiento de los instrumentos legales, ocasionaron las huelgas de la Tropical Oil Company en 1924 y 1927, y de la United Fruit Company en 1929, mitigadas por la Fuerza Pública a través de una fuerte represión (Vega, 2002, p. 124).

La República Liberal (1930-1946)

Para 1930 se constituyeron en Colombia 99 sindicatos, luego de la crisis generada por la inflación de comienzos de los años veinte, las manifestaciones de los campesinos y trabajadores de las empresas multinacionales y la afectación del mercado cafetero de Brasil y Colombia a causa del desplome de la bolsa de Wall Street (Molano, 2015, p. 4). Paralelamente, se fundó el Partido Socialista Revolucionario en 1928, transformado en el Partido Comunista en 1930, y se hicieron populares los nombres de María Cano, Raúl Mahecha y Jorge Eliécer Gaitán por su activismo y discursos revolucionarios (Molano, 2015, p. 3).

Debido al marcado descontento popular experimentado durante esta época, el Partido Liberal obtuvo el poder en 1930 con el mandato del presidente Olaya Herrera (1930-1934) después de cincuenta años de hegemonía conservadora. Aunque el gobierno de Herrera inició una serie de reformas que buscaban normalizar la situación económica y el orden público del país, solo hasta la “Revolución en Marcha”, promovida por el gobierno de López Pumarejo (1934-1938), se planteó un nuevo orden de propiedad agraria y, consecuentemente, una solución al problema del agro colombiano (Sánchez & Meertens, 1983, p. 31).

Posesionado nuevamente el liberalismo en 1934, se nombraron 88 alcaldes liberales del total de 101 municipios, razón por la cual el Partido Conservador respondió exhortando a “[…] defendernos en la forma que las leyes naturales nos lo permitan” (Guerrero, 1991, p. 129). En medio de esta tensión, Boavita se erigió como el territorio militar de la región del Chicamocha y el general Suárez Castillo fue nombrado jefe militar de Boyacá, mientras Ramírez Moreno incitaba a sus copartidarios a la legítima defensa (Guerrero, 1991, p. 236). De acuerdo con Molano (2015, p. 9), fue en la vereda Chulavita del municipio de Viotá en donde se conformaron las primeras cuadrillas conservadoras que, con el apoyo de la Policía departamental y municipal, arrasaron a los liberales y comunistas durante la Restauración Conservadora (1946-1953).

Especialmente lo ocurrido en Viotá confirmó el escalonamiento de la confrontación armada y la agudización de la defensa de los terratenientes, de suerte que el gobierno de López Pumarejo optó por sancionar la Ley 200 de 1936 para disolver los conflictos agrarios. Esta pretendía, entre otras cosas, introducir la función social de la propiedad en el ordenamiento jurídico, a saber, la parcelación de tierras ociosas sin que se afectara la titularidad los hacendados. Sin embargo, de acuerdo con Bedoya (2015, p. 19), si bien la Ley 200 de 1936 tuvo en cuenta estos avances alcanzados por la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 en el proyecto de ley, estos fueron eliminados en debates posteriores, de tal forma que: “[…] la ley [sancionada] había conducido a una evicción de millares de aparceros que salieron de las haciendas, en especial cafeteras para no seguir reconociéndoles las mejoras, proceso este que buscaba también convertirlos en asalariados” (Machado, 2009, p. 214). Por lo anterior, para Marco Palacios (2011), la Ley de Tierras “[…] fue una mera titulación de baldíos que abortó años después” y para Gaitán (1985) fue “[…] una ley hecha de papel y cartulina” (citados por Molano, 2015, p. 9).

Con el objetivo de disminuir los efectos negativos generados por la Ley 200, así como las situaciones de escasez alimentaria y de restricción a las importaciones ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial, se expidió la Ley 100 de 1944 en el segundo mandato de López Pumarejo (1942-1945). Sin embargo, esta ley sería el producto de la ofensiva de los latifundistas para arrojar a los campesinos de sus tierras; afirmación que sería confirmada posteriormente por los informes presentados por Currie en 1950 al Banco de la República y por Lebret en 1958 a la Presidencia de la República, al indicar el incremento de las condiciones de pobreza.

La Restauración Conservadora (1946-1953)

El Partido Conservador se impuso para las elecciones de 1946 con Mariano Ospina Pérez (1946-1950), aprovechando las divisiones internas del Partido Liberal, lo que causó disturbios en Bucaramanga, Túquerres, Duitama, Ocaña, Chiquinquirá, Capitanejo, Tocaima y Carcasí (Oquist, 1978, p. 231). Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), buscando la renuncia de Ospina, en mayo de 1947 perspicazmente hizo un llamado al paro nacional contra el alto costo de vida (Molano, 2015, p. 13). El gobierno conservador no solo fue combatido a través de las manifestaciones sociales, sino también a través de las elecciones legislativas. Así, el gaitanismo ganó el poder legislativo en las elecciones de 1947, imponiéndose además en el Partido Liberal con el control total. En medio de esta tensión, la violencia en el campo se generalizó y, en el marco del estado de sitio decretado por el gobierno, se nombraron 202 militares alcaldes (Ramsey, 1981, p. 118), incrementando el número de muertos por violencia política (Oquist, 1978, p. 332).

Es en este contexto que Gaitán organizó la célebre Marcha del Silencio del 7 de febrero de 1948, a fin de denunciar el sacrificio de campesinos liberales e implorar el cese de la violencia oficial. Sin embargo, esta protesta pacífica y silenciosa se tornó violenta y ruidosa tan solo dos meses después cuando Gaitán cayó abatido en el centro de Bogotá el 9 de abril. Mientras Oquist (1978) afirma que durante El Bogotazo se calculan 2.585 muertes, Henderson (2006, p. 451) indica que fueron 4.000 los fallecidos.

Con el asesinato de Gaitán, La Violencia (1946-1958) alcanzó su nivel máximo de radicalización y, por tanto, favoreció la constitución de las primeras agrupaciones armadas: “[…] de un lado, la policía chulavita y los Pájaros (asesinos a sueldo), al servicio del Gobierno Conservador; del otro, las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas” (CNMH, 2013, 112). Como lo señalan Sánchez y Meertens (1983, p. 38), con la acción represiva de la policía chulavita en Boyacá, los Pájaros en el Valle y Caldas, los Aplanchadores en Antioquia, y los Penca Ancha en Sucre, se generaron asesinatos y migraciones masivas de campesinos a otras zonas de su misma filiación partidista, al punto de llegar a “[…] homogeneizar políticamente las veredas y regiones […]” y a constituir “[…] [l]os primeros grandes núcleos guerrilleros […]” en los Llanos, en el sureste antioqueño, en Santander, al noreste de Cundinamarca y al sur del Tolima. De otra parte, Rafael Rangel, Eliseo Velázquez y Hermógenes Vargas, fugitivos de la contraofensiva gubernamental, jamás imaginaron que al cabo de un año estarían dirigiendo verdaderos ejércitos campesinos (Sánchez y Meertens, 1983, p. 33).

Fue en ese periodo cuando Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélezo Tirofijo, huyó a la vertiente oriental de la Cordillera Occidental (Tuluá, Riofrío y Betania), zona controlada por el ‘Cóndor’ (Molano, 1994, p. 28); y luego, desde Betania regresó a Ceilán donde organizó un comando guerrillero. En palabras de uno de sus guardaespaldas, Tirofijo:

[…] [r]eunió a sus primos y les dijo que el ambiente para vivir se había acabado y que la única solución era hacer política. Que dejaran de pensar en los negocios o en las fincas, que lo que con 25 hombres. El primer ataque fue en Puente Rojo, entre Cumbarco y Ronsesvalles. (Molano, 1994, p. 66)

A pesar de la fragmentación y de la relación conflictiva entre estos movimientos insurgentes, tres factores fueron causal de alarma para el Gobierno nacional (Sánchez y Meertens, 1983, p. 40): 1) la ruptura generada entre hacendados liberales y guerrillas; 2) la materialización de un proyecto de coordinación nacional entre los principales bloques de resistencia armada denominado “Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional” (Conferencia de Boyacá de 1952); y 3) la ofensiva militar desplegada por el movimiento guerrillero en los Llanos.

En esas circunstancias, las directivas nacionales del Partido Liberal aprovecharon la oportunidad para formular un nuevo pacto con la fracción ospinista del conservatismo acerca de la dirección de la economía y del Estado en el país y también en cuanto a la regulación del ejercicio mismo de la política (Sánchez & Meertens, 1983, p. 40). De esta forma, se recurrió a la mediación de las Fuerzas Militares (en adelante FF.MM.) y se designó el arbitraje del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) para las elecciones de 1953.

La intervención de Rojas con su lema “Paz, Justicia y Libertad”, seguida de una oferta incondicional de amnistía a los grupos insurgentes, sería percibida por la sociedad civil como un golpe de opinión (Sánchez y Meertens, 1983, p. 41). A pesar de sus promesas de amnistía a los grupos insurgentes, el Gobierno desplegó una serie de operativos militares contra los núcleos de autodefensa campesina, acelerando su consolidación como guerrillas revolucionarias (CNMH, 2013, p.115).

El Frente Nacional

En mayo de 1957, renunció el general Rojas a la Presidencia debido a la presión provocada por el cierre de las fábricas, las protestas estudiantiles y el gran paro de transporte urbano en Bogotá, Cali y Medellín (Jaramillo, 2014, pp.42-43); y debido a los rumores de su perpetuación en el poder, esparcidos por el Partido Liberal con la ayuda de los medios de comunicación. De esta forma, devino la celebración de un nuevo acuerdo entre las élites partidistas, materializado el 24 de julio de 1956 con la firma de la Declaración de Benidorm (España) por el jefe conservador Laureano Gómez y el jefe liberal Alberto Lleras Camargo. Posterior a la caída de Rojas, se firmó el Pacto de Sitges (España) el 20 de julio de 1957.

Institucionalizado el nuevo pacto, Lleras y Gómez recomendaron la conformación de una Junta Militar con la misión de regresarle el poder a la sociedad civil. La Junta, integrada por cinco generales, convocó a un plebiscito el 1 de diciembre de 1957 para que el pueblo avalara su mandato hasta el 7 de agosto de 1958. Así mismo, la Junta suspendió las operaciones militares desplegadas por Rojas, que buscaban reprimir a las autodefensas campesinas, propiciando con esto una reunión con estas agrupaciones insurgentes (Molano, 2015, p. 30). Sin embargo, en medio de la negociación, Juan de la Cruz Varela hizo un llamado a conservar el derecho a poseer con qué defenderse, mientras las condiciones les inspiraran confianza (Londoño, 2011, p. 565)

Con el nuevo pacto, se dio vida al Frente Nacional (1958-1974), periodo en el cual los partidos Liberal y Conservador se comprometieron a sucederse en el poder cada cuatro años para repartírselo equitativamente. De esta forma, se introdujo la alternancia en el poder ejecutivo, la paridad en el legislativo y la cooptación en el judicial —en el ordenamiento jurídico—, con el fin de “[…] apaciguar las animosidades sectarias y reducir la competencia entre los partidos […]” (CNMH, 2013, p. 115). A causa de la exclusividad del pacto, se conformaron las facciones minoritarias de los partidos tradicionales: el MRL y la Anapo.

Así, Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo presidieron la república liberal, mientras Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero lo hicieron con la conservadora durante el Frente Nacional, excluyendo de esa forma al liberal Alfonso López Michelsen y al conservador Gustavo Rojas Pinilla. Como se verá más adelante, estos movimientos contribuyeron a la fundación del ELN y del M-19, respectivamente.

De otro lado, la política de la Doctrina de Seguridad Nacional y la del Reformismo Social, diseñadas por el gobierno de Estados Unidos, marcaron profundamente las estrategias de las Fuerzas Militares y sociales de los gobiernos del Frente Nacional en el contexto internacional de la Guerra Fría (1946-1991), el triunfo de la Revolución Cubana (1959), la Revolución Estudiantil del Mayo de 1968 en París (Francia) y la derrota de Estados Unidos en Vietnam (1975). La Doctrina de Seguridad Nacional fue implementada con el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), con el objetivo de contener al comunismo en el marco de los programas de ayuda militar bilaterales (Militar Assistance Program-MAP) en los años 1952 a 1958; mientras que el Reformismo Social fue aplicado desde 1961 hasta 1970, a partir de la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.

La política internacional propuesta por Estados Unidos se implementó en el orden nacional por la Comisión Especial de Rehabilitación creada al iniciar el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y por la Comisión de Reforma Agraria. Con el Plan Nacional de Rehabilitación (pnr), se pretendía resolver el fenómeno de la violencia con la construcción de escuelas y carreteras de penetración, asistencia a desplazados y distribución de baldíos, por cuanto la violencia es “[…] un flagelo que tiene raíces sociales […]” (Molano, 2016, p. 32). La Comisión de Reforma Agraria, por su parte, redactó la Ley 135 de 1961, con el objetivo principal de reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos orientados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no las posean (artículo 1, Ley 135 de 1961).

A pesar de los avances introducidos por esta ley con la constitución de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) (Artículo 50, Ley 135 de 1961), fue criticada con fuerza por los terratenientes y los defensores de la Operación Colombia propuesta por Lauchlin Currie. Igualmente, el conservatismo en cabeza del senador Álvaro Gómez atacó de frente la nueva ley al considerar que instigaba el enfrentamiento entre campesinos y propietarios (Alape, 1987, p. 245).

Estos obstáculos obligaron al gobierno de Lleras a crear la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) al finalizar su gobierno en 1968. Sin embargo, se produjo el desplazamiento de la Doctrina de Defensa Nacional hacia la Doctrina de Seguridad Nacional (Jaramillo, 2014, p. 47), con la gran cantidad de decretos de urgencia y control militar sancionados durante el mandato de Lleras y prolongados en el gobierno de Guillermo León Valencia.

Durante el gobierno conservador de Valencia (1962-1966), se introdujo el Plan Lazo como una estrategia de pacificación, que consistió en la legitimación de medidas de ingeniería social contra la pobreza para diezmar las guerrillas en las zonas donde tenían presencia. Paradójicamente, sirvió para la creación de estrategias contraguerrillas, por ejemplo, el Plan Soberanía (Leal, 2002, p. 46), materializado en las operaciones de Marquetalia, El Pato y Guayabero (Jaramillo, 2014, p. 48).

Dicho plan contribuyó a la consolidación del Decreto de Ley 3398 de 1965, conocido como el Estatuto para la Defensa Nacional, que estableció la obligación que tiene todo ciudadano colombiano (artículo 3 del Estatuto) y toda persona natural o jurídica (artículo 4 del Estatuto) de defender la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones. Para Leal (2002), se justificaba así la creación de los primeros grupos de autodefensa paramilitar (pp. 47-48).

Los débiles resultados de la Reforma Agraria, así como las fuertes represiones militares promovidas por el Estatuto, dieron pie al surgimiento del programa agrario y a la plataforma política de las FARC-EP. Es de destacar que la represión militar estuvo precedida por la campaña denunciante del senador Gómez contra las repúblicas independientes (CNMH, 2013, p.121). En efecto, sentenciaba Gómez que:

No hay ningún colombiano que legítimamente pueda invocar motivos políticos para rechazar la soberanía del Estado. No se ha caído en la cuenta de que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el Ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo o a los habitantes. Hay una serie de repúblicas independientes que existen de hecho aunque el Gobierno niegue su existencia, periódicamente da unos comunicados falsos, mendaces, diciendo que el territorio nacional está todo sometido a la soberanía y no está bajo la soberanía colombiana. Hay una república independiente de Sumapaz; hay una república independiente de Planadas, la de Río Chiquito, la de ese bandolero que se llama Richard y ahora, tenemos el nacimiento de una nueva república independiente anunciada aquí por el ministro de Gobierno: la república independiente del Vichada. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo; ese es uno de los fenómenos más dolorosos del Frente Nacional. (Alape, 1987, p. 245)

La incubación de las FARC-EP

A pesar de los débiles resultados de la reforma agraria y la represión militar, el Plan Nacional de Rehabilitación y el Programa del Sur del Tolima, instituidos en el gobierno de Lleras, contribuyeron al surgimiento de acuerdos relevantes de cese de hostilidades. En efecto, ‘Marulanda’ fue nombrado inspector de vías, por lo que muchos de sus compañeros trabajaron en la carretera Aleluya-El Carmen (Alape, 1987, p. 212). De otro lado, ‘Charronegro’ fue elegido presidente de la Unión Sindical de Agricultores de Tolima y Huila, mientras Ciro Trujillo era designado presidente en la Unión de Agricultores de Riochiquito y Tierradentro (Molano, 2015, p. 38).

Se crearon las FARC-EP en la conferencia celebrada en el río Duda en mayo de 1965 (Molano, 2015, p. 40), luego del asesinato de ‘Charronegro’ el 11 de enero de 1960, el despliegue de la Operación Soberanía a cargo de las tropas oficiales del gobierno de Valencia en Marquetalia el 18 de mayo de 1963, el asesinato de quince personas en las cercanías del río Anchique el 26 de septiembre de 1965 y la posterior derrota del Mayor Ciro Trujillo (segundo al mando de la Unión de Agricultores de Riochiquito y Tierradentro).

Establecidos ‘Marulanda’ y Arenas en El Pato y el Guayabero, expandieron sus fuerzas al occidente de Cundinamarca, al norte de Tolima, al noreste antioqueño, al oriente de Huila, al sur de Cauca, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, en Urabá y Perijá. De esa forma, este “[…] movimiento guerrillero dejaba de ser una fuerza regional defensiva para convertirse en un ejército cuyo objetivo era la toma del poder […]” (Molano, 2015, p. 41).

Fundación del ELN

Alfonso López Michelsenprofesaba con López de Mesa que el Frente Nacional no acabaría con la violencia, sino con los partidos. Así, presentándose como heredero del general Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán, y defendiendo la Revolución Cubana, López Michelsen incubó una división entre una línea dura partidaria del socialismo y una blanda de carácter reformista. De esta forma nació el MRL y poco tiempo después, la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL), inclinada a la lucha armada revolucionaria (Molano, 2015, p. 42).

En 1962, viajaron veintidós jóvenes de este movimiento a Cuba para integrar la Brigada José Antonio Galán y recibir instrucción militar. A su regreso, se tomaron el pueblo de Simatoca el 7 de enero de 1964 con un balance de seis soldados muertos y el desfalco del Banco Agrario; se arrogaron el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la siguiente proclama revolucionaria: “Patria o muerte” (Molano, 2015). El movimiento guerrillero establecía redes de apoyo logístico, al tiempo que lograba simpatizantes en Bucaramanga, Bogotá, Barrancabermeja y Medellín. También, hicieron explotar un oleoducto de la Texas Petroleum Company el 6 de agosto de 1965, luego de haber emboscado un convoy en el cerro Cruz de Mayo. Meses después, descarrilaron un tren pagador de la línea Bogotá-Santa Marta, el cual había sido inaugurado recientemente (Molano, 2015).

Al ELN no le hizo falta el apoyo y adhesión de organizaciones sociales y líderes universitarios a sus filas. Establecieron vínculos con la Unión Sindical Obrera (USO), la Asociación de Universidades de Santander (Audesa) y la vigorosa Federación Universitaria Nacional (FUN). Igualmente, se integraron a su lucha José Ayala, dirigente sindical de Barrancabermeja; Camilo Torres Restrepo, capellán de la Universidad Nacional; Jaime Arenas Reyes, dirigente estudiantil de la Universidad Industrial de Santander (UIS); Julio César Cortés, dirigente de la UIS; y los padres españoles Domingo Laín, Manuel Pérez y José Antonio Jiménez, todos pertenecientes al movimiento obrero Golconda creado tras la muerte de Camilo Torres.

Sin embargo, la caída de Camilo Torres en Patio Cemento el 15 de febrero de 1966, el fusilamiento de Víctor Medina y Cortés, así como la fuga de Arenas y las bajas generadas con la contraofensiva desplegada por las FF.MM. con la Operación Anoríen en 1973, terminaron generando un profundo fraccionamiento en el interior del grupo y sembrando una confusión general en sus filas (Molano, 2015, pp. 43-44). Cuando la crisis del grupo en 1978 había tocado fondo, desapareciendo casi por completo a su red urbana y manteniendo sus escasos treinta hombres en el monte, López Michelsen les ofreció discutir un acuerdo de paz. Empero, este sería rechazado luego de la reorganización del grupo con los recursos económicos logrados de la extorsión a la empresa constructora La Mannesman (Molano, 2015, p. 45).

El surgimiento del epl

El Ejército Popular de Liberación surgió a partir de la discrepancia sinosoviética en el interior del comunismo y a partir de las tendencias reformistas de la línea oficialista del Partido Comunista Colombiano (en adelante PCC) (Villarraga y Plazas, 1994, citado por CNMH, 2012, p. 125). En ese contexto, un grupo de expulsados del PCC en 1958 crearon el Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano (MOEC) e intentaron organizar un grupo guerrillero en el Cauca con el apoyo de Cuba, China y Vietnam (Molano, 2015, p. 50).

Paralelamente, Pedro Vásquez (exguerrillero del Bloque Sur del Tolima al mando de ‘Marulanda’) y Pedro León Arboleda (militante del PCC) fundaron en Medellín el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) en medio de la crisis ideológica. Poco tiempo después, organizaron focos guerrilleros en Valle del Cauca, Magdalena Medio, sur de Bolívar y alto Sinú-San Jorge, lugar en el que actuaba el viejo guerrillero Rafael Rangel.

Con la toma de Uré, finalmente, nació el EPL en 1967 (Molano, 2015). En 1968 y 1969, tan pronto como se empezaba a mostrar públicamente, sucumbió Pedro Vásquez Rendón en un combate con el Ejército (CNMH, 2012, p.126). Fue así como, bajo la dirección de Bernardo Gutiérrez, un importante sector del EPL firmó el acuerdo de paz con el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), dando vida al movimiento político Esperanza Paz y Libertad (Molano, 2015, p. 50).

La aparición del M-19 como guerrilla urbana

Al finalizar el periodo reformista del gobierno liberal de Lleras Camargo, Misael Pastrana Borrero logró ocupar el turno del conservatismo en la Presidencia. En las elecciones presidenciales, también participó Rojas y, en medio de las acusaciones de fraude electoral lanzadas por militantes de la Anapo, se creó el M-19 en 1974 bajo la consigna “Con el pueblo, con las armas, al poder”. Así fue fundado: por la Anapo socialista con Andrés Almarales, el representante a la Cámara Israel Santamaría y el senador Carlos Toledo Plata; y por un grupo de guerrilleros urbanos dirigidos por Jaime Bateman Cayón, luego de haber dejado las FARC (Ayala, 1994, citado por GMH, 2012, p. 130). Por esta misma época, las FARC-EP, a diferencia de la actividad decreciente y marginal del EPL y el ELN, continuaron expandiéndose, especialmente por el Magdalena Medio y el Urabá.

Acciones propagandísticas del M-19 como el robo de la espada de Bolívar y la toma del Concejo de Bogotá tuvieron una mayor recepción por parte de la sociedad civil gracias al paro cívico provocado por la desaceleración de la economía durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (CNMH, 2012, p. 131).

En medio de esta convulsión social, Julio César Turbay Ayala (1978-1982) sancionó al iniciar su gobierno el Decreto 1923 de 1978, conocido como el Estatuto de Seguridad Nacional, cuya pretensión era recuperar el orden institucional. En palabras de Turbay: “[…] en los casos extremos en los que ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce a la anarquía generalizada, las Fuerzas Armadas se ven precisadas a ejercer el poder […]” (Turbay, 1998, p. 15). Sin embargo, durante la vigencia del Estatuto fueron denunciadas 82.000 detenciones arbitrarias y torturas a exintegrantes del EPL, el ELN y otros grupos de izquierda, presuntamente realizadas en el interior de bases militares (GMH, 2012, p. 133).

En diciembre de 1981, a través de una lluvia de panfletos arrojados desde una avioneta sobre el estadio Pascual Guerrero en Cali, se anunció por primera vez la existencia del grupo Muerte a Secuestradores (mas). Organización creada, entre otras cosas, a causa del secuestro de Martha Nieves Ochoa, hija de uno de los líderes del Cartel de Cali, por el M-19 (Jaramillo, 2014, p. 116). A pesar de la puesta en libertad de Nieves, el MAS derivó en el grupo Masetos para continuar persiguiendo a militantes de izquierda y líderes sociales (CNMH, 2013, p. 134).

La eclosión paramilitar

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se firmó con el Secretariado de las FARC-EP los Acuerdos de La Uribe el 28 de marzo de 1984. Paralelamente, se acordó el Diálogo Nacional con el M-19, el EPL y el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), precisamente en vigencia de la Ley 35 de 1982 que otorgaba amnistía para los delitos políticos de sedición y asonada. Sin embargo, la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19 el 6 de noviembre de 1985, y la retoma por parte del Ejército, sumado al aumento del pie de fuerza de los diversos grupos guerrilleros, evidenciados durante las negociaciones, generaron el estancamiento del proceso de paz y además avivaron la proliferación de grupos de autodefensas y, en poco tiempo, su transformación en grupos paramilitares (CNMH, 2012, p.139).

Es así como irrumpieron, además de los grupos ya consolidados en la zona del Magdalena Medio, nuevos grupos: “En Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los Llanos orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico” (CNMH, 2013, p. 140).

De otro lado, con la aprobación del Manual ejc-3-10 (reglamento de combates de guerrillas) en noviembre de 1987, y la aquiescencia reiterada por un sector de las FF.MM. a las Juntas de autodefensa, se evidenció del todo la tensión entre el Gobierno y las FF.MM. hasta entonces latente (GMH, 2012, citado por CNMH, 2013, p. 140)

La Unión Patriótica (producto de la desmovilización de los frentes de ado, del Simón Bolívar del ELN, y del Antonio Nariño de las FARC-EP), y el nuevo movimiento político Alianza Democrática M-19 (ad-M19) lograron incursionar en la vida política del país, pero las nuevas organizaciones paramilitares terminaron por asestar uno de los más aterradores golpes para la democracia colombiana: el asesinato sistemático de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica.

La masacre de funcionarios judiciales en La Rochera (en el municipio de Barrancabermeja) (CNRR-GMH, 2012, citado por GMH, 2012, p. 143), y la incursión del narcoparamilitarismo con su campaña terrorista contra instituciones y agentes del Estado, alertaron a la nación del fenómeno paramilitar. Fue con el entrecruzamiento entre el paramilitarismo y el narcotráfico que se produjeron los asesinatos del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, del procurador general Carlos Mauro Hoyos en 1988 y del candidato presidencial por el Partido Liberal Luis Carlos Galán en 1989, entre otros.

La aparente legitimación de las autodefensas por el Estado (1994-2005)

Según Escobar (2015), con la constitución de los servicios de vigilancia y seguridad privada producto del Decreto de Ley 356 de 1994 se legitiman, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), verdaderas estructuras civiles armadas que trabajan en coordinación con el Ejército. Fundamentados en esta ley, durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se emitieron las resoluciones de creación de las primeras Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir) por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Control y algunas gobernaciones del país.

De otro lado, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP (Jaramillo, 2014, p. 161), fue impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la política de seguridad democrática con la tarea principal de fortalecer al Estado a través de la recuperación del territorio nacional. Con la aprobación del Plan Patriota en el 2004, se garantizó la disminución de los movimientos guerrilleros insurgentes. Finalmente, durante el primer gobierno de Uribe Vélez (2002-2006) se sancionaron la Ley 789 de 2002 y la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que buscaba la desmovilización de las AUC en el marco de la Justicia Transicional.

En síntesis, durante la proliferación de los primeros grupos de autodefensas y la consolidación del paramilitarismo en Colombia, se logró poner al descubierto la siguiente confluencia de sectores: las élites económicas y la protección de su patrimonio a través de la Asociación de Campesinos y Ganaderos (ACDEGAM) en Puerto Boyacá, el narcotráfico y la expansión de su negocio ilegal, y los militares con su afán de derrotar al enemigo a cualquier costo (CNMH, 2012, p. 143).

Conclusión

Durante el desarrollo estos episodios de violencia y/o conflicto armado, se han instituido en Colombia doce comisiones nacionales de estudio e investigación extrajudicial de las violencias, específicamente entre 1958 y 2012. Como se puede evidenciar en el desarrollo del presente capítulo y en el apartado de referencias, tanto los informes de las distintas comisiones, como el gran aporte de académicos y periodistas han contribuido a la documentación histórica y analítica de La Violencia, el conflicto armado colombiano y sus actores. Sin embargo, antes de la existencia de tal renombrado material documental en la primera mitad del siglo 20, solo existía el testimonio del arte, la versión transcrita de algunos actores y de una minoría intelectual.

Fueron conocidos entre otros, la serie Genocidio y violencia, del pintor Alejandro Obregón; la película El río de las tumbas, de Julio Luzardo; y la novela La mala hora, de Gabriel García Márquez. De otra parte, fue emblemático, en un primer momento, el aporte intelectual de Guzmán, Borda y Umaña con La Violencia en Colombia y el de Meertens y Sánchez con Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia.

En palabras de Jaramillo (2012, p. 95), con la publicación de La Violencia en Colombia fue posible superar la interpretación autobiográfica y novelesca de la violencia hasta entonces narrada y “descifrar el desangre nacional, más allá del acalorado bipartidismo, de las visiones apologéticas de uno u otro bando […]”. Hasta ese entonces, solo libros como Memorias y aventuras de un pobre diablo, del guerrillero liberal Saúl Fajardo, o Las balas de la ley, del policía conservador Alfonso Hilarión Sánchez (Jaramillo, 2012, p. 95), eran la fuente de una historia oblicua e incendiaria. En ese entonces, el libro La Violencia en Colombia, apelando a la combinación de “la historiografía nacional, el diagnóstico del presente, las denuncias políticas, los testimonios y la dimensión terapéutica” (Jaramillo, 2012, p. 96), logró visibilizar las voces de los campesinos, combatientes y líderes políticos de las regiones cuando nadie lo había hecho.

Hoy, retomando el papel social y participativo de los trabajos artísticos narrativos del conflicto colombiano de la primera parte del siglo 20, la obra Humanos derechos les da a sus protagonistas una voz transmutada en cuerpo para narrar el conflicto a través de cuatro territorios íntimos, los cuales son despojados, silenciosamente, por sus propietarios de aquellos objetos que hasta ahora les habían servido para perpetuar la vida. De forma sublime, estos actores nos dejan presenciar en el balcón de su alma —su mirada— la escenificación de la guerra y la paz en cinco minutos.

Ellos, desnudos y erguidos ante el lente de una cámara, nos permiten refrendar la continuidad de su vida a pesar de la vulnerabilidad humana. Es así como una vez más el arte recurre al valor de la estética del cuerpo y de los símbolos para narrar la guerra y escenificar humanamente la paz como terapia para el olvido y la no repetición. De esta manera, la interacción de la obra Humanos derechos con la academia —y con el país—, de forma disruptiva, sirve como tecnología suprainstitucional para gestionar la reconciliación y forjar el futuro.

Referencias

Alape, A. (1987). La paz, la violencia: testigos de excepción. Bogotá: Planeta.

Ayala, C. (1996). Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Popular, anapo. Colombia 1953-1964. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Bedoya Marulanda, J.F. (2015). Darío Fajardo. Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Debates, (72), 32-36.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (2010). La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia. Bogotá: Taurus/Semana. Recuperado de Enlace a PDF

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y Grupo de Memoria Histórica (GMH) (2012). Justicia y Paz. ¿Verdad judicial o verdad histórica? Bogotá: Taurus/Semana.

Echandía, C. (2006). Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia, 1986-2006. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Escobar Escobar, J. C. (2015). Javier Giraldo Moreno, S.J. Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia. Su persistencia y sus impactos. Debates, (72), 37-41

Gaitán, G. (1985). Orígenes de la violencia de los años 40. En G. Sánchez (ed.), Once ensayos sobre La Violencia. Bogotá. cerec/Centro Gaitán.

Grupo de Memoria Histórica (GMH). (2012). Justicia y Paz. Los silencios y los olvidos de la verdad. Bogotá: Taurus/Semana.

Guerrero, J. (1991). Los años del olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Henderson, J. (2006). La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez. 1889-1965. Medellín: Ediciones Universidad de Antioquia.

Jaramillo, J. (2014). Pasados y presentes de la violencia en Colombia: estudios sobre las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Leal, F. (2002). La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría. México D.F.: Alfaomega.

LeGrand, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Londoño, R. (2011). Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

López, A. (1982). Problemas colombianos. Bogotá: Imprenta Nacional.

Machado, A. (2009). Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente Nacional. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Molano, A. (1994). Trochas y fusiles. Bogotá: El Áncora Editores.

Molano, A. (2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). Bogotá: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Recuperado de Enlace a página

Ocampo, J. (1987). Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo 21 Editores.

Oquist, P. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Banco Popular.

Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

Ramsey, R. (1981). Guerrilleros y soldados. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Sánchez, G. y Meertens, D. (1983). Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora.

Toro, H. (1985). El problema social agrario en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Turbay, C. (1998). El Estatuto de Seguridad. Un estudio de caso. Ponencia presentada en el Primer Congreso de Ciencia Política, 30 de septiembre al 4 de octubre del 2008, Universidad de los Andes, Bogotá.

Vargas, V. (2006). El conflicto interno armado colombiano y sus efectos en la seguridad en la región andina. Revista Ciencia Política, (2). 169-202. Recuperado de Enlace a página

Vega, R. (2002). Gente muy rebelde. Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico.

Villarraga Sarmiento, Á. y Plazas Niño, N. R. (1994). Para reconstruir los sueños (Una historia del EPL). Bogotá: Fondo Editorial para la Paz.

ANEXOS

PRIMERA PARTE GÉNESIS

Las obras aluden al conflicto armado y la vulnerabilidad de sus actores cuando se despojan de sus elementos de poder y dominación.

Escudo Águilas negras

Arias

2011

Guerrillera, de la serie Humanos derechos

Arias

2011

Soldado, de la serie Humanos derechos

Arias

2011

Extracto del video False Positive

(2012)

El derecho a las reparaciones simbólicas

Israel Biel Ángela Navia

Introducción

El horizonte

Frente al mar, tras las palmeras, un grupo de jóvenes conversa, bromea y calla. La mirada perdida hacia el horizonte. Cada uno el suyo. Ya no son niños, pero difícilmente se les ve adultos. Pasan el tiempo entre el sonido del viento. Son un grupo de jóvenes que se reúne como cualquier otro.

El uniforme

Pero no son cualquier grupo de jóvenes. Llevan puesto el uniforme del Ejército colombiano. Son soldados que conversan, bromean y callan. La mirada perdida hacia el horizonte. Cada uno el suyo. Se buscan a ellos mismos. Por momentos juegan con sus ropas, huyen de su uniforme. Son soldados que buscan ser un grupo de jóvenes que se reúne como cualquier otro.

Las armas

Pero no, no son como cualquier otro grupo de jóvenes. Están armados. De sus hombros cuelga un fusil. Un fusil que mata. Una herramienta que les recuerda su papel, que les arrebata su horizonte. Les borra sus risas y su juventud. Y ese es el fusil y el uniforme que les puede convertir en héroes o villanos. En víctimas o verdugos. Juegan también con ellos, pero no pueden dejar de ser soldados. Una amnesia de su ser los puede ubicar en la imposición de su fusil y el fetiche de la fuerza y convertirlos en victimarios. Han sido determinados. Se van. Queda el horizonte y el viento, y queda la juventud, las risas y el silencio.

Las imágenes que nos presenta Liliana Angulo Cortés están cargadas de simbolismo. Desde la clandestinidad de su cámara, la artista nos muestra cómo un momento cotidiano, aparentemente intrascendente, posee la fuerza narrativa suficiente para evocar tantos momentos relativos al conflicto. El simbolismo es un elemento común del arte y el Derecho.

Durante décadas, el conflicto armado colombiano ha dejado tras de sí millones de víctimas y una importante fractura del tejido social. Uno de los principales derechos de estas personas, o de sus allegados cuando estas han muerto o desaparecido, es el de ser resarcidas por el daño sufrido, esto es, el derecho a ser reparadas. Sin embargo, la reparación de las víctimas trae consigo numerosos interrogantes. ¿Cuál es la mejor forma de reparar a las víctimas? ¿Cómo abordar las reparaciones en contextos de justicia transicional? Estas cuestiones ocupan y preocupan a las diferentes ramas del poder público, a la academia, a la comunidad internacional y, en general, a todos aquellos ciudadanos que hemos vivido el conflicto del país.

La contribución del Derecho internacional a la consolidación de los derechos de las víctimas, en especial en contextos que demandan una transición de la guerra hacia la paz, ha sido decisiva. Entre esos derechos se encuentra la reparación, que hoy entendemos como un derecho que se articula a través de varios componentes, llegando a configurarse como un proceso de vocación transformadora. Común a todas las reparaciones es que tienen cierta naturaleza simbólica, pues siempre son posteriores a un daño que, aunque traten de compensar, nunca podrán desvanecer completamente. No obstante, hay un tipo de medidas de reparación que, por ser portadoras de un especial significado y estar dirigidas al reconocimiento de las víctimas y el daño sufrido, se configuran específicamente como medidas simbólicas de reparación. El presente capítulo tiene por objeto caracterizar cómo se materializa el derecho a la reparación integral a través de las reparaciones simbólicas.

Para la consecución del objetivo analizamos, en primer lugar, los derechos de las víctimas en contextos de justicia transicional. Esto nos permite, en un segundo momento, situar y explicar el derecho específico a la reparación. En el tercer apartado desarrollamos la dimensión simbólica de la reparación integral, identificando sus objetivos, características y evolución. Finalmente, nos referimos de forma particular al desarrollo normativo y jurisprudencial de la reparación simbólica en Colombia. Con este trabajo, pretendemos concluir que la naturaleza de la reparación integral es la de un derecho fundamental, del que hace parte su dimensión simbólica. Esta no es una cuestión exigua, pues, como se verá, cada vez es mayor la importancia de estas medidas de reparación simbólica en el actual contexto colombiano.

Los derechos de las víctimas en el marco de la Justicia Transicional

Las víctimas de crímenes internacionales u otras graves violaciones a los derechos humanos vienen ocupando un papel cada vez más relevante en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Como en tantas ocasiones, la práctica ha ido por detrás de los avances normativos, aunque no por ello ha quedado fuera de este desarrollo. De un modelo centrado en los crímenes contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y sus perpetradores, estamos evolucionando hacia un modelo basado en las víctimas de estos crímenes y sus derechos. Y si bien es un proceso inconcluso, ha permitido a autores como Félix Vacas (2014, p. 196) afirmar que nos encontramos ante la “conformación de un completo y efectivo estatuto jurídico internacional” de las víctimas.

La base jurídica internacional de este estatuto es dispersa, y encuentra su fundamento mediato en diversas normas de naturaleza convencional, especialmente los tratados de derechos humanos auspiciados por las Naciones Unidas durante la segunda mitad del siglo 20. Precisamente, con el fin de arrojar claridad a esta dispersión, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso en el 2005, mediante Resolución 60/147, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (en adelante, Principios y directrices básicos). En su Preámbulo, se indica que:

Los Principios y directrices básicos que figuran en el presente documento no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], doc. A/RES/60/147, 2005, p. 3)

Debido a la relevancia que los Principios y directrices básicos han tenido para el reconocimiento y desarrollo de los derechos de las víctimas en el ámbito nacional e internacional, Bassiouni (2006, p. 203) los ha llegado a calificar, a todos los efectos prácticos, como la carta internacional de derechos de las víctimas. En este mismo sentido, para el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, la aprobación de los Principios y directrices básicos “constituye un hito no porque sea un esfuerzo por introducir nuevos derechos sino, precisamente, porque recopila los derechos que ya reconocía la comunidad internacional” (ONU, doc. A/69/518, 2014, p. 7).

Junto a los Principios y directrices básicos, también conforman la base jurídica del estatuto de las víctimas los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985, así como los Estatutos y Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional y demás tribunales penales internacionales. Así mismo, este estatuto jurídico ha sido precisado, completado y matizado por la jurisprudencia y los pronunciamientos de los órganos de vigilancia de los derechos humanos, con especial protagonismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para nuestro propósito en este capítulo, que no es otro que caracterizar el derecho a la reparación simbólica, los Principios y directrices básicos son de gran utilidad por dos cuestiones fundamentales: una, porque precisan qué debe entenderse por víctima de este tipo de crímenes atroces y, dos, porque definen cuáles son sus derechos básicos conforme a lo establecido en el Derecho internacional. Según el principio 8 de los Principios y directrices básicos:

Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del Derecho Internacional Humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. (ONU, doc. A/RES/60/147, 2005, p. 6)

Esta definición, que es lo bastante amplia como para albergar el mayor número de realidades, toma como punto de partida los citados Principios fundamentales de justicia para las víctimas de 1985, que fueron el primer esfuerzo por conceptuar a las víctimas en un texto internacional con carácter universal. Este enfoque garantista difiere notablemente del adoptado en las Reglas de Procedimiento y Prueba de los Tribunales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda o en las Reglas de la Corte Penal Internacional, mucho más concreto y limitado.

Los derechos de las víctimas, que integran el contenido material de su estatuto jurídico, se enuncian en el principio 11 de los Principios y directrices básicos y se desarrollan en los párrafos siguientes. Estos derechos, de acuerdo con la normativa internacional en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, son el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. O expresados de forma más sencilla: justicia, reparación y verdad.

Si —como viene haciendo la doctrina— entendemos la justicia transicional como un paradigma jurídico compuesto por mecanismos de justicia, reparación y verdad (De Greiff, 2010, p. 18; Duggan, 2005, p. vi; Uprimny, Sánchez & Sánchez, 2014, pp. 12-13; Van Zyl, 2011, p. 49), parece evidente que ha de ser precisamente en los contextos de transición de la guerra a la paz o de las dictaduras a las democracias donde los derechos de las víctimas adquieren un sentido pleno. Es más, “si ponemos en conexión esta perspectiva, centrada en las víctimas y sus derechos, con la de la justicia de transición, nos daremos cuenta de que en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo […] lo que cambia es la perspectiva de análisis” (Vacas, 2015, p. 293).

De forma más específica, el secretario general de las Naciones Unidas definió la justicia transicional, en su informe del 2004 sobre “El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, como:

Toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella), así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos. (ONU, doc. S/2004/616, 2004, p. 8)

Este concepto, que es lo suficientemente preciso como para delimitar una noción básica de justicia transicional, pero a la vez tan general como para albergar diferentes fórmulas adaptadas a contextos concretos, ha sido acogido de forma mayoritaria tanto por la dogmática jurídica como por los órganos que integran el sistema de las Naciones Unidas. De hecho, uno de los objetivos básicos del secretario general en su informe era estructurar una interpretación común de ciertos conceptos fundamentales.

Como ha señalado el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con estas áreas de acción que componen la justicia transicional se persigue, en último término, la consecución de la justicia, lo que en un sentido menos abstracto implicaría el logro de dos objetivos mediatos, como son ofrecer reconocimiento a las víctimas y fomentar la confianza, y dos objetivos finales, que serían contribuir a la reconciliación y reformar el Estado de Derecho (ONU, doc. A/HRC/21/46, 2012, p. 7).

Si bien la doctrina coincide en que los procesos de justicia transicional son uno de los mecanismos que mejor garantizan la construcción de una paz estable en un contexto de respeto y garantía de los derechos humanos, no son muchos los estudios que han abordado de forma exhaustiva su efectividad real. En uno de los más recientes, tras analizar la experiencia desarrollada durante las últimas décadas en más de 160 países, los autores concluyeron que, a grandes rasgos, una mayor articulación y combinación de los diversos mecanismos en los que se estructura la justicia transicional determina una mayor eficacia en la consecución de sus objetivos (Olsen, Payne & Reiter, 2016).

Otro de los elementos que la experiencia ha demostrado que es clave para el éxito de los procesos de transición es el papel desempeñado por las víctimas. Como señaló el secretario general de las Naciones Unidas, “las mejores experiencias en la justicia de transición se deben en gran parte a la cantidad y a la calidad de las consultas celebradas públicamente y con las víctimas” (ONU, doc. S/2004/616, 2004, p. 8). En este sentido, las víctimas vienen desarrollando un rol cada vez más protagónico en los procesos de transición de la guerra a la paz, pues sin su reconocimiento y participación difícilmente se podrán lograr de forma plena y duradera los objetivos antes citados.

El derecho de las víctimas a la reparación

El deber de reparación del daño ocasionado es tanto una norma consuetudinaria, como un principio general del Derecho presente en todos los sistemas jurídicos conocidos desde los orígenes de las sociedades organizadas (Bassiouni, 2006, p. 207). Lo que sí resulta más novedoso es su configuración como derecho humano internacionalmente reconocido y como componente o mecanismo de los procesos de justicia transicional. Desde una noción clásica de este derecho, fundamentada básicamente en el Derecho internacional, se entiende la reparación como la obligación de restituir a la víctima a la situación en que se encontraba antes de que sus derechos fueran violados (Bolívar, 2009, p. 72; Bonet & Alija, 2009, pp. 158 y 159).

No obstante, el alcance de la reparación va mucho más allá de su concepción tradicional. En su Observación General No. 31, relativa a la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos precisó que:

La reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos. (ONU, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004, pár. 16)

Con la finalidad de precisar más el significado del derecho a la reparación, De Greiff (2006, pp. 452-453) sugiere distinguir entre dos contextos diferentes. Por un lado, la reparación entendida desde el contexto jurídico como medida que se puede adoptar para resarcir los diversos tipos de daño que puedan sufrir las víctimas de ciertos crímenes; es el tipo de reparación que normalmente se obtiene por vía judicial en casos individuales y aislados. Por otro lado, la reparación entendida desde el contexto del diseño de programas de cobertura masiva; este tipo de reparaciones se refiere al conjunto de medidas organizado a través de programas de reparación por vía administrativa a gran escala. En otras palabras, conviene diferenciar entre las reparaciones obtenidas en sede judicial o por vía administrativa.

Si bien ambos modos de entender la reparación son necesarios y no excluyentes, es a través de los programas extrajudiciales de reparación como mejor se puede atender a los conjuntos de víctimas amplios y diversos característicos de los contextos de justicia transicional. Como el mismo autor ha señalado, esta vez en su función de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición:

Los programas de reparación son, en el mejor de los casos, procesos administrativos que, entre otras cosas, eluden algunas de las dificultades y los gastos asociados a los litigios. Para los demandantes, los programas de reparación por vía administrativa son comparativamente más favorables que los procesos judiciales cuando se trata de violaciones masivas, pues ofrecen resultados con mayor rapidez, entrañan menos gastos y tienen normas de prueba menos estrictas, procedimientos no contenciosos y una mayor probabilidad de obtener algún tipo de reparación. Aunque ello no sea motivo para impedir el acceso a los tribunales con fines de obtener reparación, sí es una razón para crear programas administrativos. (ONU, doc. A/69/518, 2014, p. 3)

Además, las reparaciones pueden articularse de diferentes formas. En los Principios y directrices básicos del 2005 sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, se enumeran las cinco formas diferentes que puede adoptar la reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

La restitución supone devolver a la víctima, cuando sea posible, a la situación anterior a la violación sus derechos humanos. La restitución se puede materializar mediante el restablecimiento de la libertad y el disfrute de sus demás derechos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. Cuando la restitución no es posible o deseable, los perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de derechos humanos pueden compensarse económicamente mediante una indemnización apropiada y proporcional a la gravedad y las circunstancias del caso.

Por medio de la rehabilitación, se busca restablecer la salud física y mental de la víctima, mediante la atención médica y psicológica, así como su “condición cívica”. Esta se basa, según ha especificado el Relator Especial, en la adopción de medidas para restablecer la reputación de las víctimas, que consisten en hacer declaraciones públicas de su inocencia, cancelar sus antecedentes penales y restituirles sus pasaportes, cédulas de votación y otros documentos (ONU, doc. A/69/518, 2014, p. 11).

La satisfacción es una forma de reparación que busca el reconocimiento público del daño sufrido por las víctimas y a través de ello dignificarlas, lo que implica, entre otras medidas: la investigación y sanción de los responsables de los crímenes, la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y de los restos de los asesinados, la solicitud pública de disculpas y la aceptación de responsabilidades o la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas (Uprimny & Saffón, 2009, p. 41). Es a través de las medidas de satisfacción como mejor se pueden llevar a cabo las reparaciones simbólicas, tanto individuales como colectivas.

La última forma de reparación, que con el tiempo se ha ido desarrollando hasta casi convertirse en un derecho autónomo, son las garantías de no repetición. Estas garantías tienen hoy una doble dimensión: como derecho de las víctimas en el marco de la reparación y como elemento fundamental de un enfoque integral de la justicia de transición. Las garantías de no repetición incluyen un variado conjunto de medidas con una finalidad de naturaleza preventiva, pues están dirigidas a evitar que vuelvan a producirse las graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que motivaron su adopción. Entre estas medidas e instrumentos figuran las reformas institucionales y jurídicas, e intervenciones sociales, culturales e individuales.

Advertía el secretario general de las Naciones Unidas que probablemente “ninguna forma de reparación por sí sola sea satisfactoria para las víctimas”, por lo cual normalmente se necesitará “una combinación adecuada de medidas de reparación” como complemento de los demás mecanismos de justicia transicional (ONU, doc. S/2004/616, 2004, p. 22). Por eso, todas estas formas de reparación tienen un carácter complementario, de manera que sus diferentes componentes “deben combinarse entre sí para garantizar una reparación integral de las víctimas, ya que cada uno tiene potencialidades y propósitos reparadores distintos y que, por esa razón, generalmente la ausencia de uno no puede ser compensada con la presencia de otro” (Uprimny & Saffón, 2009, p. 40). El Relator Especial se ha referido al concepto de “complejidad” para definir esta combinación de diferentes tipos de formas de reparación, de manera que un programa de reparaciones será más complejo si distribuye beneficios más diversos y de maneras diferentes (ONU, doc. A/69/518, 2014, p. 9). El hecho de combinar y articular más de un tipo de beneficio permite aumentar la cobertura y alcance de los programas aprovechando al máximo los recursos. Por eso, los programas de reparación habitualmente incluyen tanto reparaciones materiales como simbólicas, que suelen ser distribuidas individual y colectivamente.

Desde este enfoque, la reparación es un derecho de las víctimas que posee unas características específicas. Como se indica en el principio 15 de los Principios y directrices básicos, las reparaciones serán adecuadas, efectivas y rápidas. Además, la reparación debe ser proporcional e integral, debe ser concebida como un proceso y tener vocación transformadora.

En la regulación internacional del derecho a interponer recursos y a obtener reparación, se establece que la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido, así como integral, lo que significa que debe ser completa, procurando el remedio de todos los daños causados y de todas las formas necesarias. Cuando la integralidad viene referida a los programas de reparación, implica que estos, además de remediar las más amplias categorías posibles de violaciones de derechos, deben ser coherentes tanto interna como externamente. La coherencia externa expresa la exigencia de que los programas de reparaciones sean diseñados de tal manera que guarden una estrecha relación con los demás mecanismos de justicia transicional, mientras que la coherencia interna se refiere a la necesidad de que las diferentes medidas incluidas en los programas se articulen entre sí, de forma que las víctimas puedan acceder a diversos tipos de beneficios (De Greiff, 2011, p. 434).

Las reparaciones no pueden ser entendidas como un hecho o un momento puntual. Como ha señalado Hamber (2005, pp. 141 y 142), las reparaciones deben ser entendidas como un proceso en el cual el alivio a través de ellas tiene más que ver con el proceso de entrega del beneficio que con el beneficio en sí mismo. Esto entraña concebir los procesos de reparación como procesos largos, en los que las tensiones y las diferencias con las víctimas serán una constante, pues en el fondo “nos encontramos ante un proceso político que busca la reconstitución de la comunidad política, un nuevo equilibrio en la sociedad en el que las víctimas sean reconocidas en su condición de víctimas y pasen a ocupar un nuevo papel en el espacio político y social” (Gómez, 2014, p. 57).

En un contexto de estabilidad política y democrática, resulta deseable que las reparaciones tengan una naturaleza fundamentalmente restitutiva, de manera que se devuelva a las víctimas al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos humanos sufrida. Suele ser el tipo de reparación exigida en sede judicial. Sin embargo, cuando las violaciones se han producido en contextos de conflicto armado y las reparaciones deben operar como mecanismo de justicia transicional, devolver a la víctima a su situación anterior implicaría devolverla a las circunstancias en que se produjo la violación. Con el fin de superar las limitaciones que las reparaciones restitutivas acarrean en situaciones de violaciones masivas de derechos humanos en sociedades desiguales y excluyentes, Uprimny y Saffón (2009, p. 34) proponen abordar el modelo de las “reparaciones transformadoras” o “con vocación transformadora”:

Se trata en esencia de mirar a las reparaciones no solo como una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a sus familiares por los hechos atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia.

Para ambos autores, las reparaciones no solo deben enfrentar el daño producido por los procesos de victimización, sino también las condiciones de exclusión que permitieron o facilitaron dicha victimización; así, más que un mecanismo jurídico o un elemento de justicia transicional, las reparaciones deben ser también un elemento de justicia distributiva, que contribuya a garantizar la no repetición de las atrocidades y haga parte de un proyecto político más amplio de transformación de la sociedad y de inclusión de las víctimas (Uprimny & Saffón, 2009, pp. 35-38).

Por encima de los objetivos concretos que con ellos se puedan alcanzar, la finalidad última de los programas de reparación es la de conseguir justicia para las víctimas. Así, partiendo de la base de que las reparaciones no son simplemente un mecanismo para la transferencia de bienes, sino parte de los esfuerzos para hacer justicia, el Relator Especial ha propuesto conceptualizar la reparación como: “Una relación de tres términos en la que los conceptos fundamentales son ‘víctimas’, ‘beneficiarios’ y ‘beneficios’. La idea que subyace tras un programa de reparaciones consiste pues en distribuir un conjunto de beneficios de modo que cada víctima se convierta en un beneficiario” (ONU, doc. A/69/518, 2014, p. 8).

Desde este prisma, las víctimas desempeñan un papel preferente en los procesos de reparación, pues en ellos son reconocidas, primero, como víctimas y, segundo, como titulares de derechos. Por eso resulta fundamental su participación en el diseño y la ejecución de los programas de reparación, como también lo es su lugar central en todos los otros elementos que componen los procesos de justicia transicional (ONU, doc. A/hrc/21/46, 2012, pp. 17 y 18). Por eso, el Relator Especial en su informe relativo a las reparaciones concluye que la participación de las víctimas puede contribuir a “ampliar el alcance y la integralidad de los programas, determinar mejor los tipos de violaciones que han de remediarse, lograr que los beneficios se adecúen mejor a las expectativas y, en general, asegurar que tanto los beneficios simbólicos como materiales sean significativos” (ONU, doc. A/69/518, 2014, p. 25).

Las reparaciones simbólicas

Advierte Danieli (2014, p. 13) que todas las reparaciones son, en cierto sentido, psicológicamente simbólicas. El motivo es que ninguna reparación, sea del tipo que sea, podrá restablecer ni compensar plenamente el daño ocasionado a la víctima. La reparación busca, paradójicamente, resarcir lo que en sí mismo es irreparable. Sin embargo, cuando aludimos a reparaciones simbólicas, lo hacemos para diferenciarlas de las reparaciones materiales, refiriéndonos a aquellas medidas específicas diferentes a las de carácter pecuniario indemnizatorio (Patiño, 2010, p. 54).

Se trata de una dimensión de la reparación integral que se ocupa del daño inmaterial resultante de violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario que ocasionaron un detrimento al patrimonio inmaterial de los individuos, generando una “afectación en la esfera emocional o psíquica de una persona como consecuencia de una grave violación” (González, 2009, p. 25). Si bien dicha lesión debe ser compensada monetariamente, es independiente de esta esfera; por tanto, sus fines no son lucrativos, sino resarcitorios de dimensiones inmateriales. Como se ha señalado, el daño inmaterial o moral se sustenta en la tutela jurídica que recae sobre esferas inmateriales de los seres humanos, las cuales se elevan a derechos subjetivos independientes del patrimonio o esfera económica (Navia, 2007, p. 289).

Si bien las diferentes medidas orientadas a resarcir este tipo de daño son de carácter no monetario, demandan elementos o costos materiales para su desarrollo. Así, entre estas medidas se encuentra la rehabilitación, el retorno o las garantías de no repetición, entre otras. No obstante, las medidas de reparación simbólica, en sentido estricto, se abordan como mecanismo específico que se sitúa en el componente de satisfacción de la reparación integral.

Las reparaciones simbólicas pueden adoptar diferentes formas. De Greiff (2011) diferencia entre medidas individuales y colectivas. Las primeras recaen sobre la victima directa o indirecta y entre ellas se encuentran: “Enviar cartas personales de disculpa firmadas por la máxima autoridad de gobierno, enviar a cada víctima una copia del informe de la comisión de la verdad, y prestar asistencia a las familias que tratan de dar una sepultura adecuada a sus seres queridos” (ONU, Doc. A/69/518, 2014, p. 10).

Otras medidas adoptadas en el marco regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido los actos públicos para solicitar disculpas, la publicación de la sentencia, la transmisión de un documental o programa en un canal de televisión que narre los acontecimientos o exponga la vida de la víctima, la publicación de un libro biográfico o la denominación de cátedras o instituciones con el nombre de las víctimas.

Para De Greiff (2011), las medidas simbólicas individuales revisten ventajas y desventajas. Las ventajas consisten en la demostración de respeto por las personas que conllevan, además de contribuir a expresar un reconocimiento por el daño sufrido. Junto a ello, su realización no demanda un costo elevado. Sin embargo, la desventaja de estas medidas puede consistir en “crear la impresión de que, por sí mismas, constituyen una reparación suficiente para las víctimas” (De Greiff, 2011, p. 435).

Por su parte, las medidas simbólicas colectivas son aquellas que involucran e impactan a la comunidad o sociedad. Estas medidas pueden consistir en: “Cambiar el nombre de espacios públicos, construir museos y monumentos, convertir los lugares de detención y tortura en lugares de conmemoración, establecer días de conmemoración, y celebrar actos públicos de expiación” (ONU, Doc. A/69/518, 2014, p. 10).

Los elementos positivos de estas medidas, continuando con las reflexiones de De Greiff (2011, p. 436), implican que con ellas se puede promover el desarrollo de memoria colectiva y “una posición crítica frente a instituciones gubernamentales y la vigilancia de las mismas”. Como aspecto adverso, hay que tener en cuenta que en sociedades o sectores sociales con tendencia a sentirse victimizados, pueden contribuir a intensificar este sentimiento (De Greiff, 2011, p. 436).

Estas diferentes formas de reparación simbólicas mencionadas por el Relator Especial, y ejemplificadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no constituyen un catálogo de medidas estáticas o predeterminadas. Por el contrario, son producto de la capacidad imaginativa de los tribunales, en especial internacionales, para resarcir daños inmateriales y generar satisfacción a las víctimas en contextos específicos de conflicto y violaciones a los derechos humanos.

Evolución de las medidas de reparación simbólica

La dimensión simbólica de las reparaciones no siempre ha sido un aspecto presente en el marco de los derechos de las víctimas. La tradición jurídica del siglo pasado asimilaba la reparación, en general, a la indemnización económica como medio de compensar el daño. Las reparaciones simbólicas se han venido desarrollando en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial, en la jurisprudencia de los órganos de protección de los derechos humanos. En específico, ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha realizado importantes aportes, demostrando flexibilidad e imaginación en su jurisprudencia para que “sin necesidad de recurrir al dinero o considerar a la víctima únicamente como homo economicus, puede contribuir efectivamente a reparar violaciones de derechos humanos, tanto en un plano individual como colectivo” (Saavedra, 2004, p. 328).

El progreso jurisprudencial de las medidas de reparación simbólica ha sido el resultado de un desarrollo gradual, fruto en primer lugar de las peticiones de los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es posible identificar dos etapas en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana.

La primera etapa comprende el periodo entre 1988 y el 2001, durante el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió negativamente las peticiones de reparación en su dimensión de satisfacción. Las razones se pueden sintetizar en dos. Primero, se consideraba que la sentencia constituía per se un alivio y una forma de satisfacción. Segundo, en aquellos casos en que el Estado había reconocido su responsabilidad internacional, la Corte consideraba, igualmente, que dicho reconocimiento constituía una forma de satisfacción.

La segunda etapa inicia a partir del año 2001. La sentencia que vira las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala). En esta sentencia, la Corte analizó la reparación a partir de los daños ocasionados a la personalidad de las víctimas y su integralidad, sosteniendo que “las reparaciones de violaciones de derechos humanos deben ser determinadas a partir de la gravedad de los hechos y de su impacto sobre la integralidad de la personalidad de las víctimas” (Corte IDH, 1999). Este razonamiento llevó a la Corte a ordenar medidas que se ocuparan del daño moral y, en consecuencia, que dignificaran a las víctimas. Desde entonces, la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana inicia una tendencia hacia la adopción de este tipo de medidas y a recurrir, cada vez con mayor determinación e imaginación, a medidas simbólicas como elementos fundamentales del derecho de las víctimas a la reparación integral.

Objetivo de las reparaciones simbólicas

En el corazón de las reparaciones simbólicas, se ubica la dignificación de las víctimas. Para el Relator Especial de las Naciones Unidas, las dos finalidades centrales de este tipo de medidas consisten en fomentar el reconocimiento y entender los acontecimientos dolorosos:

Al igual que otras formas de reparación, las medidas simbólicas están dirigidas, al menos en parte, a fomentar el reconocimiento. En contraste con otros tipos de beneficios, las medidas simbólicas derivan su gran potencial del hecho de que son portadoras de significado y pueden, por tanto, ayudar a las víctimas en particular y a la sociedad en general a entender los acontecimientos dolorosos del pasado. (ONU, Doc. A/69/518, 2014, p. 10)

En la misma dirección, Uprimny y Saffón (2009, p. 46) afirman que las reparaciones simbólicas son una forma de reconocimiento del daño y sufrimiento ocasionado a las víctimas, “reconocimiento que debería rehabilitarlas en su condición de ciudadanos activos, de la cual fueron excluidas por los procesos de victimización”. De este modo, las reparaciones simbólicas buscan dar a conocer y reconocer lo sucedido, de tal manera que visibilizan las violaciones de derechos humanos que han permanecido invisibles, marcando “un proceso de reconciliación del Estado con sus ciudadanos que reintegra a la comunidad política a las víctimas y a sus familiares” (Uprimny & Saffón, 2009, p. 46).

Hamber y Wilson (2002, p. 38) consideran que los actos de reparación simbólica, al reconocer el sufrimiento de los afectados y posicionarlo en la historia oficial, contribuyen a aliviar el dolor causado y a restablecer la reconciliación nacional e individual. En el mismo sentido, Bassiouni (2006) sustenta que las reparaciones simbólicas buscan, mediante diferentes medidas imaginativas, superar la ruptura entre la víctima y la sociedad, razón que hace que esta serie de medidas puedan adquirir mayor relevancia que las reparaciones materiales (Bassiouni, 2006, p. 269).

Teniendo en cuenta estos objetivos, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición resalta como beneficios de los programas de reparación simbólica la posibilidad de proporcionar reparación a un mayor número de víctimas, e incluso a personas que no lo son, así como poder actuar con más flexibilidad para atender a sus distintas necesidades (ONU, Doc. A/69/518, 2014. p. 10).

Características de las reparaciones simbólicas

En su calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas, De Greiff asigna a las medidas simbólicas de reparación dos características particulares que contribuyen de forma específica al cumplimiento de los objetivos de esta forma reparadora. Se trata de la participación de las víctimas y la publicidad.

Participación de la víctima.

Las medidas simbólicas, bajo cualquier forma, están lejos de una instrumentalización de las víctimas, pues no las limitan a datos estadísticos como receptoras de una indemnización o como agentes pasivos en las diferentes formas de reparación. Al buscar su dignificación, estas medidas las conceptúan como sujetos de derechos y como ciudadanos activos en los procesos de reparación y transición. A su vez, las víctimas son no solo las destinatarias de estas formas de reparación, sino también las protagonistas y forjadoras de estas medidas. Se trata de una comprensión de víctima que busca que “reconociendo y reconociéndose no solo en el sufrimiento sino también y especialmente en la condición de actores y actoras sociales en el intento de que se haga justicia, se reparen los daños ocasionados y se garantice la no repetición de las violaciones” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR], 2009, p. 46).

Al posicionar a la víctima como actor protagónico en la construcción de medidas de reparación simbólica, se garantiza la consecución de los fines de este tipo de medidas. Así, por ejemplo, en el proceso de reconocer el daño causado y el contexto que lo originó, la voz de las víctimas construye el relato, que no es otro que una narración de una historia que demanda ser superada. Con esto no se busca un relato hegemónico, que sería una situación no deseada en procesos de transición. Se trata de comprender, como lo manifiesta Rincón (2005), que el esclarecimiento de lo sucedido involucra tanto a la víctima, como a los victimarios y a la sociedad en general. No obstante:

Los involucra —y esto es fundamental— a partir del relato de la experiencia de la propia víctima. Esto significa que el relato colectivo —la verdad histórica que la sociedad establece— no está determinado ni por la versión del victimario, ni por la versión que la sociedad pueda hacer, aislada de la víctima —muchas veces, en calidad de mera espectadora—, de los hechos. El relato de la experiencia vivida por la víctima articula la verdad histórica. Esta verdad lo es, en primer lugar, acerca de lo vivido y padecido por la víctima. (Rincón, 2005, p. 337)

Lo público y su carácter reparador.

La aplicación de medidas de reparación simbólica excede la esfera privada de las víctimas para posicionarse en la esfera pública, pues con ello se busca generar significados y significantes en toda la sociedad. Esta característica representa la voluntad de reparar y pretende tejer una nueva cultura política que elimine justificaciones de lo injustificable. Manifiesta Brunkhorst (2007a, p. 44) que esta dimensión de publicidad permite la construcción de una nueva opinión democrática, necesaria en procesos de transición:

Ni los encuentros aislados a la luz pública, ni las sesiones casi terapéuticas de grupos de víctimas y victimarios sustituyen el debate libre y público que requiere todo ese espectro de críticas, escándalos y polémicas, que son los que permiten que una formación democrática de opinión se transforme en transformación de voluntad.

Experiencias internacionales, en especial en lo relacionado con las comisiones de la verdad, corroboran la importancia de la dimensión pública de conocer y reconocer los hechos. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, la transmisión de las audiencias públicas constituyó una innovación cuya importancia radicó en el conocimiento de los hechos por parte de la sociedad. En ese contexto de transición, “las audiencias públicas fueron cubiertas por los medios de comunicación, por lo cual toda la sociedad tuvo la oportunidad de escuchar a los ofensores y a sus víctimas, acerca de las atrocidades que habían sucedido en su sociedad” (Gamboa, 2005, p. 31).

En el caso de Colombia, la investigación de Zamora (2007) sobre la masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca, determinó que el reconocimiento público de responsabilidad fue significativo y alentador para las víctimas, quienes lo recibieron como un acto que “limpió el nombre de sus hijos y que les dio un lugar merecido entre la comunidad” (Zamora, 2007, p. 421). Incluso, “algunas víctimas expresaron que el reconocimiento contribuyó al esclarecimiento de los hechos y a contrarrestar la estigmatización que recae sobre ellos y sus familiares” (Zamora, 2007, p. 402).

Estos impactos se obtienen, entre otras cosas, por los efectos del carácter público de algunos tipos de reparación simbólica. Brunkhorst (2007b) sintetiza estos efectos en tres. Primero, permiten distinguir la línea entre víctima y victimario, requisito imprescindible en una sociedad que pretende superar graves violaciones a los derechos humanos. Por esta razón, el uso público de una historia, advierte Brunkhorst, ayuda a superar el círculo vicioso en el que muchas veces entran las victimas al inculparse social y psicológicamente, y que además

[…] conduce a los victimarios al placer de un sentimiento de superioridad moral […] o —en caso de ser alcanzados e imputados por el brazo de la ley— los sitúa, bajo el brillo aparente de una opinión pública distorsionada imperiosamente, como víctimas inocentes y como salvadores de la patria. (Brunkhorst, 2007b, p. 184)

Segundo, el uso público tiene efectos cognitivos y normativos. El efecto cognitivo permite a la sociedad conocer lo sucedido, generando un “entendimiento funcional de que las cosas no tienen que quedar tal y como están, porque todo hubiese podido ser diferente” (Brunkhorst, 2007b, p. 183). El efecto normativo provoca entendimientos sociales sobre la responsabilidad del suceso y puede destruir mentiras, encubrimientos o tergiversaciones de lo sucedido que se hayan podido dar consciente o inconscientemente, por lo que fomenta la lucha contra la impunidad (Brunkhorst, 2007b, p. 183).

Y tercero, la dimensión pública de las medidas permite construir verdad y memoria histórica y velar, en palabras de Brunkhorst (2007b, p. 183), por una “justicia histórica”. Si bien la verdad es uno de los derechos fundamentales de las víctimas, también lo es del conjunto de la sociedad que ha padecido graves violaciones a los derechos humanos. Louis Joinet, en los Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, advierte que:

El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe el “deber de recordar”, a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. (ONU, 1997, doc. E/cn.4/Sub.2/1997/20, p. 5)

La memoria histórica se construye desde el deber de recordar, al cual coadyuvan las diferentes formas de reparación simbólica. Como establece Tzvetan Todorov (2000), su carácter público permite construir memoria ejemplar y no memoria literal. Para Todorov, la última es discursiva y, en consecuencia, mantiene a la sociedad anclada en el pasado. Por el contrario, la memoria ejemplar supera la singularidad del suceso, es decir, la experiencia individual o privada, y se convierte en lección pública en la medida en que “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro” (Todorov, 2000, p. 31).

Estas características permiten que la reparación simbólica, en cualquiera de sus formas, no se agote en los actos simbólicos, sino que surta efectos reparadores. Medidas como monumentos, placas y documentales, entre otros, son actos simbólicos cuya realización debe revestir relevancia y voluntad de reparación, de forma que trasciendan la suma de sucesos y se inserten en la transformación del pasado que reclama ser transformado. Así, por ejemplo, medidas como la construcción de monumentos deben responder a esas exigencias. Como manifiesta Feinman (1998, p. 65), el monumento no se hace “ni para congelar la lucha por la justicia, que es y será, siempre, la lucha por el castigo a los responsables del genocidio. Se hace para que todos sepan que nuestro pasado hiere nuestro presente”.

En el tránsito desde el acto hacia el efecto reparador que un contexto de justicia transicional exige a las medidas simbólicas, la imaginación en su decreto y en su realización toma un papel relevante. Ya se ha dicho cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha servido de esta flexibilidad imaginativa para reparar. Respecto a su materialización, expresiones de la sociedad y, en especial, las manifestaciones artísticas tienen y deben tener un aporte concluyente. Es aquí de nuevo donde arte y Derecho se vuelven a unir.

La aportación del arte en el desarrollo de estas medidas de reparación permite mantener viva la memoria de las víctimas y contribuir a su dignificación. Esto se logra porque el arte construye —o en su caso, deconstruye— significantes, haciendo visibles imaginarios colectivos. De acuerdo con Lechner (1995. P. 125), el arte hace “visible lo colectivo, reconstruyendo contextos, relacionando creencias e instituciones, vinculando imágenes y cálculos, expresiones simbólicas y acciones instrumentales”. Gracias a este lenguaje, los actos simbólicos pueden traducirse en medidas con efectos reparadores y contribuyentes a la materialización de los derechos de las víctimas.

Las reparaciones simbólicas en Colombia

El reconocimiento jurídico de las reparaciones simbólicas, y con él la consideración del daño inmaterial a la víctima, se inicia en el último decenio como un proceso continuado en construcción y consolidación. No obstante, existe un referente judicial remoto que supuso un hito en la historia jurídica de Colombia. Se trata de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de julio de 1922, relativa al conocido Caso Villaveces (Corte Suprema de Justicia, 21 julio 1922, m. p. Tancredo Nannetti). El caso consistió en la demanda contra la Nación interpuesta por León Villaveces, debido al daño ocasionado por la ubicación del cadáver de su esposa en una fosa común sin su consentimiento. Por primera vez, la Corte analiza y establece que se ocasionó un daño emocional. Ordena, junto con la indemnización económica, una medida resarcitoria simbólica consistente en la construcción de un mausoleo donde se depositen los restos de la señora Villaveces y que constituya un acto de desagravio y dignificación a los afectados. Infortunadamente, el referente jurisprudencial no transcendió como marco de análisis para futuros sucesos, pero constituyó un caso emblemático al momento de hablar de medidas simbólicas.

En el caso de graves violaciones a los derechos humanos, solo desde fechas recientes comienzan a ordenarse medidas simbólicas. La sentencia del Consejo de Estado del 19 de octubre del 2007 constituye una ruptura en el tratamiento jurídico del tema. Antes de la sentencia, un daño ocasionado por violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario y un daño antijurídico derivado de una infracción ordinaria recibían el mismo tratamiento al momento de la reparación. Por lo general, consistía en la indemnización como medida de compensación. Después de la sentencia referida, se establecen parámetros distintos de reparación para cada caso, comprendiendo que se trata de daños diferentes. El Consejo de Estado estableció al respecto que:

Resulta imprescindible diferenciar dos escenarios al interior del derecho de la reparación, los cuales pueden ser expresados en los siguientes términos: 1) de un lado, los relativos a los restablecimientos de daños antijurídicos derivados de violaciones a derechos humanos y, por el otro, 2) los referentes al resarcimiento de daños antijurídicos emanados de lesiones a bienes o intereses jurídicos que no se refieran a derechos humanos. (Consejo de Estado, 2007, Exp. 29.273)

Esta distinción permitió al Consejo de Estado concluir que las reparaciones de violaciones a los derechos humanos revisten características especiales. Entre ellas, el no limitarse a una reparación de carácter monetario:

En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone no solo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la reparación de un daño (strictu sensu), sino por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos. (Consejo de Estado, 2007, Exp. 29.273)

Con la voluntad de marcar una línea jurisprudencial, mediante sentencia del 20 de febrero del 2008 la misma instancia judicial ordenó, junto a la indemnización, el cumplimiento de medidas de satisfacción. El caso consistió en la ejecución extrajudicial de tres jóvenes en el Valle del Cauca por parte de la Policía. Por tales hechos se condenó a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa, ordenando como medida de reparación, en su componente de no repetición, la creación de un programa de formación en derechos humanos. Como medida de satisfacción, se ordenó por vez primera la realización de un acto público en el que se pidieran disculpas públicas por parte de la máxima autoridad de la Policía Nacional (Consejo de Estado, 2008, Exp. 16996).

Estos referentes jurisprudenciales evidencian la incorporación progresiva de los desarrollos y avances establecidos desde el Derecho internacional a los que nos hemos referido en la primera parte del capítulo. Además, también los nuevos marcos normativos están incorporando estas nuevas tendencias sobre el tema. La Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, consagra en su artículo 8 el derecho a la reparación, que “comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”.

Por otra parte, mediante la Sentencia C-370 de 2006, la Corte Constitucional resaltó la importancia de valorar y rescatar estándares internacionales para abordar la reparación. En particular, la alta Corte se refirió a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos remarcando que:

[…] su jurisprudencia resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por ello, esta Corporación ha reconocido relevancia jurídica a la jurisprudencia de los órganos judiciales creados mediante convenios sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (Corte Constitucional, 2006. Exp. D-6032)

El nuevo marco normativo para la reparación lo constituye la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En su artículo 25, establece el derecho a la reparación integral, brindándole un carácter adecuado, diferenciado y transformador; y ratifica que es un derecho integrado por cinco componentes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Adicionalmente, precisa que estas dimensiones deben ser abordadas desde esferas individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas.

El artículo 139 de dicha ley se refiere a las medidas de satisfacción como aquellas que buscan “restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido”, de manera que persiguen el bienestar de los afectados y “contribuyen a mitigar el dolor de la víctima”. Este artículo enuncia doce posibles formas de satisfacción, entre las cuales están las ya establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el reconocimiento público, la construcción de monumentos o las publicaciones audiovisuales y escritas, entre otras. En el precepto, se aclara que dicho listado es enunciativo, por lo que pueden surgir nuevas formas de satisfacción. En todo caso, en la adopción de alguna de estas formas, así como en la creación de nuevas medidas, se deberá contar con la participación de las víctimas.

Conclusiones

La reparación integral se erige como uno de los derechos básicos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario. El desarrollo de esta concepción se debe, en especial, a los aportes realizados desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy ya no podemos comprender la reparación integral como un derecho unidimensional; se trata de un derecho compuesto por varios componentes que se integran y complementan, lo que implica que su materialización solo sea posible mediante un proceso complejo.

En este proceso, son esenciales las medidas simbólicas de reparación. Debido a que su objetivo consiste en perseguir el reconocimiento a las víctimas, su dignificación, así como la construcción de memoria, se convierten en un elemento determinante para garantizar la plenitud de los derechos de las víctimas. Es por ello que deben ser fomentadas y estimuladas.

Sin embargo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, advierte que uno de los posibles riesgos en la tendencia a la adopción de medidas simbólicas es que acaben siendo asimiladas al propio concepto de reparación integral, de manera que en lugar de ser consideradas como una de muchas medidas, se articulen como sucedáneas de todos los otros componentes que conforman la reparación de las víctimas. Este riesgo es fácil de mitigar si todos los sectores de la sociedad son capaces de asimilar la naturaleza del derecho a la reparación integral y la esencia de las medidas simbólicas. Por eso, como señala De Greiff respecto a la intervención de la sociedad civil en la implementación de este tipo de medidas, “la participación de representantes de la sociedad civil en el diseño y la ejecución de proyectos de reparaciones simbólicas es tal vez más importante que en el caso de otras medidas de reparación, dada su función semántica y representativa” (ONU, Doc. A/69/518, 2014, p. 11).

Si bien en Colombia existe tanto un marco normativo como una línea jurisprudencial que incluyen de forma expresa las medidas simbólicas, su aplicación todavía parece ser dispersa y tímida. Además, no sería sincero afirmar que todos los actos simbólicos que se han ido adoptando han trascendido como procesos con efectos reparadores.

Los efectos positivos de las medidas simbólicas demandan la convergencia de las víctimas y de la sociedad en sus diferentes expresiones y manifestaciones, con el fin de posicionar a aquellas con la importancia que revisten en un contexto como el nuestro, donde las nuevas generaciones demandan superar un pasado conflictivo e iniciar un deseado escenario de paz. Las medidas simbólicas, asumidas con dicha seriedad, podrían contribuir a la deconstrucción de significantes creados por el conflicto armado, así como en la construcción de nuevos significados e imaginarios democráticos, incluyentes y reconstructores del tejido social.

Referencias

Bassiouni, M. C. (2006). International Recognition of Victims’ Rights. Human Rights Law Review, 6(2), 203-279.

Bolívar, A. P. (2009). Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En C. Díaz, N. C. Sánchez y R. Uprimny, Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Bogotá: ICTJ y DeJusticia.

Bonet, J. y Alija, R. A. (2009). Impunidad, derechos humanos y justicia transicional. Bilbao: Universidad de Deusto.

Brunkhorst, H. (2007a). Violencia, democracia y reconciliación. En G. Hoyos (ed.), Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.

Brunkhorst, H. (2007b). Verdad jurídica e histórica: la reacción de la democracia a violaciones masivas de los derechos humanos. En G. Hoyos (ed.), Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (2009). Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica. Bogotá: CNRR.

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 29273 (2007 oct 19).

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 16996 (2008 feb 20).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-370/06 (18 mayo 2006).

Corte Internacional de Derechos Humanos (1999). Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros Vs Guatemala).

Corte Suprema de Justicia. Gaceta Judicial Tomo 29, No. 1515 (1922 jul 21).

Danieli, Y. (2014). Healing Aspects of Reparation and Reparative Justice for Victims of Crimes against Humanity. En J. M. Wemmers (ed.), Reparation for Victims of Crimes against Humanity: The Healing Role of Reparation. Londres: Routledge.

De Greiff, P. (2006). The Handbook of Reparations. Nueva York: Oxford University Press.

De Greiff, P. (2010). A Normative Conception of Transitional Justice. Politorbis, 50(3), 17-29.

De Greiff, P. (2011). Justicia y reparaciones. En F. Reátegui (ed.), Justicia transicional: manual para América Latina. Brasilia: ICTJ.

Duggan, C. (2005). Prólogo. En A. Rettberg (ed.), Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Feinman, J. (1998). La sangre derramada. Ensayo sobre la violencia política. Buenos Aires: Ariel.

Gamboa, C. (2005). Justicia transicional: dilemas y remedios para lidiar con el pasado. Estudios Socio-Jurídicos, 7, 21-40.

Gómez Isa, F. (2014). Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia, Revista Derecho del Estado, 33, 35-63.

González, D. (2009). Reparación Judicial: principio de oportunidad e infancia en la Ley de Justicia y Paz. Bogotá: GTZ.

Hamber, B. (2005). The Dilemmas of Reparations: In Search of a Process-Driven Approach. En K. De Feyter, S. Parmentier, M. Bossuyt y P. Lemmens (eds.), Out of the Ashes. Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations. Oxford: Intersentia,

Hamber, B. y Wilson, R. (2002). Symbolic Closure through Memory, Reparation and Revenge in Post-Conflict Societies. Journal of Human Rights, (1), 35-53.

Lechner, N. (1995). Los patios interiores de la democracia. México D.F.: Fondo de cultura económica.

Navia, F. (2007). Daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación en Colombia. Revista de Derecho Privado, (12), 270-292.

Olsen, T. D., Payne L. A. y Reiter, A. G. (2016). Justicia transicional en equilibrio: comparación de procesos, sopeso de su eficacia. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1997). Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet, La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos, de 2 de octubre de 1997 (Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2004). Informe del Secretario General “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, 3 de agosto de 2004 (Doc. S/2004/616, 2004).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2004). Observación general no. 31 del Comité de Derechos Humanos sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto de 2004 (Doc. Ccpr/C/21/Rev.1/Add.13, 2004).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por resolución 60/147 de la Asamblea General de 16 de diciembre de 2005 (Doc. A/Res/60/147, 2005).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2012). Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 9 de agosto de 2012 (Doc. A/Hrc/21/46, 2012).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2014). Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 14 de octubre de 2014 (Doc. A/69/518, 2014).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015). Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 7 de septiembre de 2015 (Doc. A/Hrc/30/42, 2015).

Patiño, A. (2010). Las reparaciones simbólicas en escenarios de Justicia Transicional. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 21(2), 51-61.

Rincón, T. (2005). La verdad histórica: una verdad que se establece y legitima desde el punto de vista de las víctimas. Revista Socio-Jurídica, 7, 331-354.

Saavedra, P. (2004). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, las reparaciones ordenadas y el acatamiento de los Estados. Ponencia presentada en el Seminario sobre Instrumentos de Protección Regional e Internacional de los Derechos Humanos. México D.F., México.

Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

Uprimny, R. y Saffón, M. P. (2009). Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En C. Díaz, N. C. Sánchez y R. Uprimny, Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Bogotá: ICTJ y DeJusticia.

Uprimny, R., Sánchez, L. M. y Sánchez, N. C. (2014). Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada. Bogotá: DeJusticia.

Vacas, F. (2014). Los derechos de las víctimas de crímenes internacionales como límite jurídico de la discrecionalidad negociadora de las partes en procesos de paz: el caso de Colombia. Derechos y Libertades, 31, 191-225.

Vacas, F. (2015). El Derecho Internacional ante el conflicto de Colombia. Valencia: Tirant lo Blanch.

Van Zyl, P. (2011). Promoviendo la justicia transicional en sociedades posconflicto. En F. Reátegui (ed.), Justicia transicional: manual para América Latina. Brasilia: ICTJ.

Zamora, A. (2007). La reparación a partir de la experiencia de las víctimas: los casos de Villantina y Trujillo. En Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión (pp. 347-362). Bogotà: ICTJ y DeJusticia.

ANEXOS

PRIMERA PARTE GÉNESIS

Estas imágenes, extraídas del trabajo audiovisual False Positives, hacen referencia a la construcción de nación, a las relaciones de poder y al conflicto armado.

Extracto del video False Positive

2012

Extracto del video False Positive

2012

Extracto del video False Positive

2012

De la serie Signos cardinales

(Posada, 2008)

SEGUNDA PARTE TRÁNSITOS

De la serie Mal de archivo

(Moreno, 2011)

Los efectos subjetivos del lugar de la víctima en la contemporaneidad

María Alejandra Tapia Millán

Diana María Rey Lema

Introducción

Para empezar, se puede afirmar que la literatura existente sobre el lugar de la víctima en la contemporaneidad es bastante prolífica; este armazón teórico y conceptual se puede organizar a partir de la manera como la figura de la víctima es analizada en la literatura en su dimensión social (Gatti, 2014). Por un lado, existe una tradición de acento francés, que ubica el estatuto contemporáneo de la víctima en relación con la figura del ciudadano; y por el otro, se tiene la bibliografía anglosajona, que aborda a la víctima como una manifestación del ser humano en situación doliente (Gatti, 2016).

Sin embargo, si bien las mencionadas discusiones han abarcado importantes elementos teóricos y conceptuales —tales como la forma en la que las víctimas estructuran el lazo social, los dispositivos que permiten dicho fenómeno en su expansión y masividad, e incluso miradas críticas que cuestionan su estatuto contemporáneo—, dichos análisis no han profundizado en los efectos subjetivos que desencadena el nuevo estatuto de la víctima. En este sentido, se constata que ambas tradiciones terminan por deshistorizar y naturalizar la condición de víctima (Gatti, 2016), al reducir y aislar al sujeto víctima a un lugar discursivo que resulta problemático por cuanto excluye la singularidad del sujeto, lo cual también produce efectos en las formas de escucha y en los lugares de palabra que se ofrecen a las víctimas. En relación con esto, se evidencia que el nuevo lugar de la víctima produce sujetos enmarcados en las experiencias traumáticas, lo que no posibilita espacios para la transformación de dicho sujeto, ni para el conjunto de las relaciones sociales (Pipper, 2005).

Estos elementos no resultan menores, por cuanto lo que se juega en el testimonio es la construcción misma de la identidad, lo cual significa que las tramas de la memoria —que se actualizan cuando el sujeto toma la palabra o silencia para testimoniar— devienen los instrumentos de la reconstrucción de su identidad. Desde este punto de vista, los modos sociales, jurídicos, políticos y psicológicos de solicitación de los testimonios son los ejes de los procesos de construcción de memorias, identidades y formas del lazo social. Aún más, se puede afirmar que lo que emerge es también el problema del reconocimiento, en la medida en que cabe preguntarse si al no ser nombradas en cuanto tales, las víctimas no corren el peligro de despolitizarse (Eliacheff & Soulez Larivière, 2009). Sin embargo, y siguiendo la premisa de Susan Sontag en la que se advierte —a propósito del testimonio de las víctimas— que “quizás se le asigna demasiado valor a la memoria y un valor insuficiente al pensamiento” (Sarlo, 2011, p. 26), resulta necesario un análisis que permita asir la complejidad que supone el nuevo estatuto de la víctima en la contemporaneidad.

¿Nuevas víctimas?: los efectos de la economía moral del trauma

Desde un punto de vista historiográfico, se puede afirmar que el concepto contemporáneo de víctima surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este pierde su vinculación con el repertorio del guerrero (Hartog, 2012). Desde entonces, se ha dado reconocimiento jurídico como víctimas a los civiles muertos, desaparecidos, desplazados o sobrevivientes de una guerra, es decir, a quienes la padecieron; pero también a los excombatientes, esto es, a los actores armados. Como se analizará en profundidad más adelante, el trauma psicológico y la memoria de las víctimas serán claves en esta redefinición de la víctima contemporánea, debido a que, por un lado, el dolor, el sufrimiento y la tragedia constituirán el componente fundamental de su reivindicación y, por otro lado, su testimonio y su palabra serán la fuente principal para construir la verdad histórica sobre la guerra (Hartog, 2012; Vergel, 2013).

Ahora bien, la categoría de víctima revela un fenómeno social mucho más amplio, a saber, la consolidación de una nueva economía moral del trauma (Fassin & Rechtman, 2011). Dicha inflexión se puede situar en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando la noción de víctima de guerra empieza a circular en el ámbito público y las formas de disponer límites precisos entre víctimas y héroes, o entre civiles y combatientes, se verá trastocada a partir de la aparición de diversos dispositivos jurídicos y políticos que se pondrán a disposición para reorganizar lo que se entiende por víctima (Vergel, 2013).

Justamente, este ajuste paulatino se dará en virtud de tres grandes procesos: el primero, relativo al progreso del concepto de derechos humanos, el cual traduce al ámbito jurídico la consideración de la individualización del sufrimiento; el segundo, concerniente al advenimiento de lo que se ha denominado “globalización de la responsabilidad de la guerra” (Audoin-Rouzeau, Becker, Ingrao & Rousso, 2002); y el tercero, correspondiente a una transformación en la estrategia de la guerra. Estos tres elementos van a producir un cambio en el ámbito moral por cuanto que, en adelante, la responsabilidad de la guerra recaerá sobre el Estado —como mero lugar de reconocimiento jurídico— y no sobre el conjunto de la sociedad ni sobre los individuos. Este movimiento tendrá también como resultado una nueva consciencia de las víctimas, producto de una noción de trauma diferente, que ya no refiere a la vivencia singular de un sujeto, sino al lugar de una memoria colectiva devastada (Sarthou-Lajus & Rechtman, 2011).

El advenimiento de esta nueva clínica del trauma en cuyo centro se ubica la figura de la víctima va a poder desplegarse en el ámbito social a partir de la consolidación de la victimología como disciplina, desarrollo que producirá varios efectos: en primer lugar, generará la recomposición y extensión de los espacios “psi”, seguida de una renovación de los registros de la acción pública y del control social, y finalmente, habrá una redefinición de los lenguajes de la acción colectiva, en los que el testimonio y la expresión pública del sufrimiento individual tendrán un lugar privilegiado (Latté, 2005).

El nuevo campo de la victimología también va a poner en tensión el principio de distinción que existe entre combatientes y no combatientes, uno de los pilares más importantes del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en razón del proceso de victimización que se proponga para interpretar dicho principio jurídico. Quizá, este fenómeno venga a evidenciar el carácter ideológico de este concepto de trauma, cuyo valor será establecido no en relación con el sufrimiento de cada uno, sino para designar un acontecimiento (D’Halluin, Latté, Fassin & Rechtman, 2004).

Lo importante aquí será el uso social que tendrá esta nueva conceptualización de las víctimas, pues a partir de este cambio se produce una universalización del trauma que, paradójicamente, lleva a su banalización. Pero esto último va a permitir el establecimiento de un “imperio del trauma” (Fassin & Rechtman, 2011), en el cual las personas serán consideradas como víctimas no en razón de aquello que vivieron, sino a partir del valor que se le atribuye al acontecimiento. Se entiende entonces que el uso de la categoría de víctima en este tipo de situaciones se reserva para aquellos verdugos de quienes se nos quiere decir que son monstruos, lo que revela el carácter político que hay en juego (Sarthou-Lajus & Rechtman, 2011).

Lo anterior se devela en el hecho de que el estatuto de víctima se alcance con cierta independencia del rol que se desempeña en la guerra —torturador o torturado, combatiente o no combatiente, etc.—, y en la masividad y extensión que alcanza en la actualidad el uso de dicho concepto. Sin embargo, y aunque de las víctimas y sus traumas se hable excesivamente, de manera paradójica poco aparece el uno por uno de los sujetos afectados; esta última cuestión se refleja en los escenarios políticos, jurídicos y académicos, donde el uso de casos emblemáticos tiene como trasfondo la idea de realizar una “muestra representativa”, en la cual, a partir de grupos de categorías y sistemas de información, se busca ordenar y clasificar cada experiencia de dolor en información estadística. Lo anterior genera al menos dos consecuencias: por un lado, la supresión de la singularidad del sufrimiento de cada sujeto; y por el otro, la disgregación de las responsabilidades puntuales en nombre de enunciaciones colectivas y difusas sobre la guerra y la violencia (Aranguren, 2010).

Ahora bien, lo anterior ubica los cambios que se han suscitado en el campo de lo social en relación con los lugares de nominación de las víctimas; como se señaló, estos producen como efecto la exclusión: no solo la singularidad de la vivencia de sufrimiento del sujeto, sino también sus formas de resistencia y agencia frente al trauma. Se evidencia entonces que emerge un problema a partir de la manera como se nomina a la víctima en la medida en que este uso en lo social repercute en el campo del sujeto.

Empero, es menester también preguntarse por lo que sucede en el campo del sujeto, dado que este cambio en el lugar de nominación de las víctimas remite, en sus efectos, a que estas puedan ser reconocidas como tales y a que se le conceda estatuto de verdad a su testimonio. Esto último no resulta menor, dado que antes del surgimiento del síndrome de estrés postraumático como diagnóstico médico, el decir de las víctimas resultaba siempre sospechoso e incierto. Este hecho, que se enmarcaba en la existencia de un régimen de la suspicacia, abrió las puertas para la reivindicación política y jurídica de grupos sociales otrora marginados y excluidos (Fassin & Rechtman, 2011).

A esta forma diferente de hacer uso de la categoría de víctima, en el cual se produce una instrumentalización de la condición de víctima operada por las víctimas mismas, se le puede denominar uso militante de la categoría de víctima (Sarthou-Lajus & Rechtman, 2011); en este sentido, dicho uso, que se corresponde también con una respuesta ética, produce un cuestionamiento a la tentativa de universalizar y contabilizar el sufrimiento humano, en la medida en que así las víctimas impugnan los lugares del testimonio, evidenciando que en sus formas hegemónicas estos reducen la condición humana a la destructividad radical del trauma (Pollak, 2006).

El nuevo lugar de la víctima: entre el discurso capitalista y los cálculos biopolíticos del poder

Con el fin de situar lo que se pone en juego cuando se trata de comprender el nuevo lugar de la víctima, vale la pena retomar lo indicado en la introducción del capítulo en relación con esta figura, que empieza a ubicarse en el centro de los más variados espacios jurídicos, políticos y sociales. Así, se puede señalar que el concepto de víctima en la contemporaneidad emerge bajo el trasfondo de un fenómeno más amplio, a saber, un cambio en la economía moral del trauma, el cual implicó una transformación en el orden del saber, pero también en el ámbito de los valores (Fassin & Rechtman, 2011).

En este marco, la nueva definición de trauma, ligada al diagnóstico clínico de síndrome de estrés postraumático, resulta en un sentido problemática, dado que se termina por equiparar violencia política con desastres naturales, guerras con desplazamiento por inseguridad alimentaria, etc., generando un desconocimiento de las razones históricas, políticas y económicas que atraviesan cada situación particular. Bajo la lógica de la atención humanitaria, se favorece la despolitización y la obliteración de la solución de las causas estructurales de las catástrofes. Lo anterior se evidencia en el hecho de que las víctimas también se homogenicen, ya que “su situación fundamental es la de un sufrimiento excesivo. Una experiencia traumática que borra todas las diferencias” (Zizek, 2002, p. 77). De esta manera, las víctimas terminan por perder la singularidad de su experiencia frente al acontecimiento traumático, quedando todas identificadas como individuos pasivos e impotentes frente a las circunstancias (De Castro, 2005).

De otro lado, dentro de esta masificación y homogenización a la que son arrastradas las víctimas, aparece también como efecto que dicho estatuto se adquiera con cierta independencia del rol del sujeto en el marco de la catástrofe. Así, un victimario también puede devenir víctima de la guerra con ocasión de un diagnóstico clínico que así lo certifique. Este hecho no resulta menor en sus efectos sociales, pero también psíquicos, en la medida en que al ubicar al victimario como traumatizado se le exonera de tomar consciencia de su acto, esto es, de asumir su responsabilidad no tanto jurídica, sino más bien subjetiva. Entonces, al crear una suerte de equivalencia entre aquel que da el golpe y aquel que lo recibe, y amparándose en una supuesta lógica médico-científica, se elude la pegunta moral y ética —tanto del lado del sujeto como del lazo social—, y se la traslada al campo pretendidamente objetivo de la clínica, deshistorizando la violencia y la guerra (Sarthou-Lajus & Rechtman, 2011).

Ahora bien, para comprender a cabalidad los fenómenos ya ampliamente descritos, resulta imperante enmarcarlos dentro de ciertas discusiones teóricas provenientes del campo del psicoanálisis y la filosofía política. En este sentido, el concepto lacaniano de discurso y las formulaciones sobre la biopolítica de Agamben se ubican como posibles marcos de inteligibilidad del lugar de la víctima en la contemporaneidad. Con miras a avanzar en esta lectura, es preciso delimitar dos niveles de análisis que en todo caso resultan complementarios: por un lado, se pueden ubicar las consideraciones relativas a lo social, y por el otro, aquellas que atañen a lo subjetivo.

En relación con lo social, es posible advertir que, dado que el discurso que viene a ordenar el lazo social es el discurso capitalista, no se posibilita ni la regulación del goce mortífero ni la generación de un lazo con el otro semejante, y la consecuencia es la erosión del lugar de lo simbólico como tal. Al respecto, Dufour (2007, p. 10) indica:

Desde el momento en que todo garante simbólico de los intercambios entre los hombres es eliminado, es la condición humana misma lo que cambia. Nuestro ser-en-el-mundo no puede ser el mismo desde cuando el objetivo de una vida humana ya no depende de la búsqueda del acuerdo con estos valores transcendentes, que desempeñan el papel de garantes, sino que está ligado a la capacidad de adecuarse a los flujos siempre cambiantes de la circulación de la mercancía. En una palabra, ya no es el sujeto mismo lo que es requerido.

Lo anterior se refleja en el hecho de que el concepto de víctima venga a reemplazar el de ciudadano (Sarthou-Lajus & Rechtman, 2011). Así, “la acción colectiva se ha desintegrado en beneficio de una acción victimaria que parece conducir directamente al psicólogo, en caso de fracaso ante la primera puerta bien señalada, la del juez” (Eliacheff & Soulez Larivière, 2009, p. 119). En este sentido, el individualismo que procura el discurso capitalista se evidencia en un cierto estímulo a la victimización que obstaculiza las formas tradicionales de acción colectiva que apuntaban a la reivindicación de derechos bajo la égida de reconocerse como ciudadanos de un Estado social.

Sobre esto hay que puntualizar que, por supuesto, las víctimas existen, pero la dificultad aparece cuando el Estado solamente las reconoce como tales y no en cuanto ciudadanos, en la medida en que cuando el Estado las nombra solo como víctimas, se desdibuja la responsabilidad jurídica del Estado Social de Derecho, más allá de la atención humanitaria, que en todo caso también resulta insoslayable. Se evidencian en este movimiento las estrategias del biopoder operando, por cuanto la víctima aparece como nuda vida desprovista inicialmente de toda significación política y, por ende, susceptible de devenir objeto de los cálculos del poder soberano.

Finalmente, en relación con los efectos subjetivos que produce el nuevo lugar de la víctima, se encuentra el hecho de quedar reducida a un significante alienante, quedando el sujeto de nuevo en el lugar de objeto a merced del goce del Otro, y “cualquier intervención humanitaria, terapéutica, asistencial o reeducativa, que privilegie su situación de pasividad e inermidad corre el riesgo de fijarlo en esa posición” (De Castro, 2005, p. 4). Efectivamente, este peligro no es menor, dado que el discurso capitalista clausura la operación de separación que le permite al sujeto tomar la palabra y simbolizar la falta, dejándolo en pura relación de sometimiento frente al Otro, esto es, ubicándolo como objeto de consumo o de desecho. Se constata que bajo el discurso capitalista y dentro de los cálculos de la biopolítica, la víctima tiende a ser reducida a un mero organismo biológico que debe ser administrado y gestionado a partir de las más diversas y sofisticadas técnicas, pero pocos lugares se le ofrecen como soporte simbólico en el cual pueda advenir como sujeto.

Usos militantes de la categoría de víctima: feminismo, género y guerra

Como se mencionó antes, el nuevo lugar de la víctima también posibilitó que sus testimonios fueran escuchados, abriendo las posibilidades de otros usos subjetivos de dicha nominación. En efecto, las feministas se van a reapropiar de la idea de una memoria colectiva forjada a partir de heridas anteriores para calificar la dominación de la cual han sido históricamente víctimas las mujeres. Este uso estratégico de la categoría de víctima va a transformar la comprensión que se tiene sobre la violencia contra la mujer y la manera como se entiende la guerra. En este sentido, cuando la dominación masculina pasa a ser comprendida bajo la forma de un traumatismo, la significación política de las relaciones sociales entre los sexos se verá profundamente transformada (Vergel, 2013).

En este sentido, el caso del feminismo revela otras formas de hacer con el discurso contemporáneo sobre el trauma, en la medida en que este movimiento se reapropia de esta nueva condición de víctima no para encerrarse en ella, sino justamente para hacerse escuchar y para hacer escuchar reivindicaciones anteriores. De tal forma, se puede afirmar que para estas mujeres el discurso del trauma funciona como un lenguaje operatorio del que se apropian —sin identificarse completamente con él— y al cual apelan sobre todo como un recurso combativo. Así, las feministas reutilizan el discurso del trauma como lenguaje político; pero aún más, esta subversión de dicho discurso permite que las mujeres lo utilicen como un recurso para configurar una comunidad que se sostiene en la singularidad de la vivencia de cada una.

A partir de esto, se pueden entender, desde una lógica femenina, los múltiples casos de reclamación (jurídica, política y social) que las mujeres víctimas de la guerra han adelantado en las últimas décadas. En relación con el género y la guerra, resulta importante constatar que el lugar donde van a converger tanto los estudios historiográficos como políticos es en el asunto del poder, en términos de la pregunta por la sexuación de las políticas de la guerra, el develamiento de las relaciones de continuidad entre militarismo y patriarcado, y la comprensión de la guerra como espacio político donde se benefician, reproducen o refuerzan las relaciones de poder entre los sexos (Scott, 1986; Enloe, 2000; Thébaud, 2004). El punto a resaltar de todo esto es el hecho de que las mujeres y sus reclamaciones reintroduzcan en el debate los elementos históricos y políticos de la violencia en la guerra, cuestión elidida en la economía moral del trauma; en este sentido, es posible afirmar que la dimensión sociopolítica que el género incluye se instaura como respuesta ética al “imperio del trauma”.

Pero el alcance de esta respuesta ética produce también un cuestionamiento a la tentativa de universalizar y contabilizar el sufrimiento humano, dado que en sus acciones y reclamaciones las mujeres tocan el lugar mismo del testimonio, evidenciando que en sus formas hegemónicas este reduce la condición humana a la destructividad radical del trauma. Para ilustrar este punto, resulta pertinente referirse al caso de la Comisión de la Verdad y Reparación de Perú, ya que si bien esta fue presentada como una comisión particularmente sensible a la violencia de género pues en ella la mayoría de los testimonios incluidos eran de mujeres y la documentación de la violencia sexual ocupó un lugar primordial,

Al colocar en primer plano al sufrimiento, pueden oscurecer otras relaciones que las mujeres tienen con sus pasados […] y aun las verdades más amplias que las mujeres narraban eran reducidas con demasiada frecuencia al daño sexual que habían padecido. Claramente los “crímenes de género” no son solo sexuales. Más bien, las mujeres hablaban extensamente acerca de múltiples factores que estructuraban su vulnerabilidad durante el conflicto armado interno. (Theidon, 2006, pp. 85-86) [Cursiva fuera del texto]

Lo anterior evidencia que las palabras de las mujeres resisten a la tentativa de quedar reducidas al daño que sufrieron, esto es, a ser equiparadas en cuanto sujetos a una marca de sufrimiento. Las mujeres, con sus voces, desbordan la pretensión de objetividad científica, encarnada en los lugares hegemónicos de la victimización, al reclamar para sí una pluralidad de enunciaciones en las cuales expresarse sin que ninguna las represente por completo, convocando a transitar hacia el terreno de nuevos marcos éticos, políticos y epistemológicos que convoquen lo indecible de ser sujeto.

El lugar del sujeto en la escucha de las víctimas

Varios son los aspectos que podrían discutirse en torno al lugar del sujeto en el trabajo de atención a víctimas, pero quizá valga la pena abrir el debate, que en todo caso excede los ámbitos metodológicos y teóricos, para avanzar hacia aquellos éticos y políticos.

Este cuestionamiento resuena de manera potente en el marco del conflicto armado interno colombiano, en el que las víctimas hacen parte, en la mayoría de los casos, de poblaciones que han sido históricamente marginadas y excluidas. Esto implica actualizar la pregunta por los marcos que posibilitan la escucha y la atención psicosocial a partir del análisis y la comprensión no solo de las lógicas que han caracterizado el contexto sociopolítico y económico del país, sino también de las diversas maneras como el conflicto ha sido y es entendido en aspectos tales como sus causas, las maneras de afrontarlo, sus efectos y los procesos de desarrollo y de modernización que lo atraviesan. En este sentido, se encuentran las preguntas que se formula Martha Nubia Bello (2005, p. 12) cuando indica:

¿Es posible reconstruir lo que no ha existido (derechos, ciudadanos, legitimidades, etc.)? ¿Es viable promover la autonomía y la identidad en comunidades que permanecen amenazadas, atemorizadas y expuestas al desarraigo? ¿Es coherente promover ejercicios de participación y de gestión comunitaria cuando las lógicas productivas y económicas solo permiten aquellos funcionales a sus prácticas? ¿Es posible promover valores de convivencia y de respeto por la alteridad, básicos en la construcción de sociedades democráticas en contextos donde no se garantizan la libre expresión de ideas ni la construcción de alternativas de vida?

Estos interrogantes remiten a la necesidad urgente de darles lugar, en los modelos de atención a víctimas, a los elementos políticos que permitan mantener en el horizonte una mirada crítica a las estructuras económicas y a las relaciones de poder que han sostenido el conflicto armado en Colombia. Lo anterior apunta a inscribir en los análisis y en los modelos de atención clínica el reconocimiento de las raíces histórico-sociales en las cuales se desarrolla la guerra, a fin de no patologizar a las víctimas y su sufrimiento (Bello, Martín, Millán, Pulido & Rojas, 2005).

Se encuentra en el trabajo de Bello et al. (2005) que la reactivación de tradiciones culturales propias de la comunidad bojayaceña —en las cuales se hizo uso de un lenguaje propio, singular, para narrarse— les permitió a las víctimas asumir el control de su entorno y acceder al lugar de sujetos. Lo anterior evidencia que en el sujeto existe una potencia en la medida en que aquello que viene del Otro puede ser usado por este de manera singular, posibilitándole un distanciamiento frente al poder que dicho Otro ejerce; en últimas, se trata de que la atención clínica potencie ese saber hacer con los síntomas, que es lo único que le asegura un lugar al sujeto.

Para el caso particular de la atención a víctimas adelantada en Bojayá² por un grupo de trabajadoras sociales y psiquiatras de la Universidad Nacional de Colombia, si bien una de las categorías centrales en el proceso de recuperación de la memoria fue el trabajo alrededor de la categoría de víctima, esta no fue asumida como sinónimo de un sujeto desvalido o limitado, resultado de las prácticas asistencialistas; sino que fue construida como un sujeto de derecho que ha sido agredido por las acciones de otros, los victimarios. Esta claridad resultó fundamental dentro del proceso de afrontamiento de los bojayaceños, pues les permitió darle sentido a lo acontecido, desinstalar la culpa y emprender procesos de justicia, con el fin de ganar protección y capacidad de control.+

De otro lado, la reactivación de tradiciones como la danza, el canto, la chirimía y las fiestas patronales en Bojayá revitalizó a la comunidad, brindándole un sentido de continuidad colectiva y de esperanza en el futuro. Así, estas prácticas culturales, en las que se hizo uso de un lenguaje propio para narrarse, les ayudaron a los bojayaceños a encontrar formas autónomas para expresar las emociones y recrear las situaciones de pérdida, dolor y miedo; al tiempo que a asumir el control de su entorno y convertirse en sujetos de la palabra.

A modo de conclusión: síntoma y creación

La posibilidad de narrarse de otra manera posibilita el paso de lo que en psicoanálisis se denomina un síntoma patológico a la construcción de un síntoma singular; en esta vertiente, el síntoma se concibe como:

Símbolo escrito sobre la arena de la carne […]. Pero es una palabra de ejercicio pleno, porque incluye el discurso del Otro en el secreto de su cifra. Descifrando esta palabra fue como Freud encontró la lengua primera de los símbolos, viva todavía en el sufrimiento del hombre de la civilización —Das Unbehagen in der Kultur—. Jeroglíficos de la histeria, blasones de la fobia, laberintos de la Zwangsneurose; encantos de la impotencia, enigmas de la inhibición, oráculos de la angustia; armas parlantes del carácter, sellos del autocastigo, disfraces de la perversión; tales son los hermetismos que nuestra exégesis resuelve, los equívocos que nuestra invocación disuelve, los artificios que nuestra dialéctica absuelve, en una liberación del sentido aprisionado que va desde la revelación del palimpsesto hasta la palabra dada del misterio y el perdón de la palabra. (Lacan, 1990, pp. 268-270)

El síntoma tiene un sentido y, por ende, algo allí se enuncia: un mensaje; pero a la vez, el síntoma porta la pregunta por el ser del sujeto (Tapia-Millán, 2012). Aquí, su lugar en la estructura subjetiva está relacionado con el punto de falla de lo simbólico y de lo imaginario. Se puede escuchar un eco de esta formulación psicoanalítica en Judith Butler, quien al elaborar un análisis crítico del sometimiento, indica que es necesario reconocer que “el sujeto producido como algo continuo, visible y localizado se halla sin embargo habitado por un residuo inasimilable, una melancolía que marca los límites de la subjetivación” (Butler, 1997, p. 40) [Cursiva fuera del texto].

Ahora bien, dado que la conclusión de Butler respecto a las relaciones entre sujeto y poder apuntan a considerar que el sujeto no está completamente determinado por el poder ni determina completamente al poder, resulta válido concluir también, del lado del psicoanálisis, que si bien el sujeto está discursivamente constituido, no está determinado por el discurso, pues su falta constitutiva le permite cuestionar, transformar y resignificar las posiciones a las que está sujetado, lo que en términos lacanianos apunta al momento en el cual el sujeto debe tomar la palabra para hacerse pregunta por su deseo y por el deseo del Otro. Esto último es una elección que exige ser incesantemente actualizada, por lo que remite a una postura ética, lo que lleva a Butler a proponer que “la paradoja temporal del sujeto es tal que forzosamente debemos abandonar la perspectiva de un sujeto ya formado para poder dar cuenta de nuestro propio devenir. Ese ‘devenir’ no es un asunto sencillo ni continuo, sino una práctica incómoda de repetición, llena de riesgos, impuesta pero incompleta, flotando en el horizonte del ser social” (Butler, 1997, p. 41).

Dicha postura ética a la que alude Butler refiere al síntoma en su cariz singular, el que se presenta como soporte para un sujeto y lo inscribe en una lógica cercana a la creación poética. Así, ese punto donde el texto del síntoma se revela insondable, ese lugar donde lo simbólico carece de material, donde aquello que el síntoma enuncia se topa con este lugar vacío y ya no aparece sino el silencio, refiere en psicoanálisis al lugar de lo femenino. El síntoma que, en un primer momento, suponía una pregunta y un mensaje dirigidos al Otro, apunta ahora al lugar donde ese Otro aparece borrado, donde el Otro se hace desierto. Se podría decir, para concluir, que esto es lo que configura lo singular del síntoma: lo éxtimo al sujeto, su ser, su sustancia, su femenino que puede, entonces, extraerse para allí saber hacer con eso (Tapia-Millán, 2012).

Para el psicoanálisis, que el sujeto sea efecto del lenguaje no implica per se una relación de sometimiento, dado que en la medida en que se instaura una falta, el sujeto puede tomar la palabra para interrogar al Otro y subvertir la cadena de significantes que le fue otorgada. Más aún, desde Freud, se va a reconocer que aun en la relación de sometimiento que se instaura frente al deseo materno, en la cual el niño queda en posición de objeto, el sujeto puede apelar a la falta, esto es, a la pregunta por el deseo materno, y tomarle distancia a la voluntad de sometimiento del Otro, por ejemplo, vía el síntoma y la fantasía. De otro lado, el arte es un campo privilegiado para que el sujeto pueda operar este distanciamiento frente al sometimiento. Piénsese, por ejemplo, en el caso del escritor James Joyce, quien termina por transformar completamente su idioma nativo, el inglés, a partir de juegos con todos los tropos del lenguaje y recurriendo a las homofonías con otras lenguas. Particularmente, se puede evidenciar esta subversión en la obra Finnegans Wake.

Se entiende mejor por qué estos lugares, el de la palabra y la escucha —entendidas como formas de creación poética—, y el arte, se convierten en respuesta ética para convocarnos a transitar hacia esas orillas de lo femenino y lo singular del sujeto. En este sentido, el arte hace posible el desafío de transformar el espanto en materia audible y asimilable para el sujeto y para el conjunto de la sociedad, dado que, como indica Gérard Wajcman (2001), “lo que no puede verse ni decirse, el arte debe mostrarlo”; la operación poética permite emprender un trabajo sobre la memoria colectiva del horror, en el que se trata de restituir los engramas destruidos, dado que los cuerpos mutilados en el horror cambian las reglas del modo de elaborar la historia y la memoria.

Es por esto que el arte toma un lugar relevante, ya que permite traducir las experiencias de dolor en experiencias poéticas en la medida en que el testimonio crudo es obsceno y solo puede producir dos efectos: ora el rechazo, esto es, el no querer saber de la violencia, ora la fascinación obscena que también detiene el pensamiento. De tal manera, la verdadera posibilidad de testimoniar —aquella que transforma a quien se enuncia, pero que a su vez interpela a quien escucha— solamente puede darse en el acto estético. Hay que poetizar la palabra y hablar al costado del trauma para poder transmitir algo de la experiencia de dolor y transmudarla en posibilidad política y subjetiva. Se necesita entonces una dosis de ficción poética para poder enunciar la verdad de la violencia extrema, dado que la experiencia emocional no es traducible en palabras, pero al transitar, vía el lenguaje y el arte, por los caminos laterales de la herida, esta puede ir cicatrizándose.

Referencias

Agamben, G. (2010). Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo (Homo Sacer 3). Valencia: Pre-textos.

Aranguren, J. P. (2010). De un dolor a un saber: cuerpo, sufrimiento y memoria en los límites de la escritura. Papeles del CEIC, (63), 1-27. Recuperado de Enlace a PDF

Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., Ingrao, C. y Rousso, H. (2002). La violence de guerre, 1914-1945. Approches comparées des deux conflits mondiaux. París: IHTP-CNRS/Complexe.

Bello, M. (2005). Trabajo social en contextos de violencia política. Trabajo Social, (7). 9-20.

Bello, M., Martín, E., Millán, C., Pulido, B. y Rojas, R. (2005). Bojayá, memoria y río. Violencia política, daño y reparación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Butler, J. (1997). Mecanismos psíquicos del poder. Valencia: Cátedra.

Chesterman, S. (Ed.). (2001). Civilians in war. Boulder: Lynne Riennier Publishers.

De Castro, S. (2005). Traumatismos. Fort-Da. Revista de Psicoanálisis con Niños, (8). Recuperado de Enlace a página

D’Halluin, E., Latté, S., Fassin, D. y Rechtman, R. (2004). La deuxième vie du traumatisme psychique. Cellules médico-psychologiques et interventions psychiatriques humanitaires. Revue Française des Affaires Sociales, 1(1), 57-75.

Dufour, D.-R. (2007) El arte de reducir cabezas. Sobre la servidumbre del hombre liberado en la era del capitalismo total. Buenos Aires: Paidós.

Eliacheff, C. y Soulez Larivière, D. (2009). El tiempo de las víctimas. Madrid: Akal.

Enloe, C. (2000). Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley: University of California Press.

Fassin, D. y Rechtman, R. (2011). L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime. París: Flammarion.

Foucault, M. (1986). Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. México D.F.: Siglo 21.

Gatti, G. (2014). Como la [víctima] española no hay. (Pistas confusas para poder seguir de cerca y entender la singular vida de un personaje social en pleno esplendor). Kamchatka, (4), 275-292. Digital Object Identifier:10.7203/KAM.4.4141

Gatti, G. (2016). El misterioso encanto de las víctimas. Revista de Estudios Sociales, (56), 117-120. Digital Object Identifier:10.7440/res56.2016.09

Hartog, F. (2012). El tiempo de las víctimas. Revista de Estudios Sociales, (44), 12-19. Digital Object Identifier: 10.7440/res44.2012.02

Hassner, P. (1999). Guerre sans morts ou morts sans guerre? Les paradoxes de l’intervention au Kosovo. Critique Internationale, (4), 6-13.

Kirk, S. y Kutchins, H. (1998). Aimez-vous le DSM? Le triomphe de la psychiatrie américaine. París: Le Plessis-Robinson.

Lacan, J. (1987). Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. (1990). Escritos 1. México D.F.: Siglo 21.

Lacan, J. (2012). Seminario 17. El reverso del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.

Latté, S. (2005). De l’individuel au collectif. Les usages sociaux de la victimologie (Commentaire). Sciences Sociales et Santé, 23(2), 39-47. Digital Object Identifier: 10.3406/sosan.2005.1649

Lefranc, S. (2002). La «justa distancia» frente a la violencia. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 174, 31-40.

Moreno, B. del R. (2012). La pulsión invocante, Memorias, narrativas y voces. Panel presentado en el marco del proyecto “Voces de Niños, niñas y adolescentes: ecos para la reparación integral y para la inclusión social”, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, Colombia.

Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite. La Plata: Ediciones Al Margen.

Sarlo, B. (2011). Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. México D.F.: Siglo 21.

Sarthou-Lajus, N. y Rechtman, R. (2011). Enquête sur la condition de victime. Études, (414), 175-186.

Scott, J. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, 91(5), 1053-1075. Digital Object Identifier: 10.2307/1864376

Shafir, I. P. (2005). Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena en las tramas del recuerdo (tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España).

Tapia-Millán, M. (2012). El síntoma: de la metáfora a la letra. Desde el Jardín de Freud. Revista de Psicoanálisis, (12), 155-167. Recuperado de Enlace a página

Thébaud, F. (2004). Penser la guerre à partir des femmes et du genre: l’exemple de la Grande Guerre. Revue Astérion, (2), 179-194. Recuperado de Enlace a página

Theidon, K. (2006). Género en transición: sentido común, mujeres y guerra. Cuadernos de Antropología Social, (24), 69-92. Recuperado de Enlace a página

Vergel, C. (2013). Les usages militants et institutionnels du droit à propos de la cause des femmes victimes du conflit armé en Colombie (tesis doctoral, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, París, Francia).

Wajcman, G. (2001). El objeto del siglo. Buenos Aires: Amorrortu.

Zizek, S. (2002). El frágil absoluto. Valencia: Pre-textos.

ANEXOS

SEGUNDA PARTE TRÁNSITOS

Las obras representan al individuo fragmentado, triste y solo, abandonado como consecuencia del conflicto armado.

De la serie Mal de archivo

Moreno

2011

De la serie Mal de archivo

Moreno

2011

De la serie Mal de archivo

Moreno

2011

De la serie Magdalena (García, 2017)

Arte-sano. Arte que sana

Liliana Parra Valencia

“La cura tiene que ver con la afirmación de la vida como fuerza creadora, con su potencia de expansión, lo que depende de un modo estético de aprehensión del mundo. Tiene que ver con la experiencia de participar en la construcción de la existencia, lo que —según el psicoanalista inglés Donald Winnicott— da sentido al hecho de vivir y promueve el sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida. Se trata de lo contrario de una relación de complacencia sumisa, marcada por una disociación de las sensaciones y por la desactivación de la ensoñación, pues tal relación acaba promoviendo un sentimiento de futilidad asociado a la idea de que nada tiene importancia” Suely Rolnik

Introducción: ¿cómo y desde dónde se mira?

La creación está del lado de la vida, y según el psicoanalista inglés Donald Winnicott, la cura afirma esta relación. Más aún, la presencia del sentido estético en los seres humanos nos conecta con lo vital. Esta lectura me ayuda a problematizar aquellas miradas que se centran en el impacto de la guerra y que desconocen otras posibilidades que surgen de la vida.

Hace más de diez años, tal intuición me movilizó a estudiar los procesos de reconfiguración en contextos de reconstrucción del conflicto armado. Desde allí, considero que el momento histórico que vive la sociedad colombiana hoy, en el proceso de instauración de los acuerdos de paz, nos ubica frente a retos académicos, metodológicos y sobre todo epistémicos. Es un desafío para quienes elegimos dedicar nuestra fuerza vital y nuestras capacidades intelectuales y emocionales a acompañar a las personas y a las comunidades en el contexto de la violencia sociopolítica.

El ambiente que vivimos los colombianos en torno a la verdad, la memoria, la justicia, los duelos, la elaboración emocional, el perdón, la reparación y la reconciliación nos invita a soñar con que otro país es posible, uno donde las heridas y los dolores de la guerra sean sanados y transformados. Ahora bien, mi interés en el sentido transformador de la construcción de paz me llevó a encuentros con otros saberes disciplinares que nos vienen del ámbito de las Ciencias Sociales; pensar la construcción de paz en clave de memorias transformadoras que superen la victimización para emprender un tejido de memorias de vida, según nos aporta el sociólogo colombiano Jefferson Jaramillo. En este sentido, considero que el arte contiene un papel sin igual en favor de la reconstrucción y la transformación en momentos de transición.

Ahora bien, los más de 52 años del violento conflicto sociopolítico y armado actual, con el acumulado de sus diferentes modalidades de violencia, tal como lo documenta el informe “¡Basta Ya!” Colombia: memorias de guerra y dignidad (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013), deja una masiva afectación en diferentes dimensiones y modalidades de la violencia, como argumentan los especialistas. Ante esto, diversas comunidades, organizaciones sociales y propuestas estatales se han visto abocadas a generar estrategias de recuperación emocional y psicosocial. En el caso del Estado colombiano, su obligación de implementar medidas de atención, asistencia y reparación integral (que incluye rehabilitación psicológica) se materializó en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

En el plano legal, el Estado es responsable de atender a más del 10% del total de la población colombiana, más de 8.400.000 personas de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) al corte de abril del 2017; sin contar a quienes no están incluidos en el RUV. En otras palabras, esta cifra corresponde a que diez de cada cien colombianos son víctimas de la cruel guerra.

El reto entonces es alto al pensar en la recuperación emocional, la reconciliación y la anhelada “paz” para Colombia. Sin embargo, esta tarea no inicia ahora, ya que se registran desde hace varias décadas diferentes iniciativas políticas, sociales y organizativas (Parra, 2014) encaminadas a afrontar los estragos de la guerra. La mayoría de estos proyectos han nacido de los propios habitantes desde las regiones.

Por tanto, de la mano de expertos académicos, organizaciones e iniciativas sociales, comunidades y demás participantes en la reconfiguración psicosocial que vive el país, propongo una reflexión de lo que significa el encuentro entre el arte y los procesos de sanación para Colombia. Me inspira la propuesta de Encuentro de saberes (Carvalho & Flórez, 2014), porque defiende que es posible que coexistan diferentes saberes que no sean excluyentes entre sí. El arte y la elaboración emocional en los escenarios de construcción de paz.

Para este objetivo, incluyo algunas experiencias del acompañamiento psicosocial, en este caso, a comunidades campesinas de Montes de María, en la región del Caribe colombiano, territorio ancestral de intelectuales y artistas de la tierra. Dicho acompañamiento se enmarca en la investigación que se sitúa en las veredas de San Francisco y Medellín, en el marco de la línea de investigación Psicología e iniciativas sociales de paz en Colombia, del Grupo Boulomai.

En síntesis, el capítulo nos acerca al arte desde su potencial para la reconfiguración psíquica y psicosocial, la transformación por su carácter emancipador y las posibilidades de entretejer vínculos y memorias.

En todo caso, será imprescindible que la perspectiva de análisis ofrezca un aporte al cuidado de la vida como lo esencial (Boff, 2002, p. 29), a partir de lo cual lo demás será superfluo si no se inscribe en la premisa de que la vida vale la pena ser vivida —evocando la idea de Winnicott— (Rolnik, 2001, p. 10).

Arte y sanación: experiencias latinoamericanas en contextos de guerra

Suely Rolnik, en su conferencia titulada “¿El arte sana?”, concluye que cuando la estética proscribe como dimensión de la subjetividad, en particular cuando se convierte en un campo disciplinar, se distancia de la vida y emergen las disciplinas psi o de la subjetividad:

Podemos ir más lejos si recordamos que en el mismo momento histórico en que la práctica estética dejó de ser una dimensión integrada en la vida colectiva para confinarse dentro de un campo especializado, surgieron en la medicina de Occidente las prácticas clínicas volcadas en la subjetividad: la psiquiatría en el siglo 18 y el psicoanálisis en la transición del 19 al 20. (Rolnik, 2001, p. 9)

Recordemos que las artes, al igual que los saberes sobre sanación, fueron incluidas en aquella institucionalización del conocimiento y de otros oficios y prácticas. Arte y psicología fueron sometidas a la división y jerarquización en aquella disciplinarización de los saberes (Foucault, 2000, p. 170) que introdujo la fundación de la institución universitaria a finales del siglo 18.

Lo anterior quiere decir que la estética es considerada como una dimensión de la subjetividad, pero la disciplinarización de saberes las separó. Así pues, la estética es una manera de acercarse a lo más profundo del ser, ya que permite el trabajo de reconfiguración psíquica incluso en condiciones adversas como la violencia sexual, la psicosis o la guerra.

Por esto, han surgido gran variedad de manifestaciones artísticas que llevan lo estético a un estado trascendental, dado que reconocen que el arte posee tal fuerza que logra aliviar, sanar y transformar los dolores que la guerra ha dejado a su paso.

En primera instancia, resaltaremos algunas experiencias latinoamericanas que, por su fuerza y contundencia, han merecido el reconocimiento de su influencia alivianadora del impacto de la guerra. Selma Ciornai y Pamela Reyes (2008) lograron mirar el arte como un medio constructor de tejido social ante heridas colectivas. Esta propuesta surgió del análisis del golpe militar de 1973 en Chile, cuyos eventos desencadenaron una gran cantidad de dolientes del cuerpo y el alma, con heridas causadas por la represión política que permanecen abiertas aún después de 30 años, además de la fractura de las estructuras sociales y la sensación de abandono de las nuevas generaciones.

Ciornai y Reyes (2008) utilizan arte-terapia como mecanismo para procesar las heridas del conflicto a través de pinturas o performance, o simplemente como estímulo de reunión entre colectividades de jóvenes que, a pesar de no haber vivido el conflicto sociopolítico directamente, también han sido afectados. La sensación de abandono e incomprensión desaparece cuando por medio del arte se plasma aquello que aqueja al corazón y que, sin saberlo, se comparte con otras personas:

El encuentro de esta diversidad de experiencias fue asombroso y esperanzador, pues nuestro mayor desafío como seres humanos es poder dialogar sobre nuestras diferencias, no existe otra manera de convivir socialmente en paz sino en diálogo social. En este proceso el arte, la música y la actuación simbólica tuvieron un papel fundamental. (Ciornai & Reyes p. 65)

Además de esta experiencia, en Lima, Perú, la psicóloga Milagros Meza Álvares (2010) propone que el arte-terapia hace parte de una nueva estrategia psicológica para lograr un camino de sanación, la cual debe ser valorada y entendida en muchas naciones latinas, ya que “el arte es una maravillosa forma de curar, y que las terapias de arte resultan un medio práctico y fascinante de conectarnos con nuestro mundo interno y con el otro” (Meza, 2010, p. 84).

También, la experiencia de Argentina se suma a la de Perú y Brasil en la implementación del arte para mitigar los dolores psicológicos. Por esto, Carlos Caruso (2008, p. 228) ante la pregunta del porqué del arte-terapia en este lado del continente, responde:

Porque estamos en un contexto histórico y cultural que niega cada vez más lo individual con la ilusión del individualismo, provocando niveles de insatisfacción cada vez más altos, donde las emociones son un estorbo del cual hay que desprenderse lo más rápido posible. Porque la cantidad, calidad y velocidad de los cambios impuestos y no deseados provocan desarraigo e incertidumbre crecientes.

En este sentido, el arte-terapia agrupa varias formas de comprender el contexto en el cual el ser humano se desenvuelve, dado que las terapias hegemónicas y tradicionales que vienen de Occidente han desechado las emociones y los sentimientos e intentan negarlos y procesarlos.

Además, el autor argentino plantea que el arte-terapia en Latinoamérica conserva diferencias respecto a la idea anglosajona. Es decir, en este territorio suramericano el arte-terapia “explora todas las formas de arte que existen: títeres, dramatizaciones, danza, literatura, poesía, cerámica, escultura, música, decoraciones, y principalmente el dibujo y la pintura” (Caruso, 2008, p. 227). Sin embargo, Colombia tampoco ha sido ajena al entendimiento del arte como método de catarsis y de sanación psicológica. A pesar de que la fuerza académica del arte-terapia no es tan poderosa aún, existen organizaciones, movimientos y personas que han logrado plasmar aquello que aqueja al psiquismo y que de paso procura aliviarlo.

Uno de los ejemplos más representativos es la exposición curada por Ana Tiscornia (2009) llamada La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria, en la cual diferentes actores del conflicto armado colombiano, como campesinos, mujeres, niños, militares, paramilitares, guerrilleros, entre otros, han plasmado a través de la pintura los hechos violentos que tanto impactaron en su vida. Tiscornia (2009, p. 24), refiriéndose al rol transformador del arte en relación con la obra mencionada, concluye:

Esta demanda —que es también reclamo de un pronunciamiento crítico— presiona al artista en un camino exploratorio de nuevas estrategias significantes que devuelvan una razón a su acción creativa y que problematicen la percepción de la realidad. Es esa realidad trágica e inmediata la que urge a muchos artistas a seguir explorando formas de interrogar su entorno, aventurándose en nuevos procesos poéticos y cognitivos, expandiendo y redefiniendo los instrumentos del arte y las operaciones estéticas.

Esto se comprende con mayor amplitud cuando somos capaces de visualizar en el campesino, indígena, afro, militar o guerrillero un potencial artista que involucre todos sus procesos psicológicos que, aunque vulnerados, anhelan ser reflejados en la realidad.

Lo propio es presentado por el profesor Renán Vega Cantor (2016) en su un análisis a la obra Souvenir, de Sair García, quien enfatiza con mayor profundidad el papel del arte en la sanación del psiquismo, teniendo en cuenta que García es sobreviviente del conflicto armado colombiano:

Los hechos dolorosos que se viven en la región y que lo afectan directamente llevan a Sair García a efectuar una catarsis a través del arte, mediante la reconstrucción de sucesos desafortunados, que recrean en forma estética lo que ha sucedido en el país. En su caso personal indaga sobre esa tragedia cruel, esa agonía sin fin, que es la desaparición forzada. (Vega, 2016 p. 117)

Souvenir hace parte de una sistematización fotográfica de personas victimizadas por la nefasta desaparición forzada, expuestas entre cubos de cristal que reflejan su vivacidad gracias al efecto en tercera dimensión integrada en el cubo y en la forma en que García hace uso de la fotografía. En definitiva, una forma estética y hermosa, con un contenido altamente desgarrador. Esto es lo que hace el arte cuando se integra con el dolor del alma.

Finalmente, no siendo la última o la única expresión artística relacionada con la sanación, es importante presentar un excelente documento visual publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) llamado Del ñame espino al calabazo. Este documento fue creado por gestores comunitarios de dos regiones al norte de Colombia azotadas por el conflicto: Las Brisas en Bolívar y Tabaco en La Guajira. El documento pretende aportar a los procesos de memoria histórica y reparación colectiva, a través de prácticas artísticas propias de la región. La iniciativa —además de generar efectos en los procesos de sanación— permite visibilizar y fortalecer las experiencias que hacen parte de la cotidianidad de dichas comunidades.

Lo expuesto permite comprender que en Latinoamérica y Colombia se han generado experiencias que, a través del arte, gestan procesos de sanación del cuerpo y del alma. Sobre todo aquellos países que en sus territorios han padecido la guerra y lo que esta conlleva. Es importante reconocer la existencia de estas y muchas más experiencias sanadoras en la medida en que permiten la reparación colectiva, tanto como el bienestar de aquellas personas que han sufrido los vejámenes del cinismo, el odio, el poder y la injusticia.

Arte que sana. Arte de la tierra

En la actualidad, reconocemos que varias iniciativas de acompañamiento psicosocial incluyen el arte como estrategia simbólica y emocional. Lo artístico contiene una gran potencia terapéutica, puesto que posibilita variados registros de lo vivido y de la experiencia emocional (Bion, 1997, p. 31), facilitando la simbolización y la creación de sentidos. También, permite modos de expresión y de lenguaje, en los que convergen diferentes niveles y lógicas de la realidad (Primer Congreso Mundial, 1994, p. 3). Aquí identifico una posibilidad para que la investigación social y —en nuestro caso— la disciplina psicológica no permanezcan en un solo nivel y en una sola lógica a la hora de acercarse e interpretar la naturaleza humana y social, pues irían a contracorriente con la actitud transdisciplinaria, que incluye además lo multirreferencial y multidimensional. Entiendo en este punto que los saberes para sanar, cuando logran vincular las posibilidades del arte, están promoviendo la transdisciplinariedad por cuanto hay apertura a las múltiples dimensiones y niveles de la realidad.

Si bien esta invitación al intercambio de conocimientos surge de los ámbitos disciplinares de la academia, no excluye que la apertura también sea hacia los saberes no académicos, como el caso del conocimiento empírico, tradicional e intuitivo de los campesinos. Ahora bien, comparto con el sociólogo argentino Daniel Mato (2002) que el concepto “intelectualidad” no se puede restringir y limitar a las personas consagradas a las universidades, reconocidos como “académicos”. Esto porque en las regiones periféricas, por ejemplo los Montes de María, o en otros contextos latinoamericanos, también hay verdaderos pensadores que, sin pertenecer al mundo académico, deben considerarse intelectuales y maestros en todo el sentido de la palabra. A mujeres y hombres, campesinas y campesinos, niñas y niños, que hablan desde la sabiduría de lo propio, de la experiencia, de sus ancestros, los denomino intelectuales de la tierra. Este concepto surgió a partir de los encuentros con personas de la región montemariana. Allí nos acercamos a experiencias sumamente valiosas, como la visita a la vereda de San Francisco (entre Sucre y Bolívar), en la conversación con el señor Félix (campesino montemariano), digna de reconocerse como una tertulia, como aquella practicada por los abuelos, por los indígenas, por los campesinos, por los amigos que comparten el gusto por la palabra, la disertación y la charla.

Prácticas pensadas como algo únicamente propio de “los intelectuales”, por lo general sabedores académicos, acaso olvidan que en el campo los campesinos son intelectuales de la tierra, o como diría Jhon Vargas, “teóricos de la tierra”. El señor Félix habla de economía, de política, y aporta análisis de contextos como si fuera un cientista social.

Entre estos intelectuales de la tierra están Víctor Manuel Aguas, Pedro Nel Contreras, Simplicio y José Matildo Flórez (médico tradicional mayor de la etnia zenú). Los cuatro ya son ancianos activos que bien podrían ser considerados politólogos, historiadores, botánicos, psicólogos, médicos o sacerdotes. Falta aclarar que son analfabetas, ágrafos, pues sus palabras contienen otro saber que no se escribe con letras.

Y cómo no recordar a la inteligente y hábil Carmen, de 8 años, hija de Carmen, la primera intelectual de la tierra montemariana que conocimos en San Francisco. Su conocimiento sobre cada una de las plantas de la amplia huerta casera que tienen su madre y su padre es asombroso. Así como su capacidad para acercarse y conversar sobre lo que sabe con tanta propiedad y maestría. Carmen (no la madre sino la hija) sabía los usos y beneficios de las plantas medicinales en la salud, las cuales presentaba de manera magistral como si hablara una abuela. El saber ancestral emerge en una sonriente niña de 8 años. La tranquila y sabia Carmen… maestra del saber, intelectual de la tierra, de los saberes botánicos, sabedora de la tierra. ¡Mis respetos!

Artistas de la tierra

A partir de esta idea de los intelectuales de la tierra, considero que también existen los artistas de la tierra en Montes de María. Entre estos creadores se incluyen aquellos que sienten una pasión por lo estético y por lo artístico, y que además cuentan con una facilidad casi natural para las artes. Este saber artístico abarca aquello que conocemos como arte plástico, arte textil (tejidos) y artes decorativas (cestería, talla en madera), entre otros. Con esto, recuerdo también a Eva, una mujer campesina de la vereda San Francisco, quien dibuja, hace arreglos florales y artesanías de manera “intuitiva” y autodidacta. Toda una artista de la tierra.

Los artistas de la tierra brotan de manera autodidacta; además, sabemos que no todos los creadores tienen la oportunidad de pasar por la academia, pero el arte y la sensibilidad artística está en ellos. En el caso de los campesinos de Montes de María, el arte no pasa por la academia tal y como la conocemos. El arte montemariano no solo está en relación con la destreza para sobrevivir en medio de difíciles condiciones económicas, políticas y ambientales; también se vincula con sus capacidades para potenciar los recursos que tienen a su alcance, para expresar su talento y vocación creativa, gracias a la dedicación que las manos campesinas y artesanas logran.

Los cultivos del agro montemariano, los jardines de coloridas flores caseras que las mujeres cuidan, sus plantas medicinales y alimentarias, contienen una estética que se relaciona a su vez con lo simbólico, presente en el territorio. De esta idea da cuenta la siguiente afirmación:

El territorio para la población de los Montes de María tiene también un sentido estético, como paisaje, que toma forma en los diferentes cultivos, símbolos y valores morales dados a la tierra. Territorio son igualmente los colores y distribución de los cultivos, usos y desusos de las tierras. (Movimiento por la Paz, 2011, p. 53)

Del territorio también brotan los artistas de la tierra y los arquitectos que logran elaborar el hermoso tejido del caney que alberga a las familias campesinas. Esta especie de bohío, construido por ellos mismos y casi siempre en colaboración de los vecinos (siguiendo la tradición del día prestao), es una pieza única. Utiliza largos y fuertes troncos de árboles y las hojas de la palma amarga, con la que diseñan los techos a partir de hermosos y armónicos tejidos en forma piramidal. Las ramas alineadas a los costados van casi hasta el suelo de tierra, lo que aísla del sol y permite que el aire circule de un lado a otro, generando un espacio fresco y configurando una singular obra de arquitectura, diseño e ingeniería.

Arte para sanar + disciplinas sociales

El arte, el placer por la belleza y la potencia de la creación están presentes en la humanidad desde que tenemos razón de su existencia; el arte primitivo presente en los hallazgos arqueológicos es muestra de ello, así como su sentido simbólico en el caso de los rituales fúnebres. La práctica artística ha sido útil para exorcizar dolores, pasiones y conflictos. En la pintura, es conocido el caso del holandés Vincent van Gogh (1853-1890), artista posimpresionista que padeció la angustia de una frágil estructuración psíquica y emocional cercana a la locura; sin embargo, la pintura y la relación afectiva con su hermano menor Theo le permitieron pausar el derrumbe psíquico. En la literatura inglesa, James Joyce (1882-1941), el creador de Ulises —considerada obra maestra de la literatura universal—, logró mantener la psicosis a raya gracias al polo a tierra que le significó la escritura.

Ahora bien, en los contextos de guerra el recurso artístico ha sido una herramienta de trabajo que el saber psicológico ha apropiado con fines terapéuticos, pues su uso también ha sido de interés para otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas que abordan la cuestión, como veremos.

La Arqueología logra dar a conocer una cultura (a partir de la producción artística de la que dan cuenta los hallazgos arqueológicos) capaz de recrear y darnos una idea de épocas milenarias. También, la Sociología lee la producción artística para saber de las lógicas de las sociedades humanas, sus formas de organizarse para el trabajo, la alimentación, la economía, la justicia y la vida. Ahora, el estudio de las letras desde la Literatura es considerada a su vez un arte, por lo que merecería un capítulo aparte.

Identifico que la riqueza del ámbito artístico se configura en una posibilidad encaminada a abrir las ciencias sociales y humanas, en el sentido que le atribuye Immanuel Wallerstein (2007, p. 65) y la Comisión Gulbenkian; para nuestro caso, es también una posibilidad hacia otras prácticas sanadoras. Aquí, el saber psicológico no podría ser la excepción, pues a la Psicología le interesan los usos terapéuticos del arte e incluso tiene un campo de especialización llamado Arte-terapia que —como ya se mencionó— incluye la articulación de la danza, la pintura, la escultura, la escritura, el teatro y la música en su proceso terapéutico, el cual se recomienda para el trabajo con niños, jóvenes y mujeres que han pasado por experiencias de violencia extrema, como la sexual o la política.

La producción cinematográfica es rica en ejemplificar las distintas formas en que las disciplinas psicológicas han hecho uso del arte para sanar. Este es el caso de la película Nise: O Coração da Loucura, del director brasileño Roberto Berline (2015), sobre una psiquiatra que sigue las teorías jungianas sobre los mandalas y las formas de dibujar el inconsciente. Ella usa el arte con personas diagnosticadas con esquizofrenia, en el Departamento de Salud Ocupacional de un psiquiátrico en Río de Janeiro, en la década de los cuarenta.

Arte sanador

En suma, el interés por el arte en relación con las bondades curativas, acompañado del espíritu de la transdisciplinariedad, me guían para proponer algunas reflexiones sobre la función de lo artístico en los procesos de reconfiguración psicosocial, específicamente en el contexto de la violencia sociopolítica y armada en Colombia. Esto en relación con la dimensión artística como potencia y transformación desde las comunidades, que favorece el ejercicio de la memoria.

Arte como potencia del continuo mundo interno-mundo externo

Las prácticas artísticas hacen de puente entre el psiquismo individual y el psiquismo colectivo. Se podría decir que ellas favorecen la emergencia de un espacio transicional de creación, que circula entre estas dos dimensiones psíquicas. El grupo interno, en la acepción del psicoanalista grupalista argentino Marcos Bernard (1995, p. 76), es entendido como la organización fantasmática de los “múltiples elementos” que constituyen la mismidad de cada sujeto, emerge con la práctica artística que, a su vez, activa aquellos arquetipos del inconsciente colectivo. Esto es posible tanto para el creador como para el observador, por lo que potencia movimientos subjetivos e intersubjetivos.

El contenido simbólico del arte es un punto de encuentro entre lo interno y lo externo, que permite ingresar a las fibras más íntimas y a la filigrana social compartida; de allí el potencial que circula entre ambas dimensiones, el cual reconfigura a partir de la experiencia del ejercicio creativo.

En otro sentido, me interesa entender la fuerza de la creación artística en sintonía con la idea del arte, considerado una “práctica estética que abraza la vida como potencia de creación en los diferentes medios en que opera” (Rolnik, 2001, p. 6). Allí, la estética es concebida como parte del mundo de la vida (D’Entreves & Benhabib, 1997, p. 52). Esta potencia creativa también integra las sensaciones y la ensoñación.

Arte transformador

“A partir del acercamiento a la iniciativa, encontramos que para los jóvenes el arte es la forma de crear, construir y reconstruir los cimientos del pasado para dejar de lado la violencia y el conflicto armado, permitiendo abrir puertas que fortalecen una sociedad más justa” Aponte y Dueñas

Los dolores de la guerra no solo encuentran la posibilidad de la catarsis como manera de desahogo emocional a través de la acción artística, sino que también vehiculizan transformaciones subjetivas y sociales, como lo vengo presentando.

Dentro del círculo de la violencia, quienes eligen materializar las fantasías de venganza (Pérez Sales, s. f.) a través del pincel o la pluma para expresar sus emociones, en lugar de las armas, promueven una transformación de alcances inimaginados. Victoria Eugenia Díaz Faciolince (2003, p. 104), en su libro Del dolor al duelo, señala que lo ritual moviliza la expresión de dolor abriendo así la elaboración —y yo añadiría, la transformación—. Ahora bien, en el ejercicio artístico, además de lo estético y lo simbólico, también se movilizan el sufrimiento psíquico y los procesos de elaboración.

En relación con la expresión emocional, el arte proporciona el recurso simbólico para tal manifestación. Un ejemplo de esta idea lo encontramos en iniciativas juveniles como la Red Elite Hip Hop de la Comuna 13 de Medellín, conformada por jóvenes que rechazan la guerra a través de la música; además, se involucra el cuerpo con el baile, el canto y la pintura (grafiti), ya que son elementos característicos del hip hop. Allí también habita la Red Toke de Salida, que nació ante la imposición arbitraria del toque de queda por parte de los actores armados, dirigido a los jóvenes: ambas propuestas se apoyan en diferentes prácticas artísticas como la música, el arte urbano y la poesía. Expresan su desacuerdo e invitan a la apropiación de los espacios públicos que han sido marcados por el enfrentamiento entre los grupos armados al margen de la ley (en adelante GAOML).

Sin duda, los jóvenes logran agruparse en torno a iniciativas políticas y sociales haciendo uso de expresiones artísticas para denunciar injusticias y malestares sociales, contribuyendo a la reconstrucción de la memoria, y proponiendo alternativas de cambio para el país con el que sueñan. Esto es posible dada la apropiación de espacios públicos y comunitarios donde se dan actos simbólicos, rituales, elaboración de murales, instalaciones, representaciones teatrales, dancísticas, musicales, expresiones plásticas, e incluso audiovisuales. La participación que convoca lo artístico potencia las transformaciones individuales y colectivas, allí donde el ámbito estético, como escenario de participación, se convierte en político (Acosta & Garcés, 2010).

En definitiva, la expresión artística acompaña las acciones de resistencia y la fortaleza de personas y comunidades que se encaminan hacia el cambio. Más aún, “el arte es, por lo tanto, una práctica de experimentación que participa de la transformación del mundo”, afirma la psicoanalista brasileña Suely Rornik (2001, p. 6), puesto que relaciona la vida y el arte, ambas en constante gestación de nuevas formas. Yo añadiría que por esta razón el arte es vida; a su vez la vida está en constante movimiento y, por lo tanto, el arte transforma.

El arte entreteje vínculos y memorias sanadoras

En relación con la “fortaleza para soñar y resistir”, Aponte y Dueñas concluyen que la práctica artística vincula a los jóvenes entre sí, al tiempo que contiene un carácter político, social y comunitario, es decir, vincular en cuanto a que:

Las creaciones artísticas y culturales en los jóvenes no son actividades de tiempo libre sin sentido, porque están dirigidas al cambio de sí mismos y de su comunidad, desencadenando un fuerte sentido de pertenencia que los posiciona como sujetos políticos y sociales […] Ahora bien, a pesar de que estos jóvenes pertenecen a colectivos diferentes, logran construir un espacio donde hay lugar para los anhelos de todos y para la consecución del mismo objetivo, que fue dar un mensaje de paz, impactando no solo en su vida individual sino en la colectiva. […] Los jóvenes buscan construir un mundo con el que sueñan, donde hay espacio para cantar, pintar y enseñar […] donde los espacios de su barrio también se convierten en una herramienta que les brinda la posibilidad de construir alternativas. (Aponte y Dueñas, 2016, pp. 90-120)

El arte propicia el vínculo; en los sujetos, liga al efectuar un tránsito entre el mundo interno y los demás, como se señaló. En su exhibición, el artista se descentra de sí mismo y comparte con otros una vivencia emocional privada, que puede llegar a ser compartida por el observador. Así, el arte entreteje memorias, en particular por el componente de reconstrucción de memoria histórica (Martín-Baró, 1990) que involucra; “si el receptor acepta al artista, entonces, le ofrece la oportunidad de rehacer el objeto […] a fin de que, ahora, con su propio soplo, el propio receptor lo cree y, así, sustituya al objeto destruido” (Rolnik, 2001, p. 7).

La oportunidad de rehacer no solo se relaciona con el ser querido perdido, sino también con recrear al recordar, volver sobre lo vivido para reconciliarse y crear nuevas representaciones para la vida. Estoy hablando de aquello que nombro como memorias sanadoras, inspirada en las memorias transformadoras que no solo rescatan los hechos dolorosos, sino que también dirigen su mirada hacia aquello que vincula con la vida. Considero necesario hacer visible la otra cara de las experiencias emocionales, que ayudan a la transformación de más de cincuenta años de permanente guerra y horror. Aquí la expresión artística y estética permite la emergencia de esas otras vivencias.

La admirable capacidad humana hace posible que la experiencia de construcción de sentidos reconfigure memorias sanadoras, como aquellas que aportan a los procesos de elaboración necesaria para crear de nuevo. Algunas de estas memorias sanadoras han estado invisibilizadas o eclipsadas por los recuerdos dolorosos; sin embargo, pueden surgir de procesos de creación y recreación. Parafraseando el poema del escritor y poeta uruguayo Luis Ramón Igarzabal, musicalizado por el cantante italiano Piero (1982), es posible que “adentro nazcan cosas nuevas”: “Hay que sacarlo todo afuera. Como la primavera. / Nadie quiere que adentro algo se muera. / Sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas” (Piero, 1982, Soy pan, soy paz, soy más).

La expresión facilita el vínculo y las memorias sanadoras gracias a los medios que el arte ofrece.

Conclusiones: ¿qué parte de lo que emerge podemos ver?

El arte es un método terapéutico de sanación tanto individual como grupal, el cual permite externalizar emociones y sentimientos que ayudan a elaborar situaciones de dolor. Moviliza y reconfigura el malestar emocional desencadenado por experiencias de horror, miedo y tristeza profundas, a partir de procesos de creación. La reapropiación de lo estético como dimensión humana cobra diversas posibilidades, lo que permite considerar al arte como herramienta que puede utilizarse en diferentes espacios y contextos.

En la clínica psicológica, el arte también es utilizado en procesos con grupos terapéuticos, donde es posible reelaborar experiencias traumáticas a través del apoyo mutuo, la comprensión y la escucha. Allí, las estrategias se apoyan en el proceso creativo que implica lo artístico, buscando la catarsis y la elaboración emocional. Sabemos que el mecanismo inconsciente de la sublimación se activa en el arte, facilitando un direccionamiento alternativo de las pasiones y pulsiones, como la venganza. Esto, gracias al trabajo intelectual y artístico, es decir, por aquellas labores relacionadas con la creatividad, la creación o el ejercicio expresivo, por lo cual el arte es considerado como un instrumento para sanar. Trae lo invisible a lo visible (Rolnik, 2001), como el proceso terapéutico y el trabajo de reconstrucción de memorias sanadoras y transformadoras. Ahora, lo que se quiso invisibilizar se pone al descubierto y circula en forma de reclamo y denuncia, para fomentar la conciencia e invocar las dimensiones política, comunitaria y terapéutica.

Referencias

Acosta, G. y Garcés, A. (2010). Ámbitos y escenarios de participación política juvenil en Medellín. Anagramas, 8(16), 15-31. Recuperado de Enlace a página

Aponte, C. y Dueñas, M. (2016). Jóvenes, grupo y arte (tesis de grado, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá).

Baz, M. y T. (2007). Dimensiones de la grupalidad. Convergencias teóricas. Anuario de Investigación UAM-X, 684-699.

Berline, R. (Director). (2015). Nise-O Coração da Loucura. Brasil: Imagem Filmes. Recuperado de Enlace a página

Bernard, M. (1995). Los grupos internos. En M. Bernard, Desarrollos sobre grupalidad. Una perspectiva psicoanalítica. Buenos Aires: Lugar Editorial..

Bion, W. (1997). Aprendiendo de la experiencia. Buenos Aires: Paidós..

Boff, L. (2002). El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra. Madrid: Editorial Trotta..

Bolaños, A. y Parra, L. (2009). Mapeo de iniciativas nacionales e internacionales en “reconciliación social” posguerra en Guatemala (1997-2008). Informe Final de investigación. Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS). Guatemala.

Caruso, C. (2008). Presentación de la Asociación Argentina de Arteterapia. Arteterapia, 3, 225-230. Recuperado de Enlace a página

Carvalho, J. J. y Flórez, J. (2014). Encuentro de Saberes: proyecto para decolonizar la universidad en América Latina y el Caribe. Nómadas, 41, 130-147.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013). ¡Basta ya! Colombia: memoria de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH.

Centro Nacional de Memoria HIstórica (CNMH). (2015). Del ñame espino al calabazo. Objetos que despiertan memorias. Bogotá: CNMH. Recuperado de Enlace a PDF

Ciornai, S. y Reyes, P. (2008). Procesando heridas colectivas, tejiendo redes entre generaciones: una experiencia de arteterapia en Chile. Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, 3, 51-66. Recuperado de Enlace a página

D’Entreves, M. y Benhabib, S. (Eds.). (1997). Habermas and the Unfinished Project or Modernity. Massachusetts: The MIT Press.

Díaz Faciolince, V. (2003). Del dolor al duelo. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Garciandía, J. y Torres, N. (2000). Vínculos 1. Aspectos generales y vínculo de amor. Bogotá: Impresión Javegraf.

Jaramillo, J. (2015). Ciencias sociales, construcción de paz y memorias transformadoras en Colombia. Provocaciones y desafíos. Ponencia presentada en el i Encuentro Internacional y vi Encuentro Institucional sobre Tendencias en Investigación en Ciencias Sociales y Trabajo Social, “Reflexiones en torno a la Paz”. Fundación Universitaria Unimonserrate, Bogotá, Colombia.

Lira, E. y Becker, D. (1990). Derechos humanos: todo es según el dolor con que se mira. Santiago: Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

Martín-Baró, I. (1990). Psicología social de la guerra: trauma y terapia. San Salvador: UCA Editores. Mato, D. (2002). Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. Buenos Aires: Clacso.

Meza, M. (2010). El arte, un camino para sanar. Avances en Psicología, 18, 77-84. Recuperado de Enlace a página

Movimiento por la Paz (2011). Colombia rural: entre el amor a la tierra y la disputa por el territorio. Boletín, 103, 6.

Parra, L. (2014). Prácticas y experiencias colectivas ante la guerra y para la construcción de paz. Iniciativas sociales de paz en Colombia. El Ágora, 14(2), 377-398.

Parra, L. (2016). Acompañamiento en clínica psicosocial. Una experiencia de investigación en tiempos de construcción de paz (Colombia). Bogotá: Ediciones Cátedra Libre.

Pérez Sales, P. (s. f.). El trabajo en salud mental en situación de violencia política o conflicto armado. Perspectiva histórica y redes internacionales. Recuperado de Enlace a PDF

Primer Congreso Mundial. (1994). Carta de la transdisciplinariedad. Convento de Arrábida, Portugal.

Remolina, G., S. J. (2014). Del “Big bang” de las ciencias a su integración en el pensamiento complejo. Conferencia Inaugural Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.

Rolnik, S. (2001). ¿El arte cura? MACBA Quaderns portàtils, (2). Recuperado de Enlace a PDF

Tiscornia, A. (2009). La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria histórica. Bogotá: Fundación Puntos de Encuentro. Recuperado de Enlace a página

Vega, R. (2016). Souvenir: La memoria de los desaparecidos. Rebelión, 115-119. Recuperado de Enlace a PDF

Wallerstein, I. (Coord.). (2007). Abrir las Ciencias Sociales. México D.F.: Siglo 21 Editores.

ANEXOS

SEGUNDA PARTE TRÁNSITOS

Estas obras representan la belleza del territorio, el silencio y la soledad de la guerra.

De la serie Magdalena

García

2017

De la serie Magdalena

García

2017

De la serie Magdalena

García

2017

De la serie Magdalena

García

2017

De la serie Magdalena

García

2017

De la serie Magdalena

(García, 2017)

TERCERA PARTE RESISTENCIAS

Extracto del video Humanos derechos

(Arias, 2014)

Humanos derechos: del conflicto armado a la paz territorial

Tania Bolaños Enríquez

Máximo Pérez

“A la paz perpetua.

Esta inscripción satírica que un hostelero holandés había puesto en la muestra de su casa, debajo de una pintura que representaba un cementerio, ¿estaba dedicada a todos los “hombres” en general, o especialmente a los gobernantes, nunca hartos de guerra, o bien quizá solo a los filósofos, entretenidos en soñar el dulce sueño de la paz? Quédese sin respuesta la pregunta”

Inmanuel Kant

Introducción

Este capítulo se fundamenta en investigaciones realizadas por la autora, relacionadas con el conflicto armado en Colombia y la intersección encontrada con la obra Humanos derechos, del artista Fernando Arias, quien de manera simbólica, a través del video, la fotografía y la escultura, se refiere a la construcción de nación y a las relaciones de poder, representando con la desnudez del cuerpo el primer paso para la reconstrucción del tejido social en el posconflicto. Este capítulo examinará los retos de la construcción de paz en Colombia y las exigencias que debe resolver la estrategia de la paz territorial para lograrlo.

Así las cosas, el primer acápite abordará las características distintivas de los conflictos armados internos, las cuales permitirán determinar su existencia pese a la negativa de los Estados para reconocerlo. Este punto es de vital importancia tratándose de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que como lex specialis solo opera en situaciones de conflicto armado y resulta relevante en el desarrollo del conflicto armado en Colombia debido a que este no siempre fue aceptado por el Gobierno.

Esta perspectiva del concepto de conflicto armado permite presentar en el segundo acápite los elementos que hacen que el caso colombiano sea considerado como conflicto armado interno a la luz del Derecho internacional, lo que permite identificar y reparar a las víctimas y diseñar estrategias distintas a la militar para su terminación. El capítulo culmina con un último acápite en el que se presenta la paz territorial como la estrategia que permitirá lograr la reunificación nacional, la materialización de los derechos humanos y la presencia de un Estado Social de Derecho en el territorio, todo lo cual contribuye a la reparación integral de las víctimas.

Es en este punto donde se evidencia la intersección con la obra Humanos derechos, pues esta es más que un simple juego de palabras y de representaciones corporales. Humanos derechos representa los derechos humanos aplicables a todos los actores del conflicto armado colombiano, quienes al deponer las armas están dispuestos a reconstruir el territorio sobre la base del respeto mutuo y la garantía por los derechos humanos.

Características distintivas de los conflictos armados: ¿guerra o conflicto armado?

El Diccionario de la lengua española (Real Academia Española [rae], 2014) define la guerra como “desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, o como lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación”. La palabra conflicto, por su parte, hace alusión a “combate, lucha, pelea, o enfrentamiento armado” (rae, 2014). Se trata por lo tanto de conceptos afines y pueden utilizarse como sinónimos; sin embargo, pese a que hacen referencia al mismo hecho (enfrentamientos o luchas armadas), la palabra guerra dejó de utilizarse al culminar la Segunda Guerra Mundial, pero mantiene su vigencia.

En el pasado, a las hostilidades militares le antecedía una declaración de guerra y por ello tradicionalmente se entendía que la palabra guerra correspondía a un concepto subjetivo, exigía la voluntad de hacer la guerra e implicaba que, con el solo hecho de negar dicha voluntad o evitar dicha declaración, pese a las confrontaciones armadas en el campo de batalla, los Estados podían evitar o por lo menos reducir el campo de aplicación del derecho de la guerra (Bothe, 2007, p. 632).

Una situación tal hoy en día es inadmisible, pues —como se presentará más adelante— la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (ley especial aplicable durante las confrontaciones armadas) se da casi automáticamente al cumplirse ciertos requisitos pese a que se niegue la existencia del conflicto. Por lo tanto, los tratados de Derecho internacional relativos a este tipo de confrontaciones, firmados a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, dejaron de utilizar la palabra guerra, sustituyéndola por la de conflicto armado (Bothe, 2007, p. 632). Incluso, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas solo hace una pequeña referencia a la palabra guerra cuando en el preámbulo se refiere al “flagelo de la guerra”, en adelante, únicamente se encuentra la expresión amenaza o uso de la fuerza (Pinto, 2003, p. 552; Abi-Saab & Asbjörn,1989; David, 1999, pp. 96-100).

Conflicto armado

Se está ante la presencia de un conflicto armado cuando “efectivamente tienen lugar confrontaciones armadas” (Roger & Ekango, p. 27). De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, existe un conflicto armado “siempre que se recurra a la fuerza armada entre Estados o cuando se presente una prolongada violencia armada entre la autoridad gubernamental y grupos armados organizados, o entre tales grupos dentro de un mismo Estado” (Boelaert-Suominens, 2000, p. 632).

Se trata de una situación de hecho que no exige la cualificación del Estado como democracia, tiranía, dictadura, monarquía, Estado Federal, República Unitaria, etc. Así las cosas, el ejercicio prolongado de confrontaciones armadas determina la existencia de un conflicto armado; el ámbito territorial en el que ellas se desenvuelvan determinará el tipo de conflicto de que se trate, interno o internacional, e implicará el deber automático de aplicar el Derecho Internacional Humanitario (Pinto, 2003, p. 297), tal como se desprende del artículo 2 común de los Convenios de Ginebra:

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

Conflictos armados internos

Se trata de confrontaciones armadas circunscritas a las fronteras de un Estado. Los conflictos armados internos se definen como “un estado de violencia en un país y entre uno o varios grupos organizados de la población de ese Estado y el gobierno establecido o entre dichos grupos armados” (Beyerlin, 1975, p. 28). Por su parte, Boelaert-Suominens (2000, p. 632), en línea con el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés) y con el Estatuto de la Corte Penal Internacional (art. 8(2)f), considera que existe un conflicto armado interno “cuando se presenta una prolongada violencia armada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre dichos grupos dentro de un mismo Estado” (p. 632).

El adjetivo de prolongada violencia excluye de los conflictos armados internos a los disturbios civiles, a las revueltas esporádicas o a actos terroristas aislados, que carecen de la organización exigida a las confrontaciones militares (Sentencia C-291/07; CICR §4341)³.

No obstante, el Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo 2, 1977), adiciona una serie de elementos para que la confrontación armada prolongada sea considerada como conflicto armado al que le son aplicables las normas de dicho protocolo. En él se consideran como conflicto armado interno las confrontaciones de carácter no internacional siempre y cuando ellas:

[…] se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo. (Protocolo 2, 1977, art. 1(1))

La organización de los GAOML y la intensidad del conflicto juegan un papel significativo a la hora de determinar su existencia y la aplicación del Protocolo 2 (Spieker, 2004, p. 64; ver también ICTY caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30.11.05). Sin embargo, estos son conceptos difíciles de determinar, por ello el desarrollo jurisprudencial en esta materia ha contribuido en su precisión. Así, por ejemplo, la determinación de la intensidad de un conflicto dependerá de múltiples factores, entre los que se destacan: 1) la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones armadas (Fiscal vs. Dusko Tadic, No. it-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2.10.95; Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30.11.05; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), sentencia del 16.11.98.); 2) la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y de un periodo de tiempo (Fiscal vs. Dusko Tadic, No. it-94-1-ar72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2.10.95; Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30.11.05); 3) el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas (Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30.11.05; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), sentencia del 16.11.98, C-291/07). De otra parte, la determinación del nivel de organización de los GAOML enfrentados dependerá de criterios como la existencia de cuarteles y zonas designadas de operación, y de la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas (Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30.11.05; C-291/07).

Con base en los requisitos para la existencia de conflictos armados internos señalados por el Protocolo Adicional 2, se diferencian dos tipos de conflictos armados internos: por un lado, aquellos que implican efectivamente confrontaciones armadas prolongadas entre las autoridades del gobierno establecido y GAOML o entre esos grupos entre sí; por otro lado, aquellos que reúnen los requisitos y las exigencias del Protocolo Adicional 2. A los primeros se les aplicará únicamente el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Derecho de La Haya a que haya lugar y el Derecho consuetudinario; y a los otros, además, las normas del Protocolo 2 aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994, que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-225 de 1995.

Elementos objetivos. Como se comentó antes, la existencia de un conflicto armado interno no depende del reconocimiento del gobierno de turno, sino de la presencia de unos elementos objetivos claramente definidos en el Derecho internacional, lo que automáticamente da lugar a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, sin que ello dependa de otro tipo de consideraciones (cicr §4453). Tales elementos son los siguientes:

Confrontaciones armadas. Se refiere a la existencia evidente de enfrentamientos colectivos, a hostilidades armadas en el territorio de un Estado, aunque el uso de la fuerza armada está limitada a objetivos militares y siempre teniendo en cuenta el respeto por la dignidad humana, es por ello que el uso de cierto tipo de armas está prohibido.

Partes que lo integran. Las confrontaciones armadas se desarrollan entre las fuerzas armadas del gobierno establecido que se enfrenta contra fuerzas armadas disidentes (cuando una parte del Ejército se subleva) o entre las fuerzas armadas del gobierno establecido que luchan contra uno o varios GAOML.

Mando responsable. Las partes enfrentadas no pueden ser individuos aislados sin coordinación, deben encontrarse bajo una dirección de responsabilidad (Beyerlin, 1975, p. 32; Hess, 1985, p. 97). Se exige una organización suficiente para concebir y realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y para imponer una disciplina en nombre de una autoridad de hecho. Es decir, los GAOML deben estar articulados de forma que su organización sea comparable con la del ejército regular sin ser necesario que sea similar, basta con que ostenten una estructura jerárquica, diferentes órganos y un sistema disciplinario (CICR §4460-63; Hess, 1985, p. 101): “Se requiere entonces que se logre predicar la existencia de ciertas personas que mandan o dictaminan la forma de proceder, y otras muchas que serán las encargadas de cumplir las disposiciones de sus superiores” (Valcárcel, 2007, p. 115).

Control de una parte del territorio. El artículo 1 del Protocolo 2 (1977), al determinar su ámbito de aplicación material, se refiere a conflictos donde los GAOML “ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. El control se traduce en el dominio de una parte del territorio; no se específica, sin embargo, a qué porción de él se hace referencia. Puede tratarse de una parte pequeña o amplia, lo que importa es que sobre esa zona ejerzan un control que les permita realizar operaciones militares y aplicar el Protocolo:

Se trata pues del espacio físico necesario para lograr planear sus operaciones y para así mismo procurar que no se trate de acciones esporádicas, sino que alcancen el grado de sostenidas. De manera que el dominio puede ser relativo, no absoluto, […] puesto que en la mayoría de los conflictos armados internos se ha presentado de manera frecuente la necesidad de movilidad de los insurrectos con el fin de no ser capturados y así dar continuidad a sus movimientos. (Valcárcel, 2007, p. 116)

Carácter sostenido y concertado de las operaciones militares. Se trata de confrontaciones armadas no esporádicas, esto es, operaciones militares concebidas y preparadas por GAOML. La existencia de un conflicto armado interno supone la conducción de hostilidades armadas prolongadas en el tiempo. No puede tratarse de hechos aislados, por el contrario, las confrontaciones deben ser de una intensidad tal que lleve al gobierno también a emplear la fuerza armada a través de su ejército. Poder realizar operaciones militares sostenidas y concertadas implica un cierto grado de organización de los GAOML, no se trata entonces de actividades realizadas por un individuo, sino que las hostilidades han de tener un carácter colectivo. Esta es una situación de facto que admite su comprobación objetiva de manera sencilla, estudiando, por ejemplo, la cantidad de combates presentados en distintas regiones del país (Hess, 1985, p. 102; Abi-Saab & Asbjörn, 1989, p. 242).

La capacidad de aplicar el Protocolo. Si es posible constatar los dos primeros elementos descritos con anterioridad (un mando responsable y el control de una parte del territorio), significa que los GAOML están en condiciones de aplicar el Derecho Internacional Humanitario, pues poseen la infraestructura mínima requerida para ello; sin embargo, no es necesario que las partes en conflicto cumplan con el Protocolo 2 para que se hable de conflicto armado, basta con que estén en capacidad de hacerlo, y naturalmente se espera que lo apliquen no solo porque ello representaría ventajas para sí mismos, sino también por los beneficios que conlleva para la sociedad.

Así las cosas, se puede apreciar una interrelación de todos los factores: solo una debida organización de los GAOML les permitirá ejercer el domino sobre el territorio, un dominio obtenido bien sea de manera voluntaria o bajo presiones y hostigamientos armados. No es necesario que el control sea permanente, pero se requiere cierta estabilidad en él, suficiente como para que estén en condiciones de aplicar el Derecho Internacional Humanitario (cicr §4464-67). No se exige su aplicación obligatoria, sino la capacidad para aplicarlo; se necesita entonces que el control ejercido en ese territorio haga posible mantener operaciones sostenidas y concertadas y que los ponga en capacidad de aplicar el Protocolo 2, es decir, cuidar a los heridos y enfermos, recluir a los prisioneros y tratarlos debidamente, etc.; tampoco es indispensable, por lo tanto, que dicho control les permita establecer un régimen político en el territorio dominado.

Clasificación del caso colombiano

En las imágenes que forman parte de la representación en video de la obra Humanos derechos, se puede observar a un soldado del Ejército Nacional de Colombia, a un paramilitar, a una mujer guerrillera y a un campesino de la región Pacífico, quienes están erguidos frente al lente de una cámara con sus armas empuñadas denotando el lugar que ocupan en el conflicto colombiano. Sin embargo, la realidad y las implicaciones de las confrontaciones armadas no siempre fueron aceptadas por el Gobierno colombiano (Restrepo, 3 de junio de 2005; Gaviria, 2005; Botero, 2008), lo que conlleva consecuencias jurídicas y políticas como: la negación de las víctimas del conflicto; la posibilidad de que se repitan las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el marco de confrontaciones armadas; y la no consecución de la verdad como elemento central de la reparación integral para las víctimas (Uprimny, 2005, p. 1). Resulta entonces fundamental reconocer el conflicto para poder superarlo y, más aún, para garantizar su no repetición.

La existencia y la continuidad del conflicto armado en Colombia han sido reconocidas en múltiples documentos y han generado una grave vulneración a los derechos humanos en el país (Comisión Internacional de Derechos Humanos [CIDH], 2013, p. 13). Según el reporte del Registro Único de Víctimas (RUV) a diciembre del 2016, se cuenta con 8.268.758 personas registradas como víctimas. De igual manera, en los informes de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia se da cuenta de las transformaciones que ha tenido el conflicto armado interno colombiano a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia en cuanto a las dinámicas y actores involucrados (CIDH, 2013, p. 17). Para el año 2013, el Gobierno colombiano había reconocido la existencia del conflicto con las guerrillas /de las el ELN, pero como se observa en las imágenes de Humanos derechos, estos no eran los únicos actores de la guerra. Las estructuras paramilitares impactaron también severamente el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos y la vida de los habitantes de Colombia (CIDH, 2013, p. 17).

A continuación, se revisarán los elementos objetivos contemplados en el Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra para determinar la existencia del conflicto armado interno colombiano, cuyo reconocimiento permitirá encontrar múltiples formas para terminarlo, una de ellas es el diálogo, la solución pacífica de las controversias, principio rector del derecho internacional (Art. 33 Carta ONU).

Confrontaciones armadas y el carácter sostenido y concertado de las operaciones militares

En el informe del Ministerio de Defensa de Colombia denominado Logros de la Política de Defensa y Seguridad Todos por un Nuevo País (2016), se registran las acciones de GAOML en el periodo comprendido entre el 2007 y octubre del 2016. Estos grupos alcanzaron su pico en el año 2012 con 167 acciones registradas para un total de 1.231 acciones militares (MinDefensa, 2016, p. 38). Todo lo cual, aunado a los 6.008 integrantes de dichos grupos muertos en combate (MinDefensa, 2016, p. 55) y a los 3.567 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio (MinDefensa, 2016, p. 65), da cuenta de la existencia de confrontaciones armadas entre el Ejército y estos grupos, o entre los GAOML entre sí, de una manera continua y sostenida.

Figura 1. Acciones de grupos armados al margen de la ley

Fuente: MinDefensa (2016, p. 38)

Figura 2. Miembros de grupos armados al margen de la ley muertos en combate

Fuente: MinDefensa (2016, p. 55)

Figura 3. Miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio

Fuente: MinDefensa (2016, p. 65)

De otra parte, la movilidad de los GAOML que estaban ubicados en zonas de frontera permeaba a los países hermanos, cuyos territorios eran utilizados como lugar de refugio para el tráfico de armas, explosivos y narcóticos (Vargas, 2006, p. 177).

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde comienzos de los años ochenta se ha planteado por diferentes analistas, y por los propios actores del conflicto armado —Gobierno y guerrilla—, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar. (Equipo Nizkor, s. f.)

Comentarios como el anterior, realizados por organizaciones de derechos humanos en Colombia, denotan la realidad de un conflicto armado en el que no habría vencedores ni vencidos.

Partes que lo integran

Las confrontaciones armadas se desarrollan entre las Fuerzas Armadas del Estado colombiano y varios GAOML (las FARC-EP, el ELN y las AUC, por citar algunos ejemplos). Pese a que es incierto el número real de miembros de los GAOML, es posible visualizar su magnitud verificando el número de personas desmovilizadas desde el 2001 hasta el 2016 en el país, que según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración asciende a 58.161 personas. En el 2017, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz acreditó 11.284 personas como integrantes de las FARC, incluyendo guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad que fueron parte de la organización.

Mando responsable

Los GAOML que operan en Colombia tienen una estructura militar o cuasimilitar con niveles de mando y diferentes órganos, que se encargan incluso de manejar las relaciones públicas, las acciones militares, la logística de alimentos y de vestido, etc., ostentando un nivel de coordinación y organización suficiente que les permite planear estrategias y golpes militares. Las FARC-EP, por ejemplo, tienen un estatuto y un reglamento de régimen disciplinario que establece que: “Las FARC-EP, necesitan de una disciplina que haga de ellas un verdadero ejército del pueblo, capaz en unión de las masas populares de producir mediante la lucha armada prolongada, cambios fundamentales en la vida colombiana” (núm. 5), lo que da cuenta de su organización y disciplina.

Control de una parte del territorio

En un conflicto armado de tan larga duración como el colombiano, se puede apreciar su distribución espacial poco homogénea que ha variado en el tiempo en todo el país, con corredores viales estratégicos claramente identificados (Vásquez, 2015, p. 5). Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), y la implementación de la política de seguridad democrática, se logró la recuperación de municipios y regiones que antes estaban en manos de la guerrilla y en especial de los paramilitares, así como el progreso en el restablecimiento de la seguridad a lo largo del territorio, lo que reactivó el turismo y la inversión.

Sin embargo, los GAOML continuaron ejerciendo su poder militar en ciertas zonas del país en donde la dinámica del conflicto armado se intensificó, como en Meta, Vichada, Guaviare y Nariño. Sobre todo en regiones que antes eran controladas por los paramilitares desmovilizados y en donde la presencia del Ejército no fue suficiente para evitar que fueran tomadas por otros GAOML.

Otra muestra del dominio territorial se observa en el número de desplazados internos que ha generado el conflicto armado, donde se pasó de 75.546 personas expulsadas antes de 1985 a 7.430.439 personas desde 1985 hasta el 2016, según datos con corte a 1 de noviembre del 2016 de la Red Nacional de Información (2016). Ello sin hacer mención del control que ejercen en la vasta región montañosa y selvática del país, donde retienen a sus rehenes, viven en campamentos y manejan el negocio de la droga.

Capacidad de aplicar el protocolo

Debido a la organización que ostentan los GAOML colombianos, están en condiciones de aplicar el Protocolo 2 y en general las normas del Derecho Internacional Humanitario: pueden abstenerse de atacar a la población o de recurrir a armas prohibidas que causan daño innecesario como las pipetas bomba, y su organización y control territorial les permite cuidar a los heridos y enfermos, así como recluir a los rehenes (civiles) y capturados (miembros de las Fuerzas Militares) y tratarlos debidamente.

Solo mediante el reconocimiento del conflicto armado interno, se puede iniciar el camino para su culminación.

Paz territorial

El conflicto armado colombiano ha sido el causante de múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que comprenden, entre otros, graves hechos como desaparición forzada, torturas, ejecuciones arbitrarias, violencia sexual contra la mujer y reclutamiento de menores; y también ha provocado una fuerte crisis humanitaria derivada del desplazamiento forzado que llevó a la Corte Constitucional, en el año 2004, a declarar el estado de cosas inconstitucional ante la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectaban a la población desplazada, cuya solución requería de la intervención de distintas entidades para atender y superar problemas de orden estructural (T-025); declaratoria que aún se mantiene vigente (Auto 373/2016).

Sin embargo, este conflicto armado avizora su final gracias a los acontecimientos acaecidos en los últimos diez años como: la desmovilización de los paramilitares, la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano ratificada por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, el inicio de diálogos de paz con el ELN y la expedición de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

El camino escogido por el Gobierno colombiano para superar el conflicto armado implica el ejercicio de lo que jurídicamente se conoce como Justicia Transicional y que conlleva transformaciones radicales de orden jurídico, político y social (Uprimny, 2006), como un reconocimiento de que el conflicto armado tiene distintas causas y generó diversas reacciones durante su existencia, razón por la cual el ordenamiento jurídico-político y la sociedad misma deben transformarse si se quiere transitar de la situación de conflicto armado a la paz.

Este proceso tiene como piedra angular a las víctimas del conflicto armado, importando más su reparación y la consecución de la verdad que el castigo al perpetrador de las violaciones; se concentra entonces en una justicia más restaurativa que retributiva, lo que contribuirá a la reconstrucción del tejido social y a la reconciliación de la sociedad.

En este contexto, la justicia debe ser entendida en sentido amplio, es decir, no solo implica el castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sino también el resarcimiento a las víctimas y la consecución de la verdad. Se debe conocer la verdad sobre lo ocurrido, lograr la reparación de las víctimas y definir la situación jurídica de los responsables en aras de alcanzar la reconciliación nacional. Y es allí donde el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se erige como un instrumento de reparación y de garantía de no repetición (5.1.4):

La no repetición del conflicto requiere también la implementación de todos los acuerdos aquí alcanzados, que a juicio del Gobierno contribuyen a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP contribuyen a solucionar las causas históricas del conflicto. En esa medida son garantía fundamental de la no repetición.

Pero para que una reconciliación nacional verdadera y durable tenga lugar, se requiere que los actores del conflicto, las víctimas y la sociedad civil en general participen activamente en su superación (Uprimny, 2006, p. 35). “Esto es así, en especial, en un contexto como el colombiano, en que la sociedad aparece más como víctima importante de los múltiples ataques de los actores armados, que como base social de apoyo de estos” (Uprimny, 2006, p. 36).

Este reconocimiento coincide con lo que transmite la valiosa obra Humanos derechos, en la que se demuestra que sin importar las diferencias, el grupo armado al que se haya pertenecido (legal o ilegal) o ser un civil listo para arar la tierra y labrar un mejor futuro, dejando de lado las armas o el azadón (sus herramientas de trabajo), al reconocer su pasado, desnudar su cuerpo y mente ante el otro, ellos, todos, partícipes en primera fila del conflicto armado, cada quien desde su lugar, víctima, Estado y victimario, al dejar sus imaginarios de guerra y sus filosofías a un lado, al quedar como “humanos derechos” (parados y desnudos) son seres humanos iguales entre sí, frágiles e indefensos. Así pues, mediante esta obra se elimina la complejidad del conflicto al develar la condición humana de sus actores, quienes a partir de ahora tienen a su cargo el reto de lograr que la paz sea estable y duradera.

La paz tiene dos nociones: la paz en sentido negativo existe cuando hay ausencia de conflicto armado y la paz en sentido positivo es más holística e incluye aspectos como el desarrollo social (Neethling, 2007, p. 92). En un país como Colombia, se asocia el significado de la paz con el silencio de los fusiles, el fin del conflicto, como se conoce; pero ese no puede ser nunca el alcance de la paz. La paz también significa un estado de tranquilidad, de armonía entre las personas (rae, 2014). La paz significa entonces el término de toda hostilidad (Kant, 1795, p. 3), pero este no es el estado natural del hombre, por lo tanto, la paz debe ser instaurada, necesita de muestras mutuas de voluntad, de garantías que aseguren tal terminación de toda hostilidad (Kant, 1975, p. 7); garantías que contribuyan a la superación de las causas que originaron los enfrentamientos (Neethling, 2007, p. 83).

La firma de un acuerdo, el desarme, el desminado, la desmovilización de los miembros de GAOML son garantías de paz en los términos de Kant. Sin embargo, la paz implica mucho más, una paz para que sea estable y duradera requiere del respeto por la justicia y los derechos humanos, de la promoción del progreso social y de elevar el nivel de vida en el ejercicio de la libertad (Carta ONU, preámbulo).

En el célebre documento titulado “Un programa de paz”, Boutros Boutros-Ghali (1992, núm. 5), entonces secretario general de las Naciones Unidas, reconoce que en atención a las multifacéticas fuentes de los conflictos armados, su terminación debe centrarse en la eliminación de dichas causas mediante la consolidación de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la promoción de un desarrollo económico y social sostenible, “a fin de alcanzar una prosperidad más generalizada, mitigar los sufrimientos y poner coto a la existencia y utilización de las armas de destrucción en masa”. Identificó tres fases para la terminación de los conflictos armados: a) la resolución, que implica la negociación de acuerdos de paz; b) el mantenimiento de la paz, que lleva consigo la implementación de dichos acuerdos; y c) la consolidación de la paz, que significa hacer permanente los acuerdos e incluye un aspecto fundamental de prevención (Rubin, 2005 p. 6).

Colombia se encuentra en la primera fase, la resolución del conflicto mediante la firma de acuerdos de paz, primero con las FARC-EP y se espera que con el ELN también. Dado que la mitad de los conflictos armados vuelven a activarse en menos de cinco años desde que se firma un acuerdo de paz (Rubin, 2005, p. 6; Neethling, 2007, p. 83), la fase del mantenimiento y la consolidación de la paz resulta primordial.

De ahí que la estrategia diseñada por el Gobierno colombiano para construir la paz sea una con características incluyentes. Se ha decidido trabajar por la paz desde los territorios, pues en las regiones es donde se ha vivido el conflicto armado de manera más intensa (Vásquez, 2015, p. 6), y son sus campos los que se han visto despoblados fruto del desplazamiento. La paz así planteada debe consolidarse en un proceso que interprete el querer de la comunidad. Sergio Jaramillo (2014, p. 5), siendo Alto Comisionado para la Paz, en un escrito titulado “La paz territorial” manifestó que:

No hay manera de implementar [los acuerdos de paz] si no se moviliza a la población. […] Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios. Se trata de hacer valer los derechos y las capacidades de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción.

Para la efectiva realización de este proceso, resulta pertinente la obra Humanos derechos, pues la construcción de paz territorial exige el reconocimiento de actores y víctimas del conflicto, pues al deponer sus armas y despojarse de sus vestiduras, de los signos de identidad propios de cada bando, son seres humanos iguales, que se interrelacionarán ahora en un mismo territorio compartido y su tarea, junto con las entidades estatales, será construir la paz. Esto implica un proceso tendiente a prevenir la violencia atacando las causas y efectos del conflicto armado a través de la reconciliación, el fortalecimiento de las instituciones y la transformación económica y política. En conclusión, se trata de diseñar y ejecutar un conjunto de iniciativas físicas, sociales y políticas que sean parte de una estrategia integral estructural de reconstrucción y rehabilitación durante el posconflicto (Maiese, 2003, p. 1; Neethling, 2007, p. 82).

La labor fundamental, sin embargo, a la hora de crear condiciones para la construcción de paz es lograr un equilibrio social en el que la aparición de nuevas disputas no supere el nivel de violencia generalizada para evitar el inicio de un nuevo conflicto armado (Haugerudbraaten, 1998, p.1). La construcción de una paz estable y duradera requiere entonces de medidas tendientes a lograr seguridad y desarrollo (Neethling, 2007, p. 83), lo cual conlleva la materialización de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, un Estado con justicia social que requerirá, en el marco de la paz territorial, de propuestas de desarrollo sostenible acorde con el contexto y las necesidades regionales.

La definición de paz territorial por parte del Comisionado [Sergio Jaramillo] articula un lenguaje de derechos humanos y fortalecimiento de las instituciones […] De esa forma, el Estado no podrá imponerse en los territorios y serán las comunidades, en espacios deliberativos, quienes fijen las necesidades de su desarrollo, solo así se podrá vencer la desconfianza hacia el Estado y el restablecimiento del orden dominante, con el consecuente fortalecimiento de las instituciones y su capacidad para garantizar los derechos de los colombianos en cualquier parte del territorio nacional. (Peña, 2016)

La idea de la paz territorial no es nueva; las comunidades durante el conflicto han construido diversas iniciativas de paz desde lo local, entre las que se encuentran, por ejemplo, zonas de reserva campesina, juntas de acción comunal rurales, comunidades de paz, refugios y campamentos humanitarios y programas de desarrollo y paz (Forjando Paz), que fueron diseñadas como forma de enfrentar el abandono estatal. Incluso, entre los principios que inspiran la idea de paz territorial se destacan: la participación ciudadana, el desarrollo entendido como desarrollo humano y no solo como incremento del ingreso per cápita, la primacía del enfoque territorial de cada contexto al momento de diseñar las políticas públicas y el reconocimiento de la deuda con el sector rural; estas inciativas han inspirado varias propuestas de política y han motivado diversos movimientos ciudadanos en la historia reciente de Colombia. El Plan Nacional de Rehabilitación (pnr), el proyecto Paz y Desarrollo, la Legión del Afecto, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) y Colombia Humanitaria, entre otros, pueden mencionarse como programas que intentaron impulsar el desarrollo territorial en zonas de conflicto con un enfoque participativo y descentralizado (Fundación Ideas para la Paz, 2016).

Entonces, si bien la paz territorial no es algo novedoso, sí lo es el compromiso estatal para convertirla en realidad al definirla como el eje central para la toma de decisiones en el posconflicto (Fundación Ideas para la Paz, 2016), y está dirigida a atacar las consecuencias inmediatas producidas por el conflicto armado y las causas que le dieron origen, por lo cual deberán ser implementadas medidas estructurales como reformas políticas, del sistema judicial, educación y capacitación, salud, vivienda y control de armas. Así mismo, medidas tendientes a la rehabilitación y la reconciliación como actos de memoria histórica y sanación del pasado, (re)construcción de confianza y compromiso con el futuro también son indispensables para lograr una paz duradera (Neethling, 2007, p. 92).

Todo esto responde al hecho de que la reparación integral debe tener una vocación transformadora de la situación de discriminación estructural y marginación que contribuyó con la victimización (Corte Internacional de Derechos Humanos, Campo Algodonero, para. 450) “bajo el entendido de que transformando dichas condiciones, se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la reconciliación del país” (Art. 5, Decreto 4800 de 2011). En este marco, resulta de importancia un exitoso proceso de desarme, desmovilización y reintegración o reincorporación (DDR), para lo cual el apoyo y la experiencia en desarme de las Naciones Unidas serán de utilidad. Pero también la integración de los excombatientes en las comunidades es crucial para la construcción de paz (Neethling, 2007, p. 89).

En Colombia, más del 12% de la población es víctima del conflicto armado y el 90% lo es por desplazamiento forzado (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2016, p. 3). Por ello, uno de los mayores desafíos del posconflicto es la generación de ingresos y el retorno o la reubicación de los desplazados, oportunidades laborales y vivienda digna son las necesidades más recurrentes en el territorio (DNP, 2016, p. 4). Una vivienda digna es aquella que cuenta con servicios públicos básicos, con materiales exteriores adecuados, sin hacinamiento, en una zona que no sea considerada de riesgo de desastre natural y con seguridad jurídica sobre su propiedad (DNP, 2016, p. 5). Por su parte, con el ánimo de superar la línea de indigencia y garantizar generación permanente de ingresos, se han creado diversos programas o líneas de formación para el trabajo, de emprendimiento, fortalecimiento y enganche laboral (Conpes 3727), todo lo cual tiende a mejorar la calidad de vida de las comunidades más afectadas por el conflicto.

La promoción de una cultura de paz, del reconocimiento de los derechos de las víctimas, del enfoque de género, de políticas de desarrollo sostenible, del fortalecimiento de la identidad y autonomía de los grupos étnicos, y de la mejora de las capacidades de los gobiernos locales son algunos de los desafíos a ser atendidos durante el posconflicto mediante la estrategia de paz territorial. Para esto, es preciso asegurar que las medidas que se tomen en la implementación de los acuerdos se basen en una valoración técnica y rigurosa de brechas en las regiones, pues la capacidad institucional de los territorios varía y puede afectar la implementación de los acuerdos (Hochschild, 2017, n. 2).

Conclusión

La categoría de las hostilidades armadas presentes en el territorio colombiano por más de medio siglo dependió en gran medida de la manipulación política y del querer del gobierno de turno, siendo reconocido en ocasiones como conflicto armado o como amenaza terrorista, lo que transciende del lenguaje al mundo jurídico y al de las apreciaciones, influenciando la manera como los actores del conflicto son vistos por los otros y por la comunidad.

Sin embargo, la determinación de una situación de confrontaciones armadas prolongadas en el territorio de un Estado no requiere que el gobierno de dicho Estado lo reconozca como conflicto armado para que este adquiera tal connotación, basta con que se constate la presencia de los elementos objetivos consagrados en el Protocolo Adicional 2 para que tal situación sea entendida como un conflicto armado a la luz del Derecho internacional y conlleve la aplicación automática de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Tales elementos objetivos fueron constatados durante las hostilidades armadas en Colombia, lo que permite catalogar la situación de violencia vivida en el país como conflicto armado interno. Este reconocimiento es crucial para iniciar el camino hacia la paz estable y duradera, que debe partir de un exitoso proceso de desarme, desmovilización y reintegración o reincorporación (DDR), garantizar la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, incluyendo medidas que garanticen la no repetición de los hechos, fortaleciendo la capacidad institucional de los territorios para la implementación de los acuerdos de paz y promoviendo un ambiente de democracia y dignidad en donde los conflictos se resuelvan por vías no violentas, reconociendo la capacidad de desnudar la mente como se puede hacer con el cuerpo, para identificar en el otro, en su adversario, un ser humano igual, con deberes y derechos y así poner en marcha la transformación requerida en el área política, jurídica y social desde los territorios.

Referencias

Abi-Saab, G. y Asbjörn, E. (1989). Non-International Armed Conflicts. En: UNESCO, International Dimensions of Humanitarian Law. París: Henry Dunant Institut.

Agencia Colombiana de Reintegración (2016). La reintegración - Cuadro 1 Histórico de personas desmovilizadas. Recuperado de Enlace a página

Beyerlin, U. (1975). Die humanitäre Aktion zur Gewährleistung des Mindeststandards in nicht-internationalen Konflikte. Berlín: Duncker und Humbolt.

Boelaert-Suominen, S. (2000). The Yugoslavia Tribunal and the Common Core of Humanitarian Law Applicable to all Armed Conflicts. Leiden Journal of International Law, 13(2), 619-653. Digital Object Identifier: Enlace a página

Botero, L. (2008). La estratagema terrorista: las razones del presidente Uribe para no aceptar la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Bogotá: Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia.

Bothe M. (Ed.). (2007). Völkerrecht. Berlín: De Gruyter.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2013). Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Recuperado de Enlace a PDF

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (1977). Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. (1977). Recuperado de Enlace a página

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (1998). Comentario del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra de 1949. Bogotá: Plaza & Janés. Recuperado de Enlace a página

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-291/07 (2007 abr 25).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia Auto-373/16 (2016 ago 23).

Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto 4800 de 2011, Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones (2011 dic 20).

Corte Internacional de Derechos Humanos. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205.

David, E. (1999). Principes de droit des conflits armés. Bruselas: Bruylant

Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2016). Ruta Especializada de la Política Pública para las Víctimas en la Construcción de Planes de Desarrollo Territorial 2016-2019. Bogotá: Equipo Interinstitucional de Asistencia Técnica Territorial.

Equipo Nizkor. (s. f.). Conflicto armado y paramilitarismo en Colombia. Recuperado de Enlace a página

Fundación Ideas para la Paz. (2016). Dilemas de la paz territorial y de la participación ciudadana. Recuperado de Enlace a página

Gaviria, J. O. (2005). Sofismas del terrorismo en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta.

Haugerudbraaten, H. (1998). Peacebuilding: Six Dimensions and Two Concepts. Journal African Security Review, 7(6). Recuperado de: Enlace a página

Henderson, J. (2006). La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez. 1889-1965. Medellín: Ediciones Universidad de Antioquia.

Hess, M. (1985). Die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts, insbesondere bei gemischten Konflikten. Zúrich: Schulthess.

Hochschild, F. (2017). El posconflicto: desafío y oportunidades para las regiones. Recuperado de: Enlace a página

Jaramillo, S. (2014). La paz territorial. Recuperado de Enlace a PDF

Kant, I. (1795). La paz perpetua. Konigsberg: F. Nicolovius.

Maiese, M. (2003). Peacebuilding, What it Means to Build a Lasting Peace. Recuperado de Enlace a página

Neethling, T. (2007). Pursuing Sustainable Peace through Post-Conflict Peacebuilding: The Case of Sierra Leone. African Security Review 16(3). Recuperado de: Enlace a PDF

Ministerio de Defensa de Colombia (2016). Logros de la Política de Defensa y Seguridad. Todos por un Nuevo País. Bogotá: Ministerio de Defensa. Recuperado de Enlace a PDF

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2017, septiembre 10). Comunicado sobre los 25 narcotraficantes denunciados por algunos medios de comunicación como “colados en listas de las FARC”. Disponible en: Enlace a página

Restrepo, L. C. (3 de junio de 2005). ¿Conflicto armado o amenaza terrorista? Semana. Recuperado de Enlace a página

Peña, F. (2016). Los derechos humanos y la paz territorial: ¿el enfoque para la construcción de la paz en Colombia? Recuperado de Enlace a página

Pinto, M. (2003). La noción de conflicto armado en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En G. P. Vallardes (comp.), Derecho Internacional Humanitario y temas de áreas vinculadas. Lecciones y ensayos. Buenos Aires: Lexis.

Real Academia Española (RAE) (2014). Diccionario de la lengua española (23. ed.). Madrid: RAE.

Red Nacional de Información (2016). Desplazamiento – personas. Registro Único de Víctimas RUV. Unidad para las Víctimas. Recuperado de Enlace a página

Roger A. y Ekango, N. (2002). Innerstaatliche bewaffnete Konflikte und Drittstaaten. Leipzig: Leipziger Uni

Rubin, B. (2005). La prevención de conflictos violentos: tareas y desafíos para Naciones Unidas. Madrid: Centro de Investigación para la Paz

Moir, L. (2004). Humanitarian Protection of the Civilian Population in Non-International Armed Conflicts. IYHR, 30, 1-226.

Uprimny, R. (2006). Introducción, ¿justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá: DeJusticia. Recuperado de Enlace a PDF

Uprimny, R. (2005). ¿Existe o no conflicto armado en Colombia? Bogotá: DeJusticia. Recuperado de Enlace a PDF

Valcárcel, J. (2007). Concepto de Conflicto Armado Interno y Seguridad Jurídica. Prolégonos-Derechos y Valores, 10(19), 107-121. Recuperado de Enlace a página

Vargas, V. (2006). El conflicto interno armado colombiano y sus efectos en la seguridad en la región Andina. Revista Ciencia Política, (2), 169-202. Recuperado de Enlace a página

Vásquez, T. (2015). Esbozo para una explicación espacial y territorial del conflicto armado colombiano. Bogotá: CINEP. Recuperado de Enlace a PDF

ANEXOS

TERCERA PARTE RESISTENCIAS

Las obras aluden a palabras, símbolos y expresiones que juegan con nuestros imaginarios e identidades.

Pas

Arias

2012

Pasaporte

Arias

Salón de apoyo

Arias

Fotografía de la instalación Postales 2. Alba

(Moreno, 2016)

El duelo emocional y la búsqueda del cuerpo reflejada en la desaparición forzada

Juan Pablo Monroy Edgar Fabián Garzón

“Todos estamos condenados al polvo y al olvido […] Sobrevivimos por unos frágiles años, todavía, después de muertos, en la memoria de otros, pero también esa memoria personal, con cada instante que pasa, está siempre más cerca de desaparecer”

Héctor Abad Faciolince

La búsqueda del cuerpo y la desaparición forzada

¿Cuánto tardamos en echar de menos a un ser que amamos?, ¿qué hacer cuando no tenemos noticias de él o ellos?, ¿cuánto tiempo debemos dejar pasar para emprender su búsqueda?, ¿qué sentimiento nos embarga el alma y el corazón?. Tal vez solo uno: pensar que esté bien, pensar en el estribillo de la canción: “No andaba muerto, / andaba de parranda”, pero ese imaginario deja de ser tan entusiasta cuando se emprende la búsqueda, tal como narra Álvarez (2014, pp. 125-126):

“[…] la ‘ruta de los desaparecidos’ horas y horas recorriendo las mismas calles, cruzando las mismas puertas y haciendo las mismas preguntas en centros de salud, clínicas, hospitales, estaciones de policía y cuarteles del ejército hasta terminar revisando los cuerpos de muertos anónimos de la morgue”.

‘Encontrar el cuerpo’. Esa es la consigna de las personas cuando emprenden la búsqueda de sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos vivos, poder abrazarlos y saber que están bien. Esta esperanza se diluye con el pasar del tiempo, cuando ese ser no da razones de vida y desaparece sin dejar rastro alguno, como si se lo hubiera tragado la tierra. Con el tiempo los pensamientos cambian, solo se desea que no esté sufriendo ninguna penuria.

Cuando empieza la odisea por la búsqueda del cuerpo, se emprenden varios frentes de lucha: uno contra el Estado, otro para hacer visible la desaparición por todos los medios posibles, otro para que el recuerdo de la persona permanezca como fuente de fortaleza, no dejar diluir esa presencia que despierta fuerza en las personas que emprenden dicha labor de búsqueda incansable; solo el tiempo se encarga de poner en el corazón y la mente una realidad que no se acepta en un principio: la realidad de un desaparecido.

Después de transitar la “ruta de los desaparecidos” una y otra vez, para las víctimas comienza el drama de aceptar la desaparición y entender que la vida se convierte simplemente en un peregrinar. La persistencia y la voz de denuncia pueden generar que su ser querido no quede en el archivo de las entidades estatales, convertido en parte de una estadística más, de esas que cosifican.

¿Qué filosofía o ley humana puede convencer a una madre para que no busque a su hijo? Ella, solo ella, sería capaz de bajar al mismísimo averno y pagar unas pocas monedas al barquero para buscar, palmo a palmo, a su ser querido. El dolor de no encontrarlo hace a los padres más fuertes. Tal vez la literatura nos narre ciertas historias sobre tal acontecimiento, quizá porque con ella muchas de estas cosas quedan a la imaginación del lector; y qué más quisiera una madre que la ausencia de ese ser querido solo fuese una mala pasada de la imaginación. Pero la realidad nos ha mostrado algo muy distinto; por ejemplo, lo que sucedió con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina o con las Madres de Soacha en Colombia, mujeres que se han convertido en un ícono de la insaciable búsqueda de esos hijos desaparecidos bien sea por agentes del Estado, organizaciones paramilitares, guerrillas o la misma delincuencia común, que encontró en este delito la forma de “ajusticiar” a sus enemigos, y de paso a las familias.

La búsqueda de ese cuerpo no debe ser entendida como corpus, sino como fumus-fumeris, convirtiéndose en un elemento clave para buscar su propio sosiego, aspecto que no solo se evidencia en el contexto de la cultura judeocristiana, sino también en culturas tan antiguas como la griega, cuyos ritos funerarios eran clave para obtener paz interior (Sófocles, 1981): los ritos sagrados acompañan abajo a los cadáveres. El rito funerario es la terminación de un linaje familiar que si no se llegara a realizar, se convertiría en una maldición, pues el dolor no distingue entre amigo o enemigo. Frente al rito funerario, De Coulanges (1994, p. 7) sostiene: “El alma que carecía de tumba no tenía morada. Vivía errante. […] Adviértase que no bastaba con que el cuerpo se depositara en la tierra. También era preciso observar los ritos tradicionales y pronunciar determinadas fórmulas”.

La desaparición forzada se empezó a practicar y a documentar a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo conoció cómo esta atrocidad fue ejecutada en un marco de legalidad en Alemania, con el decreto expedido el 7 de diciembre de 1941 (Decreto Nacht und Nebel [Noche y Niebla]):

Se trata del primer instrumento jurídico moderno identificable donde figura en forma expresa una descripción cruda de la desaparición forzada como acción de guerra dirigida literalmente a “desaparecer” al enemigo, negando su paradero. Parientes, amigos y conocidos han de permanecer ignorantes de la suerte de los detenidos: por ello, estos últimos no deben tener ninguna clase de contacto con el mundo exterior. […] En caso de muerte, la familia no debe ser informada hasta nueva orden. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2014, p. 69)

Con ese decreto, se abrió la caja de Pandora. Estas tácticas de guerra se han trasladado al mundo entero desde entonces y hasta nuestros días. La desaparición se convirtió en una forma de generar varios tipos de sentimientos, uno hacia las propias víctimas y otro dirigido a la comunidad que rodea al desaparecido (escarmiento): implantación del terror y de la incertidumbre en la familia.

Esta práctica de desaparecer a los detractores del Gobierno se empezó a implementar en América Latina “en el Cono Sur, durante las dictaduras que sufrieron Argentina, Chile y Uruguay” (Goiburú y otros vs. Paraguay, 2006, Corte IDH, párr. 61.5. En todas ellas, se intentó silenciar a los insurrectos, pero la lucha de sus familias por encontrar a los suyos hizo visible estas desapariciones forzadas y sus dispositivos de seguridad. Es así como Iglesias (2010, p. 221) señala:

Cuando en el año 2004 se entregaba en Chile el Informe de Tortura y Prisión Política, conocido como Informe Valech, el país se remecía ante la constatación de una verdad ahora indesmentible. No solo se había asesinado y hecho desaparecer personas durante los años de dictadura, sino que se había torturado masivamente y no todas las torturadas y todos los torturados habían muerto o desaparecido.

En Colombia, se sigue por el mismo camino: parece que las familias no tendrán la dicha de reconciliarse y saber qué pasó con sus desaparecidos, pues estas prácticas solo se documentaron por el Observatorio de Memoria y Conflicto a partir de la década de 1970 hasta nuestros días; los perpetradores de muchos de estos asesinatos están muertos o están desaparecidos, y esto hace que sea más complejo aún poder encontrar los cuerpos de muchos de los desaparecidos, según lo afirma el CNMH (2016, p. 74):

El Observatorio de Memoria y Conflicto ha documentado 60.630 desaparecidos forzados en el marco del conflicto armado en Colombia entre 1970 y 2015. Esto significa que en promedio 3 personas son desaparecidas forzadamente cada día en los últimos 45 años, lo que equivale a una persona desaparecida cada 8 horas.

Pero esta búsqueda, al igual que en otras latitudes, ha terminado por hacer visibles a esas familias dolientes en Colombia. Así mismo, hay periodistas que han denunciado estas prácticas aberrantes, y según el informe emitido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (2005, parr. 47), “algunos de ellos han terminado asesinados o exiliados por sus denuncias”. No obstante, gracias a su labor, en algunos casos se han podido esclarecer casos de desapariciones y sus circunstancias.

Los acontecimientos de estos últimos 45 años van más allá del realismo mágico. Las historias sobre los desaparecidos, después de ya nueve procesos de paz, han dejado una sensación de impunidad, una serie de odios instaurados en la sociedad que han naturalizado narrativas que parecieran ser guiones para series de terror sin un final visible. Basta con escuchar o leer algunas versiones de los desmovilizados acogidos al proceso de Justicia y Paz o los relatos recogidos por periodistas y programas de televisión y radio, que lo constatan. Osuna (2015) nos pone frente a relatos desgarradores sobre la desaparición forzada y las historias de cuerpos que nunca estarán en un lugar digno, ni tendrán un ritual fúnebre en el cementerio o en la historia de nuestro país, y que serán un número más:

Es una verdad incontrovertible que este lugar donde funcionaban hornos, en el corregimiento Juan Frío, era un centro de actividad paramilitar dedicado exclusivamente a sacrificar seres humanos para hacerlos desaparecer, aunque también estuvieron a la orden del día casos en que los cadáveres se mantenían al sol hasta secarse y así, una vez consumidos, eran introducidos en los hornos. (Osuna, 2015, p. 36)

En la guerra más épica, narrada por Homero (2006), los enemigos pactaban treguas para poder celebrar los ritos funerarios. Los cuerpos se entregaban al adversario; incluso Aquiles entregó el cuerpo de Héctor para recibir los honores, con el fin de evitar la ira tanto de dioses, como de mortales: “Cuidad que nosotros nos indignemos con él, por noble que sea, pues su furor ya no ultraja arcilla inerte” (Homero, 2006, p. 483).

Una muestra de lo que es capaz de hacer un padre o una madre con tal de recuperar el cuerpo de su hijo para brindarle los actos fúnebres se halla en la narración de Homero (2006, p. 497) cuando describe el diálogo entre Príamo y Aquiles:

Por él he venido ahora a las naves de los aqueos, para rescatarlo de tu poder, y te traigo inmensos rescates. Respeta a los dioses, Aquiles, y ten compasión de mí por la memoria de tu padre. Yo soy aún más digno de piedad y he osado hacer lo que ningún terrestre mortal hasta ahora: acercar a mi boca la mano del asesino de mi hijo.

Estos relatos hacen ver que hasta los más poderosos guerreros temían a los dioses y que a pesar del fragor de la guerra, existía un respeto por la memoria de sus adversarios; por más odio y rivalidad que hubiera, se hacían treguas en medio de la confrontación para la ritualidad, pero la pregunta es: ¿entre más civilizada es una cultura, mayor es su insensibilidad frente al otro?, ¿hasta dónde se ha degradado la guerra? Cada día las víctimas luchan por encontrar a sus seres queridos y tanto la sociedad como el Estado deben contribuir en la búsqueda de los cuerpos desaparecidos en medio del conflicto.

Los relatos recogidos por el CNMH (2016), en sus distintas investigaciones, llegan a una conclusión que no es del todo alentadora, dejando un sin sabor que nos lleva a reflexionar sobre las monstruosidades que se han cometido en el conflicto armado. No existe ningún pronunciamiento claro del Estado sobre los desaparecidos y, peor aún, nos deja un nuevo interrogante: ¿hasta dónde, como sociedad, tenemos responsabilidad por ser tolerantes o por naturalizar la hostilidad?, ¿quizá tanta muerte se convirtió en nuestro paisaje y la cotidianidad de la misma muerte nos permeó a todos?

La banalidad del mal, la desaparición forzada

La guerra fratricida a la que se ha visto sometida la población civil colombiana durante más de cincuenta años no tiene ningún precedente en su duración. Se han realizado nueve procesos de paz, pero solo basta con echar un vistazo a las estadísticas documentadas por el CNMH sobre la cantidad de personas desaparecidas y muertas para comprender lo complejo de dichos acuerdos; se ha recrudecido la violencia en procesos de desmovilización de actores armados:

La reorganización y el rearme paramilitar se constituyeron casi al instante en el que se dio el proceso de desmovilización. Así lo constataron diferentes comunidades de víctimas de la violencia paramilitar que vieron cómo los ‘nuevos’ grupos emergían a la par que los ‘antiguos’ iban entrando en el proceso de paz. (Aranguren, 2012, p. 23)

En este conflicto, las personas que integran las filas de los grupos armados al margen de la ley, en su mayoría, son hijos de campesinos, pues la única opción de vida que les ofrece este juego macabro de poder y guerra es la de convertirse en peones de una guerra que no tiene justificación, siendo así una ficha más del tablero de juego macabro del ajedrez de la muerte.

La intervención realizada por Salvatore Mancuso (Abad, 2017), uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 1 de agosto de 2004 en el Congreso de la República nos dio a entender que deberíamos estar agradecidos con las AUC por haber evitado que el comunismo se apoderara del país. Cada uno de los actores armados afirma luchar contra los males que aquejan a la población, pero después de una lucha de más de sesenta años seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo, con una corrupción que no tiene límites y que carcome a toda la sociedad.

Parece que caímos en el concepto desarrollado por Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. En Alan (2015, p. 20), puede leerse que “para Arendt, Eichmann no era un monstruo, sino un hombre como tantos, un burócrata cuyas acciones representaban la ideología de muchísimos de sus conciudadanos”.

Es plausible hacer una comparación entre la lucha alemana de quienes se sirvieron de colaboradores burócratas como Eichmann y la participación de los burócratas en el recrudecimiento de la guerra que se libra en Colombia —con las AUC en contubernio con agentes del Estado como el Ejército, la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (das) y la Fiscalía—.

Se nombró a altos mandos militares y civiles como servidores públicos de alto nivel en el Estado, es el caso del general Rito Alejo del Rio (condenado por su colaboración con las AUC), Ana María Flórez Silva (entonces directora seccional de Fiscalías en Norte de Santander, condenada por la Corte Suprema de Justicia como autora y penalmente responsable del concurso de delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial privilegiada), Jorge Enrique Díaz Sánchez (director seccional del das en Norte de Santander, colaborador de las AUC en Norte de Santander), el coronel Hugo Aguilar Naranjo (condenado por sus vínculos con los paramilitares), entre una lista interminable de servidores públicos que han sido vinculados con paramilitares. Esto demuestra el estrecho enlace de los “burócratas” con organizaciones criminales, que se aliaron para ayudarles en su “lucha contrainsurgente” y dejaron una estela de desplazados, desaparecidos, torturados y personas muertas.

Adicional a ello, hay congresistas, gobernadores y alcaldes que están condenados por nexos con el paramilitarismo, como lo fue el pacto de San José de Ralito, o por ser determinadores de masacres, dándoles contratos para manejar el sistema de salud en Alcaldías y Gobernaciones.

¿Cómo estos burócratas se inmiscuyeron y permitieron tanta barbarie? Pues al comparar sus acciones con las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, es evidente que no distan mucho unas con otras con respecto a prácticas para desaparecer personas. Osuna (2015, p. 45) nos relata parte de los testimonios de los postulados de Justicia y Paz:

Sin embargo, antes de la adecuación de la ladrillera de Juan Frío como horno, las desapariciones mediante fuego en el área metropolitana de Cúcuta se cumplían sin un orden establecido, en total impunidad. Los paramilitares prendían neumáticos en cualquier lugar y posteriormente procedían a incineran los cuerpos.

De acuerdo con las declaraciones de Iván Laverde, alias ‘el Iguano’, comandante del Bloque Catatumbo: “[…] los paramilitares calcinaron los cuerpos para evitar el hallazgo de fosas comunes por parte de las autoridades” (Verdad Abierta, 2008). Con la orden, se pretendió ocultar las estadísticas de homicidios y masacres cuando las autoridades empezaron a encontrar fosas con desaparecidos. Esto sin contar la cantidad de cuerpos que fueron arrojados a los ríos de Colombia, las fosas comunes que hasta ahora no se han hallado y las masacres cometidas. La historia aún no termina: los testimonios de los pocos (tres mil combatientes) que están rindiendo versión libre ante las autoridades en el proceso de Justicia y Paz dan cuenta de que a las AUC pertenecían más de 40.000 hombres que participaron en estos actos de barbarie y muerte.

En los juicios realizados a estos burócratas y paramilitares, se evoca lo escrito por Arendt (2016, p. 41):

Ninguna relación tuve con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di órdenes de matar un judío o a una persona no judía lo niego rotundamente. Más tarde matizaría esta declaración diciendo: “Sencillamente, no tuve que hacerlo.

Si bien la humanidad ha desarrollado mecanismos jurídicos y tribunales internacionales para evitar que se repitan los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacional Humanitario y la Corte Penal Internacional, por ejemplo, se quedan en lo jurídico, sin ir más allá de las normas jurídicas, como lo manifiesta Agamben (2009, pp. 16-17):

[…] es la tácita confusión de categorías éticas y categorías jurídicas […]. Casi todas las categorías de que nos servimos en materia moral o religión están contaminadas de una u otra forma por el derecho: culpa, responsabilidad, inocencia, juicio, absolución […] La realidad es que, como los juristas saben perfectamente, el derecho no tiende en última instancia al establecimiento de la justicia. Tampoco al de la verdad. Tiende exclusivamente a la celebración del juicio, con independencia de la verdad o de la justicia.

Es así como estos campos de concentración se han multiplicado en el mundo, con el objetivo de desaparecer detractores, como lo sucedido en Chile, Argentina y Uruguay, entre otros países, aunque no en la misma magnitud, ni con la misma proporción, pero sí se han utilizado como mecanismo de guerra, con el mismo motivo de acabar el comunismo.

El duelo emocional

A pesar de todas estas circunstancias adversas, las familias siguen buscando los cuerpos para poder celebrar su rito funerario, elevar sus plegarias, guardar su luto y descansar de la eterna incertidumbre:

[…] ritos y creencias, constatamos individual y colectivamente que los cadáveres no son desechos mortales sin valor social, cultural y/o subjetivo; todo lo contrario, conservan para los dolientes el valor del objeto amado, al cual ligan vínculos amorosos y libidinales.

En los casos de desaparición forzada asimilamos la posibilidad del examen de la realidad, en primer lugar, a la existencia del cadáver y la constatación de la muerte que pueden hacer tanto doliente como sus allegados. El cadáver permite poner fin a la delimitación del horror de la muerte circunscribiéndola a algo físico, el cuerpo del difunto y, por ende, la consiguiente realización de los ritos funerarios, que facilitan el curso de los procesos de duelo […].

Además, el cadáver puede permitir que los deudos accedan a algo de la verdad, en términos de circunstancias de la muerte, paradero del muerto, posibles ejecutores, etc., que delimitan en algo lo inabarcable de la muerte y la ausencia de su representación en sí; este examen de realidad es la posibilidad de inscripción en lo simbólico de un dolor que puede parecer insoportable”. (Zorio, 2011, pp. 256-261)

Surge entonces la reflexión sobre qué debemos hacer con las víctimas del conflicto, quienes se enfrentan a la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos que nunca aparecerán. Como lo relata Javier Osuna en las versiones para el caso de la Ley de Justicia y Paz, los cuerpos fueron arrojados a los ríos, dados a los animales salvajes para que fueran devorados y otros fueron incinerados —y luego se arrojaba agua sobre las cenizas para que desapareciera cualquier rastro para siempre—.

El duelo, bien sea individual o colectivo, y la manera de llevarlo en cada caso será diferente, pues lo individual está condicionado con esa fuerza interior que permite, a pesar de las adversidades, seguir con la vida; se trata de la resiliencia que surge irrevocablemente. Como lo explica Mario Mendoza (2015, pp. 213-214) en su novela Buda Blues:

[…] originariamente, se refería a la física, a la cantidad de energía que un material es capaz de soportar antes de comenzar a deformarse […]. En 1970 Michel Runtter lo aplicó a la mente humana al estudiar la capacidad que tienen algunas personas de recobrarse después de haber sido sometidas a altas presiones. Y finalmente el etólogo Boris Cyrulnik se dedicó a estudiar los sobrevivientes de los campos de concentración, los niños de orfelinatos rumanos y los gamines bolivianos, y llegó a una conclusión de que la resiliencia era un comportamiento clave en sociedades que tienen que pasar por experiencias negativas y traumáticas.

Acerca de cómo sobrellevar el duelo, esa relación que nace a partir de la muerte y como entenderla, Allouch (2011) explica que:

[…] llamamos muerte seca para subrayar cómo el devenir salvaje de la muerte se acompaña de una transformación de la relación con la muerte: en adelante, cada una de sus intervenciones constituye, para el deudo, una pérdida a secas. Debido al desconocimiento de la muerte que se ha vuelto casi sistemático, cada cual no es habitado tanto por ‘la cuestión de la muerte’ […] sino de manera mucho más concreta y más ignorada por sus muertos.

En este orden de ideas, para sobreponerse al duelo se necesita alguna forma de apoyo social, sin caer en la estigmatización, ni pretender que todas las personas o los colectivos que sufren una tragedia superen el duelo de la misma forma.

Estándares internacionales de protección ante la desaparición forzada

Después de los sucesos ocurridos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las naciones han tratado de ir desarrollando instrumentos jurídico-políticos que garanticen la protección de los derechos humanos; por ejemplo, en las herramientas jurídico-procesales y en tribunales internacionales, capaces de juzgar crímenes atroces de lesa humanidad, se ha establecido una serie de medidas para la protección y prevención de la desaparición forzada. Entre estos encontramos que:

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1978, en su resolución 33/173, expresó su preocupación por los informes procedentes de diversas partes del mundo relativos a la desaparición forzada o involuntaria de personas. La Asamblea pidió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que examinara la cuestión y formulara las recomendaciones apropiadas. En su resolución 20 (36), del 29 de febrero de 1980, la Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes para examinar cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas. Desde entonces, el mandato del Grupo de Trabajo se ha ido renovando periódicamente. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p. 13)

Con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992, los Estados parte se ven obligados a modificar o a adecuar su legislación para brindar su protección, que tipifica este delito como de lesa humanidad, según el Derecho Internacional Humanitario. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha definido la desaparición forzada y se ocupa de los siguientes casos:

[…] considera las desapariciones forzadas únicamente cuando: quienes las cometen son agentes gubernamentales, particulares o grupos organizados, que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su aquiescencia. Define un acto de desaparición forzada que la sustracción de la víctima a la protección de la ley, así admite casos de desaparición forzada sin exigir que la fuente de la información demuestre o presuma la intención de quien la comete de sustraer a la víctima a la protección de la ley. Además, considera que un acto de desaparición forzada puede iniciarse con una detención ilegal o con un arresto o detención inicialmente legal. Por último, una detención seguida de una ejecución extrajudicial constituye una desaparición forzada en sentido propio, siempre que esa detención o privación de libertad la hayan realizado agentes gubernamentales, o grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno, con posterioridad a la detención, o incluso después de haberse llevado a cabo la ejecución, se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que el acto se haya cometido en absoluto. No se admite, por tanto, casos que se atribuyen a personas o grupos que no están comprendidos en esas categorías, como los movimientos terroristas o insurgentes que combaten al Gobierno en su propio territorio. Esa distinción se basa en el principio de que los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar los actos de naturaleza similar a las desapariciones forzadas cometidos por elementos que no sean agentes del Estado. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, pp. 13-14)

Las medidas de protección para combatir el flagelo de la desaparición forzada las podemos encontrar en los mecanismos más generales y en las obligaciones de los Estados dentro del gran sistema de las Naciones Unidas: la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992; el artículo 32 del Protocolo 1 para las Convenciones de Ginebra, que establece “el derecho de las familias a conocer la suerte de sus familiares”; y el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas del 2006. La existencia del derecho a la verdad como un derecho autónomo fue reconocida por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.

El desarrollo jurídico de la desaparición forzada en Colombia

En Colombia, siguiendo los lineamientos de la lucha “anticomunista”, se expidió el Decreto 3398 de 1965 que se hizo permanente con la Ley 48 de 1968. Fue mediante estos mecanismos jurídicos como el Estado involucró a la sociedad en su lucha “contrainsurgente”, organizó la defensa nacional, la defensa civil, y con ello pudo dotar de entrenamiento y armamento a los habitantes de las regiones en conflicto en contra del comunismo, lo que generó el nacimiento de los grupos paramilitares, que han tenido nombres como “masetos, autodefensas, paramilitares, mochacabezas, paracos, etc.”.

El artículo 33 de la Ley 48 de 1968, que tuvo vigencia hasta 1989, les dio vida jurídica a las Autodefensas Campesinas —que luego se denominarían paramilitares— y fue suspendido por el Decreto 815 de 1989, como se muestra en el documento de las Naciones Unidas E/cn.4/1998/16 del 9 de marzo de 1998, párrafo 87: “Sin embargo, no se previó su desmantelamiento efectivo, ni se hizo un deslinde claro con el Estado” durante este proceso de desmantelamiento.

Durante todo este tiempo, y con la aplicación de los artículos 28 y 121 de la Constitución de 1886, el país se mantuvo en una situación excepcional, es decir, vivió en un estado de sitio permanente desde la entrada en vigor del Decreto 1288 de 1965 y sus continuas prórrogas hasta 1989.

El estatuto de seguridad (Decreto 1923 de 1978) les otorgó un poder desmedido a los integrantes de la Fuerza Pública, acompañados de una total impunidad. Esto permitió la proliferación de grupos paramilitares en contubernio con algunos miembros de la Fuerza Pública, con un ingrediente adicional: el nacimiento y la expansión del narcotráfico, que derivó en un estallido de violencia sin precedentes en el país:

Entre 1970 a 1981. En este periodo de la desaparición forzada marca el paso de la marginalidad de la práctica a su regularidad. Se registraron en el periodo 485 víctimas dentro de una tendencia que se torna marginal entre 1970 y 1977, pero se vuelve regular entre 1978 y 1981. De 114 casos en el primer lapso se pasa a 371 en el segundo, con el agravante de que este último tiene la mitad del tiempo del primero. (CNMH, 2016, p. 92)

Todo lo anterior trasladó la competencia de juzgar delitos ordinarios a la justicia penal militar para la investigación y el juzgamiento de los delitos comunes o políticos cometidos por civiles. Estos delitos fueron juzgados por Consejos Verbales de Guerra, el traslado de competencia para el juzgamiento de delitos comunes estaba autorizado por la Constitución de 1886 en el artículo 170.

En 1991, Colombia tuvo un cambio constitucional. Sin embargo, la expedición del Decreto 535 de 1993, y luego del Decreto 356 de 1994, dio lugar a la creación de los grupos civiles armados de autodefensa denominados Convivir. Después, con la desmovilización de los grupos paramilitares, se pudo establecer que habían conformado otros grupos de igual magnitud que recrudecieron la guerra, y desde entonces son los responsables de las desapariciones forzadas y masacres perpetradas en contra de la sociedad civil. Este es el caso de las bandas emergentes o “bacrim” que surgieron después de la desmovilización de las AUC, como lo afirma el documento titulado “7 Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011”, elaborado por Indepaz (2017, p. 1): “El panorama posdesmovilización fue la presencia de cerca de 40 estructuras paramilitares en el país, que se vieron en la disputa por la retoma de los poderes locales y regionales […]”.

A pesar de las múltiples denuncias de desaparición forzada de personas, “la violencia que define la trama del periodo en cuanto a sus dimensiones son las detenciones y las torturas, dada su masividad (82.000 detenciones)” (CNMH, 2016, p. 93). Solo después de que los diversos actores del conflicto, y sobre todo los narcotraficantes, incursionaran en la práctica del secuestro, se promulgó el Estatuto Antisecuestro —Ley 40 de 1993—, que en su artículo 11 consagra la obligación de investigar un posible delito de secuestro o desaparición, pero sin incluir la desaparición forzada, es decir, las denuncias se tomaban como secuestro. En otros, al no existir una tipificación de este delito, se quedaban las denuncias en los anaqueles de los despachos judiciales, en absoluta impunidad.

En los instrumentos jurídicos internacionales, se tenía como delito la desaparición forzada. En Colombia, después de varios intentos fallidos, solo hasta la promulgación de la Ley 589 de 2000 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD). Según datos del CNMH (2014, p. 100), se presentaron seis proyectos de ley para poder tipificar este delito y así cumplir con las obligaciones de carácter internacional:

El proceso de tipificación del delito de desaparición forzada en Colombia no se dio sin dificultades. Aunque desde 1994 existía el tipo penal supranacional de desaparición forzada, Colombia solo cumplió con sus obligaciones de tipificación adquiridas como signataria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a partir de la Ley 589 de 2000.

Pero la promulgación de esta ley no disuadió a todos los miembros de la Fuerza Pública de seguir en contubernio, y las autodefensas continuaron cometiendo sistemáticamente delitos atroces contra la humanidad con desapariciones y masacres perpetuadas durante muchos años después de promulgada la Ley 707 de 2001, bajo la penumbra de la impunidad. Sin embargo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha pronunciado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias que demuestran cómo mediante esa alianza miembros del Estado y grupos paramilitares cometieron delitos de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres.

Conclusiones

Con la expedición del Decreto 3398 de 1965, que se hizo permanente bajo la Ley 48 de 1968, el Estado y los grupos armados se sirvieron de ello como medio para el establecimiento de un aparato ideológico-militar sobre la población civil, en el que se cosificó a quienes tenían tendencias políticas de oposición o pensamientos de izquierda, convirtiéndolos en algo que debía ser exterminado, confiando en que su aniquilación no era delito, pues en el imaginario colectivo era legítimo apoyar este tipo de acciones de exterminio.

La permisividad de la ley y de los actores políticos frente a la renuencia de tipificar el delito de desaparición forzada trajo consigo consecuencias nefastas en la confrontación armada interna de Colombia, dando como resultado miles de desparecidos, masacres perpetradas por miembros paramilitares con la complacencia de algunos sectores de las fuerzas regulares del Estado, y en algunos casos con la omisión de ellos, creando a la vez servidores públicos o burócratas partidarios de esas acciones de barbarie y dolor contra la población civil.

Esta particularidad del conflicto interno en Colombia ha permitido que la desaparición forzada sea una de las tácticas de guerra más empleadas por grupos de paramilitares o por la delincuencia común, aliados con miembros de las instituciones del Estado. La lucha por brindar ritos funerarios a sus familiares desaparecidos es una constante de las víctimas sobrevivientes, que solo buscan paz para sus seres queridos y tener un lugar donde puedan descansar sus deudos.

En los diálogos del proyecto de Intersecciones, con el artista Eduard Moreno coincidimos en la existencia de varios tipos de comportamientos de las víctimas. Algunas veces se convierten en seres visibles que enfrentan su tragedia y la comparten, con el objetivo de que se conozca su versión, dolor y sufrimiento. En otros casos, las víctimas se vuelven seres “molestos” para una sociedad que marcha a su propia velocidad, pensando que el tiempo es corto para quedarse estancada en catástrofes personales. En otros casos, son seres que desaparecen de toda visibilidad o contacto con la sociedad y prefieren guardar silencio y no relatar sus historias, se vuelven seres incomprensibles para la sociedad que tiene otras preocupaciones.

En la obra que plasma Eduard Moreno, se reflejan dos tipos de sentimientos al proyectar los testimonios de las victimas sobre ‘polillas’. El primero refleja o proyecta lo que con el tiempo se vuelven las víctimas para una sociedad: seres que son “molestos” y que deben quedar en el olvido; tanta visibilidad a la luz, como en la metáfora de la polilla que se expone tanto a la luz del foco que termina muriendo, algunas víctimas parecen estar condenadas a ello, pues quedan expuestas a seguir sufriendo más tragedias o, en otros casos, incluso al olvido. En esta misma línea, pero sin exponerse a la luz, prefieren ocultarse de cualquier recuerdo o situación que pueda hacerles visibles a la sociedad.

En el segundo evento, las víctimas, a pesar de la tragedia vivida, realizan actos heroicos para mantener viva su historia de vida. Superan su tragedia y siguen su trasegar por la existencia, con el dolor enclavado en sus corazones, pero con fe en la vida.

Referencias

Abad Faciolince, H. (2006). El olvido que seremos. Bogotá: Planeta.

Abad Faciolince, H. (2004, enero 8). Paras en el Congreso. Semana. Recuperado de Enlace a página

Agamben, G. (2009). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Valencia: Pre-Textos.

Alan, N. (2015). La justicia en la mesa de sacrificios de la historia: la culpa de la guerra en Arent y Jaspers. (G. Rojas Páez, trad.). Bogotá: Universidad Libre.

Allouch, J. (2011). Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Buenos Aires: El Cuenco de Plata.

Álvarez, S. (2014). 35 muertos. Bogotá: Punto de Lectura.

Aranguren, J. P. (2012). La gestión del testimonio y la administración de las víctimas. Bogotá: Siglo del Hombre.

Arendt, H. (2016). Eichmann en Jerusalén. Barcelona: Debolsillo.

Asamblea Nacional Constituyente (1886). Constitución Política de Colombia (5.a ed.). Bogotá: Editorial Temis.

Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Editorial Temis.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2014). Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2016). Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Colombia, Congreso de la República. Ley 48 de 1968, Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones (1968 dic 16).

Colombia, Congreso de la República. Ley 40 de 1993, Por la cual se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones (1993 ene 19).

Colombia, Congreso de la República. Ley 589 de 2000, Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras diposicones (2000 jul 6).

Colombia, Congreso de la República. Ley 707 de 2001, Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, hecha en Belém do Pará, el nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994). (2001 nov 28).

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Goiburú y otros vs. Paraguay, Serie C No. 153. Sentencia del 22 de septiembre de 2006.

Colombia, Presidencia de la República. Decreto 3398 de 1965, Por el cual se organiza la defensa nacional (1965 dic 24).

Colombia, Presidencia de la República. Decreto 1288 de 1965, Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional (1965 may 21).

Colombia, Presidencia de la República. Decreto 1923 de 1978, Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados (1978 sept 6).

Colombia, Presidencia de la República. Decreto 815 de 1989, Por el cual se suspenden algunas normas incompatibles con e estado de stio (1989 abr 19).

Colombia, Presidencia de la República. Decreto 356 de 1994, Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (1994 feb 11).

De Coulanges, F. (1994). La ciudad antigua. Buenos Aires: Porrúa.

Homero. (2006). La íliada. Madrid: Gredos.

Iglesias, M. (2010). Dictaduras personales. Dictaduras colectivas: mujeres militantes y movimientos sociales. Chile 1973-1989. En Recordar para pensar - Memoria para la democracia (pp. 7-263). Santiago de Chile: Ediciones Böll Cono Sur.

Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) (2017). 7 Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011. Recuperado de Enlace a PDF

Mendoza, M. (2015). Buda Blues. Bogotá: Planeta.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2009). Desapariciones forzadas o involuntarias (Folleto informativo No. 6/Rev.3). Recuperado de Enlace a PDF

Osuna, J. (2015). Me hablarás del fuego. Los hornos de la infamia. Bogotá: Ediciones B.

Sófocles. (1981). Tragedias. Antígona. Madrid: Gredos.

Verdad Abierta (2008, diciembre 29). Perfil. ‘El Iguano’, Jorge Iván Laverde Zapata. Recuperado de Enlace a página

Zorio, S. (2011). El dolor por un muerto-vivo. Una lectura freudiana del duelo en los casos de desaparición forzada. Desde el Jardin de Freud. Revista de Psicoanálisis, (11).

ANEXOS

TERCERA PARTE RESISTENCIAS

En estas imágenes se hace una representación de la ceguera colectiva ante la violencia, la indefensión, el olvido y la desesperación.

De la serie Cosecharás

Echeverri

2004

De la serie Cosecharás

Echeverri

2004

De la serie Cosecharás

Echeverri

2004

Ruana

(Orjuela, 2017)

CUARTA PARTE DESAFÍOS

Escudo Águilas Negras (Arias, 2011)

Oposición política en Colombia: cimiento para la paz

Gabriel Becerra Yáñez

Introducción

En la diversidad de causas y explicaciones sobre las dificultades de la democracia colombiana, que incluyen la baja participación ciudadana, la debilidad de sus instituciones electorales, la desorganización de los partidos, la cuestionada financiación de la política y el papel de los medios de comunicación, entre otros temas polémicos⁴, el presente texto se dedica al análisis de la oposición política, sus características, antecedentes y derechos previstos en el Estatuto de la Oposición aprobado en cumplimiento del acuerdo de paz.

El ejercicio de la oposición es una pieza fundamental para la construcción de democracia y un Cimiento para la paz. Junto a la Resistencia, la Cooperación y la Solidaridad, aporta a un conjunto de premisas políticas, conceptos y valores éticos que en diálogo con el artista Mario Opazo, y su rica experiencia creativa, permitió trascender los aspectos teóricos y explorar significados, potencialidades y limitaciones relacionadas con el tema. Para el artista, Oposición y resistencia emergen como dos columnas que alimentan y dan sentido al contenido simbólico de la obra, como una construcción que se eleva y se sostiene en busca de la esperanza, aun en medio de la violencia material, evocando dignidad.

Es una acumulación de elementos, unos sobre otros, dejando ver en el suelo los soportes de piedra que contienen las palabras, capaz de dar firmeza y fortaleza al acto mismo de la construcción. Las piedras, en este caso, son la garantía de un suelo firme y sano para construir, y son a su vez la palabra que soporta. Sobre la mesa, el televisor con hojilla de oro ubica la imagen de la tumba en una dimensión sagrada, que puede ser la de la memoria o los archivos que nos recuerdan la realidad pero que ya no son parte de ella. La imagen de la tumba emitida en un televisor dorado aspira a una interpretación sacra; una tumba en un bosque es una alusión a los procesos de transmutación de la materia: desde la muerte nacerá la vida.

En términos generales, la obra constituye un escenario o altar que produce unas lecturas amplias de los conceptos antes mencionados y que se presenta como lugar de “peregrinación” y contemplación.

En este marco, garantizar los derechos a la oposición representa fortalecer los cimientos de una paz que está por construir y que se propone que sea estable y duradera. Así, se consigna en la introducción del Acuerdo Final con las FARC-EP, específicamente en el segundo punto titulado: “Participación política: apertura democrática para construir la paz” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz [OACP], 2016), como también en el título “Democracia para la paz” del documento Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se llevó a cabo una revisión documental con énfasis en literatura que permita hacer algunas precisiones conceptuales, así como una revisión de documentos con las posturas oficiales de sectores políticos sobre el tema, incluyendo balances sobre los proyectos de ley que al respecto se han presentado durante el transcurso de los últimos 25 años. Adicionalmente, se contó con la sistematización del proceso de discusión realizado en la mesa de partidos y movimientos políticos, en funcionamiento desde junio del 2016, convocada por el Ministerio del Interior con la asistencia técnica del Centro Carter, en el marco de los diálogos de paz de La Habana.

El contenido de este capítulo se desarrolla en tres partes. Primero, se ubica el significado de la oposición política como característica esencial de un sistema democrático. En segundo lugar, se describen algunos momentos en la historia nacional que muestran la ausencia de garantías políticas. Por último, se destacan y analizan los contenidos principales de la ley del Estatuto de la Oposición, así como algunas conclusiones y desafíos que quedan planteados sobre el tema.

Oposición política: cimento para la apertura democrática y acuerdo de paz

Desde una perspectiva liberal en la que se ubica teóricamente el ordenamiento constitucional colombiano, el respeto a los derechos de la oposición no puede ser algo accesorio. En palabras de Guglielmo Ferrero, citado por Sartori (2003, p. 45) en su texto ¿Qué es la democracia?: “En las democracias la oposición es un órgano de la soberanía popular tan vital como el gobierno. Cancelar la oposición significa cancelar la soberanía”. Por tanto, debe ser interpretada en el marco de la defensa de los valores del pluralismo político, el respeto a las minorías y el derecho a la alternancia en el gobierno.

En este enfoque, se ubican los aportes de autores como Robert Dalh (Estados Unidos), Gianfranco Pasquino, Giampaolo Zucçhini, Giovanni Sartori y Norberto Bobbio (Italia), Jaime Cárdenas Gracia (México), Ricardo Haro (Argentina), Alejo Vargas, Eduardo Pizarro y David Armando Rodríguez (Colombia). Entre ellos, Giampaolo Zucçhini define oposición como:

La unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos individualizados y perseguidos por el grupo o por los grupos que detentan el poder económico o político o que institucionalmente se reconocen como autoridades políticas, económicas y sociales respecto de los cuales los grupos de oposición hacen resistencia sirviéndose de métodos y medios constitucionales legalistas o ilegales y violentos. (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 1988, p. 1080).

En el mismo sentido, Bobbio sintetiza su definición de oposición como las “organizaciones que persiguen fines contrapuestos a los que defienden quienes detentan el poder del Estado o que institucionalmente se reconocen como autoridades políticas” (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 1988). Este marco explicativo lo complementan dos aspectos adicionales a tener en cuenta: en primer lugar, los diversos tipos de oposiciones existentes; y en segundo lugar, las diferencias entre oposición y minoría.

En la clasificación de la oposición, hay que tener en cuenta tres criterios: la distinción según el escenario político donde se ejerza (puede ser parlamentaria o extraparlamentaria, que a su vez puede ser respetuosa del orden legal vigente o puede ser ilegal); la distinción según el respeto a las reglas de juego (puede ser oposición leal o desleal); y la distinción dependiendo de la ideología (puede ser oposición en el sistema o antisistémica).

Tabla 1. Tipos de oposición

Según escenario político | Oposición parlamentaria | Oposición extraparlamentaria legal / ilegal
Según el respeto por las reglas de juego | Oposición leal | Oposición desleal
Según la ideología | Oposición en el sistema | Oposición antisistema

Fuente: Pizarro (2007)

En el caso de las negociaciones entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, una vez firmado e implementado el acuerdo de paz, la guerrilla transitará progresivamente de una oposición armada ilegal, radicalmente antisistémica y extraparlamentaria, hacia una oposición abierta, legal, social y parlamentaria, con una vocación antisistémica, pero dentro de las reglas del régimen dominante.

En cuanto a la diferencia entre oposición y minoría, David Armando Rodríguez (2014, p. 51), retomando a varios autores, aclara lo siguiente:

La minoría política es una sumatoria numérica de individuos en la sociedad o representantes en los Congresos; mientras la oposición política es un partido político o sumatoria de individuos, si hablamos de la oposición social no estrictamente parlamentaria, que están fuera del gobierno y se declaran contrarios a las políticas a implementar. Así, algunas veces coincide que la oposición es minoritaria, numéricamente, frente al gobierno, pero pueden ocurrir eventos en los que esto no sea así. […] En últimas, el concepto de “minoría política” se resuelve con base en un criterio numérico, mientras el concepto de oposición se resuelve con un criterio “funcional”, como aquel grupo parlamentario que de manera declarada, pública y reconocida decide cumplir el rol de oponerse, criticar y cuestionar al gobierno.

Por consiguiente, no toda minoría —cuantitativamente hablando— puede ser considerada de oposición en cuanto a su función de contradicción con las políticas del gobernante de turno.

Teniendo en cuenta estas precisiones conceptuales, asumimos que un objetivo implícito del acuerdo de paz es lograr institucionalizar la oposición política en Colombia, lo que significa, en palabras de Robert Dahl, “reconocer de manera legal su existencia y bajo esta premisa conceder espacios de acción e interlocución institucional tanto con la sociedad civil como con quienes se ubican en el oficialismo” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [pnud], 2001). Una oposición institucionalizada contaría, por los menos, con las garantías para ejercer las siguientes funciones que le permitan mantener vigencia y aspirar a la alternancia política:

Formular políticamente las demandas sociales, económicas, políticas y culturales que no hayan sido tenidas en cuenta por el gobierno.

Fiscalizar, corregir y denunciar las acciones improcedentes de la administración o por la mayoría.

Presentar alternativas políticas materializadas en programas y candidaturas.

Exhortar al electorado a la comprobación de cuál ha de ser la alternativa legítima y posible, buscando que aquella se determine o aprecie como la opción políticamente deseable.

Pedagogización del debate político público, mediante la incentivación de la participación ciudadana, con miras a elevar la cultura política. (Martínez, 2001, p. 3)

Paz positiva, Acuerdo Final y oposición política

En una perspectiva de paz positiva, un acuerdo para la superación de la guerra es exitoso solo si trasciende la visión estrecha del desarme y el fin de la violencia directa, y favorece un proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales que ayuden a superar sus causas estructurales. En este enfoque y a propósito de los procesos y acuerdos de paz, Vicenç Fisas (2011), afirma:

[…] no es más que el punto de partida de unas etapas decisivas en las que se verá si realmente el cese de la violencia es capaz de generar una nueva situación de paz positiva, entendida esta como prosperidad, armonía, desarrollo humano, crecimiento personal y justicia social, entre otros aspectos. En este sentido, hay “procesos” que han logrado materializarse y otros que se han quedado con las intenciones y se han malogrado en el camino, precisamente, porque no han sido capaces de implementar lo acordado, por lo que han generado una enorme frustración ya que no han cumplido con las expectativas creadas.

Según los modelos de negociación teorizados y evaluados por Fisas, en el contexto colombiano se podría aplicar una negociación de tipo “intercambio”, en la cual la paz se comenzaría a construir a cambio de conseguir las condiciones para una normalidad democrática. Ejemplos de esta variante, respetando los contextos, son el caso sudafricano y el salvadoreño, en los que a cambio de la dejación de la lucha armada se pactaron algunas reformas con las organizaciones rebeldes (Fisas, 2011).

En esta perspectiva, el Acuerdo general para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en noviembre del 2016, lejos de ser un documento radical se centra en proponer una agenda de reformas aplazadas en cuatro temas prioritarios: 1) la modernización del campo; 2) la atención al problema de los cultivos ilícitos; 3) los derechos de las víctimas; y 4) reformas para permitir una mayor participación política de la sociedad. Estos temas han estado sin resolver desde hace décadas en la sociedad colombiana, a pesar de que son de beneficio común y no exclusivamente para la organización guerrillera, cuyos intereses directos fueron acordados en el tercer punto del acuerdo de paz, que trata lo relacionado con el desarme y la reincorporación en tránsito de movimiento rebelde clandestino e ilegal a movimiento político abierto y legal.

Esta agenda puede asimilarse mucho más a un punto de partida, o “programa mínimo”, para superar el conflicto armado interno que a un pacto de redistribución y transformación de las relaciones estructurales del poder en Colombia. Entre los cuatro grandes temas destacados, el segundo punto sobre “Participación política: apertura democrática para construir la paz” es esencial. Su implementación debería permitir que los conflictos se resuelvan por canales institucionales y con las garantías suficientes para evitar el retorno a la violencia política. Es una nueva apuesta por terminar, en cierta medida, una historia que llevó a la exclusión de muchos sectores del sistema político, incluyendo la eliminación física de los contradictores, entre ellos muchos amnistiados de procesos de paz anteriores.

Es en este contexto que el estudio de la oposición política y de las medidas previstas en el acuerdo de paz para su protección adquiere una importancia no solo académica, sino también ciudadana, por cuanto refiere a un propósito que busca recuperar y fortalecer la vida democrática de la sociedad. A continuación, se evidencia el trasegar y las vicisitudes de la oposición política en la historia nacional como contexto y justificación del punto del acuerdo que expresa —en el numeral 2.1.1.1 sobre el estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política— lo siguiente:

El ejercicio de la oposición política es pieza fundamental para la construcción de una democracia amplia, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, aún más luego de la firma de un Acuerdo Final que abrirá espacios para que surjan nuevos partidos y movimientos políticos que requerirán garantías plenas para el ejercicio de la política. (OACP, 2016, p. 37)

La oposición política en Colombia

La historia política del país se ha caracterizado por las limitadas garantías y derechos para quienes asumen y ejercen la oposición. Algunos hechos y situaciones presentadas desde la segunda mitad del siglo 20 constatan esta afirmación:

El 14 de septiembre de 1954 mediante el Acto Legislativo número 6 de la Asamblea Nacional Constituyente, manipulada por la dictadura de Rojas Pinilla, se declaró por fuera de la ley al comunismo. Gilberto Vieira en una carta abierta a dicha Asamblea advertía: “La ilegalización es un problema que no atañe únicamente a los comunistas sino también a todos los demócratas y patriotas colombianos, porque con esa medida se crea un arma de persecución ideológica y se establece el delito de opinión”. (Romero, 2016)

Superada la dictadura, mediante un nuevo acuerdo de élites la exclusión se mantuvo. El Acto Legislativo 01 de 1959 estableció el principio de alternación gubernamental entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Frente Nacional limitó a la oposición democrática a través de la prohibición de candidaturas autónomas por fuera del bipartidismo, la declaración de nulidad de votos a quienes se salieran del acuerdo bipartidista y las facultades extraordinarias en el marco del estado de sitio.

Ante tanta arbitrariedad, fue necesario reconocer mínimas garantías a la oposición en la reforma política de 1968. Entre ellas, permitir la existencia de nuevos partidos y el acceso a las mesas directivas de las corporaciones públicas de elección popular. De ese periodo se destaca la oposición de fracciones liberales como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y el surgimiento de la Alianza Nacional Popular (Anapo).

Finalizado el Frente Nacional, los gobiernos de López, Betancur y Turbay mantuvieron la distribución burocrática bipartidista, pero especialmente durante el gobierno de Turbay Ayala se agudizó el recorte de garantías y la persecución política con el Decreto 1923 de 1978, que otorgó facultades a la justicia militar para juzgar civiles.

En la década de los ochenta, como reacción a este momento de restricciones a las libertades ciudadanas, crecieron movimientos de oposición entre los que se destacaron la Unión Patriótica (UP) y A Luchar y Firmes, pero se intensificó a la vez la violencia política, en particular contra la UP. Ya durante este periodo se presentaron proyectos de estatuto de oposición, pero fueron archivados con el argumento de que el ordenamiento vigente preveía garantías suficientes al respecto. Aun así, se aprobaron el Estatuto Básico de Partidos (Ley 58 de 1985), el Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) y el Acto Legislativo 01 de 1986, que permitió la elección popular de alcaldes.

En el gobierno de Virgilio Barco, se propuso el esquema gobierno-oposición y se presentaron varias iniciativas, entre ellas un proyecto de estatuto en 1988 que fue retirado en el séptimo debate. Durante las últimas décadas del siglo 20, el debate estuvo marcado por el espíritu democratizador y reformista de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, que incorporó el reconocimiento de los derechos de la oposición en el artículo 112 de la nueva Constitución Política, complementando otras medidas importantes como el voto programático, la revocatoria del mandato, la doble vuelta presidencial, la circunscripción nacional de Senado, las circunscripciones especiales, la moción de censura, la financiación mixta de las campañas y la participación de las minorías en el Consejo Nacional Electoral.

Estos avances significativos han permitido, a pesar de ciertas resistencias, ir consolidando progresivamente un marco jurídico y político favorable a los derechos de la oposición y las minorías, que ahora es reforzado por la ley del Estatuto de la Oposición, en cumplimiento del acuerdo de paz y veintiséis años después de ser un mandato constitucional.

En la tabla 2, se identifican los artículos constitucionales, las leyes, los actos legislativos y la jurisprudencia que a la fecha desarrollan el derecho a la oposición como un derecho vital para el fortalecimiento de la democracia liberal, y en el contexto colombiano, para la superación de la violencia política y la construcción de la paz estable y duradera.

Tabla 2. Marco jurídico de la oposición en Colombia

Artículos constitucionales
Leyes y actos legislativos
Jurisprudencia

Artículo 1: Definición de Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista.

Artículo 2: Se consagra dentro de los fines del Estado garantizar la participación de todos en las decisiones de la vida económica, política y cultural del Estado.

Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Artículo 40: Derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político.

Artículo 112: Relativo a los partidos y a la participación de movimientos políticos.

Artículo 265: Relativo al Consejo Nacional Electoral.

Acto Legislativo 01 de 2003: Ley de Garantías Electorales.

Acto Legislativo 02 de 2015. “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”.

Ley 58 de 1985: Estatuto Básico de Partidos.

Ley 5 de 1992: Reglamento del Congreso

Ley 130 de 1994: Ley de Partidos

Ley 996 de 2005: Reglamenta elección presidencial

Decreto 2241 de 1986: Código Electoral.

Sentencia T-439 de 1992: “Agrupaciones políticas que finalmente han optado por la vía democrática, abandonando los medios violentos de lucha, tienen un derecho al apoyo institucional necesario para el ejercicio pleno de sus derechos de participación política”.

Sentencia C-089 de 1994:

La oposición política es una consecuencia directa del valor del pluralismo y del derecho al disenso. Los partidos y movimientos están llamados a canalizar el descontento con el objeto de censurar cuando así lo estimen conducente las decisiones del gobierno. Desde luego, la complejidad de las demandas sociales y el carácter no forzoso de la función mediatizadora de los partidos y movimientos, hacen de la oposición un derecho que no se circunscribe a ellos sino que se extiende a toda la sociedad civil. El derecho a la oposición también es manifestación del derecho a la libertad de expresión. La Constitución colombiana consagra la libertad de expresión en su artículo 20. Otras fuentes del derecho a la oposición se encuentran en las libertades de reunión y asociación. El régimen de la oposición ha sido previsto en el artículo 112 de la Constitución Política. Adicionalmente, esta sentencia hace referencia al derecho de acceso a la información y documentación oficiales, lo que permite emprender las funciones de crítica y fiscalización del gobierno, indispensables para el ejercicio democrático del control del poder. […] La sentencia también reitera el mandato constitucional en el sentido de garantizar el denominado derecho de antena en radio y televisión y de espacio en prensa, referido a los medios de comunicación del Estado, para el ejercicio de los derechos de crítica y disentimiento, de modo que la crítica y fiscalización antes mencionadas puedan dirigirse a la opinión pública y generar así un “efecto real en el control del poder político”. Finalmente, la sentencia hace alusión al derecho de réplica, que tiene como objetivo impedir que las fuerzas mayoritarias monopolicen y deriven ventajas políticas indebidas de su fácil acceso a los medios de comunicación oficiales. De modo que las comunicaciones que hace el gobierno a través de los medios de comunicación pública, deben permitir el correlativo derecho de la oposición a la defensa de su punto de vista. Se trata del derecho de réplica, “que viene a ser una especie de derecho de defensa en el campo propio de la política. De esta manera se obliga a sostener una especie de diálogo político, leal e igualitario, entre las distintas formaciones políticas y el gobierno, ausente en lo posible de confusiones y falsedades que impidan la formación de una opinión pública debidamente informada”.

Sentencia C-122 de 2011:

No se puede inferir que el derecho de participación en las mesas directivas del Congreso se dé únicamente para los partidos y movimientos políticos de oposición”, pues el concepto de “minoría política” tiene una cobertura diferente de la expresión “minoría oposición” y de allí concluye que las únicas minorías que pueden participar en las mesas directivas de las Comisiones del Congreso, no son solamente las minorías de oposición, pues estas pueden ser “de oposición, neutrales y minorías de coalición”.

Fuente: elaborado por el autor con base en la consulta de diversas fuentes

El Estatuto de la Oposición

Un logro tangible del acuerdo de paz ha sido la concertación con todos los partidos políticos —a excepción del Centro democrático— de la Ley del Estatuto de la Oposición, que entrará a regir a partir del 20 de julio de 2018. Entre 1991 y el 2017, se presentaron más de diez proyectos de ley desde diversos partidos, como se evidencia en la tabla 3, pero no fue posible lograr la voluntad política suficiente en el Congreso de la República para su aprobación; se necesitó una circunstancia excepcional como lo es la firma de un nuevo acuerdo de paz para remover las resistencias históricas y hacerlo realidad.

Tabla 3. Proyectos de Estatuto de la Oposición

Número y año de presentación del proyecto | Autor | Partido político
Proyecto de Ley 44/1992 | Manuel Cepeda y bancada de la UP | Unión Patriótica
Proyecto de Ley 094/1995 | Yolima Espinosa | Partido Liberal
Proyecto de Ley 103 de 1995 | Janeth Suárez |
Proyecto de Ley 118 de 1995 | Horacio Serpa. Ministerio del Interior | Gobierno
Proyecto de Ley 105 de 1995 | Janeth Suárez |
Proyecto de Ley 002 de 1996 | Yolima Espinosa |
Proyecto de Ley 037 de 1996 | Jimmy Chamorro | Cívico Cristiano
Proyecto de Ley 060 de 1997 | Jimmy Chamorro | Cívico Cristiano
Proyecto de Ley 012 de 1997 | Yolima Espinosa | Partido Liberal
Proyecto de Ley 014 de 1998 | Viviane Morales | Movimiento Independiente
Proyecto de Ley 114 de 2008 | Elsa Gladys Cifuentes | Cambio Radical
Proyecto de Ley ( ) 2011 | German Vargas Lleras. Ministerio del Interior | Gobierno

Fuente: elaboración del autor con base en la consulta de diversas fuentes

El Estatuto aprobado⁵ recogió una buena parte de las propuestas que durante años se acumularon en los doce proyectos reseñados⁶. Teniendo en cuenta las relatorías de la mesa de partidos y movimientos políticos⁷, y el texto final del Estatuto, se resaltan y analizan a continuación cuatro temas que reflejan en lo fundamental la importancia de su contenido para el fortalecimiento de la democracia, en el contexto de la implementación del segundo punto del Acuerdo Final.

Ordenar la relación gobierno-oposición

Como lo afirma Fernando Londoño (2016, p. 157): “Es muy extraño encontrar democracias en el mundo donde de modo sistemático quienes pierdan las elecciones resulten formando parte del gobierno, pero esa ha sido la naturaleza del régimen político colombiano derivado del modelo consociacional establecido en el Frente Nacional”. Buscando atender esta realidad, el Estatuto señala en su Artículo 6 que:

[…] cada partido o movimiento deberá de ahora en adelante dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno (nacional, departamental, distrital o municipal), declararse en oposición, independiente o como organización de gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral.

Así mismo, las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán en cuenta como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, y las organizaciones políticas podrán modificar solo una vez su declaración durante el periodo de gobierno ante la Autoridad Electoral.

Estas medidas en su intencionalidad retoman esfuerzos anteriores, como la propuesta gobierno-oposición durante la presidencia de Virgilio Barco a finales de la década de los ochenta y el espíritu del llamado “gabinete en la sombra” que se ejerce en Reino Unido —denominado Leal Oposición de Su Majestad—, compuesto por un grupo de parlamentarios que asumen como portavoces de la oposición.

Su inclusión, en general, es valorada positivamente por todos los partidos, aunque en la práctica política cotidiana se justifique con diversos argumentos la presencia de líderes de oposición en cargos ministeriales, embajadas o representaciones en el exterior. En los últimos años, se destacan los casos de Horacio Serpa, que aceptó la embajada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2002 durante el gobierno de su contrincante político a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez; y de Clara López, expresidenta del Polo Democratico Alternativo (PDA) y excandidata a la Presidencia, como Ministra de Trabajo de su contradictor Juan Manuel Santos.

Deslindar el campo de la oposición del colaboracionismo con los gobiernos de turno buscaría, además de combatir prácticas clientelistas y de cooptación que impiden fortalecer los partidos, afianzar una de las funciones esenciales de la oposición, la de ser alternativa de gobierno.

Beneficiarios del estatuto: opositores e independientes institucionalizados

A diferencia de los proyectos anteriores que se referían únicamente a las garantías de quienes se declaran en oposición, el Estatuto aprobado incorporó “algunos derechos a las organizaciones políticas independientes” con base en la Sentencia C-122/11 de la Corte Constitucional, en la que se determina que las minorías políticas pueden ser de gobierno, neutrales o de oposición.

Se entienden por independientes las organizaciones políticas que cuentan con representación en las corporaciones públicas de elección popular, que no hacen parte del gobierno, ni de la oposición, y que se declaran como tal. Los tres derechos reconocidos son: participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular; postular candidatos a las mesas directivas de los cuerpos colegiados, en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición o de postulaciones realizadas por estas últimas; y la selección de al menos un principal y un suplente de los miembros de la Cámara de Representantes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Podría entenderse que lo reducido y limitado de estos derechos busca evitar estímulos adicionales a los relacionados exclusivamente con el respeto a esta opción política diferenciada de la oposición y del gobierno. Una organización representativa que lidera la defensa de esta opción ha sido el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (mira), que argumentó ante la mesa de partidos y en el debate parlamentario que se consideraran otros derechos adicionales a las minorías y a los grupos independientes en lo relacionado con la financiación estatal de campañas, difusión de sus posiciones e información, acceso a medios de comunicación públicos y privados, derecho a réplica y de ejercicio del control político e incluso una propuesta de circunscripción de minorías políticas y una representación propia en el Consejo Nacional Electoral (Villabón, 2016). Propuestas que fueron aprobadas en una buena parte pero exclusivamente a las organizaciones de oposición. Del total de doce derechos reconocidos a las organizaciones que se declaren en oposición, solo tres de ellos se reconocerán a quienes opten por asumir la independencia.

Ahora bien, es claro que a pesar de que una parte creciente de la oposición política la vienen asumiendo organizaciones o movimientos sociales diversos como sindicatos, campesinos, estudiantes y ambientalistas, entre otros⁸, el Estatuto reconoce exclusivamente como beneficiarios a las organizaciones, sean estas partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que cuenten con personería jurídica o con representación en las corporaciones públicas de elección popular. El argumento del Gobierno nacional para que no se incluyeran en este Estatuto las garantías a los movimientos sociales es que son materia de otra ley que debe aprobarse como mandato del segundo punto del Acuerdo Final de paz, referido al fortalecimiento de la participación ciudadana⁹.

Para el caso de los partidos y movimientos sociales de los pueblos indígenas y afrodescendientes no hay nada específico, solo un parágrafo en el que se afirma que se van a promover garantías y mecanismos de acciones afirmativas en el marco de los derechos reconocidos a la oposición.

Sobre los derechos y garantías para la oposición

El núcleo principal del Estatuto lo constituye el siguiente listado de derechos y garantías para la oposición política:

Financiación adicional para el ejercicio de la oposición.

Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético.

Acceso a la información y a la documentación oficial.

Derecho de réplica.

Participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de selección popular.

Participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas.

Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos.

Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular.

Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto.

Adicional a este decálogo, se precisan los derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales y los derechos de los candidatos que sigan en votos a quienes la Autoridad Electoral declare elegidos presidente y vicepresidente de la República, gobernadores y alcaldes, que respectivamente podrán ocupar una curul en el Senado, la Cámara de Representante, las Asambleas y los Concejos Distritales y Municipales.

Del conjunto de derechos reconocidos, principalmente se destacan los siguientes aspectos:

En su mayoría son derechos previstos en los proyectos anteriores, aunque todos no de manera específica ni con el mismo significado, como en el caso del derecho a la información incluido junto al de la documentación oficial en el texto aprobado, pero no contenido en otros proyectos como el 103 de 1995 y el 115 de 1995.

Entre los derechos propuestos en otros proyectos que no fueron incorporados en la ley aprobada vale la pena resaltar el derecho a la consulta previa y el derecho de colaboración y consulta legislativa que desarrollaban los Proyectos 44 de 1992, 94 de 1995 y 02 de 1996.

A excepción del Proyecto de Ley 114 de 2008 que proponía un régimen de financiación especial que contribuya a la sostenibilidad de la oposición, el Estatuto aprobado incorpora de manera precisa el equivalente al 5% del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional a partir del 20 de julio de 2018.

Tal vez donde más se notan diferencias en relación con los proyectos anteriores, que en su mayoría los incluye, es en lo relacionado con el derecho a la participación de la oposición en organismos estatales. Punto de diferencia también en la mesa de partidos y movimientos políticos, en donde los partidos mayoritarios se opusieron a que la oposición contara con representación en las siguientes instituciones: Junta Directiva del Banco de la República, Consejo Nacional Electoral, Junta Directiva del Icetex, Banco Agrario y en la Autoridad Nacional de Televisión. También quedaron registrados como desacuerdos el derecho a la consulta previa en temas de importancia como: justicia, defensa y seguridad nacional; y en la determinación de la convocatoria a referendos y plebiscitos. Tampoco se aceptó la propuesta del Garante de la Defensoría del Pueblo para las movilizaciones convocadas o apoyadas por los partidos y movimientos políticos.

Mientras los partidos de oposición y minoritarios defienden la idea de que la participación en estos organismos fortalecería las políticas de Estado al comprometer a todos los sectores políticos; los partidos mayoritarios argumentan que no es un buen camino porque haría corresponsable a la oposición de las decisiones del gobierno de turno, y su labor principal debe ser la de ejercer control eficaz sobre la gestión pública (Londoño, 2016, p. 173).

Un estatuto con dientes. Mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos de la oposición

Un consenso de la mesa de partidos políticos fue la necesidad de que, más allá de la simple redacción de un catálogo de derechos, el nuevo Estatuto incorporara mecanismos específicos a través de los cuales se hicieran efectivos. Con este propósito, los lineamientos llevados al Congreso de la República sugerían: 1) la creación de un trámite expedito de las reclamaciones de los derechos de la oposición ante la Autoridad Electoral; 2) la inhabilidad para que el Gobierno designe en cargos de representación política a miembros relevantes de las organizaciones de oposición; 3) la instauración de agentes de vigilancia de los derechos de la oposición, en especial en la Procuraduría General de la Nación; 4) las garantías de seguridad para la oposición; y 5) el debate sobre el Plan de Desarrollo y el presupuesto.

Surtido el debate en el Congreso, el Estatuto aprobado logró incorporar tres mecanismos. Primero, la Acción de Protección de los Derechos de Oposición ante la Autoridad Electoral, con características precisas en cuanto a procedimiento y multas que podrían ir entre diez y mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. La segunda medida es la Protección de la Declaratoria de Oposición, impidiendo que puedan ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno dentro de los doce meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección o candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

La tercera medida es la Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición, que deberá reglamentarse y que en marzo de cada año presentará un informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre el grado de observancia de los derechos contemplados en este Estatuto. En cuanto a las garantías de seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición, estas deberán tomarse en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política previsto en el acuerdo de paz.

A modo de conclusión

Transcurridas más de cinco décadas de confrontación armada interna, el “Acuerdo para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en representación del Estado colombiano, y las FARC-EP, constituye una nueva oportunidad histórica para la concreción de reformas aplazadas en varios campos de la vida económica, política y social.

Desde este punto de vista, la implementación efectiva del segundo tema del acuerdo de La Habana, denominado “Participación política: apertura democrática para la paz”, es trascendental. La construcción de una paz estable y duradera pasa necesariamente por el respeto de la diferencia y el reconocimiento de los derechos a la oposición, sobre todo de quienes ahora dejarán sus armas para incorporarse a la competencia política legal. En el campo político, urge un nuevo impulso reformista y democratizador en temas trascendentales como el sistema electoral, el sistema de partidos, el fortalecimiento de la participación ciudadana, y las garantías para el ejercicio de la oposición social y política.

Es por ello que el respeto y el ejercicio pleno de los derechos a la oposición política trasciende el campo exclusivamente normativo relacionado con la aprobación de la Ley Estatutaria, y exige necesariamente cambios en otros componentes institucionales que conforman el sistema político (Novoa, 2015; Guarín, 2006; Londoño, 2016). El Estatuto de la Oposición debe entenderse como un primer paso de estas reformas pendientes y como el cumplimiento de una deuda histórica con la apertura democrática y la superación de la violencia política en Colombia.

Referencias

Cambio Radical (2016). Propuesta del Partido Cambio Radical a la reforma política. Bogotá: Cambio Radical.

Céspedes, N. M. (2016). Hacia el fortalecimiento de los pilares de la democracia colombiana: sistema de partidos y las garantías de la oposición en el posconflicto. Bogotá: Fescol.

Dahl, R. (1966). Oposiciones políticas en las democracias occidentales. New Haven: Yale University Press.

Fisas, V. (2011). Negociación en procesos de paz. En Observatorio de Construcción de Paz, Estado y ciudadanía para la paz (pp. 35-54). Bogotá: Universidad Tadeo Lozano.

Gonzalo Sánchez, R. P. (2009). Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: La Carreta Editores.

Guarín, R. (2006). Colombia: oposición, competencia electoral y reformas para la paz. Desafíos, (14), 69-114.

Londoño, J. F. (2016). Oposición política en Colombia. Bogotá: Nuevas Ediciones S.A.S.

Estrada Álvarez, J., Fajardo Montaña, D., Giraldo Moreno, J., Molano Bravo, A., Moncayo Cruz, V. M., Vega Cantor, R., et al. (2015). Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Bogotá: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos.

Novoa, A. (2015). El punto dos de la agenda de La Habana. Democracia, votos y armas. Bogotá: Consejo Nacional Electoral.

Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino, G. (1988). Diccionario de política. Mexico D.F.: Siglo 21 Editores.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). (2006). Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de Enlace a página

Opazo, M. (s. f.). Cimientos de paz. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.

Pardo Martínez, O. (2001). Poder y oposición: la dinámica política. Reflexión Política, 3(6), 1-13.

Pizarro Leóngomez, E. (2007). Pasado, presente y futuro de la oposición política en Colombia. En D. Hoyos Gómez (ed.), Entre la persistencia y el cambio. Reconformación del escenario partidista y electoral en Colombia (pp. 118-140). Bogotá: Universidad del Rosario.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). (2001). Oposición política en Colombia: debate inconcluso. Bogotá: pnud.

Rodríguez, D. A. (2014). Ejercicio institucionalizado de la oposición política en el presidencialismo colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Romero, R. (2016). Victimización y anticomunismo Cuando Rojas Pinilla ilegalizó al Partido Comunista. Prensa Bolivariana.. Recuperado de Enlace a página

Unión Patriótica (2016). Ponencia sobre el Estatuto de la Oposición. Bogotá.

Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia? Mexico D.F.: Tauros.

Villabón, C. E. (2016). Ponencia Mira a la Mesa de Partidos sobre el Estatuto de la Oposición. Bogotá: Partido Mira.

ANEXOS

PRIMERA PARTE DESAFÍOS

En estas obras se recogen situaciones en las que se se hacen evidentes tensiones que se pueden en el campo de lo político.

Se los tragó la tierra

Echeverri

2005

Foto # - Nombre de foto

Fuente

Año

Secuestro (contracara)

Orjuela

2014

Cimientos de Paz

(Opazo, 2016)

Nociones de desarrollo, principio de solidaridad y dimensiones jurídicas de la economía solidaria en el marco del proceso de paz en Colombia

Édgar Roa

Introducción

La noción de desarrollo determina las prácticas de una sociedad que luego se ven reflejadas en sus políticas y normas; de ahí la importancia de estudiar el desarrollo alternativo, que se promueve desde la economía solidaria. Así mismo, el tridimensionalismo jurídico brinda un espectro diferente en la construcción de las normas, desde las prácticas específicas de una sociedad, como las evidenciadas en el sector solidario en Colombia.

En consecuencia, el presente estudio hace un acercamiento a los conceptos de desarrollo alternativo, justicia, tridimensionalismo jurídico y principio de solidaridad, a fin de identificar aspectos relevantes para la elaboración de las normas jurídicas que han de regular la dinámica del sector solidario en Colombia, considerando el desarrollo socioeconómico rural en el marco del proceso de paz. El desarrollo se aborda desde la visión de Alejandro Bernal Escobar (2008) y Amartya Sen (2000 y 2010); la justicia, a partir de la teoría de Jhon Rawls (1971), entre otros, y el modelo de economía solidaria documentado por Katime y Sarmiento (2011) y Mario Arango Jaramillo (2005). Luego, se tienen en cuenta los elementos sociológicos, axiológicos y dogmáticos que componen la teoría tridimensional del derecho, enfoque planteado por Fernando Sessarego, Miguel Reale (1991), y Falcón y Tella (2004).

Después, desde la jurisprudencia constitucional, se estudia la importancia del principio de solidaridad como elemento transversal dentro de los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que interesan al país, a fin de garantizar de manera conjunta el cumplimiento de los fines del Estado. Por último, tras este recorrido teórico aplicado a la economía solidaria desde su doctrina y normatividad, el capítulo propone un análisis tríadico (desarrollo, solidaridad y dimensiones jurídicas) como fundamento metodológico, que permite llegar a varias conclusiones y recomendaciones aportantes para la segunda fase del proceso de paz, las cuales hacen referencia a la construcción o adecuación de normas que favorezcan la implementación del acuerdo, especialmente en lo relacionado con la economía solidaria y la reforma rural integral.

Desarrollo y economía solidaria

Toda iniciativa empresarial parte de un cimiento doctrinal epistemológico de donde se desprende su ideología y filosofía que luego va tomando forma en su modus operandi. En este sentido, la economía solidaria responde a una práctica socioempresarial diferente a la desarrollada por la empresa de capital. Sin embargo, es necesario hilar esta doctrina con conceptos como el desarrollo y la justicia, de cara a considerar los elementos necesarios para la construcción, modificación o adecuación de la norma jurídica que la regula.

Para empezar, el sector solidario en Colombia está enmarcado por prácticas mercantiles y no mercantiles que tienen fines comunes como: procurar el desarrollo local, territorial y nacional; atender las necesidades y expectativas de calidad de vida del ser humano y su contexto; y generar primacía del ser humano sobre la media producción. Fines que se alcanzan a través de medios socioempresariales fundados en la lógica de la asociatividad, el bien común y colectivo, la reciprocidad, la solidaridad, la participación real de todos los actores involucrados y la equidad.

En este contexto, Amartya Sen (2000) analiza el concepto de desarrollo como un conjunto de aspectos básicos e indispensables para la libertad de los seres humanos, entre ellos su habilidad para suplir sus necesidades, y su derecho a vivir dignamente en un contexto donde puedan expresarse y ser partícipes de las decisiones que afectan directamente su desarrollo. El desarrollo es integral cuando involucra la atención al mejoramiento emocional, intelectual, físico y la protección cultural de los individuos, y cuando acentúa la participación o agencia de la mujer. Por último, entre otros elementos, se estima la responsabilidad del Estado a través de políticas que procuren no solo el incremento económico, sino también el desarrollo integral de las personas.

Las mediciones del desarrollo basadas en los fríos elementos numéricos reflejados en el indicador del pib no son suficientes para mostrar realmente el desarrollo de una sociedad y sus individuos, ya que estas mediciones pueden ir en ascenso mientras el impacto o el desarrollo social de la población va en descenso. Para ello, la medición del desarrollo es integral, por lo cual el concepto de desarrollo no es exclusivamente monetario.

El desarrollo se centra en la libertad del ser humano, en la posibilidad de garantizarle condiciones mínimas para que pueda ser agente vivo y aportante a la sociedad en general. Dicho esto, la economía solidaria comparte este fin viendo la empresa como un sistema socioeconómico que permite la consecución de las libertades humanas, sin que esto sacrifique a otros grupos sociales, el entorno ambiental, la idiosincrasia y cultura propias de los territorios, y la libertad de desarrollo único de cada persona.

El concepto de desarrollo tradicionalmente ha estado dividido en dos corrientes que se contraponen: el humanismo liberal y el social. El humanismo liberal refiere:

[…] la proyección en el plano político con el ideario de las libertades y derechos del hombre como individuo frente al absolutismo real, […] se manifiesta en el desarrollo del conocimiento y de la ciencia, en el racionalismo y el positivismo. Y culmina en el área económica desde los mercantilistas y fisiócratas a la economía liberal clásica de los siglos 18 y 19, con las reivindicaciones de la propiedad privada, la libertad de comercio, la autonomía de lo económico y el imperio de las leyes del mercado, enmarcando la revolución industrial que aceleró en una forma sin precedentes el desarrollo de las fuerzas productivas y del mismo capitalismo como sistema económico. (Bernal, 2008, p. 110-111)

Ante la crisis del humanismo liberal surge el humanismo social:

[…] centrado en la naturaleza social del hombre, en el trabajo como realización comunitaria y un ordenamiento económico y político en función del bien común y como una expresión de realización humana solidaria, fuera de cualquier forma de dominación interna o externa y en la autodeterminación de su propia forma de desarrollo y progreso. (Bernal Escobar, 2008, pp. 112-113)

El humanismo social defiende la posición del desarrollo humano integral, postulado de la economía solidaria. Desde este enfoque, el concepto de desarrollo humano está centrado en la idea del perfeccionamiento de las cualidades y los potenciales del ser humano y en el estudio de las condiciones de su entorno para hacer posible esa realización desde los diferentes ámbitos; social, económico, político, territorial, cultural, etc., es decir, se identifican las potencialidades, proyecciones y posibilidades con las que cuentan los individuos para alcanzar su libertad a fin de alcanzar su desarrollo integral.

Siguiendo a Bernal Escobar (2008, p. 113), el humanismo social no surge de manera espontánea, sino que ha surtido un proceso de desarrollo y florecimiento paulatino, a la par del decaimiento del humanismo liberal, y en razón a los obstáculos que impiden la realización de determinadas cualidades y potencialidades humanas, sociales, colectivas y solidarias que han sido negadas y reprimidas por otros ordenamientos económicos y políticos.

Es así como la propuesta del modelo de economía solidaria se encuadra dentro del proyecto de humanismo social, considerando elementos como: el ser humano y su desarrollo, la sociedad, el trabajo, la propiedad, la economía, la organización política, el papel del Estado, y los valores y principios predominantes. La economía solidaria, como modelo socioeconómico integral diferente, pregona la articulación y configuración de una cosmovisión de realización comunitaria, mutual, de desarrollo humano más solidario y una forma de emancipación histórica que se fundamenta en el humanismo social y el concepto más amplio de desarrollo. Mientras que el modelo tradicional de orden económico mundial neoliberal se orienta hacia una forma de desarrollo basado en el humanismo liberal.

Esta concepción del desarrollo humano integral nos lleva al análisis del valor de la justicia, el cual observaremos desde dos perspectivas; una es la clásica, que:

[…] se encuentra en el Digesto del Emperador Justiniano, donde se recogen partes de obras de los mejores juristas de Roma. En esta obra, se presenta la definición del jurisconsulto Ulpiano: «Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi» (Ulpiano, Digesto, Libro 1, Título 1, 10). «Es justicia la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho» (Ulpiano, Libro 1, Título 1, 10). (Melo, 2014)

Esta definición, según Fernández (2015), entraña el valor de la libertad de todos los seres humanos como la finalidad del Derecho, que se garantiza a través del valor de la justicia como un medio y no como un fin. La segunda perspectiva es desde Rawls (1971), quien desarrolla el concepto de justicia partiendo de la “cruda” realidad de la sociedad, es decir, de cómo es esta y no de cómo debería ser: es una concepción realista y no idealista, cuya génesis reside en la identificación de las personas en estado de desfavorecimiento social, siendo ellas las que, por circunstancias ajenas a su voluntad, han sido privadas del acceso a los bienes primarios básicos, la educación, el trabajo y la salubridad.

Una vez identificadas las personas que tienen esta condición, la justicia —vista como un medio— tiene como fin que las políticas públicas sean dirigidas a suplir dichas necesidades, y de esta manera poner a las personas de forma equitativa dentro del núcleo social, es decir, gozar de igualdad de oportunidades para que a partir de ahí, bajo el principio de la libertad personal, desarrollen su propio proyecto de vida y se transformen en individuos cooperantes, contribuyendo a que sus congéneres que también estén en condiciones socioeconómicas difíciles puedan hacer parte de un entramado social.

Así, se plantea que la justicia es el equilibrio adecuado entre pretensiones enfrentadas, esto a partir de una idea de justicia concebida con un conjunto de principios relacionados entre sí para identificar las consideraciones pertinentes que hacen posible este equilibrio; y se plantea que el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, “más exactamente del modo en que las grandes instituciones distribuyen los derechos y deberes y determinan la división de ventajas provenientes de la cooperación social, entre sí como personas iguales, libres y autónomas” (Grueso, 2005, p. 186).

Estos postulados se identifican con la doctrina del sector solidario, en el sentido de que se parte del acuerdo cooperativo sustentado por valores y principios que propenden al desarrollo integral del ser individual y colectivo, a través de la acción solidaria y cooperativa, acompañado del ejercicio democrático. Existe entonces una correlación entre el postulado de la teoría de justicia de Rawls y la gestión de las organizaciones de economía solidaria, aun siendo esta teoría de aplicación macro de políticas públicas, pues hay elementos en común para el abordaje de la justicia y la equidad a considerarse en el ejercicio del buen gobierno, y más para la determinación de los estatutos y reglamentos que deben contener la voluntad de los asociados en consideración de sus libertades. La tesis central de este modelo afirma que una sociedad justa presupone la posibilidad de asegurar las condiciones elementales para que todos sus miembros puedan considerarse y reconocerse.

Estos dos pilares, el desarrollo y la justicia, deben considerarse al momento de la expedición y modificación de la normatividad, pues como veremos la elaboración legislativa debe contener elementos sociológicos y axiológicos idóneos a las prácticas de las entidades del sector solidario, toda vez que su enfoque va más allá de lo económico y responde a elementos sociohumanísticos a través de prácticas empresariales que involucran el desarrollo de una sociedad fundamentada en el principio de la solidaridad, el desarrollo humano integral y la justicia.

La teoría tridimensional del Derecho en la Economía Solidaria

El análisis sobre la creación de la norma, según la lógica de tridimensionalismo de Reale (1997), propone llegar a ella considerando lo fáctico y lo axiológico de los fenómenos de estudio, los cuales actúan desde una relación dialéctica para aportar los elementos sustanciales para la elaboración o modificación de la norma jurídica, que tenga plena eficacia para responder a las necesidades y realidades de los actores sociales a regular.

Para el caso particular de las organizaciones del sector solidario que responden a una doctrina y práctica específica y diferenciadora a las empresas de capital, la racionalidad de la constitución de la norma invoca una práctica legislativa diferente a la positivista fundamentada en la teoría pura del derecho de Kelsen (2009), cuyo objeto de estudio es el derecho de forma “depurada de toda ideología política y de todo elemento de la ciencias de la naturaleza, y consciente de tener un objeto regido por leyes que le son propias”. Esto valida la norma desde la institucionalidad, dejando en un segundo orden los componentes sociológicos y axiológicos a los que, sin lugar a dudas, deberá responder la norma.

Pero ese ideal ético de la dimensión axiológica no es un simple idealismo, es “el deber ser” derivado de una conducta humana, cuyo valor se representa a través de la norma. Al respecto, Reale (1997, p. 36) señala:

Hay dos perspectivas del valor: una trascendental y otra positiva o empírica. En la primera el valor es condición trascendental de la historia del derecho, esto es: ofrece un proceso existencial de opciones y realizaciones en el sentido de lo justo. En la segunda perspectiva, el valor se actualiza como valoración efectiva, es decir, se traduce en sistemas de modelos concretos, destinados a regular tipos de comportamientos futuros, según las diversas circunstancias de lugar y tiempo.

Estos valores jurídicos se caracterizan por ser bipolares y jerárquicos: “La bipolaridad consiste en que los valores se representan desdoblados en un valor positivo y el correspondiente valor negativo […] y su jerarquía en que hay valores inferiores y superiores” (Monroy, 2001, pp. 44-45).

Siguiendo a Fernández (2015), en los siglos 18 y 19 existía un Derecho de corte individualista, que se desarrollaba en función del ser individual con total ignorancia del ser social, de la comunidad y de los seres humanos que nos rodean, y como consecuencia de ello, lo más importante a proteger por el derecho era la propiedad. No se había reconocido la importancia del ser humano como ser libre y espiritual. Este individualismo exacerbado de raíz egoísta no tenía en cuenta de ninguna manera la solidaridad.

No obstante, desde la expedición de la actual Constitución Política de Colombia, la solidaridad ha estado presente no solo como un modelo económico, sino también como un principio “exigible a los particulares. Es una construcción histórica, una herramienta que acogió el Constituyente de 1991, como instrumento normativo consistente con su opción política por el Estado Social de Derecho, para garantizar la convivencia política, de la mano del modelo de Estado” (Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia T-520, 2003).

Según Katime y Sarmiento (2011, pp. 26-27), la solidaridad:

Implica una comunión de medios, fines, obligaciones, derechos y deberes mutuos o unilaterales, en donde las personas vinculadas a esta relación son plurales, bien porque son los sujetos que comprometen su voluntad para crear esta comunión, o bien porque son beneficiarias directa o indirectamente de los resultados producidos por dicha asociación.

Teniendo presente que el principio de solidaridad es un elemento fundamental que se incorpora de forma transversal en los ámbitos sociopolíticos del país, es menester darle una mirada de manera más particular desde la teoría del tridimensionalismo jurídico como piñón de engranaje que permite que todos los elementos que forman la sociedad trabajen conjuntamente, unos de la mano de otros para el correcto funcionamiento del sistema.

De esta manera, se aborda el tridimensionalismo jurídico en la economía solidaria por campos temáticos: el “tridimensionalismo básico o estructural, que contiene tres elementos básicos: el valer, el deber ser y el ser” (Falcón y Tella, 2004). El valer, visto como el ser humano en el sistema solidario, como actor y fin de la economía (Ley 454 de 1998) y no como medio para la maximización del capital; el deber ser, en este mismo sentido, como la búsqueda del desarrollo integral del ser humano a partir de la ayuda mutua y de la unión de fuerzas y recursos; y el ser, como el fortalecimiento de sus aptitudes y capacidades.

Así mismo, según Falcón y Tella (2004), un segundo tridimensionalismo es el antropológico, en el que se distingue al ser humano en los mismos niveles, axiológico, normativo y fáctico, como persona, ciudadano o simple ser vivo. Como persona, se analiza la capacidad de razonar, la voluntad y la inteligencia de los individuos, de lo cual se deriva su capacidad de vivir en sociedad. Como ciudadano, se observan sus derechos y obligaciones; y como simple ser vivo, sus necesidades básicas de subsistencia.

En consecuencia, se habla del tercer tridimensionalismo, denominado epistemológico o cognoscitivo, aplicado a la teoría del conocimiento; entendido como aquel que se ha elaborado a partir del análisis crítico y riguroso, contrario al conocimiento común u ordinario.

Existen tres modos fundamentales de acceso al conocimiento en general: “el teológico como conocimiento dogmático y sobrenatural” (Falcón y Tella, 2004, p. 326), relativo a una ética trascendental, con creencias personales de la existencia más allá de la vida terrenal, fundamentada en valores fraternales y divinos; “el filosófico como saber discursivo en torno a los fundamentos; y el científico como saber experimental y verificable empíricamente” (Falcón y Tella, 2004, p. 326).

Estos modos de conocimiento en general se concretan en tres modos de acceso al conocimiento jurídico en particular: la filosofía del Derecho como perspectiva axiológica; la dogmática jurídica o ciencia del Derecho en sentido estricto como perspectiva lógica; y la sociología del derecho como perspectiva fenomenológica.

Bajo el estudio de la teoría tridimensional que involucra sustancialmente el relacionamiento de lo axiológico, lo fáctico y la norma de un hecho específico que modula el accionar de la sociedad y los planteamientos de la economía solidaria, se puede señalar que la normatividad va más allá de la expedición de las normas desde la óptica de una teoría de derecho puro, que se aparta de la influencia de cualquier otra ciencia, como la planeada por Hans Kelsen, más cuando la sociedad se organiza bajo fundamentos ideológicos y doctrinales que responden al ser, a la idiosincrasia y a la cultura de la comunidad. Por eso, la normatividad actual del sector solidario en Colombia presenta vacíos, porque no refleja la realidad y naturaleza de las entidades y comunidades, sumado a que es restrictiva, delimitante, desfomenta su fortalecimiento y restringe sus libertades. Análisis que se acentúa en el contexto actual del país, de cara a un escenario de pos-acuerdo de paz, donde se propone a las organizaciones solidarias como modelo socioempresarial favorable para la política de desarrollo.

“El derecho en sí mismo tiene la finalidad de realizar el ideal ético en la vida social. Esta es, sin duda, la razón última del ordenamiento jurídico” (Rojas, 2001, p. 39). La norma jurídica, según Reale (1997), tiene su génesis en la incidencia de un complejo axiológico sobre una base de hecho que da lugar a distintas proposiciones normativas, y con la influencia del poder una de ellas se convierte en norma. Siguiendo a Reale (1997), esa comprensión de la génesis de la norma jurídica, gracias a la participación del poder en un complejo factual axiológico (donde no impera, pues, la voluntad desnuda y arbitraria), no proviene tan solo del poder gubernamental, pues a través de sucesiones homogéneas, el poder judicial edita normas jurisprudenciales, así como el poder social anónimo consagra normas habituales o consuetudinarias.

Vemos cómo entonces, desde la definición de Reale, se concibe otro elemento esencial para la elaboración de la norma jurídica, “el poder”, el cual históricamente ha tenido diversas manifestaciones. Este concepto nos lleva al análisis del principio de legitimidad: como una forma de poder para gobernar a partir de la obediencia libre y el consentimiento de los gobernados; convirtiéndose en un gobernante legitimo aquel que:

[…] obedecido de manera automática por sus súbditos, aquel que impone sus mandatos sin necesidad de acudir a la religión, a la violencia o a cualquier otro medio socialmente espurio, porque los a él sometidos consienten, reconocen espontánea y naturalmente su derecho a mandar, a imponer su voluntad. (Ferrero, 1998, p. 29)

Siguiendo el pensamiento de Ferrero, el principio de obediencia obedece a un contexto histórico concreto y a un tiempo determinado, pues la aceptación social nace del grado de maduración y de la conciencia colectiva.

Existen diversas formas de obediencia determinadas por diferentes instrumentos como la fuerza, la religión, la tradición, la legitimidad, etc.. La fuerza es útil mientras se ejerza de forma temporal para lograr un objetivo concreto, pues, en su defecto, de ser utilizada de manera constante, degeneraría en forma tiránica de sujeción, en guerra y en su consecuente pérdida legítima de poder. La religión depende de la concepción del pensamiento, ya que este puede sufrir modificaciones determinadas por las fluctuaciones históricas y el desarrollo de otras de formas ideológicas. Y la legitimidad, en cambio:

[…] será la razón de ser de la obediencia, basada en el consentimiento, en la aceptación pacifica del gobernante por el gobernado […] es un estado del espíritu que vive en la sociedad y que impregna tanto las instituciones como las reglas de convivencia de la comunidad política […]” (Ferrero, 1998, p. 31).

Dicha legitimidad debe forjarse con el tiempo, obedecer a una realidad efectiva y eficiente, consciente y voluntaria, no puede ser impuesta y obtenida de forma disfrazada y perversa. Con base en estas ideas, desde la perspectiva filosófica de la economía solidaria, esta forma de legitimidad a que se hace referencia es la democrática, que está pasando por un estado de crisis, soportado en la distancia que existe entre su concepción y definición teórica y la praxis, es decir, la falta de actividad e intervención de los sujetos que hacen parte de un conglomerado social inoperante en la toma de las decisiones que comprometen los intereses generales. Esto da cabida a muchas formas de manipulación del poder, a la impostura, a la mentira, al engaño y a la apariencia de quienes han querido llevar el mando de las organizaciones, de forma ilegítima y forzosa, disfrazando una realidad que cada vez se aleja más de la voluntad soberana de los asociados.

Esta forma de gobernar es propia de muchas de las organizaciones de economía solidaria, que busca el mantenimiento de las virtudes, la búsqueda de la libertad responsable, la inclusión y el quebrantamiento de las instituciones tradicionalistas que abogan por intereses particulares y excluyentes; no obstante, se ha visto orillada por intereses individualistas, económicos y elitistas, que persiguen el poder y la dominación de las mayorías, a través de diversas formas como el trabajo, los avances tecnológicos y formas de pensamiento impuestas y obligadas.

Otra manifestación del poder la presenta Ferdinand Lassalle (1863, p. 36) y hace alusión a “los factores reales de poder como una fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son”. Esto nos lleva a pensar que el poder es un elemento fundamental para inclinar las decisiones normativas a favor de quien lo ostenta; de ahí la importancia de la vinculación del movimiento de economía solidaria en la política y el fortalecimiento del principio de integración, con miras a su consolidación como un factor real de poder, capaz de favorecer un desarrollo normativo, ajustado a su realidad y necesidad.

La economía solidaria y el proceso de paz

En el actual proceso de paz, se abre un espacio de reconocimiento del sector solidario como instrumento para la materialización de los acuerdos, principalmente en el sector rural:

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad del Gobierno nacional, adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene como fin el fomento, fortalecimiento y promoción del sector solidario en Colombia, contempla la solidaridad, la ayuda mutua, la integración y la organización colectiva […] como solución para del desarrollo social y comunitario y la generación de transformación y justicia social […] en el tiempo de posconflicto, para reconstruir el tejido social roto por la violencia en varias décadas, ampliar el bienestar de la población, y fortalecer la democracia y sus instituciones. (Baquero, 2016, p. 18)

Para la jurisprudencia constitucional, se reconoce la importancia de la solidaridad como un “patrón de conducta social de función recíproca, adquiriendo una especial relevancia en lo relativo a la cooperación de todos los asociados para la creación de condiciones favorables a la construcción y mantenimiento de una vida digna por parte de los mismos” [Cursiva fuera de texto] (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-358 de 2008).

Es bien sabido que el movimiento, el sistema y el sector de la economía solidaria propende a una democracia económica (Mansilla, 2002), en la que las relaciones interpersonales y luego empresariales están mediadas por valores como: solidaridad, ayuda mutua, cooperación, respeto, democracia y equidad; y en Colombia acoge los principios de adhesión libre y voluntaria, participación democrática, aporte de capital, autonomía-autogobierno, información-educación-comunicación, integración y cuidado al medio ambiente, adoptados por la aci en el 2005 (Arango, 2005).

Dichos principios deben considerarse en las nuevas propuestas normativas, dado que:

[…] los cambios en las estructuras políticas, sociales y económicas que se presentan en las diferentes sociedades deben generar modificaciones en el derecho, para que este pueda responder adecuadamente a los nuevos fenómenos, adaptando las regulaciones existentes o creando unas nuevas, de ser necesario. (Bernal Fandiño, 2013, p. 41)

Este nuevo escenario de negociación de paz abre un espacio legislativo, donde se expiden importantes normas para la puesta en marcha de los acuerdos. Son varios los temas sobre los cuales debe legislarse y se anuncia en el documento final la elaboración de un Plan Nacional de Economía Solidaria, que sin duda será un eje fundamental para la consolidación y la materialización de la paz.

Vemos cómo entonces “la solidaridad se despliega como columna vertebral para la articulación de voluntades en el propósito común de convivencia pacífica, desarrollo sociocultural y construcción de Nación” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-459 de 2004).

Entonces, no se puede desconocer que históricamente ha sido y será una respuesta a las crisis socioeconómicas, “pro piciando mayores grados de civilización y desarrollo tecnológico, al igual que proveyendo a la solución de las imperiosas necesidades que suelen surgir de las grandes catástrofes naturales, de las enfermedades, de las hambrunas, de los incendios y de las mismas guerras” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-459 de 2004).

Así pues, la solidaridad ya sea como principio, como sistema económico o cualquier función que cumpla, históricamente se ha presentado como una verdadera alternativa para mitigar los impactos socioeconómicos negativos del país, siendo reconocida en la jurisprudencia no solo como deber constitucional genérico, sino también como un principio fundamental que “imprime ciertos parámetros de conducta social a los particulares, que pretenden racionalizar ciertos intercambios sociales” (Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia T-520 de 2003).

Dada la relevancia constitucional que ha adquirido y que merece en el Estado Social de Derecho, “el principio de solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la convivencia política a largo plazo” (Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia T-520 de 2003). Es así como

[…] la solidaridad se orienta a garantizar, por parte de las personas, el cumplimiento de determinadas funciones con miras a la realización de fines constitucionales. Ahora, la regla general es que los deberes constitucionales solo generan obligaciones para las personas cuando han sido materia de desarrollo legal. (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-170, 2005)

Es por ello que en el marco del proceso de paz y el contexto actual de Colombia, debe haber un desarrollo normativo para materializar los acuerdos y que incluya como elemento fundamental el principio de solidaridad:

De allí que sea la ley la encargada de fijar las circunstancias en que deben cumplirse los deberes superiores y también las consecuencias de su incumplimiento. Una vez que el deber de solidaridad ha sido desarrollado en un ámbito específico, los particulares quedan compelidos a su observancia. (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-170, 2005)

Como resultado del análisis de la relevancia de la incorporación del principio de solidaridad como eje central en la construcción de las normas, y de la acción cooperativa como expresión propia de las prácticas empresariales, sociales y culturales de la economía solidaria, los conceptos de solidaridad y cooperación se representan como pilares para un nuevo contexto social en el proceso de paz en la obra del artista Mario Opazo, quien tomó dichos elementos y también adiciona ilustrativamente las realidades de los acontecimientos rurales, como rasgos de la violencia y la esperanza de un cambio en la sociedad, desde proyecciones mitológicas y ancestrales. La obra resalta la solidaridad y la cooperación como bases en las que se apoyan no solo las realidades, sino además las proyecciones socioeconómicas de los pueblos y sus diferentes grupos de acción.

La efectividad del modelo solidario como agente de cambio dentro del desarrollo integral de una comunidad, es decir, la búsqueda del bien común, es definido por Reale (1997) como “[…] el bien de la comunidad de las personas, en la armonía de valores de convivencia, diferentes y complementarios, en un proceso histórico que tiene como punto de apoyo a la persona, valor fuente de todos los valores”; y a su vez va a depender del desarrollo normativo acorde con las necesidades del sector y la consideración del modus vivendi de las comunidades, sus principales necesidades, sus fortalezas y demás aspectos intrínsecos.

En este sentido, para citar un ejemplo, uno de los aspectos de la economía solidaria que amerita una reforma legal es el ejercicio de la actividad financiera y de ahorro y crédito, por ser fuente primordial de financiación e inversión para el desarrollo de los proyectos de las organizaciones. Este tema adquiere relevancia como quiera que en la actual ley de economía solidaria (Ley 454 de 1998), por la cual se determina su marco conceptual, se establece que:

Las cooperativas financieras deben acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados equivalente a una suma no inferior a mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.oo). Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con secciones de ahorro y crédito, deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos ($500 millones). (Ley 454, 1998, art. 42)

Valores que de acuerdo al Parágrafo 4 de este mismo artículo “se ajustarán anual y acumulativamente a partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total ponderado, que calcula el DANE (Ley 454, 1998, art. 42).

A partir de esta reforma legal, son pocas las organizaciones con visión cooperativa y solidaria que pueden cumplir dichos requisitos patrimoniales para ejercer estas actividades, por lo cual se limita su desarrollo.

De igual manera, la asistencia técnica y la capacitación para fortalecer las capacidades productivas y las estrategias de fomento para la cultura asociativa son elementos esenciales para la consolidación del sector como modelo alternativo de desarrollo, que aporte sustancialmente al sector agrario y rural de Colombia. Estas reformas legales, según Reale (1997), deben integrar algún elemento de la realidad social en la estructura reguladora obligatoria. Y según Bernal Fandiño (2013), en muchas ocasiones debe basarse en las costumbres adoptadas por la sociedad para que represente verdaderamente sus intereses y supla efectivamente sus necesidades.

La normatividad actual y vigente que rige el sector de la economía solidaria si bien amplía el espectro de las organizaciones vinculantes, su reglamentación específica delimita la operación práctica empresarial de estas, quedando en desventaja competitiva con otros tipos de empresa. El sector rural en Colombia ha sido marcado en su historia por la inoperancia de política pública y la opulencia de gobiernos interinos, sin responder a una política integral marco y programática que responda a la necesidad sentida de este sector en Colombia. El tema de la reforma agraria y sus tierras es un punto de discusión para los acuerdos de paz, y la economía solidaria aporta elementos tanto doctrinales como funcionales para la operatividad de las prácticas rurales.

La normatividad vigente del sector solidario fue constituida en un contexto social, económico y político diferente al contexto actual. Este acontecimiento, en concordancia con la teoría del tridimensionalismo jurídico de Reale (1997) y Fernández (2015), induce a la revisión de la norma a la luz de otros factores influyentes en ella. Para el caso estudiado, es necesaria la efectividad de la aplicación de la solidaridad como principio fundamental y la incorporación de la doctrina, la ideología, la filosofía y los postulados en los que se sustenta el sector solidario, así como las prácticas ejemplares de las diferentes expresiones empresariales caracterizadas por ser solidarias, equitativas y justas, que propenden a un desarrollo integral del ser humano y de su entorno, a fin de que estos elementos hagan parte de las propuestas normativas requeridas.

Conclusiones y recomendaciones

Desde la visión del tridimensionalismo jurídico, la construcción normativa de la economía solidaria debe involucrar a las comunidades y propiciarse desde ellas, dado que en virtud del principio de autonomía que rige a estas organizaciones, las fuentes de regulación también son internas, y en la medida en que su desarrollo endógeno esté acorde con las particularidades de la comunidad y atienda sus necesidades y expectativas, será más eficaz y favorecerá la confianza entre sus miembros, abriendo paso a la consolidación del modelo.

Esta consolidación exige romper la brecha existente entre la concepción y definición teórica del principio de democracia y la praxis, es decir, fomentar la actividad e intervención social en la toma de las decisiones que comprometen los intereses generales.

La solidaridad, como medio para alcanzar la finalidad de “la libertad”, es uno de los fundamentos axiológicos imprescindibles para la elaboración de la norma jurídica.

Es necesario propiciar una reforma legal para eliminar las restricciones de las organizaciones cooperativas y solidarias para el ejercicio de la actividad financiera y de ahorro y crédito, pues la Ley 454 de 1998 limita este ejercicio, convirtiéndolo en una actividad de élite que niega las posibilidades de evolución y desarrollo de las organizaciones.

Aunado a lo anterior, de deben crear mecanismos legales para garantizar y blindar el patrimonio personal y social, a fin de brindar confianza en las actividades financieras y de ahorro y crédito.

Incentivar desde el Estado la cultura solidaria y la creación de organizaciones de base y que estas a su vez se integren cooperativamente para irse consolidando como un modelo alternativo de desarrollo.

Así como en el marco del proceso de paz se ha creado en las instituciones educativas la cátedra de la paz, es necesario procurar la educación en término de asociatividad y cultura emprendedora desde lo social, solidario y común.

El elemento que mencionan Amarya Sen, John Rawls y Max Neef, entre otros, la educación como factor liberador de la sociedad, debe garantizarse desde el rol del estado, con calidad para todos los sectores, pero en especial para los sectores rurales, en el marco de la condición de conflicto del país.

Capacitar a los gestores y administradores de las organizaciones para que, bajo la filosofía cooperativa y solidaria, con acciones éticas, organizadas y responsables, rescaten la confianza en las organizaciones, y de esta manera se comience a construir la nueva alternativa de desarrollo humano integral.

Acogiendo la propuesta de Rawls en la teoría de justicia, el éxito del proyecto solidario como alternativa social y económica para sacar al país de la desigualdad social y económica radica en la identificación de las comunidades, los sectores y los individuos que se encuentren en condición de desfavorecimiento social, a fin de direccionar de manera eficiente los recursos para el posconflicto. Se debe involucrar, capacitar y brindar oportunidades de integración a los desmovilizados, a las víctimas del conflicto y a la comunidad en general para construir dinámicas económicas y sociales que propicien el mejoramiento de la calidad de vida en las regiones.

Es la oportunidad de poner en marcha o potenciar el principio cooperativo de interés por la comunidad para que las organizaciones con experiencia y trayectoria en el sector involucren en su misión a los demás sectores sociales.

Se debe enfatizar en las formas de participación democrática de los asociados en las organizaciones, y formarlos en las competencias requeridas para ejercer la representatividad de las organizaciones desde los diferentes órganos internos de administración y control.

La inversión, la implementación y el desarrollo de medios tecnológicos es necesario y urgente para que las organizaciones comiencen a ser competitivas frente a los demás modelos económicos, como el público y el privado capitalista, a fin de acceder paulatinamente a escenarios macroeconómicos.

Referencias

Arango, M. (2005). Manual del cooperativismo. Bogotá: Educc.

Baquero, J. (2016). El modelo solidario, constructor de paz: opiniones sobre el papel de la economía solidaria en el posconflicto. Revista Organizaciones Solidarias, (21), 18-19.

Bernal Escobar, A. (2008). Modelo alternativo de desarrollo. Bogotá: Editorial Oveja Negra. Bernal Fandiño, M. (2013). El deber de coherencia en el derecho colombiano de los contratos. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Colombia, Congreso de la República. Ley 454 de 1998, Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria […] (1998 ago 4).

Colombia, Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-520/03 (2003 jun 26).

Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-459/04 (2004 may 11).

Colombia. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-170/05 (2005 feb 25).

Colombia, Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-358/08 (2008 abr 17).

Falcón y Tella, F. (2004). Valores, normas y hechos en el Derecho. Revista de Estudios Políticos, (126), 321-334. Recuperado de Enlace a página

Fernández Sessarego, C. (2015). El cambio del Derecho en el tiempo presente. Video YouTube. Recuperado el 30 de octubre de 2016, de Enlace a página

Ferrero, G. (1998). Poder: los genios invisibles de la ciudad. Madrid: Editorial Tecnos.

Grueso, D. (2005). John Rawls. Legado de un pensamiento. Cali: Editorial Universidad del Valle.

Katime, A. y Sarmiento A. (2011). Hacia la construcción del Derecho Solidario en Colombia. Bogotá: Educc.

Kelsen, H. (1960). Teoría pura del Derecho (4 ed). Buenos Aires: Eudeba. Lassalle. F. (1863). ¿Qué es una Constitución? Madrid: Ariel.

Mansilla, M. A. (2002). Por una empresa de democracia económica. Bogotá: Editorial Fondo Nacional Universitario.

Melo Salcedo, I. M. (2014). Algunos aportes al concepto de justicia. Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, (287).

Monroy, M. (2001). Introducción al derecho. Bogotá: Temis.

Rawls, J. (1971). Teoría de la justicia. (T. D. González, ed.). Massachusetts: Fondo de Cultura Económica.

Reale, M. (1997). Teoría tridimensional del Derecho. Madrid: Editorial Tecnos.

Rojas, G. (2001). Introducción al Derecho. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. México D.F.: Terra.

Sen, A. (2010). Idea de la justicia. (H. Valencia Villa, trad.). México D.F.: Taurus.

ANEXOS

CUARTA PARTE DESAFÍOS

Las obras constituyen monumentos para la paz, expresiones artísticas que representan la vida, la equidad, la solidaridad.

Cimientos de paz (detalle)

Opazo

2016

Cimientos de paz (detalle)

Opazo

2016

Cimientos de paz

Opazo

2016

De la serie Bajo la tierra

(Ciudad, 2016)

Saberes, haceres y sentires: denuncias estéticas y análisis teóricos en propiedad intelectual

Piedad Lucía Barreto

Carolina Soto Méndez

Introducción

Si pudiera hacerse una cartografía que definiera los límites del conflicto colombiano, sería comparable con el reto de trazar los mapas del terreno que está bajo el océano, para lo cual describir profundidades insondables, navegar por erizadas aguas pero también trazar líneas de costa es parte de una labor que requiere la conformación de equipos interdisciplinares a fin de presentar en detalle territorios que aún hoy se mantienen como espacios en blanco en un mapa.

Comparar este escenario con las realidades de un pueblo sumido en décadas de guerra no resulta descabellado, pues así como las ciencias exactas documentan y construyen información gracias a la cual es posible romper los límites de lo desconocido —como en el caso de algunas partes de los océanos—, desde otras áreas como las ciencias humanas y sociales también se emprenden expediciones que empiezan con el trabajo de exploración a comunidades, y estas exigen la conformación de equipos de trabajo igualmente interdisciplinares para aproximarse a comprender las múltiples aristas y matices que solo la realidad humana de quienes han vivido el conflicto puede tener, y de esta manera aportar en la reconstrucción de una cartografía social con áreas insondables.

Así, con un telón de fondo que pretende reflejar la urgencia de un actuar colectivo que lleve a este país hacia nuevos horizontes, surgió la idea —desde un centro de investigaciones sociojurídicas— de construir una experiencia reflexiva sobre la temática del conflicto y la paz en Colombia, a la cual se le denominó “Intersecciones”; y no resultó ser más apropiado el nombre, pues una intersección, ese lugar donde se encuentran dos o más líneas, se ajusta mucho a las características de este proyecto en el cual los participantes —nueve artistas plásticos y dieciséis investigadores en Ciencias Sociales desde sus diferentes procesos creativos— aportaron con sus “perspectivas estéticas” y “perspectivas teóricas” a la construcción de un lugar común con el cual se tenía la intención de mostrar que gracias a la imbricación de las disciplinas, se robustecen los lazos que permiten comprender el pasado, aportar al presente y soñar el futuro del posacuerdo.

La realización de una exposición artística y la redacción del presente libro dan cuenta de lo anterior. El libro estuvo enmarcado como resultado de investigación bajo el entendido de que implicó la búsqueda y selección de un método que hiciera posible el engranaje de diferentes áreas del conocimiento para generar argumentaciones y asociaciones pertinentes en el proceso de entender el conflicto y los escenarios que conducen a la paz.

En la práctica, echar a andar el proyecto requirió la conformación de pequeños equipos de trabajo para el desarrollo de cada capítulo del libro, y en adelante empieza el reto de identificar, dentro de la temática general, líneas de abordaje cercanas entre artista y escritora. Fue así que se siguió la metodología de planear encuentros en los cuales la escucha, atención y disposición para comprender los procesos seguidos por “la otra”, llámese artista o escritora, en ese camino de pensar este entorno de conflicto y paz. Esto resultó ser una experiencia única, pues a pesar de los diferentes abordajes, en la búsqueda de conexiones fue posible comprender que la intención profunda que animaba la producción de las dos era la idea de aportar en la reconstrucción de tejido social a partir de ahondar en diferentes realidades con denuncias estéticas y análisis teóricos.

Las bondades de este encuentro interdisciplinar tuvieron como base compartir los análisis realizados en el proyecto de investigación del 2016 titulado “Transferencia de tecnología: marco político, institucional y jurídico para la celebración de contrato de licencias sobre bienes protegidos por el régimen de propiedad intelectual”, y en el caso de la artista plástica Adriana Ciudad, compartir sus trabajos vinculados con la exposición del 2016 “Bajo la tierra”.

Los resultados de este proyecto de investigación y de las obras artísticas, por sus títulos, parecería que no tuvieran lugares comunes que permitieran articular una propuesta, pero contrario a esto, el sentido y alcance del capítulo se logró a partir de identificar las inquietudes compartidas sobre el conflicto y la paz siguiendo tres facetas del desarrollo humano: saber, hacer y sentir. Gracias a esto, las relaciones con la propiedad intelectual se presentan de manera clara y nutrida por las experiencias del arte contemporáneo que crean portales no racionales para llevar a otras formas de entender.

Retos de la propiedad intelectual en el rescate del conocimiento tradicional y nuevas formas de aprovechamiento de los recursos naturales

En el inmenso abanico de posibles enfoques de reflexión sobre conflicto y paz, aquel que sirve de hilo conductor es la relación de las comunidades con sus territorios, y en este escenario hay reflexiones contrastantes como: pensar en la desbordante riqueza en recursos naturales y la destrucción aberrante de una explotación industrial meramente extractivista; la imagen de lo bello y puro de una selva y paisajes montañosos que a su vez esconden las atrocidades de la guerra; la degradación de las comunidades y desarticulación de sus valores frente a la urgente necesidad de reconstruir tejido social a través de relaciones cotidianas para el fortalecimiento de lazos familiares, culturales y económicos. Devastación, guerra, y pérdida de valores resulta ser un peligroso coctel que década tras década de conflicto armado ha tenido como efecto “el cortar sin tregua para los colombianos los hilos de la memoria” (Ospina, 2016, p. 103).

Saberes olvidados y la importancia de volver a las raíces.

Las raíces: este es uno de los lugares comunes que en sus experiencias investigativas artista y escritora han explorado y expuesto como un punto de inicio para la reconstrucción de tejido social. En el caso de la primera, a través de la exposición “Bajo la tierra” (2016) en la que a partir del acercamiento a las tradiciones de diferentes comunidades indígenas documenta la estrecha relación entre sabiduría espiritual y naturaleza, lo cual aborda de la siguiente manera:

Un árbol parado vale más que un árbol caído”, dicen los indígenas Shipibos del Amazonas. Desde la mirada de la cosmovisión indígena el valor de un “árbol parado” yace en la sabiduría espiritual y expresión cultural de cada árbol. Para los Shipibos las plantas se comunican entre sí y resguardan la sabiduría de sus ancestros. Del mismo modo los indígenas Vaupés creen que cuando el árbol Arco de palo florece es señal de que empezó la época de caza y de siembra. Para la mirada occidental la idea de que los árboles hablan suena como una fantasía. Sin embargo, un reciente descubrimiento de la bióloga Suzanne Simard comprueba que los árboles se comunican entre sí tal como las culturas indígenas siempre han manifestado. Según Simard, por medio de una compleja red simbiótica entre las raíces y los hongos, que la bióloga compara con el Internet, los árboles intercambian información esencial para la sobrevivencia y gestación de los bosques nativos. (Ciudad, 2016, p. 1)

Varios pensamientos quedan latentes con la relación que se presenta. Un saber milenario que hoy encuentra referente científico, una función de las raíces explicada en relación con la memoria y el inmenso valor que esta tiene; así, tal como puede comprenderse, eliminar bosques y acabar con los recursos naturales no solo es acabar con el planeta, sino que también su impacto va más allá. De igual manera, en el proceso de investigación de bases jurídicas, la reflexión escrita parte de rescatar la importancia de las raíces pero en el contexto social. De hecho, puede decirse que acabar con comunidades —por el asesinato, secuestro y desplazamiento, entre otros—, como ha sido la realidad del conflicto en Colombia, es eliminar el ADN que nutre la evolución del país, y con ello se están eliminando esos saberes que conectan el pasado con el presente y el futuro, lo cual es base de una sociedad sólida en sus instituciones a todo nivel.

Durante décadas, se ha sostenido que una cosa es la Colombia rural y otra, la urbana, (Echavarría, 1999). Pues bien, a grandes rasgos, es posible sostener que los profundos desequilibrios de desarrollo entre las regiones del país, la falta de oportunidades y garantías — especialmente para las familias ubicadas en las zonas rurales— y el lucrativo cultivo de plantas para la producción de estupefacientes han calado hondo como factores de violencia, imposibilidad de progreso económico basado en la potencialidad de la agricultura y de tan diversas formas de producción que generosamente puede darse en el campo. A esto se suma el inadecuado manejo dado por los gobiernos de turno a los recursos naturales del país, usándolos en diferentes momentos de la historia como moneda de cambio para fines diversos (Uribe & Sánchez, 2013, p. 215) sin demostrar, aparentemente, mayor interés por la degradación del medio ambiente y de las comunidades, sus tradiciones y su bienestar a largo plazo.

Estas situaciones, comentan Nelson, Schultz y Slighton (2008), irremediablemente han transformado a la sociedad colombiana desde finales de los años cuarenta, sin que aún se pueda hablar del cierre definitivo de este proceso que marcó el inicio de la migración de los campos a las ciudades, considerada como un hecho esencial que impulsó la transición de una economía agrícola autosuficiente a una economía crecientemente urbana, pero en la cual ni la industria ni el comercio tuvieron la capacidad o el dinamismo para absorber la creciente mano de obra que llegaba a las ciudades. El impacto de este proceso de desplazamiento se puede evidenciar en la tabla 4.

Tabla 4. Migración Rural En Colombia (1938-2000)

Año | Población rural en centros urbanos
1938 | 32%
1951 | 38,9%
1964 | 52,4%
1973 | 63%
1980 | 66,4%
2000 | 72,5

Fuente: Banguero (2013)

Con una población en constante éxodo, ¿dónde quedan los saberes transmitidos de generación en generación sobre el cuidado, la preservación y la explotación de la tierra, así como tantos y variados conocimientos que unen a las comunidades con su territorio? Son raíces que se cortan y memoria que se pierde. En el país, hay estudios que intentan explicar los determinantes de la migración interna, los enormes desplazamientos interregionales de población que se extienden desde la década de los cuarenta a la fecha. Comprender por qué se toma la decisión de migrar, el proceso migratorio, la dirección de los flujos migratorios, las características de los migrantes, las consecuencias económicas y sociales, el impacto en el empleo, el impacto demográfico y el impacto sobre los migrantes mismos, entre otros, son la causa de una extensa bibliografía.

En este documento, solo se referenciarán algunas causas que parecen sobresalir en los estudios sobre la decisión de migrar y que trae a colación Juan José Echavarría (1999): la primera de ellas son las ya mencionadas situaciones de violencia que han sido un fuerte determinante de las movilizaciones de la población, especialmente en los últimos sesenta años; la segunda son las grandes desigualdades en el proceso de desarrollo entre las regiones, donde los fuertes desequilibrios entre la oferta y la demanda de trabajo y las bajas tasas de expansión de las actividades económicas en muchas regiones del país —en comparación con las oportunidades de mejoría en calidad de vida que ofrecían las grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla)— es uno más de los factores de brechas de desarrollo y retraso en oferta productiva en grandes áreas poblacionales; y la tercera causa de migración rural a las ciudades es la falta de presencia estatal en las zonas rurales, la cual no solo es percibida como una ausencia de institucionalidad y despreocupación por la población, sino que además otros sistemas organizacionales comienzan a generar dinámicas de control sobre el territorio y su población (guerrilla y paramilitarismo).

Todo lo anterior, para decir que medir el impacto que tiene el desarraigo no resulta fácil y medir sus efectos, aún menos. Por ello, acompañarse de grandes escritores como William Ospina (2016, p. 101) es encontrar las palabras justas para transmitir la urgencia de un sentir, como es el siguiente:

Colombia necesita convertir hoy las agitadas circunstancias de su historia reciente en intensos relatos y en cantos conmovidos, para que no se olviden los dolores y los heroísmos de esta época tremenda, y para que el relato mismo sea a la vez bálsamo y espejo, que nos permita dejar de ser las víctimas y empezar a ser los transformadores de nuestra realidad […]. La exuberante Colombia parece haber perdido la memoria, parece haberse extraviado en su territorio, como aquellos personajes de Rivera a los que se tragó la selva, y parece haber perdido toda confianza en sí misma, hasta el punto de no creer que haya aquí ninguna singularidad, ninguna fortaleza original para dialogar con el mundo. Es, por supuesto, una mala ilusión, porque el mundo sabe, a veces mejor que Colombia misma, que el país está lleno de originalidad y de lenguajes vigorosos.

Haceres que pueden significar progreso basado en el uso de los recursos naturales

Evocar a las raíces, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, es referirse al “conocimiento tradicional” que si bien no tiene una definición única, sí puede decirse que abarca variados aspectos como conocimiento ecológico, musical, histórico, de agricultura tradicional, medicinal, de danza y otros tantos aspectos sobre los cuales hay urgencia en Colombia de valor para utilizar y proteger. Según esta disciplina jurídica, el conocimiento tradicional en los últimos años ha recobrado gran importancia dado el inmenso valor como patrimonio cultural de la humanidad que este reporta, al definirse como aquel transmitido “de generación en generación en el seno de una comunidad y que a menudo forma parte de su identidad cultural o espiritual” (Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI], 2017, p. 3). Y ese conocimiento puede ser objeto de una protección más extensa cuando se refiere a categorías relacionadas con la titularidad de derechos para las comunidades como pueden ser: denominaciones de origen, patentes, marcas e información confidencial, y en general, relacionadas con escenarios en donde esta protección resulta importante y con unos efectos vigorosos para las comunidades como estrategia que pretende valorizar el patrimonio.

No se trata de ver su explotación desde un punto de vista mercantil e industrial, sino de abrir caminos para que las comunidades indígenas y campesinas, conocedoras de saberes importantes para ellos como grupo social, también los aprovechen como principio de organización comunitaria y medio de subsistencia. Volver al campo, recuperar de manera activa, viva, una vida rural cargada de oportunidades, es un sueño anhelado por muchos colombianos y hacerlo realidad, claramente, requiere abordar la problemática de la falta de equidad social representada en la más desbalanceada tasa de distribución del ingreso y requiere un esfuerzo de país desde diferentes sectores y con la vinculación de diferentes actores —como lo fue abordado en el documento final del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en la sección de desarrollo rural integral—.

Así entonces, el progreso basado en la propiedad intelectual, aquella venida de la explotación de los recursos naturales, requiere la implementación de políticas adecuadas y estrategias que hagan posible su éxito a largo plazo, así como una mirada no solo endógena, sino también global. Pues bien, las oportunidades para Colombia en un mundo globalizado con grandes asimetrías comienza a dibujarse cuando se plantea lo siguiente: por un lado, la existencia de países industrializados con altos niveles de tecnificación en sus procesos, productos y servicios; y por otro, la existencia de países en proceso de desarrollo, con un tejido social por reconstruir pero con esta riqueza tan apetecida en biodiversidad. Imaginarlos es como pensar en dos polos opuestos y sin punto de encuentro, pero también la idea central que se quiere rescatar en este capítulo es que existe un terreno fértil y de necesidad de trabajo conjunto de estos dos contrarios.

Por ello, la sugerencia es revisar las experiencias locales, las nuevas tendencias del ambientalismo y del rescate de tradiciones, pero con nuevos ingredientes de optimización de mercado para repotencializar su valor a fin de diversificar la oferta a sectores especializados. Esto exige el protagonismo de las autoridades locales y sectoriales como motores articuladores de las políticas diseñadas a nivel nacional en el proceso de adaptación.

Según la relación propiedad intelectual-comercio, Pérez (2004) menciona que un escenario constructivo exige una estrategia dual. Por un lado, una estrategia de política nacional que implica: la colaboración con empresas, organizaciones comunitarias y cooperativas, y el diseño de políticas económicas en el que se incluya el pleno empleo y el bienestar con equidad, con la intervención del gobierno regional para lograr el desarrollo diferenciado en cada rincón del territorio con base en la vocación de trabajo local para fines de optimización de procesos a fin de llegar a mercados locales, regionales e internacionales. Por otro lado, la estrategia de organización también requiere la constitución de redes de apoyo para la producción especializada integrada precisamente por aquellos que se han llamado “contrarios” a las comunidades y a los expertos en temas relacionados con el mejor aprovechamiento botánico, químico, genético, agrícola y comercial, entre otros. Estas redes están llamadas a vivir tres fases: colaborar para generar escenarios innovadores, cooperar con la puesta en escena de sus saberes y competir con los resultados de un trabajo conjunto que ha sido previamente negociado para su fase de comercialización.

Como ya se pudo percibir, esta red especializada de producción pasa necesariamente por los recursos jurídicos que puede ofrecer la propiedad intelectual. Ya mencionaba algunas de las formas de protección a los bienes intangibles —como denominaciones de origen, marcas y patentes, entre otras—, pues desde allí se abre un abanico de posibilidades de contratación con equilibrio en las prestaciones y los beneficios.

Para ahondar un poco más en este terreno de oportunidad y verlo desde una perspectiva más global, resulta pertinente hacer un pequeño esbozo sobre el desarrollo de los modelos económicos y cómo la propuesta presentada encaja con la actual dinámica de mercado. Hacerlo no resulta ser tarea fácil, pero con un sentido pedagógico y de ilustración, la tabla 5 presenta una comparación entre las características de los nuevos modelos de “innovar”, con fines de mejor desempeño de los entornos comerciales del siglo 21, y aquellas de los modelos seguidos hace menos de cincuenta años, con el fin de evidenciar las posibilidades que pequeñas y medianas comunidades rurales colombianas organizadas pueden encontrar para su proyección.

Tabla 5. Paradigmas de innovación

Hace cincuenta años
Nuevo paradigma de innovación

Estructura
Estructura de empresas piramidal, cuya oferta era homogeneizada, lo cual hacía que hubiera una gama muy estrecha de oferta en muchos sectores, se pensaba en brindar comodidad y la tecnología se prefería en reemplazo de lo natural.

Estructura de empresas tiende a ser descentralizada en redes abiertas. La demanda en toda su variedad orienta, moldea y diversifica la oferta. Hoy los empresarios se preguntan qué quieren los consumidores y, más aún, qué quiere cada grupo de consumidores. Hay un menor margen de producto estándar y múltiples nichos especializados de productos que si bien producen un menor margen de ganancias, pueden tener mayor precio en cuanto más se acerque a las necesidades del usuario y esto hace los negocios menos vulnerables, más complejos y flexibles.

En algunos sectores, se prefiere lo natural por encima de lo sintético, pero en un contexto de alta tecnología o multipropósito, con adaptaciones y rescatando lo artesanal.

Mercado
Mercado internacional era igualmente estandarizado; en algunos sectores responde a las lógicas de artículos de lujo, costo medio, barato o por medidas con estrategias de planificación definidas con procesamiento de materia prima.

Se pasó a la segmentación múltiple global con estrategias de planificación flexible y adaptable, en la cual se tiene un rumbo pero puedes participar en modificarlo según lo que ocurra para tener mejores resultados.

Se procesa materia gris, pues el conocimiento produce valor.

Personal
La expresión que lo identificaba era “recurso humano”, pues las empresas lo entendían como una inversión para el desarrollo de labores fijas.
La expresión que lo identifica es “capital humano”. Cuando el cambio se convierte en la rutina, cada empleado es creador de valor, pues su propia comprensión del sector en que se encuentra puede influir en la toma de decisiones.

Paradigma de innovación
Era una labor básicamente científico-técnica de laboratorios y en las empresas era comúnmente un área especializada. Los resultados eran un producto y un proceso concreto con reproducción en grandes bloques.
Hoy se da la gestión tecnológica en términos de ingeniería simultánea dentro y fuera de la empresa. Interacción constante del personal y cualquier proveedor, usuario o posibles colaboradores y gestión en redes. La producción es flexible pues hace parte de la práctica diaria de la empresa, cada uno de los miembros de la empresa hace parte de su red de valor. Hoy, cada producto va cambiando gradualmente de manera continua y constante (por ejemplo, teléfonos móviles, software, etc.). Sectores donde se percibe el cambio como rutina.

Transferencia de tecnologías
El desarrollo en masa suponía una tecnología dura, robusta y especializada, con manuales de instrucción para el usuario. La transferencia era pasiva por paquetes tecnológicos y por compraventa.
Tienen un alto componente tácito, muchas cosas que no es fácil poner en manual de instrucciones. Apropiación profunda de la tecnología por el capital humano y la transferencia se da por alianzas. Se trabaja conjuntamente con el dueño de la tecnología en la que ambos son innovadores.

Fuente: Pérez (2004)

De lo anterior, puede concluirse que los nuevos modelos económicos que mezclan conocimiento tradicional, producción artesanal e innovación son “haceres que generan progreso”, tal como se expresa en el título de este apartado. El reto es lograrlo, emprender caminos de reorganización con fines de bienestar y calidad de vida sabiendo que este es solo un ingrediente de una compleja receta para una sociedad que desea evolucionar, pues un país solo se construye como nación “cuando comparte una memoria, un territorio y unos saberes originales” (Ospina, 2016, p. 103).

Sentires, como proceso colectivo desde adentro

¿Cuáles podrían ser las aspiraciones sociales, culturales y económicas de las comunidades que a pesar de haber sido golpeadas por la guerra, aún se reconocen como poseedoras de un gran potencial basado en su “saber” y “hacer” tradicional? La reconstrucción para muchas comunidades exigirá, en primer lugar, tratar de manera urgente aquellas situaciones que por décadas se han constituido en factores de riesgo para la salud mental de familias enteras, mujeres y niños sumados a la guerra y el desarraigo.

Muchas preguntas surgen sobre cuáles serían los caminos para trabajar terapéuticamente los traumas y dolores de tantos colombianos. Aunque no es el tema a abordar, lo cierto es que sin procesos de aceptación y superación no es posible realizar con profundidad otros procesos colectivos de transformación, que como mínimo deben basarse en: la participación activa en escenarios de discusión y reflexión, la exploración de cualidades artísticas y creatividad, la participación del sector público y privado, y la identificación de posibles nichos de desarrollo económico, entre otros. Procesos que en su conjunto y de manera estratégica contribuyan a pensar nuevos horizontes y a cumplir con las aspiraciones sociales, culturales y económicas que cada comunidad puede proyectar de acuerdo con sus capacidades internas.

Este no es un asunto de menor tamaño, pues así como se viene sosteniendo que el ejercicio es de comunidades, la sumatoria de las partes conduce a afirmar que el ejercicio es realmente de país. Los pasos se van dado, la firma del acuerdo con las FARC-EP es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, y en este gran marco con varios frentes de acción dar pasos firmes hacia escenarios de progreso económico exige actuar con un mayor nivel de coordinación entre los planes y políticas de desarrollo planteados en el Gobierno con la realidad del tipo de sociedad que tiene el país frente a escenarios de globalización.

La triangulación entre política económica nacional, identificación estratégica de potencialidades en sectores económicos y mercados globalizados parece tener distorsiones, las cuales conducen a pensar que se ha fracasado en la toma de decisiones trascendentales con miras de progreso. El resultado, el sacrificio de bienestar.

En este punto, un lector acucioso se preguntaría: ¿qué relación tiene esta situación con el título sugerido para este apartado: “Sentires: como proceso colectivo desde adentro”? La intención es proponer que a algunos sectores políticos colombianos les ha hecho falta “sentir el país” y actuar, diseñar o aceptar la implantación de políticas venidas de entornos internacionales pasando por el racero de los intereses nacionales.

Esta afirmación parece temeraria, pero cuando se cuenta con análisis de reputados economistas, entre ellos José Antonio Ocampo, se empieza a entender desde dimensiones macroestructurales que tiene mucho de razón. A punto, la siguiente reflexión:

La globalización de los mercados produce su propia ideología: la ideología neoliberal, que comienza por legitimar el proceso de la globalización. Comenta Ocampo (1994) que el neoliberalismo implicaba la construcción de un nuevo sistema de poder transnacional que, treinta años atrás, abrió posibilidades para la pretensión de homogenización de la política económica mundial, al menos en los países en desarrollo; de hecho, en los países latinoamericanos se vivió un proceso de instalación paulatina de la política neoliberal diseñada por organismos multilaterales.

La introducción del modelo neoliberal iniciado en 1989, en el gobierno de Virgilio Barco, direccionó a los poderes ejecutivo y legislativo a un camino de reformas económicas, y especialmente entre 1990 y 1994, durante el gobierno de César Gaviria, estas “mostraron una notoria coincidencia con la agenda de reforma propuesta por el consenso de Washington, tomadas de las recomendaciones casi textuales, […] fueron la continuación lógica y esperada de los cambios en el manejo económico que se venía dando desde administraciones anteriores” (Ocampo, 2015).

Así las cosas, lejos de constituirse este nuevo modelo económico en progreso o preparación para un mundo globalizado, en la práctica implicó un retroceso en la difícil tarea de industrializar el país; y el discurso político que lo justificaba —según Pérez (2004)— se resumía en argumentar que “las ventajas comparativas están dadas y en ese sentido no merece la pena el desarrollo de tecnología, tan solo su adquisición”. A esto se le llamó cerrar la brecha tecnológica:

[…] de lo anterior se desprende que dichas políticas neoliberales fueron implementadas sin un estudio detallado del contexto nacional, con lo cual se presenta una alta mortalidad empresarial, desempleo y, a su vez, Colombia renuncia a la posibilidad de generar productos y servicios con valor agregado. (Pérez, 2004)

¿Lo anterior a qué ha conducido? A una fuerte tendencia de especialización en bienes primarios y explotación de recursos naturales, alejados de los sectores industriales de manufactura y tecnología, tal como lo demuestra tabla 6.

Tabla 6. Colombia: evolución de oferta exportable, 1995-2014

Sector | 1995 | 2014
Agropecuario, ganadería, silvicultura caza y pesca | 10,1% | 4,6%
Mineroenergético | 24,7% | 59,3%
Industrial | 65,1% | 35,6%

Fuente: Sarmiento et al. (2014, p. 158)

Lo anterior, como menciona Aurelio Suárez, es el reflejo de “una economía frágil y engañosa”; y en consecuencia, una toma de decisiones inteligente, con sentido de progreso, implicaría “aprovechar los recursos naturales para hacer encadenamientos hacia delante” (Sarmiento et al., 2014, p. 158). Al respecto, Uribe y Sánchez (2013, p. 219) reflexionan sobre la importancia de corregir el camino para revertir el efecto de la exportación de materias primas sin pasar por un proceso de aprovechamiento de los mayores precios de los recursos naturales, con visión de futuro y preservación ambiental.

Ahora, para ver el reflejo de esta situación en un escenario concreto, solo es necesario referenciar cómo en la historia de Colombia gracias al cultivo del café el sector agropecuario se convirtió en el primer motor de crecimiento para el país:

[…] el café ha sido el único producto que ha logrado estabilizar el crecimiento económico a través de las exportaciones; ayudó a la generación y consolidación de un mercado interno; permitió el desarrollo del transporte mediante la apertura de vías terrestres y el surgimiento del ferrocarril, lo que sirvió para integrar, económicamente, a todo el país y generó un alto nivel de ocupación que favoreció el crecimiento y desarrollo económico de la época. (Cerquera & Orjuela, 2015, p. 170)

Hoy solo son rastros de un pasado de esplendor que inició su desaceleración, según lo referencian economistas como Ocampo, Cerquera y Orjuela, debido a tres factores de naturaleza interna y externa:

[…] la inexistencia de avances tecnológicos fue el principio de la decadencia para este importante motor de desarrollo: no hubo transición de procesos de producción artesanales a industriales. Mientras en los campos las plantaciones de café eran extensas, la capacidad de procesamiento era casi que nula, dejando el grano seco a países que sí contaban y sí invirtieron en la tecnología necesaria para transformarlo y comercializarlo; ¿se presentaron propuestas de tecnificación? Así fue, pero saltan a la vista los condicionantes políticos, económicos, sociales, entre otros, que frustraron el proceso tecnológico de este sector. El segundo factor fue el envejecimiento de los cafetales y con la aplicación de técnicas agrícolas tradicionales se llegó al punto que un aumento de producción (o mantenimiento) solo era posible a partir de la extensión de los cultivos; comenta Ocampo que la inexistencia de avances tecnológicos aplicados a la perdurabilidad de la producción se veía venir pues, en la tecnología tradicional, los cafetos alcanzan su máximo nivel de rendimiento entre los diez y doce años, pero a partir de allí empieza a disminuir la productividad. A mediados de los años cincuenta, el 56% de las plantaciones de café tenían más de quince años. El tercer factor, fue la violencia política de los años cincuenta […] que azotó crudamente los campos del país. (Ocampo, 1987, citado por Cerquera & Orjuela, 2015, p. 179)

Esta es la evidencia de una lección, aunque a nivel interno este sector sigue siendo importante en la generación de empleo rural. A su vez, gracias a una tardía pero ahora sí evidente tecnificación en procesos y en mejoramiento genético de granos, y a la implementación de novedosos procesos de comercialización, “en la actualidad se encuentran en el mercado una amplia variedad de ofertas que atienden a sectores de consumidores más pequeños pero especializados, bajo otra dinámica de negocio” (Barreto, 2016, p. 160).

Este ejemplo, muy resumido, de un periodo tan importante para el país es esa lección que no se debe olvidar, según la cual siempre está latente el riesgo de “no aprender”, y no viendo solo un escenario de aprovechamiento comercial, sino también en el sentido de desarrollar capacidades en consonancia con la identidad de cada comunidad, y de propiciar y apoyar la creatividad y el emprendimiento.

Es fundamental considerar los valores, la organización institucional, la construcción de políticas, la identificación de sectores clave, la confianza entre agentes, el respeto a las autoridades regionales y nacionales, la capacidad organizacional, y la capacidad para innovar y replicar este conocimiento de individuo a individuo y de estos a las instituciones. Todo lo anterior, a fin de dominar el proceso y lograr una competitividad sistémica en la que las formas de aprender de sí mismos determinan el éxito a largo plazo.

Conclusión

El abordaje desde tres facetas del desarrollo: saber, hacer y sentir sirvió de hilo conductor para presentar una realidad, la de una Colombia que ha vivido el conflicto e intenta encaminarse a la paz. En este capítulo, el ejercicio de borrar las fronteras disciplinares, entre el arte y el derecho, es un ejemplo más de la necesidad de transformación para activar nuevas formas de encuentro y hallar nuevos caminos. Al final del recorrido propuesto, el común denominador de toda reflexión presentada es la urgencia de fortalecer la “identidad” como sanadora y constructora de paz; buscarla en las raíces olvidadas y en los saberes tradicionales con seguridad encaminará a la sociedad colombiana a procesos en los cuales prime el respeto hacia el otro y que las armas utilizadas sean las del diálogo. El camino es largo, pero la fuerza de las generaciones venideras seguramente aprovechará los escenarios de progreso y aporte que cada colombiano realice por un mejor país.

Referencias

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Editorial Temis.

Banguero, H. (2013). El proceso migratorio en Colombia: determinantes y consecuencias. Recuperado de Enlace a PDF

Barreto-Granada, P. L. (2016). Marco institucional régimen jurídico de la transferencia de tecnología para la celebración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual: una perspectiva colombiana (tesis doctoral, Universidad Carlos 3 de Madrid, Madrid, España).

Cerquera, O., Orjuela C. (2015). El acompañamiento institucional en el desarrollo del sector cafetero colombiano. Revista Finanzas y Política Económica, 7(1), 169-191. Digital Object Identifier: Enlace a página

Echavarría, J. (1999). Crisis e industrialización. Las lecciones de los treintas. Bogotá: TM Editores.

Nelson, R., Schultz, P. y Slighton, R. (2008). Cambio estructural en una economía en desarrollo, problemas y perspectivas en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Ocampo, J. A. (1994). Una breve cafetera historia de Colombia, 1839-1958. Bogotá: TM Editores.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2016). Conocimiento tradicional. Recuperado de Enlace a página

Ospina, W. (2016). De La Habana a la paz. Bogotá: Editorial Debate.

Pérez, C. (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México D.F.: Editorial Siglo 21. Recuperado de Enlace a página

Sarmiento, E., et al. (2014). Piketty y los economistas colombianos, debates sobre el capital en el siglo 21. Bogotá: Ediciones Aurora.

Uribe, M. y Sánchez, G. (Ed). (2013). Propiedad intelectual y tratados de libre comercio. Ensayos críticos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

ANEXOS

CUARTA PARTE DESAFÍOS

Las obras representan la identidad perdida, la infancia robada, las raíces cortadas y los sueños borrados.

Me daban duro, pero es que yo lloraba mucho y uno así no sirve para combatir

Ciudad

2014

Yo no quería irme, que tal, pero quién le dice que no a esos manes

Ciudad

2014

De la serie Bajo tierra

Ciudad

2016

De la serie Bajo tierra

(Ciudad, 2016)

Saberes, haceres y sentires: desde la bioética y la salud como escenarios para la reconstrucción del tejido social

Carolina Soto Méndez

Piedad Lucía Barreto

Introducción

El conflicto armado en Colombia, a pesar de su prolongaciòn, para muchos resulta en un contexto ajeno y desconocido. Establecer una sociedad pacífica, sin conflictos armados ni violencia, depende de la armonía de las relaciones sociales. No existe nada más violento que desconocer al otro como persona, como sujeto de derechos, y endilgarle exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de un deber sin la posibilidad del goce de sus derechos de orden constitucional. Ese es el debate que se teje en el marco de la objeción de conciencia en servicios de salud: ¿cuál es el límite del cumplimiento del deber médico?, ¿cómo se garantizan los derechos tanto de pacientes y usuarios, como de los profesionales que prestan servicios de salud, sin que se vulneren otros derechos?

Este confrontamiento interno ubicó a cada uno de los miembros de la sociedad colombiana en un momento preciso de la historia que determinó su ser, saber, hacer y sentir. Surgen así los interrogantes: ¿quiénes somos en la inmensidad del conflicto?, ¿cómo nos entendemos? En la inmensidad, el ser humano solo se tiene a sí mismo. A muchos solo les quedó la voz, y ni siquiera la propia, sino la ajena, que se convirtió en un sonido difícil de significar y a la vez proveniente de lo más profundo del ser; conectarse con los otros permite a las personas reencontrarse, ver al otro. En la inmensidad, también está lo micro y, por muy pequeño que sea, hace parte de lo inmenso. Los saberes, haceres y sentires que se viven en la vida cotidiana, por muy imperceptible que sean, hacen a cada persona parte de la sociedad, de algo más grande que ellos mismos.

Por otro lado, la cuestión conflictual que se genera a partir de la objeción de conciencia en salud evidencia lo cercano que resultan las dificultades que se generan en este proceso, pues plantea que el mayor reto que tiene la sociedad colombiana no es la implementación de los acuerdos de paz desde un punto de vista estatal, sino lograr la reconstrucción social en la cotidianidad. Así lo plantea Adriana Ciudad en su serie Como corderos entre hipopótamos al denunciar la imposibilidad de construir un criterio propio acerca de las relaciones con los otros debido a la coerción ejercida por los distintos actores del conflicto. La bioética ha planteado distintos enfoques, siendo el más conocido el que observa las relaciones clínicas y de investigación biomédica, pero todos ellos ofrecen una aproximación para entender la complejidad de las relaciones cotidianas y su impacto en el ser y en la sociedad.

Así, esta disciplina debe estar en la capacidad de apoyar la reconstrucción de tejidos sociales a partir del reconocimiento del otro en relaciones tan cotidianas y estereotipadas como las relaciones médico-paciente, pues debido a la permisión de la objeción de conciencia en salud (Sentencias C-355/06, T-209/08, T-388/09, C-274/16), se ha visto más resquebrajada y vulnerada. En el escenario del posacuerdo, surgen nuevas visiones sobre los vínculos sociales y cotidianos que llevan a entender el papel protagónico que toma la convivencia y cómo debe convertirse en catalizadora de aquellas circunstancias que implicaron que la sociedad pensara que el conflicto solamente se daba en el campo y no en las ciudades, en lo cotidiano. Se abren entonces espacios para que en la cotidianidad exista un reconocimiento mutuo del otro en su ser, reconocerlo como es y no como se cree que es.

De esta manera, el diálogo entre las autoras y la artista plástica Adriana Ciudad resultó fundamental para hacer posible que los análisis dieran como resultado este texto como producto de investigación, a partir del proyecto titulado “Objeción de conciencia: una mirada a la percepción del sector salud en Bogotá e Ibagué 2016” y la exposición “Como corderos entre hipopótamos”. En este sentido, la propuesta de este capítulo parte de ese diálogo a raíz de los saberes en las relaciones humanas y con la autonomía de las personas; luego propone que a partir de los haceres sea posible que en las prácticas cotidianas exista un reencuentro con el perdón, y finalmente, que desde el sentir se dé el reconocimiento propio en el otro.

Saberes: su rol en las relaciones humanas y en relación con la autonomía

El conocimiento juega un papel importante en la bioética. Con el reconocimiento de los derechos de los pacientes y del surgimiento de la bioética, la relación médico-paciente empieza un proceso de transformación que hoy continúa atravesado por la tecnología, no solo en el campo de la aplicación biomédica, sino además por el acceso que existe a la información a través de internet, pues hace que el conocimiento no esté reservado a círculos exclusivos. Pero tal acceso no significa que el uso de este conocimiento sea el adecuado por parte de quienes lo obtienen por ese medio.

Hoy en día, el ejercicio de la autonomía es un punto esencial y vital en las relaciones médico-paciente, y va de la mano del conocimiento, de los saberes y de su comprensión. No obstante, la autonomía ha eclipsado los espacios de la bioética y en diversas formas se encuentra una visión totalmente autonomista del paciente desde una perspectiva de una decisión personal sin intervenciones o presiones externas (Pelluchon, 2013). Así, la autonomía debe reconfigurarse, pues implica no solo al paciente, sino también al profesional de la salud, que debe ceñirse al conocimiento y al correcto proceder técnico y ético. El ejercicio de la autonomía debe comprenderse no solo como un acto personal y privado, sino además como un acto que tiene efectos colaterales (para ambos casos). Al respecto, Manchola y Garrafa (2014, p. 104) dicen que:

Sobre la liberación, ella apunta para el locus donde se instalan las fuerzas capaces de obligar a los individuos a la sujeción y a la fragilidad. Al definirla, el educador brasileño Freire identifica la oposición entre el cautiverio y la liberación como el verdadero ejercicio de la autonomía, por lo que los sujetos sociales son, eminentemente, actores políticos cuya acción puede tanto mantener como transformar el statu quo.

Los saberes juegan un papel importante en las relaciones humanas, pues el reconocimiento del saber ajeno (cualquiera que sea su origen) implica darle al otro una posición de poder. Es por esto que la autonomía del paciente desplazó el paternalismo médico que históricamente había gobernado en la relación médico-paciente (Alta Charo, 2005), pues al reconocer al paciente como un sujeto de derechos, surge para el profesional de la salud el deber de informarlo y de respetar sus decisiones en cuanto a su salud (consentimiento informado). Esto se refleja en otros espacios cotidianos de las relaciones humanas, tal como lo se observa en “Como corderos entre hipopótamos”, de Adriana Ciudad, pues representa que las relaciones de poder que se tejen en los conflictos vienen precedidas de la desigualdad de las sociedades y entre las sociedades, a partir del desconocimiento del otro.

Sin embargo, este protagonismo de la autonomía se explica en otros contextos culturales donde tuvo un desarrollo el enfoque de la bioética clínica. El problema con la visión autonomista es que las relaciones tejidas en el contexto sanitario se han quedado estancadas en esta y se han dejado de lado aspectos como la justicia, paradójicamente, generando injusticia. Garrafa (2014), al hablar de la generación de injusticia a partir del poder, claramente lo hace para explicar cómo la negativa del acceso a los servicios de salud genera situaciones de injusticia e inequidad social. Esta preocupación es la que asalta al pensar que la objeción de conciencia puede impedir el acceso a servicios de salud de una manera justa y eficaz, pero esto se debe a un desconocimiento de la realidad de este derecho en el sector salud (Soto-Méndez, 2016b). El profesional de la salud como persona no solamente está sujeto a su conocimiento técnico y profesional, sino que también su actuar esta mediado por sus valores y creencias, y no se puede impedir que las tenga y ejerza, pues así está consagrado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 18.

Pero la dificultad no está en la negativa a un servicio en salud, sino en la falta de claridad de las reglas para el ejercicio de la objeción de conciencia en salud. Es evidente que al profesional de la salud se le ha puesto en una posición de garante de los derechos de los pacientes (Vargas, Jaramillo y Trujillo, 2012), pero en sus manos no está la capacidad de cumplimiento con los requerimientos del paciente (Soto-Méndez, 2016a, p. 2) y con la garantía efectiva de sus derechos. Se encuentra así que la inversión de roles de poder en la relación médico-paciente es cada día más notoria, gracias al empoderamiento dado a la autonomía de los pacientes; por esto, la fase del posacuerdo no implicará solamente la reincorporación de los actores armados al margen de la ley a la sociedad civil, sino que conlleva una reconfiguración profunda (incluyendo la visión legal e institucional) de las relaciones cotidianas, en la que se puedan reconocer los saberes propios y ajenos, en un ámbito de respeto y equilibrio entre los actores.

Haceres: el reencuentro hacia el perdón en lo cotidiano

La situación descrita ha hecho que cambie la práctica de la medicina y hoy en día se piense en un ejercicio de esta profesión de manera defensiva. El cambio de roles a partir del reconocimiento de derechos y la negación de otros ha transformado la forma como se relacionan usuarios / pacientes con el personal de salud y, en consecuencia, ha transmutado el ejercicio de la medicina. Esto, aunque en otra magnitud, se encuentra en la guerra, pues su crueldad convierte la docilidad, dulzura e inocencia en algo tosco, áspero y en últimas en una amenaza. Tal sucede con los niños y la naturaleza: la guerra convierte lo que fuera algo digno de cuidado en algo de lo que la sociedad se debe cuidar. Como se expresó, esta situación representa la cotidianidad: como en los momentos más inesperados, se pasa de ser agredidos a ser agresores / trasgresores.

El paciente que se siente vulnerado por las prácticas injustas del sistema asume que es el profesional de la salud el responsable de esas injusticias y por ello arremete contra él, ante la impotencia de no encontrar una respuesta institucional. Por otro lado, el profesional de la salud se ve compelido a cumplir con los requerimientos institucionales y estatales (Soto-Méndez, 2016a, p. 2), en los cuales no se ofrecen pautas claras para el ejercicio de sus derechos. Esto es evidente en la objeción de conciencia en salud, pues en la necesidad de proteger los derechos de los pacientes (en concreto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) se ha desdibujado el ejercicio de este derecho para el personal de salud, pues no hay un conocimiento suficiente de la práctica de la objeción de conciencia por parte de médicos y enfermeras, con lo que incluso se institucionaliza la violencia, pues desconoce derechos que estaban consagrados para los profesionales de enfermería (Soto-Méndez, 2016a, p. 2; Sentencia C-274/16).

Esto significa que se han desdibujado las relaciones en el sector salud. Pinto (2010, p. 666-667), al hablar de bioética narrativa, explica cómo existe una mirada errónea de las relaciones en salud así:

Esta perspectiva empobrecida se explica en medio de la generalización de la atención gerenciada de la salud (Managed Care) la cual se refiere a una variedad de servicios contractuales que involucran a cuatro grupos consumidores / pacientes, proveedores, aseguradores y compradores de servicios en un sistema de servicios de salud bajo el control administrativo de grandes organizaciones privadas y mecanismos de pago por capitación.

Garrafa y Manchola (2014) proponen una mirada a cómo la bioética se puede convertir en una herramienta para la construcción de paz. Explican que, para una verdadera paz, no basta con hablar de un cese al fuego sino que se hacen necesarios los cambios en las relaciones y en las estructuras sociales:

Para el acercamiento a las nociones de paz positiva, negativa y violencia estructural, es necesario acudir a lo propuesto por Galtung, para quien la paz negativa es una simple ausencia de guerra, en la que hay una importante violencia estructural galopante, injusticia social, dictadura, represión; opuesto a ello, la paz positiva, no solo contempla la ausencia de guerra, sino también de violencia estructural y además, la presencia de una educación y cultura de paz. (Garrafa & Manchola, 2014, p. 101)

Así, para hablar de una paz estable y duradera no solo se requiere el concurso de los acuerdos y las buenas voluntades de los actores del conflicto armado, sino que además es necesario que, en las prácticas cotidianas, se reconfiguren las relaciones con una perspectiva no violenta, de respeto y de rechazo total a las prácticas agresivas que se han institucionalizado. Es necesario que, además de dialogar entre nosotros, podamos “pensarnos entre nosotros, el diálogo entre el sur-sur” (Garrafa, 2014), sin imposiciones ajenas a nuestro contexto.

Puede decirse que la sociedad colombiana comienza un proceso de profunda transformación, en el que sus miembros deben reconocerse mutuamente en su multiculturalidad, y que debe respetar a las minorías étnicas, religiosas, etc., en un contexto de tolerancia mutua. Esto debe llegar a observarse en la relación médico-paciente, en la que se permita a aquel el ejercicio libre de sus derechos y seguir los mandatos de su conciencia y a este, el respeto y cuidado de sus derechos en el marco de su salud y vida.

El respeto por la pluralidad cultural y la evolución de las costumbres pasó a exigir nuevos patrones morales. La sociedad empezó a cambiar los principios y valores básicos que establecían la ruta para sus decisiones y comportamientos, tanto en el ámbito individual como colectivo. (Garrafa & Manchola, 2014, p. 97).

Sentires: el reconocimiento propio en el otro

Tanto el sentir como la conciencia hacen parte de lo más profundo e íntimo de la persona y aunque no es posible tener la prueba tangible de su contenido, sí es viable evidenciar su contenido por la coherencia del actuar (Soto-Méndez, 2016a, p. 8). La frustración y la sensación de impotencia hacen parte de los sentires que se encuentran de manera nítida en las relaciones entre pacientes y profesionales de la salud; y pueden ser exacerbadas a partir de situaciones trágicas o en las que se pueda percibir una desprotección y ataque a los derechos. Es el mismo sentir que se percibe en el conflicto y es lo que hace posible que se entienda cercano y propio, que se genere una identidad con las víctimas.

Aunque los sentires son lo más lejano a las normas y al Derecho, aquelllos son los que permiten percibir a estos como reales y cotidianos. Y es en la cotidianidad, en el sentir, que puede percibirse al otro como igual, en el que se puede reconocer al otro como sujeto de derechos. Al reconocer al otro de esa manera, se hace posible que se garanticen sus derechos y que se procure su efectividad, pues “el reconocimiento del otro como beneficiario de una actitud solidaria contribuye a la construcción de la paz” (Soto-Méndez, 2016a, p. 11). Esto permite que, en el caso de la objeción de conciencia en salud, tanto el profesional objetor como el paciente involucrado se reconozcan como iguales y procuren, a través de sus acciones, la protección de los derechos del otro. Sin embargo, esto será posible en la medida de la transformación de la sociedad, de la reconfiguración de las relaciones, del entendimiento del otro como igual.

Desde la bioética, se escuchan voces que buscan esos espacios de cambio. Feito (2013, p. 3) expone que la bioética narrativa apuesta por la cotidianidad, por hacerla palpable y permitir un sentimiento positivo por el otro:

Las narraciones, las historias, enseñan algo universal a través de lo concreto, muestran un elemento de la naturaleza humana que es visible desde una experiencia contada en forma de historia. Y con ello logran que el sujeto desarrolle procesos de empatía, de razonamiento, y también de imaginación, como nuevo espacio de creación.

Conclusiones

El posacuerdo o posconflicto plantea retos y oportunidades. No solo exige una reparación a las víctimas del conflicto, sino también es necesario que dedique una parte de su fuerza a restaurar las relaciones sociales, pues aunque se ha percibido el conflicto de manera lejana, está más cercano y palpable en las relaciones cotidianas y en las reacciones violentas e incluso deshumanizadas. La crisis de la salud hace visible esta situación, pues la dificultad financiera se agrava por una falta de lo humano y sensible en los procesos de salud. Ese es el reto que plantea la humanización de la salud: las normas resultan insuficientes si no se acompañan de procesos sociales que favorezcan el cambio, que lleven a la paz no como un estado de no perturbación del orden, sino como una manera de convivir y resolver diferencias.

El impacto del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP tendrá huellas más profundas y sus efectos se verán a largo plazo. Esta fase posterior al acuerdo llevará a la sociedad colombiana a reflexionar sobre cómo se tejen sus relaciones cotidianas en cuanto al reconocimiento y respeto del otro. La bioética ha permitido identificar algunos espacios en las relaciones sociales que se pueden tornar conflictivos y, a su vez, puede proporcionar las herramientas necesarias para superar dichas diferencias y dificultades. No obstante (desde una perspectiva de la bioética clínica) implica el reconocimiento mutuo (entre el profesional de salud y el paciente) como sujetos de derechos y ver en el otro a una persona y no al enemigo.

¿Cómo se reconstruye la sociedad? ¿Cómo se reconstruye cada persona a sí misma? ¿Cómo se reconoce al otro? El llamado que tiene el Derecho es que en sus instituciones, estructuras, relaciones, etc., no se representen más relaciones de inequidad y se posibilite ese reencuentro mutuo que necesita la sociedad colombiana. El llamado a cada uno de los miembros de la sociedad es a ser solidarios con el otro. La inmensidad le recuerda al ser humano su fragilidad, pero al mismo tiempo, que no está solo. Cada uno no puede desconocer lo que es, lo que sabe y lo que siente. No podemos desconocer lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos, lo que sentimos. Es por esto que la fuerza de las raíces sociales permite comprender que es desde lo básico, lo cotidiano y lo esencial que se podrá reconstruir la sociedad colombiana.

Referencias

Alta Charo, R. (2005). The Celestial Fire of Conscience — Refusing to Deliver Medical Care. New England Journal of Medicine, 352(24):2471-2473. Digital Object Identifier: 10.1056/NEJMp058112. Recuperado de: Enlace a página

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia t-388/09. (2009 may 28).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia c-728/09. (2009 oct 25).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia c-274/16. (2016 may 25).

Feito, L. (2013). Bioética narrativa. Col-laboracions i debats, (9). Recuperado de Enlace a página

Garrafa, V. y Manchola, C. (2014). La bioética: una herramienta para la construcción de la paz. Revista Colombiana de Bioética, 9(2), 95-106. Recuperado de Enlace a página

Garrafa, V. (2014). La bioética: una herramienta para la construcción de paz. Conferencia Universidad del Bosque, 11 de octubre de 2014, Bogotá, Colombia. Recuperado de: Enlace a página

Pelluchon, C. (2013). La autonomía quebrada. Bogotá: Editorial Universidad del Bosque.

Pinto, B. (2010). Bioética narrativa y relación médico-paciente en los ámbitos formativos en medicina. Ponencia presentada en el 3 Congreso Internacional de la Redbioética Unesco para America Latina y el Caribe “Bioética en un continente de exclusión: de la exclusión a la acción”, Bogotá, Colombia.

Soto-Méndez, C. (2016a). Aportes desde la bioética para la construcción de alternativas al servicio militar obligatorio. Serie Documentos de Docencia No. 8. Recuperado de: Enlace a página

Soto-Méndez, C. (2016b). Informe final proyecto “Objeción de conciencia, una mirada a la percepción del sector salud en Bogotá e Ibagué” [inédito].

Soto-Méndez, C. (2016c). La objeción de conciencia: elementos para su discusión. Serie Documentos de Docencia N.º 9. Recuperado de: Enlace a página

Vargas, E., Jaramillo, I. y Trujillo, E. (2012). Médicos y derechos. El papel de la formación médica en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Bogotá: Ediciones Uniandes.

ANEXOS

CUARTA PARTE DESAFÍOS

Las obras simbolizan el vínculo con la tierra y con los ancestros, que se ha roto por la fuerza del conflicto.

De la serie Bajo tierra

Ciudad

2016

De la serie Bajo tierra

Ciudad

2016

Uno pobre no es nada para nadie

Ciudad

2014

De la serie Archivo muerto

(Orjuela, 2016)

¡Que paguen por lo hecho! Las noticias sobre delitos y su influencia en la política penal

Rafael Velandia Montes

Introducción

No sorprende afirmar que hoy en día el delito goza de una relevancia social alta, apreciada en la fascinación colectiva que despiertan las noticias sobre la comisión de conductas de naturaleza criminal, específicamente aquellas de carácter violento. Tal interés y el cubrimiento informativo del comportamiento delictivo violento no son novedosos; de hecho, se ha ubicado su origen en la narrativa de detectives en la obra de Edgar Allan Poe y sir Arthur Conan Doyle, con su personaje Sherlock Holmes, y en la aparición a lo largo del siglo 19 de diversas publicaciones, tabloides, magazines, etc. (Cheatwood, 2010, pp. 38 y 39), con información sobre la comisión de delitos de tal carácter. Lo que ha cambiado hoy en día es la amplitud de la cobertura de las actuaciones violentas, tanto en número como en su narración, que es lo más detallada posible en cuanto a sus aspectos sangrientos¹⁰ y sórdidos¹¹, y en el acompañamiento gráfico, que ha cambiado de dibujos caricaturescos a fotos explícitas en las cuales se pueden ver, con la máxima precisión, las heridas infligidas a las víctimas.

Este cubrimiento noticioso amplio sobre ciertas formas de delincuencia distorsiona la realidad del delito en las sociedades contemporáneas, porque transmite la idea de que está en aumento, así no sea cierto¹². Esto sirve de sustento injustificado a peticiones para aumentar la pena de prisión a las conductas que ya están criminalizadas y para el uso del Derecho penal como única forma de hacer frente a toda clase de conflictos sociales, violando el principio de ultima ratio, y por último, centra la atención de la ciudadanía con exclusividad en el delito de naturaleza violenta y la aparta de otros crímenes de igual relevancia y de otros conflictos sociales de igual o mayor trascendencia pero sobre los que no se quiere la atención colectiva. Entonces, buscamos comprender qué factores contribuyen a la fascinación social por el delito y determinar las consecuencias que dicha atracción tiene en la política penal¹³.

Con tales fines en mente, en primer lugar se examinará el proceso de selección de aquello que es relevante periodísticamente para indagar la trascendencia del delito en los medios de comunicación. Luego, nos ocuparemos de la necesidad de la información sobre el delito, es decir, indagaremos si existe o no interés colectivo sobre el particular y, en el evento de que se llegue a una conclusión en sentido positivo, qué le sirve de sustento. Por último, se examinarán qué consecuencias tiene esta atracción en la sociedad y en la política penal. De tal suerte, procederemos a ocuparnos del proceso de selección de aquello que se estima como socialmente relevante.

El crimen y los medios de comunicación

Selección de lo relevante desde el punto de vista periodístico

¿Qué es noticiable?¹⁴ Sobre la cuestión, Fuller (2010, p. 3) ha señalado que:

[…] el modelo estándar de periodismo profesional incluye las disciplinas de precisión, desinterés en el informe, independencia de las personas y organizaciones sobre las que se reporta o afectados por el reporte, un modo de presentación a veces llamado objetivo o neutro y el claro etiquetado de qué es hecho y qué es opinión.

De todas maneras, se ha puesto de presente cómo este modelo estándar no se encuentra en la realidad:

El modelo estándar de periodismo profesional ha sido atacado en múltiples frentes. Un clima de escepticismo está socavando la creencia del público en la capacidad de los medios de comunicación para presentar una descripción exacta de la realidad. Un resurgimiento democrático facilitado por la internet está alejando a las personas de la autoridad del experto. La ciencia de la mente ha refutado la idea de que la emoción y la razón pueden ser separadas y que una es invariablemente mejor que la otra para guiar la conducta humana. Y la necesidad de conectar emocionalmente con el público para conseguir su atención en un medio ambiente altamente competitivo e inmerso en mensajes está haciendo que el desapego, la neutralidad y la separación clara entre hecho y opinión sean contraproducentes. (Fuller, 2010, p. 137)

Por ende, si el modelo estándar no determina qué debe ser objeto de cubrimiento informativo, el interrogante que surge es qué factores inciden en ello. Así, se afirma que los detentadores sociales del poder lo deciden, enfoque marxista de la ideología dominante, lo que genera un “riesgo en aumento de que grupos culturalmente dominantes impongan patrones de creencias y conducta que están en conflicto con los de las minorías étnicas, culturales y religiosas” (Jewkes, 2004, p. 20). Además, este enfoque sostiene que los detentadores del poder “manipulan los parámetros de selección de los medios para conseguir apoyo a políticas para criminalizar a aquellos con menos poder en la sociedad” y evitar atraer la atención social sobre las acciones socialmente dañinas de los poderosos (Jewkes, 2004), lo que tiene como propósito evitar su criminalización¹⁵.

También, se ha sostenido que la decisión sobre lo relevante como noticia depende exclusivamente de factores económicos: solo se informa aquello que sea llamativo para la ciudadanía y garantice la venta de más ejemplares o de mayores consultas del medio informativo, si es de acceso gratuito. Justamente, aquello que se considera que es o no es digno de noticia es una cuestión en la que se presenta un contraste “por supuesto altamente cuestionable y arbitrario. Las actividades de celebridades en Londres y Nueva York son consideradas dignas de noticias, por ejemplo, mientras que el futuro de millones de pobres en África o en algún otro lugar no” (Van Ginneken, 2003, p. 56)¹⁶. Por lo tanto, según el enfoque económico la cuestión es precisar qué ocasiona que la gente tenga interés en información sobre los delitos. En todo caso, y al margen de los parámetros de los modelos citados, surge una incógnita: ¿debe ser el delito objeto de noticia? Si se tiene en cuenta el principio de ultima ratio¹⁷, es razonable afirmar que el delito sí posee la trascendencia social necesaria para ser objeto de cubrimiento informativo. Sin embargo, queda por precisar si todos los delitos deben ser reportados o solo algunos de ellos.

¿Debe reportarse el delito? Atracción por el delito versus necesidad informativa

Se ha identificado, desde 1945, una tendencia al aumento del porcentaje de noticias relacionadas con el delito (Reiner et al., 2000, p. 115), propensión que se mantiene en crecimiento (Roberts et al., 2003, p. 78), con un cada vez mayor “sentido emocional de lo que constituye justicia en lugar de uno basado en el sentido del derecho” (Rowbotham, 2013, p. 205) y con una intervención en aumento de ciudadanos legos en derecho, periodismo ciudadano (Hanusch, 2010, p. 147), quienes actúan como reporteros mediante el uso de teléfonos celulares para obtener imágenes que se acompañan con comentarios y que luego son subidas a diversas plataformas digitales, sin tener en cuenta aspectos legales de garantía para las personas, por ejemplo, la presunción de inocencia (Rowbotham, 2013, p. 206); un rasgo de este reportaje es que no existe ninguna otra información distinta a la percepción personal de quien la presenta, no se contrastan fuentes, ni se investiga con el rigor debido. Incluso, este periodismo ciudadano no compite con el periodismo profesional, pues los medios de comunicación han venido incluyendo en sus contenidos este tipo de reportajes, verbigracia, la sección “El reportero soy yo”, de Noticias Caracol.

Además, los medios han incorporado secciones similares a las del periodismo ciudadano: por ejemplo, el “Patrullero de la noche” de Noticias RCN y el “Ojo de la noche” de Noticias Caracol, que notician choques de tráfico y delitos contra el patrimonio económico y la vida y la integridad personal sin ir más allá de videos del momento del hecho o posteriores, tomados por cámaras de seguridad o celulares de los afectados o de la Policía, con narraciones de lo que se muestra y en las que se interroga a los supuestos testigos, que reiteran lo observado. Este nuevo campo abierto del periodismo ha dado cabida a autorreportajes de supuestas víctimas¹⁸, con los mismos problemas que ya han sido mencionados en relación con el periodismo ciudadano y con el evidente problema de parcialidad. Estas tendencias en el reportaje del delito transmiten la idea de que se están cometiendo más delitos y de que hay una mayor probabilidad que la real de ser víctima de un crimen (Roberts et al., 2003, p. 78), lo que es aún más problemático y reprochable en aquellos casos en los que ha habido una disminución o estabilización en el número de crímenes.

Así mismo, los delitos violentos en contra de las personas son noticiados cada vez en mayor cantidad, especialmente homicidios (Reiner et al., 2000, p. 115), y mucho más si involucran factores que los hagan distintos como consecuencia, por ejemplo, de la condición de la víctima¹⁹, del arma empleada o de la forma en la que se ejecutó (Buckler & Travis, 2005, p. 18). A su vez, hay noticiados una proporción mayor aún de homicidios en masa²⁰ (Duwe, 2000, p. 365), en la medida en que son delitos fáciles de informar en comparación con, verbigracia, un delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios (Jacoby et al., 2008, p. 170). De esta manera, el crimen es presentado en las noticias como “una amenaza presente en todas partes y no como un evento único” (Reiner et al., 2000, p. 115)²¹.

Como ya se había indicado, aunque en relación con todo tipo de hechos y conductas, se han planteado diversos sustentos en la selección de lo que es significativo desde la perspectiva periodística: parámetros del modelo estándar de periodismo profesional, enfoque marxista de la ideología dominante o enfoque económico. En todo caso, puede afirmarse razonablemente, al menos en relación con la criminalidad, que el enfoque económico es el factor que tiene predominancia. En efecto, los parámetros del modelo estándar de periodismo profesional permiten explicar la cobertura mediática de la comisión de delitos debido a la importancia que las conductas criminalizadas tienen en la sociedad, pues ellas generan conflictos sociales graves.

Sin embargo, este modelo estándar tiene problemas que rompen sus parámetros de selección de lo relevante como noticia y que, también, explican por qué se da prominencia a reportajes sobre crímenes de la delincuencia tradicional²² y cometidos por miembros de las clases sin poder social sobre otras formas de delincuencia más dañosas socialmente, pero ejecutadas por las clases sociales poderosas. En consecuencia, en el modelo estándar de periodismo profesional los delitos cometidos por las clases socialmente poderosas no son noticiados y cuando lo son, generalmente no se hacen más que menciones sucintas a las decisiones tomadas por las autoridades competentes en relación con el caso en concreto.

Por su parte, el enfoque marxista de la ideología dominante explica cómo los detentadores del poder buscan restar “importancia a los crímenes cometidos por los ricos y poderosos y delitos cometidos por las corporaciones” (Buckler & Travis, 2005, p. 2), y centrar el interés social en los delitos cometidos por las personas de las clases menos favorecidas. De tal suerte, esta teoría sí permite explicar por qué el delito es objeto de cubrimiento informativo, eso sí, solo la delincuencia tradicional, pero no por qué hay demanda de noticias sobre la comisión de delitos. Entonces, se colige que sí existe un interés social en conocer sobre noticias de delincuencia tradicional porque si no fuera así, los medios de comunicación no las publicarían, so pena de no vender ejemplares y ver disminuidos sus ingresos por ventas y publicidad.

Ya habíamos mencionado que las perspectivas de interpretación del proceso de selección noticioso apuntan a que las noticias sobre delitos son abundantes y se prefieren sobre otras debido a que contribuyen decisivamente en la venta de ejemplares (Buckler & Travis, 2005, p. 2); y además, al acrecentarse la audiencia, las tarifas por publicidad también aumentan. En ese sentido, los medios notician de manera profusa sobre el crimen por motivos económicos como respuesta a una demanda social al respecto. Entonces, el interrogante es qué causa esa demanda social por información sobre la delincuencia: ¿es el resultado de la necesidad de informarse sobre la ocurrencia de cierta situación social, en este caso el delito, para poder interactuar en un ámbito social específico? ¿Es la necesidad de estar informado para evitar ser victimizado? ¿O es la respuesta a una atracción por el delito?

La necesidad de actuar en un contexto social determinado²³ solo puede explicar parcialmente la demanda colectiva de noticias sobre delitos debido a que hay campos sociales sin relación con la criminalidad para interactuar y ellos también son noticiados por los medios: política, economía, deportes, música, salud, entretenimiento, etc. Si bien el delito puede ser uno de los temas a tratar en un contexto de interacción social, no es el único²⁴ y no es indispensable para la vida social de muchas personas.

La necesidad de estar informado para no ser victimizado sostiene que los ciudadanos pueden evitar convertise en víctimas al estar al tanto sobre los modos, lugares y tiempos de comisión de crímenes. Sin embargo, esto solo puede explicar parcialmente la demanda social por información sobre el delito, pues se reporta de manera predominante que la delincuencia tradicional y los crímenes de otra naturaleza reciben poca o ninguna cobertura. En todo caso, estas noticias apuntan más a explorar económicamente el delito, ya que no brindan las herramientas para evitar la victimización, sino solo en delitos contra el patrimonio económico, porque en lo que concierne a los delitos en contra de la vida e integridad personal y la libertad, integridad y formación sexuales, ello no sería así salvo que se tratara de una persona o grupo de personas que se dedicaran a cometer delitos de esa clase de manera continua en un mismo sector o con una misma forma de ejecución.

Por lo tanto, si las necesidades de actuar en un contexto social determinado o de estar informado para evitar ser victimizado no pueden proporcionar un fundamento suficiente del porqué de la demanda de noticias sobre delincuencia, queda entonces como interrogante en dónde puede hallarse. Así, consideramos que la razón está en la atracción social por el delito, lo que sí justifica el abundante cubrimiento informativo que recibe la criminalidad, aunque limitado a las conductas punibles cometidas por los miembros de las clases sociales no poderosas, es decir, a la delincuencia tradicional.

Aunque acá no podemos ocuparnos acerca de la causa de la seducción colectiva por las historias, ficticias y reales, de comisión de delitos, especialmente de aquellos que involucran la ejecución de crímenes violentos, sí debemos mencionar que la cuestión, dada su importancia, por sí sola justifica una investigación sociológica y está lejos de ser un asunto dilucidado. Sin embargo, valga mencionar que, como pone de presente Surette (2011, p. 7), la historia muestra que las actividades criminales han sido objeto de información²⁵ desde hace tiempo: al principio, cuando el medio sonoro predominaba, existían formas orales de transmisión de la información como cuentos y canciones.

En la antigüedad, hasta antes del año 1200 d. C., a través del “teatro, cuentos populares y mitos” se transmitían de generación en generación narraciones sobre la delincuencia, con “contenido limitado y distribución a audiencias locales”, lo que significaba que los “efectos no eran extensos” y cuyo “ejemplo contemporáneo son las leyendas urbanas” (Surette, 2011, p. 7). Desde el año 1200 hasta el 1500 d. C., el lugar lo tomaron las baladas, “canciones populares que promovían al criminal como una celebridad y ayudaron al desarrollo de la atención de la cultura pop en la criminalidad” y del cual el “hip hop es un ejemplo actual” (Surette, 2011, p. 7).

Cuando el predominio lo tomó el medio impreso, entre los años 1400 y 1700 d. C., fueron los volantes²⁶ y los diarios de tamaño grande, conocidos como sábana²⁷, los que se ocuparon de informar sobre los delitos y, de hecho, son “las raíces históricas de la actual programación de información y entretenimiento del delito y la justicia”, cuyo alcance “es más amplio aunque limitado a pequeñas audiencias” (Surette, 2011, p. 7). La prensa del penique²⁸, alrededor de la década de 1830, permitió que “las noticias sobre el delito alcanzaran mercados más grandes y que se convirtieran en la característica central de las noticias” en los medios de comercialización masiva (Surette, 2011, p. 7)²⁹.

Luego, aparecieron las novelas de diez centavos³⁰, que tuvieron sus orígenes en la década de 1860, en las que “las novelas de detectives y crímenes apuntaron a audiencias variopintas [y] el beneficio en medios de entretenimiento sobre el crimen es reconocido y explotado por primera vez” (Surette, 2011, p. 7). En la década de 1890, surge el amarillismo³¹, con el que “los medios de comunicación hicieron un cambio significativo para convertirse en medios masivos de información y entretenimiento”, caracterizados porque fomentaban “la dramatización de los delitos y los delincuentes en formatos de información y entretenimiento” (Surette, 2011, p. 7). Este amarillismo se ha mantenido, tal y como lo muestra de manera crítica la obra del artista Andrés Orjuela sobre la situación en México, donde los medios publican, sin que exista justificación desde lo periodístico, fotos que muestran con todo detalle escenas sangrientas de homicidios³².

En el siglo 20, antes de que la televisión asumiera el papel principal como medio de comunicación, en la radio se presentaban novelas de detectives y delitos que tenían buena audiencia y eran baratas de producir, lo cual era ideal en una perspectiva económica para un negocio como una cadena radial (Cheatwood, 2010, p. 38). Las películas también tuvieron un papel importante porque fueron el primer medio visual en el siglo 20 que reprodujo la criminalidad desde la ficción, lo que generó preocupación social por la “glorificación del crimen y de los delincuentes y los efectos de imitación de las películas” y llevó a “investigaciones de los efectos de los medios de comunicación y a esfuerzos de censura por parte del Gobierno” (Surette, 2011, p. 8). Por su parte, los cómics, en la década de los treinta, “llenaron un campo de definición de la realidad para el crimen y la justicia”, eran leídos por “adultos y niños” y sus “contenidos violentos y gráficos generaron cruzadas públicas” en su contra como “corruptores de la juventud”³³ (Surette, 2011, p. 8).

Después, la televisión tomó el lugar como medio de comunicación principal y en ella “la programación sobre el crimen se convirtió en una porción mayor del contenido total”, lo que se reforzó con la llegada de la televisión por cable, que permitió generar espacios aún más definidos en relación con ciertos temas como la cocina, el deporte y, por supuesto, el delito (Surette, 2011, p. 8). El surgimiento de las videograbadoras aumentó la facilidad de acceder a los contenidos en cualquier momento y sin versiones editadas por la censura (Surette, 2011, p. 8). A su vez, los avances permitieron el desarrollo de los videojuegos, de los que se destaca que con el tiempo se desarrollaron al punto de que “los consumidores comenzaron el proceso de convertirse en autores colaboradores de contenido” al decidir, por ejemplo, si asumir “el papel de criminal o de luchador contra el crimen y determinar el resultado final de la historia” (Surette, 2011, p. 8)³⁴.

Hoy en día, baste mencionar la popularidad de series de televisión relacionadas directamente con delitos sexuales y de homicidio, como el programa La ley el orden (Law & Order³⁵), que duró veinte años al aire y que ha generado diversos productos derivados como La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law & Order: Special Victims Unit), que lleva ya veinte temporadas. También, fue muy popular la serie Investigación de la escena del delito (Crime Scene Investigation³⁶, mejor conocida como CSI), que duró quince temporadas al aire y de la que se derivaron las series CSI Miami y CSI New York³⁷. Así mismo, deben mencionarse los programas de telerrealidad como COPS, que lleva veintinueve temporadas al aire y se encarga de mostrar a agentes de Policía en el cumplimiento de sus labores de patrullaje frente a la criminalidad e incluso muestran operaciones en encubierto. Además, hay canales de televisión que se dedican por completo a programas sobre investigaciones criminales, con énfasis en las de homicidios, como es el caso de Investigation Discovery. Por último, en lo que concierne al cine los ejemplos son múltiples, con películas en las que, por ejemplo, los protagonistas son homicidas seriales como en los casos de Saw, Scream, The Texas Chain Saw Massacre, Hallowen y Friday The 13th, todas ellas con múltiples secuelas.

Ahora, con los dispositivos digitales y el internet, que permiten una conectividad permanente, la actualidad nos muestra un mundo que se vive a través de la información a la que se accede por tales dispositivos (Surette 2011, p. 8). Esto ha dado lugar al surgimiento de una “era de una política de crimen y justicia de paso rápido impulsada por los medios de comunicación” (Surette 2011, p. 8), que se caracteriza por el exceso informativo sobre la comisión de delitos, que produce la satanización del delincuente y la idealización de la víctima, lo que tiene como consecuencia la instrumentalización del Derecho penal, bajo el fenómeno social nominado punitividad (Velandia, 2015a, pp. 103 y ss.), cuestión de la que nos ocuparemos más adelante.

Por otra parte, y en respuesta al interrogante de por qué las representaciones en series televisivas, películas, novelas y otros relatos sobre el delito generan interés colectivo, también se ha afirmado que se justifica en la estructura narrativa de estos acontecimientos, la cual comienza con una situación de equilibrio o paz social que es alterada por la comisión de un delito, equilibrio que es restaurado por un héroe que le hace frente al villano delincuente (Cavender, 2004, p. 338). Esta justificación puede funcionar para la narración ficticia, pero no puede explicar el porqué del gusto social en relación con los delitos reales, en los que muchas veces no hay justicia y el villano ni siquiera es descubierto, por lo que no puede decirse que se haya restaurado el equilibrio social alterado por la comisión del crimen.

Una última evidencia de la fascinación social que despierta la criminalidad violenta se encuentra, verbigracia, en la página web http://supernaught.com, en la que se ofrecen recuerdos variados, a modo de souvenir, de asesinos en serie, entre los que hay elementos hechos por los asesinos en la cárcel, como diez cartas escritas por Ted Bundy³⁸, junto con una foto y un memorando enviado por la Policía en unos de los procesos penales en su contra, por los que se piden 18.000 dólares estadounidenses³⁹; o una tarjeta de felicitación firmada por Jeffrey Dahmer⁴⁰, conocido como el ‘Carnicero de Milwaukee’, que se vende en 5.500 dólares estadounidenses⁴¹.

Como se ve, desde hace tiempo el delito ha cautivado a la gente⁴² y no es novedoso que las noticias sobre cierta clase de delincuencia tengan amplio cubrimiento periodístico, como reconocimiento a esa especial preferencia social y con el objetivo de vender más ejemplares y aumentar las tarifas por publicidad. Entonces, al darle prevalencia a las noticias de comisión de delitos, y más a aquellos que involucran violencia física, los medios contribuyen a distorsionar la realidad sobre las cifras delincuenciales en un espacio y tiempo determinados y pueden fácilmente llevar a que se asuman actitudes ciudadanas punitivas en relación con cierto tipo de criminalidad y de delincuentes. Por último, este cubrimiento noticioso exagerado distorsiona la realidad social de la criminalidad y se convierte en un elemento importante en el surgimiento de actitudes ciudadanas punitivas y de formas de punitividad, aspectos de los que pasamos a ocuparnos.

Exceso en los medios: actitudes ciudadanas punitivas y punitividad

Una vez examinado el porqué de la existencia de la atracción social por cierta clase de delitos, lo que explica su amplio cubrimiento informativo, debemos indagar sobre las consecuencias del exceso noticioso. Así, lo primero que debe advertirse es que tal exceso contribuye al surgimiento de actitudes ciudadanas punitivas, que son un acervo diverso y modificable de opiniones sobre un conflicto social y la forma de enfrentarlo. Hablaremos de actitudes ciudadanas punitivas cuando se esté en presencia de una tendencia identificable al considerar el ámbito jurídico, específicamente el derecho penal, como instrumento idóneo de solución de conflictos sociales (Velandia, 2015a, p. 101)⁴³.

De tal tipo de actitudes ciudadanas punitivas es paradigmático el ya citado caso de Rosa Elvira Cely, que recibió un amplio y notorio cubrimiento informativo y sobre el que se reportaba:

A media mañana de este domingo, los alrededores de la tarima del Parque Nacional […] fue esta vez el escenario para que cientos de hombres y mujeres mostraran tristeza, indignación e impotencia por los niveles de violencia que se registran en el país, y especialmente contra el género femenino […] había muchas personas que exhibían camisetas con consignas de rechazo a la violencia contra la mujer, y algunas de las pancartas tenían mensajes así: ¡Ni una más!, ‘No a las rebajas de pena’, ‘Cadena perpetua para los desgraciados’, ‘Por la dignidad y el derecho a la vida, ni una Rosa más’, ‘92.000 mujeres violadas en los últimos 8 años merecen que se haga justicia’, ‘No hay excusas para agredir a una mujer’. (Racines, 2012)

En sentido similar, el crimen contra Yuliana Samboní fue duramente rechazado: “Los asistentes al plantón manifestaron su tristeza ante este atroz hecho e hicieron consignas a favor de la cadena perpetua para el responsable” (Noticias Caracol, 7 de diciembre de 2016).

Nótese que estos dos delitos generaron sendas actitudes ciudadanas punitivas, sin que pueda darse una razón de por qué se cometieron, a pesar de no ser los primeros crímenes de su clase en Colombia ni los únicos cometidos en esos años. Por ejemplo, también en el 2016 se victimizó al niño Joan Sebastián Rugeles, pero no se desató la ola de protestas sociales que sí produjo el de Yuliana Samboní. Igualmente, el caso de Rosa Elvira Cely generó una fuerte protesta social en Colombia e incluso llevó a la expedición de una ley con su nombre que estableció el tipo penal de feminicidio⁴⁴; esto mientras que en noviembre del 2016, en Buga, Dora Lilia Gálvez fue violada, quemada, acribillada, empalada, obligada a comer heces fecales (Caracol Radio, 17 de noviembre de 2016) y días después falleció, pero fue un crimen que no produjo el rechazo social que sí despertó el de Cely.

Por razones de espacio, no podemos ahondar en por qué un delito crea una actitud ciudadana punitiva y otro no o en por qué un caso se vuelve centro de atención social mientras que otros similares pasan inadvertidos⁴⁵, pues la motivación emocional de tales actitudes impide fijar parámetros objetivos sobre el particular y se requiere, en consecuencia, una investigación sociológica sobre los casos para encontrar respuestas⁴⁶ al respecto. Pero lo que los ejemplos de Cely y Samboní ponen de presente es cómo el cubrimiento informativo excesivo puede influir en el surgimiento de actitudes ciudadanas punitivas.

Adicional a la producción de actitudes ciudadanas punitivas, otro efecto del amplio cubrimiento informativo es la punitividad, que se define como:

[…] un fenómeno social en el que un agente social busca satisfacer sus intereses particulares a través de la instrumentalización del derecho penal aprovechándose de la consideración social que esta área del derecho tiene como herramienta principal y efectiva de solución de conflictos sociales que son causantes de preocupación colectiva. La instrumentalización del derecho penal se realiza mediante una propuesta de reforma normativa en dicho ámbito jurídico que se expone como idónea para hacer frente a un conflicto social determinado sobre el que existe alarma social como consecuencia de un cubrimiento informativo exagerado y permanente sobre su ocurrencia y de una identificación de los individuos como sus potenciales víctimas. (Velandia, 2015a, p. 103)

Así, la punitividad tiene diversas clases que dependen del agente social que busque el uso irracional del Derecho penal. En primer lugar, está la punitividad emocional, que se da cuando el actuar del agente social:

[…] está determinado sobre todo por aspectos emocionales, deseos de venganza prioritariamente, sentimientos de dolor, tanto de la víctima del delito como de personas cercanas a ella, por lo general familiares, aunque el hecho de que se actúe incitado por aspectos emocionales no es obstáculo para que se busque también obtener provechos personales. (Velandia, 2015a, p. 132)

En segundo lugar, tenemos la punitividad emocional asociativa, que se presenta en “casos de asociaciones sociales, en donde agrupaciones de personas promueven reformas a la legislación penal de acuerdo a los asuntos que les atañan” (Velandia, 2015a, p. 133). Una tercera clase, la punitividad simbólica de gestión, se da cuando:

[…] la propuesta de reforma legal proviene de personas que desempeñan un cargo público no elegido popularmente, pero que tienen dentro de su ámbito de competencias el proponer reformas legislativas [con el] propósito de demostrar idoneidad y capacidad de gestión en el cargo y no el de dar solución al conflicto social. (Velandia 2015a, 133 y 134)

En cuarto lugar, está la punitividad económica, que se caracteriza porque “las propuestas vienen de agentes comerciales que buscan la ampliación del derecho penal con el fin de proteger sus intereses económicos” (Velandia 2015a, pp. 135 y 136). Por último, tenemos la punitividad electoral, en la que:

[…] los políticos buscan demostrar aptitud para ejercer un cargo con el fin último de obtener prestigio electoral y votos mediante la instrumentalización del derecho penal aprovechándose de la consideración social que esta área del derecho tiene como herramienta principal y efectiva de solución de conflictos sociales que son causantes de preocupación colectiva. (Velandia, 2015a, p. 165)

De tal suerte, y como ejemplo de lo que ocurre en un caso que recibe un excesivo cubrimiento informativo, en el reseñado caso de Yuliana Samboní⁴⁷ hubo manifestaciones de punitividad simbólica de gestión⁴⁸: la entonces directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, afirmó:

Para que Colombia sea un país verdaderamente en paz […] necesitamos que se garanticen los derechos de los niños y que no haya ninguna forma de violencia con niños […] insistimos en la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños’, agregó la funcionaria y advirtió que la violencia sexual es una problemática presente en todos los estratos de la sociedad. ‘No solo en los estratos bajos, como se suele decir. También en los estratos altos, donde se suele ocultar’ (El Tiempo, 5 de diciembre de 2016).

‘Colombia entera pide a gritos cadena perpetua para estos violadores de niños, no creo que hay (sic) un colombiano y vecino que quiera a un violador de niños en la casa de al lado porque pone en riesgo la vida de otros niños […] hacemos un llamado a la sociedad y al Congreso para que se abra este debate nuevamente. (Kienyke, 6 de diciembre de 2016)

Así mismo, hubo casos de punitividad electoral, como los siguientes:

“Mauricio Lizcano, presidente del Senado, se mostró partidario de imponer la prisión perpetua como castigo, y aseguró que el Congreso ‘está listo’ para imponerles esa máxima pena a violadores y asesinos de niños. ‘Colombia no quiere más niños muertos, es una tragedia enorme. La única solución es la prisión perpetua, estamos en mora de hacerlo’, reconoció” (Semana, 6 de diciembre de 2016).

“Congresistas de ‘la U’ radicaron 4 proyectos, dos de ellos de acto legislativo, para endurecer los castigos a los abusadores de menores. Dos iniciativas proponen la cadena perpetua; otra, la castración química, y la última busca reducir los tiempos en los procesos penales que involucren delitos sexuales contra niños” (El Tiempo, 16 de diciembre de 2016)⁴⁹.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló: “Estas atrocidades deben ser castigadas con cadena perpetua. Si esto fuera así, no habría criminales sueltos. No hay ninguna justificación para estos actos demenciales; y si se atribuye a estas atrocidades algún desequilibrio mental, con mayor razón nuestros niños deben estar protegidos” (El Tiempo, 16 de diciembre de 2016)⁵⁰.

No examinaremos los argumentos expuestos como sustento de las propuestas del establecimiento de la cadena perpetua para este tipo de casos, pues ya habíamos llevado a cabo un análisis⁵¹ en relación con la Ley 1327 de 2009⁵², en el que advertimos que esta ley había sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia C-397 de 2010, y que el hecho de que falleciera su principal promotora, Gilma Jiménez Gómez, no era obstáculo para que otro político se apropiara de su discurso⁵³ (Velandia, 2015b, pp. 234-236). Su hija Yohana Salamanca Jiménez, luego de ocurrido el caso de Samboní, inició la recolección de firmas para un referendo de igual contenido al presentado por su madre y que cuenta con el respaldo de los padres de Samboní y de otros padres de niños asesinados (El Espectador, 10 de enero de 2017), lo que nos muestra una mezcla entre punitividad emocional y electoral⁵⁴. Entonces, nos remitimos al estudio de la Ley 1327 de 2009 (Velandia, 2015b, pp. 233 y ss.) y a sus críticas especialmente en relación con los argumentos de disuasión de potenciales delincuentes (prevención general negativa) y de incorregibilidad de los criminales en esta clase de delitos (Velandia 2015b, pp. 259 y ss.), que son los predominantes en este tipo de innecesarias e injustificadas reivindicaciones maximizadoras del Derecho penal.

Entonces, puede deducirse que las consecuencias del excesivo cubrimiento informativo sobre un delito son la generación de actitudes ciudadanas punitivas y de punitividad en sus diversas clases. Por tal motivo, los medios de comunicación deben concienciarse sobre la responsabilidad que tienen al cubrir de manera excesiva ciertos tipos de criminalidad, lo que transmite una realidad distorsionada sobre el delito y los criminales, y tiene los efectos nocivos arriba expuestos que erosionan principios fundamentales del Derecho penal.

Conclusiones

Los medios de comunicación tienen el deber, de acuerdo con los parámetros del modelo estándar de periodismo profesional, de reportar los hechos socialmente relevantes, entre los cuales está el delito si se tiene en cuenta que, según el principio de ultima ratio, solo se criminalizan las conductas generadoras de graves conflictos sociales. Sin embargo, se ha advertido, bajo el enfoque marxista de la ideología dominante, que se noticia en exceso la delincuencia cometida por miembros de las clases socialmente no poderosas, mientras que la perpetrada por las clases poderosas recibe escasa o ninguna cobertura informativa.

Si bien el enfoque marxista de la ideología dominante sí permite explicar por qué el delito es objeto de cubrimiento informativo (eso sí, solo crímenes de la delincuencia tradicional, es decir, delitos contra la vida e integridad personal, la libertad, integridad y formación sexuales y el patrimonio económico), no aclara por qué los medios de comunicación notician sobre la comisión de esa clase de conductas, respuesta que se encuentra en la atracción que la ejecución de tales delitos despierta en la sociedad y que es explotada económicamente por los medios.

La atracción social por las noticias de delitos no encuentra sustento en la necesidad de actuar en un contexto social determinado, porque en múltiples ámbitos sociales de interacción no se requiere conocimiento sobre el particular. En la misma línea, tal atracción tampoco encuentra su razón de ser en evitar ser victimizado, porque, aunque la información que los medios proporcionan da cuenta de cómo, dónde y en qué horarios están siendo cometidas determinadas conductas delictivas, estos datos solo podrían, en el mejor de los escenarios, contribuir a evitar ser víctima de delitos contra el patrimonio económico, pero no respecto a crímenes contra la vida e integridad personal y la libertad, integridad y formación sexuales, salvo que se tratara de un individuo o grupo que cometieran delitos de tal naturaleza de forma permanente en una mismas órbitas temporal y espacial.

Se advierte un interés social en conocer los detalles más sangrientos y sórdidos de delitos violentos y un aprovechamiento económico de los medios de comunicación de tal atracción mediante la publicación de todos los datos posibles de su perpetración. Esto distorsiona la realidad del delito en las sociedades contemporáneas dando la impresión de que está en aumento, lo que a su vez sirve de sustento injustificado para el surgimiento de actitudes ciudadanas punitivas, que estiman el Derecho penal como la única herramienta estatal frente a cualquier tipo de conducta generadora de conflicto social, y de propuestas de reforma normativa al respecto bajo el fenómeno social de punitividad en sus distintas variantes, lo que tiene como consecuencia la adopción de una política penal de carácter punitivo y no preventivo.

Referencias

AP (26 de enero de 1989). Bundy Toll May Be 50, Prosecutor in Case Says. New York Times. Recuperado de Enlace a página

Betín, T. (7 de diciembre de 2016). Yuliana Samboní tenía mordiscos en la cara: Fiscalía. El Heraldo. Recuperado de Enlace a página

Buckler, K. y Travis, L. (2005). Assessing the Newsworthiness of Homicide Events: An Analysis of Coverage in the Houston Chronicle. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 12(1), 1-25.

Caracol Radio (17 de noviembre de 2016). Mujer fue violada, acribillada y empalada en Buga. Recuperado de Enlace a página

Cavender, G. (2004). Media and Crime Policy: A Reconsideration of David Garland’s “The Culture of Control”. Punishment & Society, 6(3), 335-348.

Cheatwood, D. (2010). Images of Crime and Justice in Early Commercial Radio—1932 to 1958. Criminal Justice Review, 35(1). Disponible en Enlace a página

Cortés Fierro, E. (11 de diciembre de 2016). Hay más Yulianas / Voy y vuelvo. El Tiempo. Recuperado de Enlace a página

Davis, F. (s. f.). Reseña de ALARMA.JGP de Andrés Orjuela. Autor. Recuperado de Enlace a página

Díez Ripollés, J. L. (2005). El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. Anuario de Filosofía del Derecho, (22), 13-52. Recuperado de: Enlace a página

Duwe, G. (2000). Body-Count Journalism: The Presentation of Mass Murder in the News Media. Homicide Studies, 4(4), 364-399.

El Espectador (10 de enero de 2017). Los papás de Yuliana Samboní se suman al referendo contra violadores de niños. Recuperado de Enlace a página

El Tiempo (29 de septiembre de 2014). Mujer aceptó que asesinó a su hijo. Recuperado de Enlace a página

El Tiempo (5 de diciembre de 2016). ICBF pide cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. Recuperado de Enlace a página

El Tiempo (5 de diciembre de 2016). Dolor e indignación por crimen de niña caucana en Bogotá. Recuperado de Enlace a página

El Tiempo (16 de diciembre de 2016). La guardia ciudadana no se rinde por Yuliana Samboní. Recuperado de Enlace a página

Fuller, J. (2010). What is Happening to News: The Information Explosion and the Crisis in Journalism. Chicago: The University of Chicago Press.

Hanusch, F. (2010). Representing Death in the News. Journalism, Media and Mortality. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Jacoby, J. E., et al. (2008). The Newsworthiness of Executions. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 15(2), 168-188.

Jewkes Y. (2004). Media and Crime. Londres: Sage.

Johnson, D. (16 de febrero de 1992). Milwaukee Jury Says Dahmer Was Sane. New York Times. Recuperado de Enlace a página

Jones, J. (13 de marzo de 2012). China’s Death Row TV Hit: Interviews Before Execution. BBC News. Recuperado de Enlace a página

Luhmann, N. (2007). La sociedad de la sociedad. (Javier Torres Nafarrete, trad.). México D.F.: Universidad Iberoamericana, Herder.

Murphy, S. (2015). Dating a Prisoner: What Attracts People on the Outside to Fall in Love with Convicted Criminals? The Independent. Recuperado de Enlace a página

Noticias Caracol (3 de marzo de 2016). Hallan torturado el cuerpo de un niño de 11 años, desaparecido en La Estrella. Recuperado de Enlace a página

Noticias Caracol (7 de diciembre de 2016). Comunidad en Popayán se congregó para rechazar crimen contra Yuliana Samboní. Recuperado de Enlace a página

Orjuela, A. (s. f.). La producción de una visión plástica de la narcodecapitación: el video, un medio para invocar fantasmas. Recuperado de Enlace a PDF

Racines Arévalo, K. (6 de marzo de 2012). Repudio por el crimen de Rosa Elvira Cely: ¡Ni una Rosa más! Semana. Recuperado de Enlace a página

Semana (2 de junio de 2012). La muerte de Rosa Elvira Cely, un crimen abominable. Recuperado de Enlace a página

Semana (6 de diciembre de 2016). ¿Populismo legislativo en el caso de Yuliana? Recuperado de Enlace a página

Semana (6 de diciembre de 2016). Prisión perpetua a violadores de niños: ocho años de promesas. Recuperado de Enlace a página

Semana (15 de diciembre de 2016). Fiscalía pide 60 años de cárcel para Rafael Uribe. Recuperado de Enlace a página

Semana (29 de marzo de 2017). Rafael Uribe Noguera condenado a 51 años y ocho meses de prisión. Recuperado de Enlace a página

Kienyke (6 de diciembre de 2016). “Rafael Uribe podría recibir rebaja de pena”: Representante Efraín Torres. Recuperado de Enlace a página

Real Academia Española (rae) (2001). Diccionario de la lengua española (22 ed). Madrid: Espasa Calpe.

Reiner, R., et al. (2000). No More Happy Endings? The Media and Popular Concern about Crime since the Second World War. En T. Hope y R. Sparks (eds.). Crime, Risk and Insecurity. Law and Order in Everyday Life and Political Discourse. Londres: Routledge.

Roberts, J., et al. (2003). Penal Populism and Public Opinion. Lessons from Five Countries. Oxford: Oxford University Press.

Rowbotham, J., et al. (2013). Crime News in Modern Britain. Press Reporting and Responsibility, 1820-2010. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Schudson, M. (1978). Discovering the News: A Social History of American Newspapers. New York: Basic Books Inc. Publishing.

Silva Sánchez, J. M. (2008). ¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha contra la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor”. En S. Mir Puig (dir.). Derecho penal del siglo 21. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

Surette, R. (2011). Media, Crime, and Criminal Justice: Images, Realities, and Policies (4.a ed.). Belmonto: Wadsworth Publishing.

Van Ginneken, J. (2003). Collective Behavior and Public Opinion. Londres: Lawrence Publishing.

Velandia Montes, R. (2015a). La punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas, Tomo i. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Recuperado de Enlace a PDF

Velandia Montes, R. (2015b). La punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas, Tomo 2. Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Recuperado de Enlace a PDF

Warwick, A. (2006). The Scene of the Crime: Inventing the Serial Killer. Social Legal Studies, 15(4), 552-569.

Zaffaroni, E. R., Alagia, A. y Slokar, A. (2000). Derecho penal, parte general. Buenos Aires: Ediar.

ANEXOS

CUARTA PARTE DESAFÍOS

Estas obras reelaboran la presentación que hace la prensa de diferentes actos violentos. Esta reconstrucción permite encontrar nuevos significados, ya sea por la estetización de la imagen o por la exageración del mensaje original.

¡Matazón!

Orjuela

2010

¡Silenciados!

Orjuela

2010

Imagen intervenida, de la serie Archivo muerto

Orjuela

2016

La caída del Mexicano, de la serie Archivo muerto

Orjuela

2014

Reverso de la caída del Mexicano, de la serie Archivo muerto

Orjuela

2014

“Luis Aldana y Gustavo Osorio capturado tres horas después de cometer un asalto”, de la serie Archivo muerto

Orjuela

2014

Reverso de “Luis Aldana y Gustavo Osorio capturado tres horas después de cometer un asalto”, de la serie Archivo muerto

Orjuela

2014

Lecciones de Anatomía

(Posada)

Compromisos de los universitarios para crear cultura de paz*

Isabel Hernández Arteaga, María Elsa Unriza Puin, Laureano David Angarita Becerra, Helmer Fernando Llanez Anaya, Fredys Alberto Simanca Herrera

* Artículo de resultados de la investigación titulada “Concepciones, percepciones y compromisos del joven universitario sobre la construcción de cultura de paz”, aprobada y financiada por el Conadi y la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá

Introducción

Estudiar la paz desde la unicidad del cuerpo del joven universitario permite la posibilidad de aportar a la construcción de cultura de paz. En el contexto de la dualidad violencia-paz, el ostracismo del cuerpo constituye la supresión y el alejamiento; así como la ciencia debe reconocer e incorporar el cuerpo y la mente para una postura de unicidad del conocimiento, liberándose de utopías y poses positivistas que afirman las múltiples posibilidades y dimensiones del conocer. Igualmente, la construcción de cultura de paz incorpora al cuerpo como un todo, permitiendo erigir nuevas realidades al reconocer la integralidad del cuerpo del ser humano que ocupa un espacio en el territorio tanto de lo humano, como de lo espiritual; un cuerpo que se libera de las prisiones en que está confinado por el otro, por su opresor.

Es la opinión de expertos e investigadores del tema objeto, quienes se aproximan a él a partir del conflicto y mediante un enfoque humanista que genera confianza, trascendiendo posturas rigurosas y momificadas para participar desde el interés y el querer personal en la construcción de cultura de paz, que es viable si se abre la mente y se pone el corazón en esta causa, soñando con un territorio inclusivo, justo y en armonía.

Las tendencias teóricas sobre paz y construcción de cultura de paz admiten la complejidad que reviste el concepto de paz y sus implicaciones en la unicidad del cuerpo, sobre todo en relación con los intereses individuales intocables del poder, que trazan laberintos subrepticios en la dinámica de la sociedad que reclama permanentemente claridad sobre el papel de los conflictos en la creación de cultura de paz, los cuales desde el concepto de paz positiva se convierten en motores de transformación para el desarrollo social y en motivadores de equidad y justicia social. El resultado de la revisión teórica llama a un uso adecuado y razonable del conocimiento que existe sobre el tema, particularmente sobre la concepción y el abordaje de los conflictos en el contexto sociocultural, porque es claro que la paz no es ausencia de conflicto, ella es ante todo presencia de equidad, igualdad y justicia social.

Al establecer una relación conceptual entre arte y ciencia, el ejercicio académico va en doble sentido: primero, por parte de los investigadores al identificar y recrear desde la obra de arte el enunciado acerca de los conflictos y tácitamente de la paz; segundo, por parte del artista al reconocer en el texto investigativo el problema social que se describe y las metodologías que lo abordan y ahondan en la búsqueda de información veraz para interpretar y comprender la realidad existente sobre la creación de cultura de paz y los compromisos que están dispuestos a asumir los universitarios. Estos dos reconocimientos desde campos, disciplinas y concepciones distintas encontraron un camino de encuentro, donde el arte y la investigación se complementan para reconocer los compromisos que desean y están dispuestos a asumir los universitarios en busca de crear cultura de paz.

En este caso particular, el encuentro se da en el lenguaje elocuente de la obra artística titulada Signos cardinales, un territorio del arte marcado de momentos, donde los cuerpos adquieren una plasticidad artística para desplazarse, según Posada (2014), del lugar de la víctima al lugar del poder, por el conocimiento de sí mismos y la conciencia de su espacio y de su fortaleza, con la certeza de volver sobre sus pasos hasta ocupar su territorio. Ese lugar que constituye su propia historia, donde desde lo inmaculado de un abrazo, como una caricia ligera entre materia y espíritu, es decir, desde la unicidad del cuerpo, emerge el grito que reclama compromiso para construir, desde lo individual y lo colectivo, compromisos de paz.

Libia Posada, en su dualidad de artista y médica, evidencia el carácter interdisciplinario de las prácticas artísticas contemporáneas, que tienen la capacidad de eliminar el linde entre el arte y otras prácticas culturales y sociales. En la intersección entre el arte y la medicina, se encuentra también el cuerpo domado, avasallado, violentado y construido por la cultura, siempre provisto de la belleza que le es propia. Sus obras eliminan las fronteras entre ciencia y arte, llamando al encuentro con la investigación interdisciplinar: en este caso específico, los investigadores de diferentes facultades de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, quienes escudriñan científicamente en la unicidad del cuerpo del joven universitario a fin de vislumbrar, interpretar y comprender los compromisos que están dispuestos a asumir para aportar a la creación de la cultura de paz.

Dos de las obras de la artista antioqueña forman parte de este ejercicio que acerca a la ciencia con el arte. La serie Signos cardinales (2008), con la técnica de instalación, fotografía y dibujo, a partir de elementos de la cartografía construye el atlas de Colombia originado en la geografía sentimental y el imaginario de personas que son cuerpos que vivieron y experimentaron el dolor de la violencia; es un ejercicio de memoria desde la ubicación de la experiencia en términos de mapa corporal, devolviendo la certeza de lo vivido a la totalidad del cuerpo que lo reconstruye a través de la memoria. Con esta serie artística, Posada les ofrece a las víctimas del desplazamiento forzado colombiano un recurso para que le devuelvan un lugar a su historia. Sin intermediaciones lejanas e impersonales ni discursos narrativos vacíos, son ellas mismas quienes renacen al adquirir esa conciencia de integralidad de su cuerpo, reconociendo la vida que los habita, para así empezar a reconstruir y a encontrar su propia paz.

También, la serie Neurografías (2005) se vincula a esta toma de conciencia sobre los compromisos para construir y ahondar en el tema de cultura de paz desde la unicidad del cuerpo del universitario. En esta serie, Posada utiliza la técnica de gasa sobre papel y acrílico: los vendajes quirúrgicos y el hilo sobre papel hacen una síntesis anatómica de radiografías e imágenes diagnósticas, como retratos del cuerpo interior. Aquí, surgen interrogantes complejos frente a las relaciones existentes entre anatomía y agresión colectiva, pues señalando lo humano como una parte de la integralidad del cuerpo, resaltan las fibras de la gasa artísticamente interconectadas que permiten al espectador transitar en el cuerpo-la violencia-el arte.

A partir del arte, el ser humano busca encontrar su propia trascendencia; a decir de Tierno (s. f., p. 75), “la belleza es un valor que trasciende a todos y se autogenera en todo aquel que sepa sentirla, vivirla, sintonizarla y crearla en su derredor”. Además, es un valor unitivo que funde lo material con lo espiritual y entusiasma por igual a los seres humanos de todas las culturas y profesiones.

Desde la esencia discursiva del arte y la ciencia, la construcción de cultura de paz constituye un esfuerzo multidisciplinar para transformar los paradigmas existentes y para asumir compromisos concretos, con la finalidad de estimular la presencia de la paz en la cultura; comprendiendo que esta tarea de construir cultura de paz debe trascender el concepto de conflicto como problema, como limitante, como carencia, como restricción, para asumirlo como parte de la estructura necesaria para hacer de la paz un ingrediente propio de la vivencia cotidiana. Pensar en aportar a la construcción de una cultura de paz se convierte hoy en día en una necesidad de acción imperante, razón por la cual se requiere ahondar en la conceptualización de términos relacionados como: paz, cultura de paz y construcción de cultura de paz, y con base en su desarrollo contribuir a pensar la paz desde la paz misma.

En este capítulo, se aborda el desarrollo de la pregunta de investigación: ¿cuáles son los compromisos que están dispuestos a asumir los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá para aportar a la construcción de cultura de paz?

Desde la paz el ser humano identifica la violencia

La paz no es solo un sueño, un deseo, una hipótesis o un enunciado teórico; es fundamentalmente la expresión de un valor que orienta el desarrollo de la cultura. Es posible afirmar que la paz es un hecho social y está ligada al ser humano desde sus orígenes, pues se reconoce como parte de su creación, a pesar de la histórica existencia de la violencia. Conocer y vivir la experiencia de la paz es lo que hace que el ser humano identifique la existencia de la violencia desde la unicidad de su cuerpo.

Al respecto, López (2011) habla de paces en sentido polisémico, dada la complejidad que reviste la definición de este término. Señala que, por lo general, los estudios sobre la paz históricamente están ligados a estudios sobre la violencia; hoy en día, avanzan nuevos abordajes inter y transdisciplinares con fundamento en valores pacifistas, invitando a examinar el concepto de paz entre pensamientos pacifistas y ambientalistas. Al respecto, Negri (2007) argumenta que existen momentos de la vida en los que la guerra, los conflictos y la resistencia son necesarios para encontrar la paz.

La paz imperfecta, según el concepto de Muñoz (2004), corresponde a situaciones en las que se satisfacen las necesidades humanas, pero la violencia está presente en todas las estructuras del carácter humano. Se agrupan bajo esta nominación aquellas experiencias en las que los conflictos se regulan de manera pacífica; y se denomina imperfecta porque, a pesar de gestionarse pacíficamente, convive con los conflictos.

Según argumenta Sandoval (2012), con base en la información del Peace Research Institute de Oslo (prie), la International Peace Research Association (ipra) y la revista Journal of Peace Research, en la década de los sesenta se presentó un giro importante en el concepto acostumbrado sobre paz, expresado en la paz positiva como alternativa a la violencia generada y concebida por estructuras sociales que coartan y restringen la satisfacción de necesidades básicas del ser humano. Este concepto supone un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia social, desde el cual se pretende salvaguardar la concordia.

En palabras del Centro de Comunicación Educativa Audiovisual (2013, p. 23), la paz se define como “[…] saber perdonar y pedir perdón […] aplicando el principio ético de no hacer a los demás lo que no queremos para nosotros”. Sin embargo, en el mundo sigue siendo más fácil comprender de guerra, violencia y desacuerdos que de paz. La mayor ventaja de la paz, según Muñoz (s. f.), es que puede ser conocida, sentida, percibida y pensada por los seres humanos que se permiten plantear múltiples puntos de vista, es decir, se podría inferir que todos tienen una idea de paz que se convierte en un potencial ingente para construir cultura de paz, pero que no siempre es aprovechado para tal fin, porque no existe un campo teórico común donde se puedan debatir concepciones, percepciones y problemas sobre la paz y menos aún sobre los compromisos que se está dispuesto a asumir para lograrla.

Pérez y Abrisketa (2000) argumentan que la paz en un Estado democrático se equipara a “vida en libertad”, un ejercicio pleno y sin restricciones de los derechos a los que todo ser humano tiene como persona y ciudadano. Pero, infortunadamente, los inicios del siglo 21 son una época de la historia en la cual la paz no es una práctica ni una experiencia de vida, no forma parte de la cultura (en contextos de injusticia social y violación de los derechos humanos); por el contrario, se encuentra sin sustento en el plano de la utopía; por ello, los seres humanos la persiguen de manera constante, siendo un sueño para muchos aún no satisfecho. A decir de Ruiz (1999), la paz se reconoce en la actualidad como un derecho de la tercera generación, es decir, un derecho del pueblo o de la solidaridad, siendo de cumplimiento obligatorio porque está encaminado a buscar el bienestar mundial; dice el autor que estos derechos humanos de tercera generación se refieren a los bienes de paz, desarrollo y medio ambiente, y surgen como una respuesta a la demanda de cooperación entre los países.

En palabras de Castaño (2013, p. 79), es necesario “[…] ayudar a que los conflictos de cualquier índole no se conviertan en conflictos armados, o que los que están en esta fase, salgan y no retornen a ella”. Pérez-Esquivel (2011) señala que la destrucción y la muerte se encuentran en relación directa con la guerra y los conflictos armados y sociales, escenarios de una época de violencia, siendo necesario un código de conducta y bases éticas que evite llegar al deterioro de la paz. Así nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un aporte concreto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la paz del mundo; sin embargo, la historia confirma el pleno desacato de esta declaración universal.

Resultado de su quehacer docente, Pérez (2008) identifica tres ideas sobre las que es importante concienciar al estudiante universitario respecto al conflicto. La primera trata de mantener una actitud positiva, teniendo en cuenta que los conflictos están presentes en todo contexto donde exista vida; se deben asumir cotidianamente en las relaciones de los seres humanos. La segunda consiste en tener una actitud analítica que permita diferenciar entre dilemas internos y conflictos con los demás, reconociendo diferencias entre agresividad, conflicto y violencia, y posibilitando reconocer las causas que originan controversias. Y la tercera habla de una actitud transformadora que permita al ser humano sentir el deseo de trascender para transformar el conflicto en aras del desarrollo y el bienestar.

El contexto actual, según Perez (2006) y Villegas y García (2008), demanda reflexión crítica, discusión y debate consciente que dimensionen el valor del ser humano en sí mismo, cuya protección debe ser un imperativo moral, político y jurídico. Reconocer el valor del ser humano en su carácter multidimensional es permitirle ser parte de la solución a la problemática. Cabe mencionar el estudio de quien considera que la comunicación es un elemento de gran relevancia en la educación, en la interacción humana, y en el afrontamiento y la solución de conflictos en las distintas dimensiones a que atañe la convivencia cotidiana.

Vallaeys (2006) propone tres dimensiones para la valoración ética de los conflictos: ética de primera generación: en la que el problema objeto de discernimiento es el bien y el mal en las relaciones interpersonales; ética de segunda generación: en la cual el problema objeto es lo justo e injusto a nivel de las instituciones; ética de tercera generación: en la que los conflictos serán entendidos y discernidos en un ámbito de globalidad, de cara a la sostenibilidad de la vida humana, en relación con sistemas bióticos y abióticos de los que el ser humano hace parte en interdependencia.

Cultura de paz: una construcción permanente

La cultura de paz, entendida como un proceso, no rechaza los conflictos; por el contrario, aprende de ellos y los transforma en motores para su fundamentación y consolidación; son los conflictos sociales los que demandan transformación. Pero la cultura del siglo 21 rechaza los conflictos porque los entiende como generadores de hechos violentos y no como incentivos para el desarrollo. En la cultura de la paz, Armendano y Micó (1997) sugieren que el ser humano debe desarrollarse plena e integralmente en relación con otros que aparecen vinculados a él por articulación, interrelación u oposición. Por tanto, los conflictos son inevitables en el proceso cultural y no deben ser tratados como elementos disfuncionales.

Para Fisas (1998), la cultura de la paz implica un proceso permanente de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser en proyección horizontal hacia los demás, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global.

Cabe subrayar el importante rol que juegan la sociedad civil y el Estado en este proceso, destacando el compromiso de reconciliación como una etapa que, según Villaverde y Hagegraats (2007), se encuentra ligada a la reconstrucción y normalización en el posconflicto del tejido social, político y económico del territorio afectado por la violencia. A decir de Olave (2013), pese a que las negociaciones sean compartidas y participativas, cada actor las orienta de acuerdo con sus propios intereses políticos, con lo cual se apunta al sentido estratégico de la construcción de modelos de contexto en la comunicación política. La construcción de la paz se entiende como compromiso y tarea permanente.

Construir sobre la base de una cultura de paz, según Muñoz y López (2004), es el proceso de sembrar un futuro cierto con posibilidades de cobijo y regazo seguro contra toda forma de violencia. Recomiendan construir cultura de paz sobre valores, actitudes, comportamientos, estilos de vida y acciones que respeten la vida, la dignidad y los derechos de la persona; una cultura que rechace la violencia y se una a principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento entre los pueblos, grupos y personas. Esta cultura es un referente, una manera creativa de formar comunidad, de construir universalidad y unidad desde la diversidad.

De acuerdo con Kotter (2012), el desarrollo de esta cultura requiere que la sociedad se inspire, confíe y rompa la indiferencia desatando las cargas abrumantes del pasado para abandonar su zona de confort y arriesgarse a construir su anhelo de paz. En esta línea, Llorente, Guarín y Rivas (2014) apuntan que una cultura de paz sin recursos que motiven la acción se queda liada a un discurso difuso que no permite reacción. Complementa Rettberg (2013) que se convierte en un proceso heterogéneo y multiforme, permeado por diferentes maneras de entender los conflictos y la paz; activado por múltiples actores con intereses y responsabilidades que fluctúan de lo particular a lo social.

Muñoz y Molina (2010) disertan sobre la idea de cultura de paz señalando que está en la necesidad de crear un mundo pacífico que promueva el conflicto como antídoto a la violencia, dando lugar a la tensión innovadora y no solamente preceptiva. Al respecto, razona Fisas (2011) que se debe educar al ser humano en y para el conflicto; es tarea de la educación preparar a las personas para enfrentar el inconformismo y el disentir, en aras de transformar los conflictos y promover la ética global.

La construcción de cultura de paz requiere asumir compromisos

Hay consenso en que el mundo del siglo 21 está lejos de ser apacible. Guerras y conflictos presentan un panorama desalentador frente al que la sociedad se ha anestesiado, y lo que es más preocupante, niños y jóvenes lo han ido naturalizando. La literatura revisada está de acuerdo con Osorio (2012), en el sentido de que los temas de conflicto, violencia, paz y cultura de paz han sido estudiados desde diversas perspectivas, las cuales no siempre han sido reconciliables entre sí. Sin embargo, estableciendo relaciones conceptuales, el estado del arte demuestra que hay varios puntos de vista en torno al tema que coinciden en varias aristas.

Es lógico pensar en un proceso de construcción de cultura de paz que, según Arévalo (2014, pp. 132-133), rompa los ciclos de violencia a los que están expuestos los territorios en conflicto, considerando la paz positiva en sus acciones hacia procesos de reconciliación en busca de bienestar en el territorio. El Estado moderno debe garantizar una sólida capacidad institucional y la incorporación de diversos sectores en la vida política. No es un proceso que se lleve a la práctica fácilmente, porque en los territorios violentados el Estado se caracteriza por su ausencia.

En la última década del siglo 20, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013, p. 132) recuerda que: “[…] la tarea de construcción de cultura de paz en el mundo estuvo motivada por temor a la aparición de Estados depredadores capaces de suprimir los derechos de grupos minoritarios y eliminar derechos y libertades básicas de los ciudadanos”. Se enfatizó entonces en fortalecer la participación de la sociedad civil y el sector privado.

Caireta y Barbeito (2005), Call y Cousens (2008), Anderson (2011) y Rettberg (2013) coinciden en que construir cultura de paz trasciende la resolución de conflictos por medio de negociaciones de paz cuando implica a la sociedad civil. La experiencia acumulada en este tema muestra que la construcción de paz es un proceso dinámico, no lineal, que conlleva diversidad de retos y frentes de acción paralelos, se da en múltiples ámbitos e involucra a actores de diferente naturaleza. Muñoz y López (2004) reconocen que la construcción de cultura de paz es un proceso complejo y difícil de alcanzar, pues se reconoce y se construye en la cotidianidad de la sociedad, sin imposición de valores o pautas culturales que nieguen su diversidad y legitimen el uso de la fuerza como forma de resolver los conflictos.

Según la experiencia de Grasa (2014, p. 4): “[…] hacer las paces suele durar entre dos y cinco años, pero construir cultura de paz no menos de diez o quince”; la primera fase del proceso es complicada y necesita pactos. No se logrará romper ciclos de violencia política intergeneracional sin cambiar sistemas de gobierno en las regiones afectadas por los conflictos y sin hacer compromisos a nivel personal y colectivo. De otra parte, no es posible la construcción de una cultura de la paz sin justicia. Para Arteaga et al. (2013), no es posible la lucha contra la impunidad en una situación de violencia; estos elementos van juntos y teóricamente no debe haber tensión entre ellos, es decir, son dos caras de una misma moneda. Según Barbero (2006), construir paz en un territorio en guerra, con impunidad y violencia, requiere priorizar iniciativas y compromisos desde la sociedad civil; y para Rettberg (2006), la ventaja de la participación de la sociedad civil es su carácter extraoficial y humano, que aumenta la posibilidad de trascender prevenciones mutuas.

La construcción de la paz en el mundo, a decir de Castaño (2013), es un tema complejo y confuso debido al maximalismo que se posiciona en el discurso de la política nacional e internacional, en el que se pierde el vínculo fundante entre paz, derechos humanos, desarrollo, justicia social y seguridad. La paz, según Sandoval (2012), sienta bases culturales para reconstruir el tejido social en la perspectiva de una paz integral y duradera. La cultura de paz es un desafío y una premisa irrenunciable para lograr el pleno desarrollo de cualquier sociedad. Núñez y Hagegraats (2007) consideran que los conflictos impiden el desarrollo de los países en todos los sectores; por ello es necesario prevenirlos a través de procesos de capacitación y concienciación de las sociedades para comprometerse a construir cultura de paz.

La cultura de paz se crea y recrea desde el sentir y el actuar, desde la realidad y el sentimiento, desde lo ético, estético y práctico, pero ante todo desde el compromiso.

Paradigma, enfoque y tipo de investigación

Este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta el paradigma cualitativo de la epistemología vivencial-experiencial, buscando triangular la información para averiguar las relaciones existentes en la complejidad del hecho social objeto de estudio: los compromisos que está dispuesto a asumir el joven universitario en relación con la construcción de una cultura de paz. Ha sido un proceso complejo que requirió el abordaje interdisciplinario, que permitió llegar al conocimiento y la comprensión de por qué el estudiante de universidad hace lo que hace respecto a la paz.

En estas complejas relaciones, según Alarcón y Fernández (2009), los compromisos de un determinado grupo poblacional desempeñan un papel preponderante en la determinación y orientación de los cambios que requiere la sociedad en sus distintos sectores; en el sector de la educación superior, implica comprenderlo como un proceso social cuyo mayor interés debe estar ubicado en el mundo de la cultura académica y sus manifestaciones.

El enfoque de investigación que orientó la búsqueda de la respuesta al problema planteado fue el histórico hermenéutico, dando relevancia a la interpretación de los compromisos para la construcción de cultura de paz centrados en el estudio de significados de las acciones humanas y de la vida social; de modo que este enfoque permitió develar los compromisos que sobre la construcción de cultura de paz están dispuestos a asumir los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.

El método de investigación fue el descriptivo-interpretativo, que condujo a la comprensión de los mencionados compromisos para la construcción de cultura de paz desde quienes participan en la experiencia como estudiantes universitarios, develando juegos de sentido y dinámicas que permiten construir relaciones presentes, teniendo en cuenta el espacio sociocultural correspondiente, permitiendo al tiempo comprender la cultura de paz a partir del sentido de la existencia humana.

La característica de la metodología desarrollada, de acuerdo con el hecho social y con el sensible tema que es objeto de estudio, se acogió a las características de flexibilidad⁵⁵ y principalmente a la particularidad holística⁵⁶ de la investigación cualitativa, que favorecieron la comprensión integral del fenómeno de interés sin buscar hacer predicciones al respecto.

Población y muestra (unidad de análisis-unidad de trabajo)

La población entrevistada correspondió a 10.337 estudiantes de las seis facultades de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Teniendo en cuenta el tamaño de la población, se trabajó con una muestra de mínimos representativos que, haciendo uso de herramientas estadísticas, se calculó en 370 estudiantes, según sistema de muestreo estratificado proporcional y vinculación a la muestra por mapeo muestral bajo criterios de inclusión y exclusión; estos últimos hacen referencia a: ser estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá en el periodo objeto de la investigación y estar de acuerdo en participar de la investigación. Sin embargo, la respuesta de los estudiantes a la invitación para ser parte del estudio superó significativamente los mínimos representativos calculados para cada estrato, obteniendo respuesta positiva de 622 estudiantes como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7. Síntesis de población y muestra: mínimos representativos y muestra definitiva

Facultades | Población | Mínimos representativos | Muestra definitiva
Ciencias Económicas y Administrativas | 2849 | 102 | 142
Ciencias Sociales y Humanas | 1915 | 69 | 111
Contaduría Pública | 1311 | 47 | 99
Derecho | 998 | 36 | 68
Ingeniería | 2945 | 105 | 157
Odontología | 319 | 11 | 45
Totales | 10337 | 370 | 622

Fuente: construcción propia con información del Departamento de Registro y Control Académico (DARC), de la Universidad Cooperativa de Colombia, 2016

Técnicas de recolección, sistematización y análisis de la información

La técnica de recolección de información para analizar los compromisos que están dispuestos a asumir los estudiantes en la construcción de cultura de paz consistió en la producción de texto libre sobre un tema determinado, ejercicio que fue efectuado por los estudiantes en los eventos sobre el tema de paz que la institución realizó en el primer semestre del 2016. Los textos se codificaron según las categorías de análisis y se sistematizaron en matrices de vaciado de información; por su parte, el análisis se llevó a cabo mediante la técnica de triangulación, a través del cruce dialéctico de la información pertinente al objeto de estudio.

Compromiso: una macrocategoría

El compromiso es la macrocategoría de este estudio. Se sustenta como aspecto central para la materialización de la estrategia y del éxito en las organizaciones. Juaneda y González (2007) identifican que tanto el compromiso personal como el grupal y colectivo son esenciales para el logro de los objetivos, y es en buena parte a medida que cada cual desde su rol y nivel asuma la puesta en marcha de ese compromiso como conjunto de acciones encaminadas al cumplimiento de metas y logros.

Por otro lado, Luciano y Valdivia (2006), desde el campo social, entienden el compromiso personal como el reconocimiento y las acciones correspondientes del sujeto sobre sus propios valores, lo que implica que identifique y seleccione una trayectoria de acción, movilizándose en esa dirección, dispuesto a asumir los eventos tanto cognitivos como ambientales que sobrevengan a esa decisión. Además, dicho compromiso se traduce en acciones implementadas y orientadas en beneficio de la sociedad, la cultura, la naturaleza y el mejoramiento de la calidad de vida individual y comunitaria.

Son diversos los compromisos que los jóvenes proponen en el tan anhelado sueño de construir cultura de paz, y la pretensión es que abriguen a los cuerpos en su unicidad; tales compromisos se evidencian en las categorías de análisis: práctica de valores, perdón y reconciliación, paz interior, ambientes solidarios y compromisos desde lo profesional; esas aristas analíticas permitieron organizar y relacionar la información. (Luciano & Valdivia, 2006)

Resultados: compromisos que están dispuestos a asumir los estudiantes universitarios respecto a la construcción de cultura de paz

Asumir compromisos requiere tener criterio propio frente a los hechos. Según Mendia y Flores (2003), es una de las posturas más comprometidas que deben enfrentar los jóvenes en su vida y una de las más difíciles de poner en marcha: exige desarrollar competencias de crítica, reflexión y resistencia a las presiones del medio. Tener criterio propio y actuar en consecuencia lleva a la reflexión sobre los efectos que se generan al desarrollar sentido de responsabilidad sobre los actos propios, siendo este un signo de madurez que permite analizar qué estrategias de mejoría personal se deben vincular al desarrollo integral.

Las respuestas unánimes dadas por los jóvenes aluden al hecho de asumir compromisos para construir cultura de paz.

Los jóvenes se comprometen a poner en práctica valores y llaman a volver los pasos hacia una educación en valores. Para ellos, la paz es un concepto que tiene su asiento en varios valores, que registraron en el siguiente orden de importancia: tolerancia, respeto, equidad y justicia. Por ello, la paz se encuentra en la cultura ciudadana y en el establecimiento de valores en el hogar, en el colegio, en el trabajo y en la comunidad para una vida armoniosa en sociedad. Practicar y asumir dichos valores es uno de los compromisos que más se destacan (82%) en las respuestas conscientes de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia:

Los valores son lo máximo, si todos tenemos valores y los aplicamos, la vida de las personas sería diferente, podríamos convivir en paz y armonía; pero infortunadamente ellos se quedaron en el camino y desaparecieron de nuestra vida individual y social. Mi compromiso es volver a vivir en los valores humanos que de niño me inculcó mi familia, que son sencillos pero muy importantes.

Al respecto, Ramírez (2011) aduce que existe la percepción casi generalizada de que hay una crisis de valores, los jóvenes carecen de ellos porque no están formados ni tienen vivencia en ellos. Menciona Calzadilla (2010) que la grave crisis de la valoración humana se origina principalmente en la cultura del poder y del tener, en un mundo globalizado con múltiples problemas económicos, políticos, ecológicos y educativos; por lo que diversos sectores de la sociedad preocupados por estos comportamientos invitan a volver a vivir en la cultura de los valores humanos. Señala el autor que este tema constituye un reto y una responsabilidad social para el campo de la educación, pues debe superar el debilitamiento de las instituciones educativas, la eliminación de valores tradicionales de la cultura, la desorientación de los medios de comunicación en la actualidad, la discrepancia entre el progreso técnico y el mejoramiento ético, la insuficiencia del pragmatismo y el utilitarismo, y la incertidumbre frente al sentido de la vida.

De otra parte, Arana (2006) argumenta que en general se acepta la necesidad de los valores en el proceso formativo profesional de manera explícita, pues se considera parte inseparable de un enfoque educativo coherente, proponiendo la integración de lo humano y lo profesional. La educación como hecho social ha de cumplir su responsabilidad frente a las nuevas realidades, en las que la ciencia, la tecnología y las humanidades sean elementos integrados e integrantes de la formación profesional.

Los valores son esos principios que permiten orientar nuestro comportamiento y nos ayudan a realizarnos como seres humanos. Mis padres nos han dicho permanentemente que los valores no son negociables, ellos se deben cumplir y punto. Mi compromiso para construir cultura de paz es practicar los valores.

En este sentido, según Fuentes (2000), los valores son el modelo, el patrón y el fin que debería sustentar todo proyecto educativo. Rugarcía (2001) concibe los valores como aquello que hace que el ser humano sea en función de sus propios valores, es así como un valor mantiene a la persona íntegra y comprometida.

No hay paz porque no hay valores, por ejemplo, prevalece el irrespeto, la intolerancia, la agresividad, la desigualdad, la injusticia, el individualismo, antivalores que están en contra de la paz. Es por ello que me comprometo a practicar los valores, con la finalidad de cambiar mi mentalidad y la mentalidad de los otros para aportar a la cultura de paz.

Sobre este compromiso de los estudiantes, Palos (2000) asume la construcción de cultura de paz como un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva, cambio en el que la educación juega un papel importante por cuanto incide en el desarrollo de valores de los estudiantes, permitiendo la evolución del pensamiento social.

Los valores se aprenden en el hogar, en el colegio, por tanto, es posible que ellos se propaguen entre la comunidad y la sociedad. Pero desafortunadamente, no todos los padres se preocupan por los valores de sus hijos, no a todas las universidades les importan los valores. Los valores deberían ser parte de la educación para que todos vivamos en estos principios. Creo que si todos practicamos los valores de responsabilidad, tolerancia, igualdad, justicia, solidaridad, entre otros, las relaciones van a cambiar. Quiero asumir el compromiso de aplicar esos valores de manera visible, para que los demás pueden aprender y hacerlo conmigo.

En este contexto, Caireta y Barbeito (2005) señalan que los valores son el marco de referencia personal que orienta las acciones y las decisiones; cada persona tiene su propia escala de valores a partir de la relación con el entorno, de las experiencias vividas, de la capacidad de análisis y de los referentes, entre otros. Es necesario para los jóvenes universitarios tomar conciencia y explicitar desde qué valores asumen sus compromisos para construir cultura de paz.

Los cuatro valores que, según los resultados, destacan los estudiantes en sus compromisos para aportar a la construcción de paz son: tolerancia, respeto, equidad y justicia social; además de otros valores como libertad, amor, responsabilidad y honestidad, entre otros.

Tolerancia: guarda relación con la aceptación de aquello que se aleja de lo que cada persona considera dentro de sus creencias; para Barranco (2011), es la aceptación de la diversidad y de las diferencias, implica flexibilidad y apertura frente a ideas y acciones contrarias, respetando la libertad del otro. Los jóvenes se comprometen a ser tolerantes, a saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida.

Respeto: es considerado el origen de todas las virtudes, ya que constituye la actitud fundamental que presuponen todas ellas; para Von Hildebrand (2004), el respeto es un presupuesto para entender y captar los demás valores y, a su vez, es parte central de la adecuada respuesta de valor; por tanto, el respeto es una condición necesaria y un elemento esencial de todas las virtudes. Los jóvenes se comprometen a respetar al otro y al medio ambiente, siendo conscientes de que como jóvenes incurren fácilmente en actitud de irreverencia, porque demandan independencia.

Equidad: relacionada íntimamente con la justicia, se entiende como un paradigma de justicia y de Derecho que se construye en contexto; para Whitehead (1992), es la ausencia de las desigualdades innecesarias, injustas y evitables; la equidad es un asunto relevante de justicia, distribución, reconocimiento y derechos. Los jóvenes universitarios se comprometen desde su quehacer como personas, ciudadanos y profesionales, a actuar equitativamente, entendiendo que lo justo y la justicia no parecen ser un principio unívoco.

Justicia social: se considera el fin de toda discriminación contra los individuos y la igualdad de derechos y oportunidades; para Murillo y Hernández (2011), ella surge por la percepción y vivencia de múltiples y crecientes injusticias, y a través de la búsqueda por una mejor sociedad; consideran que la única certeza sobre la justicia social es su inexistencia en la realidad. Los estudiantes universitarios que perciben esta situación se comprometen a realizar acciones para que cohabite la justicia junto a los demás valores, y a exigir que las desigualdades en todos los aspectos se vean disminuidas o eliminadas.

Aprender a perdonar y a pedir perdón: una muestra de reconciliación

El perdón es una decisión personal que permite construir cultura de paz en contextos azotados por la violencia. Dice González (2014) que dejando de lado la acepción jurídica del perdón como indulto o amnistía, el perdón es una decisión personal voluntaria que comunica al otro ante la sociedad; es una disposición que permite volver a la unicidad del cuerpo porque cuando se perdona, se reencuentra el cuerpo físico con su propio espíritu. Además, reconciliarse es el paso necesario para la construcción de condiciones que permitan pasar de situaciones de violencia a situaciones de trámite pacífico de los conflictos, siendo parte esencial de la construcción de paz al concretarse desde un amplio consenso democrático.

El 68% de los estudiantes considera que el perdón y la reconciliación son muy importantes para la construcción de cultura de paz; sin embargo, señalan que la paz es más que perdonar o pedir perdón, pues se construye de manera individual empezando por el entorno familiar, la universidad, el trabajo, el círculo de amigos, la sociedad. Reconocen que cuando existe la decisión de perdonar y reconciliarse, se acepta que los conflictos forman parte de la vida y son inevitables. Los jóvenes tienen claro que al perdonar, abren la puerta para reparar una relación y llegar a la convivencia pacífica; lo que reduce los deseos de venganza. Se comprometen entonces a “desechar el odio para que no se vuelva un círculo vicioso que impida lograr la paz; aunque es difícil perdonar, considero que en este momento de la historia no hay otra salida y debemos abrir espacios para la reconciliación”. Así mismo, los estudiantes observan que:

La paz se consigue construyendo espacios de perdón y reconciliación para mejorar el entorno social de una población. Acogiéndome a una publicidad existente, diría que la paz es un derecho que todos los seres humanos debemos exigir, pero a la vez ella se constituye en un deber que debemos cumplir. No sabría cómo perdonar, ni cómo pedir perdón, es muy difícil; pero, estoy convencida de que el perdón posibilita la creación de cultura de paz; por ello, me comprometo a aprender a perdonar y a pedir perdón.

Lederach (1998) declara que los procesos de perdón y reconciliación no son fáciles, sino que son complejos y llenos de tensiones; y propone tres aspectos consustanciales: la reconstrucción de las relaciones, la construcción de un futuro interdependiente y abrir espacio para la creatividad e innovación en las acciones, teniendo presente la subjetividad de los involucrados y la demanda de una mentalidad nueva.

Los estudiantes se comprometen a perdonar, pero para el caso particular del proceso de paz con la guerrilla de las FARC dicen ‘no a la impunidad’, porque los delitos de sus miembros fueron atroces y sus acciones violentas dañaron el tejido de la sociedad.

Me comprometo a perdonar a quien me haga daño, pero en delitos de lesa humanidad no debe haber impunidad, como en el caso de la guerrilla, la memoria de lo que sucedió es parte de nuestra historia y está allí. Desde mi profesión aportaré significativamente para que no haya olvido y la memoria esté presente.

En este ámbito, Duque (2014) expresa que el perdón y la reconciliación política no pueden dejar a un lado el pasado, teniendo en cuenta el daño moral y el sufrimiento causado. Las víctimas (de manera individual) y las comunidades (en general) tienen el poder de liberar a los ofensores del daño moral y político causado; entre tanto, la reconciliación es posible cuando el proceso permite la trasformación personal y política en los miembros de la comunidad, que deben llegar a respetarse solidariamente como personas y ciudadanos. Martín (2005) concluye en su estudio que el perdón y la reconciliación posibilitan el entendimiento y la coexistencia entre los que se consideraban “enemigos” para compartir la vida en sociedad; de esta manera, la reconciliación constituye el medio para pasar de un conflicto violento a un conflicto compartido.

Perdonar a los guerrilleros las atrocidades que cometieron con las víctimas debe ser algo fuera del plano terrenal, considero que es factible llegar a perdonar, pero no debe haber impunidad; porque el victimario no puede convertirse en víctima. Realmente son procesos complejos que se deben abordar; por ello me comprometo a acompañar a las víctimas en ese proceso tan doloroso, que le permita ver a su enemigo como un ser humano; mejor, como un hermano.

Lederach (1998) decía que estos procesos de reconciliación implican cambios profundos y dolorosos en una sociedad cruzada por la violencia; es por ello que los procesos de perdón y reconciliación se dirigen hacia la capacidad de reconocimiento de la unicidad del cuerpo del otro para descubrir su dignidad reflejada en la satisfacción de sus necesidades básicas y en el respeto a sus derechos fundamentales; se requiere transformación de estructuras sociales para que se conduzca a una paz sostenible.

La reflexión de los estudiantes en este sentido es un aporte a la discusión. Por su parte, Orozco (2005) busca encontrar acuerdos entre dos posiciones éticas y políticas: una busca la paz para la sociedad y promueve una reconciliación política que implica pactos de convivencia, pero que renuncia a negociar los derechos de las víctimas, puesto que estos en la realidad no son aplicables ni defendibles; admitiendo en el mejor de los casos una dosis mínima de verdad y procesos de reparación colectiva, justificando la inexistencia de la justicia con el argumento de la victimización horizontal.

La otra posición considera que los victimarios también son víctimas y que las dinámicas del conflicto no permitirían diferenciarlos de estas, por lo que también necesitan soporte y apoyo para reinsertarse a la vida civil, aun sin que tengan que responder por sus acciones. Se deben reconocer en este sentido otras posturas como la presentada por Etxeberría (1999), quien plantea que se debe aplicar todo el rigor de la ley, es decir, bajo la consigna de “ni perdón, ni olvido”. Dicen los estudiantes que según las perspectivas existentes: “Reconciliarse no es ni impunidad ni castigo, debe orientarse por otros caminos más flexibles hacia el cumplimiento de responsabilidades en el manejo de los conflictos, posibilitando espacios de convivencia sostenible en la construcción de cultura de paz”. También argumentan los universitarios:

Perdonar al que me hizo mal y pedir perdón al que le hice daño son dos posturas muy difíciles de manejar si anida en nosotros el resentimiento, carecemos de humildad o no sabemos reconocer los errores. Pero la paz lo merece todo, por eso estoy dispuesto a aprender a perdonar a quien me ofenda, en mi familia, en la Universidad, en la calle, en los medios de transporte, en la sociedad; pero también, considero que en este proceso debo aprender a pedir perdón. Generalmente los seres humanos somos egoístas y orgullosos. Le pido a la Universidad que se comprometa a enseñarnos sobre el manejo del perdón.

Los estudiantes se comprometen, pero también piden orientación para entender estos procesos. El perdón es un camino necesario para quien pretende encontrar paz interior, teniendo claro que el perdón no es un sentimiento, sino un acto de voluntad y libertad que no está sujeto a ninguna condición. Una respuesta en la que coinciden los estudiantes es: “Después de todo lo vivido en nuestro país, debemos aprender a perdonar, es un acto de amor, pero también de valentía; sin embargo… no sabemos cómo se debe perdonar”.

Cumplimiento de los derechos humanos: un camino para la paz

Una de las características del mundo contemporáneo, a decir de Nikken (2000), es el reconocimiento de que todo ser humano, por el simple hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle. Son derechos universales que corresponden a todo ser humano: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros⁵⁷”. A este respecto, los estudiantes afirman que:

En Colombia, los derechos humanos tienen vigencia para favorecer a los ricos y a los políticos, los pobres solamente tienen la obligación de cumplirlos, mas no de gozar de esos derechos, esa es la razón por la cual no hay paz en el país. Por ello, me comprometo desde mi rol como persona y como profesional a exigir el cumplimiento de los derechos humanos para todos los colombianos en igualdad de condiciones. Me propongo estudiar diferentes estrategias para desarrollar este propósito, nada fácil en un contexto de corrupción en el Estado.

Según los resultados de este estudio, el 58% de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá escribe en sus textos acerca de la importancia de los derechos humanos en el proceso de construcción de cultura de paz, a pesar de que sean permanentemente violentados, constreñidos y limitados en distintas partes del mundo. Según la historia, la paz se ha diluido desde épocas y estados de equilibrio y serenidad hacia periodos de intranquilidad, ansiedad, zozobra y caos, en un contexto de injusticia, deshonestidad, irrespeto por el otro y corrupción en todos los niveles. Los jóvenes, en sus textos libres, se refieren significativamente a los derechos humanos al afirmar que:

La paz es un derecho humano de obligatorio cumplimiento, empezando por nosotros mismos siendo testimonio de paz; un derecho que debemos exigirle al Estado que se cumpla para mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad. Si se practican y respetan los derechos, sería posible construir cultura de paz, pero no es así, ellos se violentan segundo a segundo.

Sobre este tema, Barbero (2006) asegura que en Colombia hay crisis de derechos humanos, lo cual constituye una limitante para crear cultura de paz. Los estudiantes, en sus textos, presentan los derechos humanos como un proceso en permanente construcción e invitan a los jóvenes a la reflexión en torno a la ciudadanía participativa y a la convivencia desde los derechos humanos para la generación de cultura de paz. Sin embargo, en sus exposiciones es evidente la falta de claridad al abordar el tema. Los estudiantes asumen que: “Los derechos humanos y la paz es una relación de la que se habla permanentemente, pero a pesar de todo, las violaciones a esos derechos siguen siendo pan de cada día en muchas partes de mundo”. Al respecto, la ONU (2015) promulga los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el número 16 dice: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. La ONU afirma que: “La paz y la seguridad duraderas no pueden existir si no se respetan los derechos humanos, y el desarrollo sostenible no se puede alcanzar sin paz y seguridad”.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho insisten en el compromiso de reconocer, proteger e implementar los derechos humanos, con la intención de revalorizar ética y jurídicamente la dignidad de la persona tanto en el plano moral como en el plano legal.

Buscar la paz interior para aportar a la construcción de cultura de paz

Los estudiantes consideran que la paz no está afuera, ni depende del otro; la paz está adentro de cada uno, en la propia unicidad de su cuerpo. El 52% de los escritos libres de los estudiantes evidencia que toman una postura personal cuando asumen el compromiso de la búsqueda de su paz interior, es decir, su propia paz:

La paz comienza por uno mismo, es decir, la paz no está afuera, si cada ser humano está en paz consigo mismo, vive en paz e irradia paz, la paz está en mi espíritu. Quiero que se construya una cultura de paz en mi país, por ello me comprometo a buscar primero mi propia paz espiritual.

Estas palabras son reiterativas en los textos de los estudiantes, sobre lo cual la Unesco (2014) señala que las guerras y los conflictos nacen en la mente de los seres humanos, entonces es en esa mente donde deben erigirse las bases de la paz.

“Quiero estar en paz con mi propia conciencia para estar en paz con los demás, con los míos, pero también con los otros, para que el mundo esté en paz”. Al respecto, Bouché (2003) enfatiza que no es el mundo el que hay que componer o arreglar, sino las personas que lo habitan. Cuando cada ser humano esté en paz con la unicidad de su ser, en el mundo habrá paz.

“Quiero tener paz interior, pero es necesario que mi conciencia actúe, me comprometo a que mi conciencia esté en paz”. Giatso (1981), en sus conferencias, dice que una conciencia que está dirigida hacia adentro no adopta el aspecto de un objeto aprehendido, sino que está solamente dirigida hacia el interior, tomando directamente el aspecto de la conciencia que aprehende. Como parte de la búsqueda de su paz interior, los estudiantes pretenden que la unicidad de su cuerpo dimensione su espíritu y devuelva el camino andado para comprometerse a buscar su crecimiento integral.

Crear ambientes solidarios para construir paz

Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá hacen conciencia de la formación en economía solidaria impartida en su carrera profesional y en el fundamento epistemológico de la institución, y se comprometen a crear ambientes solidarios de trabajo y responsabilidad mutua para el bien de todos, descartando el beneficio y los intereses particulares:

La paz y la solidaridad son dos derechos humanos que deben originarse en nosotros e impregnarse en la sociedad; pero la paz se da cuando está presente la solidaridad, que además de un derecho humano, es un valor; teniendo en cuenta esta relación, me comprometo firmemente a crear contextos donde se haga presente la solidaridad.

El derecho de solidaridad es uno de los derechos humanos de los pueblos. Señala Estrada (2006) que hace parte de los derechos humanos de la tercera generación, entre los se encuentran el derecho a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación, a un ambiente sano, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y a la solidaridad; en ellos, el pueblo es visto como sujeto de derecho, por tanto las personas que forman parte del pueblo son los beneficiarios de dichos derechos.

“Creo que debemos crear una cultura solidaria antes de llegar a la cultura de la paz; por ello mi compromiso es ser más solidario con los demás, pero también crear ambientes solidarios donde este valor y derecho se evidencie y se viva, se convierta en experiencia cotidiana”. Alonso (s. f.) define el derecho a la paz como el que pretende concretar los valores de paz y solidaridad en las relaciones sociales, de tal manera que la vida humana quede garantizada mediante un sistema social en el que los conflictos no se resuelven mediante la fuerza, sino mediante el diálogo y otras formas solidarias de acción no violentas.

Hay una crisis de humanidad, es por ello que existen los conflictos, debemos humanizar nuestra propia vida, la práctica de la solidaridad es un paso grande en esa finalidad, donde se requiere activar la ciudadanía en busca de solucionar los problemas de todos. Me comprometo a enseñar y a cultivar la solidaridad en mi familia y en mi grupo de compañeros, en mi barrio y en mi ciudad.

García (2013) señala que la cuestión de la práctica de la solidaridad es un problema de hábitos, en el que lo menos importante es la participación ciudadana, lo cual no hace visibles a las voces marginadas y empobrece el intercambio de experiencias, la ayuda mutua, la cooperación y las apuestas colectivas. Educar para la paz es también educar para la solidaridad y la justicia social para el desarrollo de los pueblos.

Compromisos desde el profesional para la creación de cultura de paz

Otros compromisos que asumen los estudiantes tienen que ver con su desempeño profesional. Entre estos compromisos se señalan:

Como magíster en Educación, mi compromiso es educar para la paz. Promoviendo pensamiento crítico y ciudadanía activa en busca de lograr ambientes solidarios.

Desempeñar con idoneidad mi profesión en el campo del Derecho, para promover la práctica y el cumplimiento de los derechos humanos.

Como Ingeniero de Sistemas, me comprometo a desarrollar las tic para que las personas puedan acceder a los medios de comunicación y aprendan de paz, democracia, libertad, respeto y perdón.

Me comprometo a aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la Psicología Social para ayudar a las víctimas.

Como periodista priorizaré, a pesar del contexto y el reportaje, que el mensaje sirva para construir cultura de paz.

El derecho a la salud es uno de los compromisos que asumo como odontólogo, me comprometo a ser ético en mi profesión al servicio de los demás.

Conclusiones

La paz es un término complejo posible de definir desde una concepción multidimensional. La educación para una cultura de paz en el siglo 21 debe ser una educación para la vida, que implique ser, conocer, hacer y convivir mediante el respeto de los derechos humanos y con base en los valores arriba mencionados. La construcción de una cultura de paz se concibe como proceso permanente de desarrollo de la personalidad, que posibilita aprender a vivir consigo mismo y con los demás en contextos de solidaridad y justicia social. Entonces, construir cultura de paz requiere educar al ser humano en y para situaciones de conflicto, provocando la resolución no violenta en contextos de respeto a la dignidad, al derecho del otro y al medio ambiente.

Construir cultura de paz demanda la implementación de un enfoque humanístico que permita fundamentalmente el aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo, que desarrolle pensamiento crítico, que incentive la ciudadanía activa y democrática en el estudiante, lo que le permitirá incluirse de manera sencilla y natural en la cultura para ser parte activa y permanente en la construcción de paz. Todo en aras de su exploración personal, directa y creativa, en los distintos escenarios, experiencias y proyectos de su vida, a fin de obtener aprendizajes vivenciales y con sentido sobre la realidad de su entorno. Es importante su dimensión cognitiva respecto al problema de la violencia y los conflictos, pero es más significativa su participación desde la visión multidimensional del ser humano, en la búsqueda y el planteamiento de soluciones eficaces en ámbitos donde prime el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

Por su parte, el compromiso se asume como fuente de acción y los logros, como respuesta a crear cambio, acciones que transformen; el poder particular del compromiso de los estudiantes se presenta como la acción de los seres humanos, donde el futuro y el presente se hacen simultáneos, ya que visiona —desde el momento del compromiso— los cambios en proyección; es decir, manifiesta la creación de un contexto de responsabilidad por la creación del porvenir.

Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, con respecto a la creación de cultura de paz, están dispuestos a asumir una gran variedad de compromisos, entre los cuales se priorizan: la práctica de los valores en comento, como aprender a perdonar y a pedir perdón; el cumplimiento de los derechos humanos; la búsqueda de su paz interior; la creación de ambientes solidarios; y la puesta en marcha de compromisos desde su perfil profesional. Estos son compromisos que promueven ambientes de paz, teniendo en cuenta estilos de vida, creencias, valores, conductas y comportamientos; son conscientes de que la construcción de cultura de paz es un proceso complejo y difícil de alcanzar, el cual se reconoce, se registra y se construye de manera permanente sin imposición de valores o pautas culturales.

La relación arte-ciencia es una experiencia difícil de enunciar textualmente, pero se podría decir que constituye un puente que permite descubrir la trascendencia en la interpretación de temas tan complejos y sutiles como la relación violencia-paz, enmarcada en una dimensión subjetiva en sí misma, pero desbordante de significados elocuentes. El arte que refleja la violencia, en este caso en particular, demanda el compromiso de un ser integral y en perfecta armonía para la búsqueda constante de su propia realización. Un joven universitario que se siente impelido y comprometido para ser parte de la creación de cultura de paz.

Referencias

Arana, M. H. (2006). Los valores en la formación profesional. Tabula Rasa, (4), 323-336.

Alarcón, L. y Fernández, J. (2006). La lectura crítica como herramienta básica en la educación superior. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, (6), 46-55.

Alonso Iglesias, J. L. (s. f.). Los derechos humanos de tercera generación y los movimientos sociales. Asturias: Universidad de León.

Anderson, L. (2011, mayo-junio). Demystifying the Arab Spring: Parsing the differences between Tunisia, Egypt and Libya. Foreign Affairs. Recuperado de: Enlace a página

Arévalo, J. (2014). Construcción de paz y nuevo modelo de construcción de Estado: una lectura de los dos primeros acuerdos de La Habana. Revista de Economía Institucional, 16(30), 131-169.

Armendano, C. y Micó, G. (1997). Formación ética y ciudadana. Documento de Trabajo No. 4: Perspectiva transversal: educación en la paz y derechos humanos. Buenos Aires: Secretaría de Educación.

Arteaga, B., Walteros, D., Andrade, O., Salcedo, D., Puentes, J., Camacho, M., et al. (2013). Justicia transicional y construcción de paz. Cuadernos Paz a la Carta no. 4. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Barbero, A. (2006). Construyendo paz en medio de la guerra: Colombia. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Barranco, M. (2011). La enseñanza de la tolerancia. Innovación y Experiencias Educativas, (46), 1-9.

Bouché, J. H. (2003). La paz comienza por uno mismo. Educación xx1, (6), 25-43.

Caireta, M. y Barbeito, C. (2005). Introducción de conceptos: paz, violencia, conflicto. Cuadernos de educación para la paz. Barcelona: Escola de Cultura de Pau.

Call, C. y Cousens, E. (2008). Ending Wars and Building Peace: International Responses to War-Torn Societies. International Studies Perspectives, 9(1). 1-21. Digital Object Identifier: 10.1111 / j.15283585.2007.00313.x

Calzadilla, R. (2010). La crisis humana como una crisis en la formación de valores. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 11(2), 57-74.

Castaño, O. (2013). Conflictos armados y construcción de paz. De la teoría a las políticas internacionales de paz en la posguerra fría. Ra Ximhai, 9(2), 69-104.

Centro de Comunicación Educativa Audiovisual. (2013). Educación para la Paz. Cartilla Metodológica 8. Bogotá: Cedal.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC. 1949-2013. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Duque, M. (2014). Reconciliación y perdón en el postconflicto. Programa Paz a tiempo. Bogotá: Universidad Santo Tomás.

Estrada, E. (2006). Derechos de tercera generación. Podium Notarial, (34), 249-257.

Etxeberría, X. (1999). Perspectiva política del perdón. En el perdón en la vida pública. Bilbao: Universidad de Deusto.

Fisas, V. (1998). Una cultura de paz. En Unesco (ed.), Cultura de paz y gestión de conflictos (pp. 1-26). Barcelona: Icaria/Unesco.

Fisas, V. (2011). Educar para una cultura de paz. Quasers de Construcció de Pau No. 20. Recuperado de Enlace a PDF

Fuentes, O. (2000). ¿Es posible enseñar valores? Revista Educación 2001, 5(53), 55-58.

García. M. (2013). Repensar la comunicación para la paz y la solidaridad desde lo participativo. Claves y propuestas. Razón y Palabra, (81), 1-26.

Giatso, T. (1989). Hacia la paz interior. Lecciones del Dalai Lama. Bilbao: Ediciones Dharma. Recuperado de: Enlace a PDF

Grasa, R. (2014). Los actores políticos colombianos ante los retos de la construcción de la paz. Por la Paz ICIP, (20), 7-9.

González Posso, C. (2014). El perdón y la reconciliación. Recuperado de Enlace a PDF

Hernández-Arteaga, I. (2012). Investigación cualitativa: una metodología en marcha sobre el hecho social. Rastros Rostros, 14(27), 57-68.

Juaneda, E. y González, L. (2007). Definición, antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo. En J. Ayala (coord.), Conocimiento, innovación y emprendedores: cambio de futuro (pp. 3590-4609). La Rioja: Unirioja.

Kotter, J. (2012). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.

Lederach, J. (1998). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Vitoria: Guernica Goguratuz.

López, M. (2011). Teorías para la paz y perspectivas ambientales del desarrollo como diálogos de imperfectos. Luna Azul, (33), 85-96.

Luciano, M. y Valdivia, S. (2006). La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Fundamentos, características y evidencia. Papeles del Psicólogo, (27), 11-23.

Llorente, M., Guarín, S. y Rivas, A. (2014). La construcción de paz en Colombia y el reto de cambio. Por la Paz ICIP, (20), 12-16.

Martín, C. (2005). Reconciliación y democratización en América Latina: un análisis regional. En Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social (pp. 53-84). San José: IDEA-IIDH.

Meza, M. (2008). Sociedad civil y construcción de la paz: una agenda inconclusa. Pensamiento Propio No. 28. Recuperado de Enlace a PDF.

Mendia, R. y Flores, R. (2003). Aprendiendo a convivir. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Bilbao: Edex.

Muñoz, F. y Molina, B. (2010). Una cultura de paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos. Revista Paz y Conflictos, (3), 44-61.

Muñoz, F. (2004). Paz imperfecta. En M. López Martínez (dir.), Paz imperfecta. Enciclopedia de Paz y Conflictos. Edición especial. Tomo 2. Granada: Universidad de Granada.

Muñoz, F. y López, M. (2004). Historia de la paz. Granada: Universidad de Granada.

Muñoz, F. (s. f.). La paz imperfecta ante un universo en conflicto. Recuperado de: Enlace a PDF

Murillo, F. y Hernández, R. (2011). Hacia un concepto de justicia social. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en Educación, 9(4), 7-23.

Negri, A. (2007). Goodbye Mr. Socialism. La crisis de la izquierda y los nuevos movimientos revolucionarios. Barcelona: Ediciones Paidós.

Nikken, P. (2000). Sobre el concepto de derechos humanos. En Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estudios Básicos de Derechos Humanos (pp. 1-6). San José: IIDH.

Núñez, J. y Hagegraats, B. (2007). Estrategia de construcción de la paz de la Cooperación Española para el Desarrollo. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Olave, G. (2013). El proceso de paz en Colombia según el Estado y las FARC-EP. Discurso y Sociedad, 7(2), 338-363.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Recuperado de Enlace a página

Orozco, I. (2005). Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas entre la paz y la justicia en América Latina. Bogotá: Temis.

Osorio, S. (2012). Conflicto, violencia y paz: un acercamiento científico, filosófico y bioético. Revista Latinoamericana de Bioética, 12(23), 52-69.

Palos Rodríguez, J. (2000). Educación y cultura de la paz. Recuperado de Enlace a página

Perez-Esquivel, A. (2011). Prólogo. En I. Aviñoa, et al., Alerta 2011! Informe sobre conflictos, derechos humanos y paz (pp. 11-12). Buenos Aires: Icaria Editorial.

Pérez, K. y Abrisketa, J. (2000). Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Barcelona: Icaria Editorial.

Pérez Viramontes, G. (2008). Paz, estudiantes universitarios y educación: elementos para un proyecto. Didac. Nueva Época, (51), 8-14.

Pérez, M. (2006). Estrategias para prevenir y afrontar conflictos en las relaciones familiares. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Posada, L. (2014). Signos cardinales. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 9(2), 217-222.

Posada, L. (2008). Serie Signos cardinales [fotografía]. Bogotá: Banco de la República.

Posada, L. (2005-2017). Serie Neurografías [gasa sobre panel, acrílico]. Medellín: Universidad de Antioquia.

Ramírez, J. (2011). La carrera administrativa en Colombia: análisis y perspectivas (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá).

Rettberg, A. (2006). Destino Colombia: crónica y evaluación de un ejercicio de participación de líderes de la sociedad civil en el diseño de escenarios futuros. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Rettberg, A. (2013). La construcción de paz bajo la lupa: una revisión de la actividad y de la literatura académica internacional. Estudios Políticos, (42), 13-36.

Rugarcía, A. (2001). Hacia el mejoramiento de la educación universitaria. México D.F.: Trillas.

Ruiz, C. (1999). La tercera generación de los derechos humanos. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), (72), 301-312.

Sandoval, E. (2012). Estudios para la paz, la interculturalidad y la democracia. Ra Ximhai, 8(2), 17-37.

Tierno, B. (s. f.). Valores humanos. Recuperado de Enlace a PDF

Unesco (2014). Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En Unesco, Textos fundamentales (pp. 8-22). París: Unesco.

Villaverde, J. y Hagegraats, B. (2007). Estrategia de construcción de la paz Cooperación Española para el Desarrollo. Madrid: Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Recuperado de Enlace a PDF

Vallaeys, F. (2006). Ética de tercera generación. Recuperado de: Enlace a página

Villegas, A. y García, J. (2008). Humanitario una solución no un problema. Hechos del Callejón, 4(35).

Von Hildebrand, D. (2004). La importancia del respeto en la educación. Educación y Educadores, (7), 221-228.

Whitehead, M. (1992). The Concepts and Principles of Equity in Health. International Journal of Health Services, 22(3), 429-445.

ANEXOS

CUARTA PARTE DESAFÍOS

Las obras aluden a la conciencia del espacio y del territorio, a la certeza de la necesidad de volver sobre nuestros pasos para reclamar un lugar en el que se pueda construir la paz.

De la serie Signos cardinales

Posada

2008

De la serie Signos cardinales

Posada

2008

De la serie Signos cardinales

Posada

2008

Postal 2. Alba

(Moreno, 2016)

QUINTA PARTE VOCES

La voz: un tejido poético de la memoria viva

Luz Odilia, Alba Galeano, Yaneth Luque, Angie Bermúdez (Coord.)

Sobre el sentido

Angie Bermúdez

Un mandala evidencia el tejido sagrado que configura la existencia. Como representaciones simbólicas y espirituales del ser en el universo, los mandalas disponen caminos de comprensión que se ofrecen a modo de recorridos para ser leídos. Enhebrados en múltiples formas, los hilos se entrelazan integrando y conformando un lienzo común, pero conservando cada uno la singularidad de su existencia. Un lienzo tejido y representado en un mandala, como escenificación de la historia del ser en el Universo, nos habla de dolores, ausencias, rabias, tristezas, angustias, melancolías y alegrías. Caminos tejidos, memorias entrelazadas y anudadas. Como nudos vinculados en el horror acaecido en nuestras vidas… como nudos desatados en la esperanza y la resistencia férrea de la vida irrenunciable.

Así como los mandalas tejidos se orientan a lo sagrado, entendiendo lo sacro como el derecho irrevocable de hilar nuestra vida y entenderla como sublime, entretejer palabra para narrar poesía toma un valor superior y sagrado cuando el tejido poético formado se convierte en memoria viva. Ese doble propósito en el que se vincula la memoria viva y la poesía a través del puente que nos ofrece ‘la voz’ hace del relato no solo una herramienta significativa de expresión, sino también, en el marco de los escenarios donde ha acaecido el dolor y se ha intentado privilegiar el horror de la violencia sociopolítica, un medio esperanzador que revierte los objetivos de los victimarios… de los silenciadores. En últimas, que contrapone la vida al ejercicio de la violencia.

Si como decía R. L. Stevenson, “los materiales de la poesía son las palabras […] y usamos las palabras para los propósitos triviales de todos los días, como no conmovernos cuando entretejemos e hilamos palabras en un lienzo poético que reivindica las luchas por la memoria viva y por la esperanza terca, no obstante el dolor sobrevenido en la vida.

La invitación aquí es a realizar un viaje por la memoria viva que representa la narrativa de dos mujeres bellas y valientes que han hecho de su voz un tejido poético reivindicativo. Dos mujeres que lograron alquimizar los hechos de violencia sociopolítica que sufrieron no para otorgar sentido al olvido y a las cáscaras vacías y discursivas que muchas veces se exige desde el ‘perdón’, sino para expresar que ellas y sus seres queridos se mantienen vivos y son eternos en el recurso inmortal de la memoria viva. La lucha por la memoria de Luz Odilia y Alba no es la que reposa en los archivos históricos donde intenta sobrevivir el recuerdo; se materializa más bien en la incesante reinvención de la palabra cotidiana que más allá de la remembranza pulsiona para ser contada. La de estas mujeres bellas como la música poética que se entrevé en sus letras es la lucha por contraponer la voz al olvido. La lucha por tratar de enhebrar el dolor no para perpetuar el olvido, sino para recuperar de alguna manera lo que quiso asignarse como perdido… tratar de hilar la atrocidad no para la primacía de la impunidad, sino para la reivindicación de la resistencia… de la vida.

Quisieron asesinarme pero yo estoy aquí…

Luz Odilia León

Quisieron asesinarme pero yo estoy aquí…

Me desplazaron y estoy aquí…

Me encerraron en una jaula y yo salí…

Exterminaron a mi familia pero sobreviví…

Ni con el dolor ni con la soledad, ni con la ficción

Me han podido eliminar

Al pensar diferente como yo pienso no me han podido intimar.

Porque soy dueña de mi pensamiento y de mi voz hasta que muera…

Después subsistirán mis huellas como estampa…

Mi mensaje en mis signos…

Porque aunque no me quieran mi sombra espantará por doquiera…

Y volveré con la Luna llena y con el Sol radiante…

Con la lluvia enérgica bañaré los mares…

Acrecentaré los ríos…

Regaré con la brisa los amaneceres para renacer con ellos…

Sin renunciar a mis quereres…

y quedarme

y perpetuarme

y comprender el fulgor de la vida enamorada

embrujada

dispersa en la jornada…

Memorias de la cigarra

Alba Galeano

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas

y no tengo amor,

soy como címbalo que retiñe

o metal que resuena.

Si tengo tanta fe, que traslado los montes

y no tengo amor,

nada soy.

El amor es sufrido, es benigno.

El amor no tiene envidia

el amor no es jactancioso

no se envanece

no hace nada indebido

no busca lo suyo

no se irrita

no guarda rencor

no goza de la injusticia

mas goza de la verdad.

Todo lo sufre, todo lo cree,

todo lo espera, todo lo soporta.

El amor nunca deja de ser.

¿Cuánta tierra ha pisado mis pies?

No lo sé.

Solo sé que después de noches de asesinatos, de dolor, de apatía e indiferencia me dediqué a jugar a escondidas con la luna para robarle un beso que les diera claridad a mis noches.

En las mañanas me alimenté con los abrazos del sol y con cada flor que recién abría sus capullos a la vida.

En las alas del colibrí moviendo las mías con fuerza, para no dejarme llevar por los vientos de la desesperanza.

Estaciones he vivido

muchos inviernos fríos,

otoños adormecidos,

veranos de sequedad en el cuerpo

y en el alma

Pero hoy de repente es primavera

y te doy la bienvenida a mi jardín.

Para los que asesinaron a mi familia

hoy reconozco lo que es eterno

lo que nunca muere

la memoria.

Memorias de una ‘paloma sin nido’

Luz Odilia León

Pesadilla errática

Me desperté dormida

entre rejas de azófar,

me volví a echar y continué delirando que podía volar.

Era una pesadilla errática

que me forjaba suspirar

Tergiversaba mi ingenuidad

y acrecentaba mi rebeldía.

Me volví a acostar pretendiendo

en lo que idealizaba que amanecía en ¡libertad!

Los portones bien afianzados

el guachimán dormía parado

lucía acicalado añil y bolillo en mano

¡Sin oportunidad de escapar!

Se franquearon días, algunos meses

y cuando de allí emergí,

adquirí tiempo de reflexionar

para poder prolongar

aunque sin saber a dónde ir a parar.

Eran las cinco pm cuando

me mandan llamar

enrollé el fardo y comparezco a darles libertad.

Ya en la calle seguí cavilando

que era otra etapa de la ‘vidorria’

que tenía que desafiar

no obstante no está mi retoño a quien ir a buscar.

A la sazón no es tiempo de silenciar

como lora iré a conversar,

a confesar todo porque un precedente hay que dejar.

Las basuras

Desde el alto banquillo se decreta

el latigazo místico de sermón en

pro de bendición.

Se conserva para salvar animales

contagiados de la endemia

Algo que hace tiempo nos ha frecuentado

y ha estado con nosotros, pero eso no se veía no

le incumbe a mi despacho.

Aquí me pertenece el buen aseo para los

muchachos,

no obstante impregnados estemos de

contaminación que a nadie le ha importado.

Depende de quién sea tratado

así hay que aplicarlo, como caído del árbol hay

que anularlo.

Quitarlo del paso con la punta del zapato.

Porque no es de mi agrado.

Canción llanera

Dedicado a Olivey

Comenzaré cantándoles

una historia que en mi

memoria me dio para escribir.

Y lo primero es que me da

mucha tristeza con tanta guerra

que se está viviendo aquí.

Todos no somos culpables

de tanta guerra.

Todos tenemos derecho de sentir

por mandamientos,

todos somos hermanos y como

dice la ley vencer o morir.

Ayer cruzaba por las calles de miravalles

y me detuve allá en el parque infantil

muchas mujeres andan vestidas de luto

y en su rostro solo se mira un sufrir,

los niños están sin juguetes y a Olivey no lo ví.

A esos niños, ¡qué falta les hace Olivey!,

a esas criaturas, ¿por qué han de pagarles así?

todos los días están doblando campanas

de un ciudadano que ha dejado de existir.

Un cementerio con flores

no puede haber porvenir,

un panorama sombrío con

charcos de sangre es el

anuncio de una guerra civil.

Y es cierto porque lo que

estamos viviendo

en esta vida nos ha tocado sufrir,

Todos unidos vamos a buscar un medio

y acabar con esto así nos toque morir.

El brillo de tus ojos

Dedicado a Olivey

¡Qué difícil preguntar…!

¿Dónde están tus ojos,

hijo mío, dónde están?,

¿A dónde los llevaron?,

¿Dónde, dónde están?

¿A quién se los pusieron?

¿Dónde, dónde, dónde están?

¿A quién se los vendieron?

¿Dónde, dónde, dónde están?

¿Será, será?

¿Que me vuelven a mirar?

¿Me vuelven a consentir?

¿Me vuelven a acariciar? (Bis)

Ahh, Ahh, Ahhh… Ojos de niño

rebelde para luchar,

para transformar.

Para lograr su anhelo para soñar

ojos de niño rebelde

para amar.

¿Será, será?

¿Que me vuelve a mirar?

¿Me vuelven a consentir?

¿Me vuelven a acariciar? (Bis)

Sus ojos veo en los jóvenes

que luchan por defender la vida y

construir la paz.

Sus ojos veo

en los niños que sonríen

en las mujeres que exigen

respeto e igualdad.

¿Será, será?

¿Que me vuelven a mirar?

¿Me vuelven a consentir?

¿Me vuelven a acariciar? (Bis)

Ahh…

Querían dejarme sin su brillo

pero yo lo encontré.

Querían dejarme sin su lucha

pero yo la continué,

querían quitarme su presencia

pero vivo sigue aquí

apagar su rebeldía

y su fuego quema aquí.

¿Será, será?

¿Que me vuelven a mirar?

¿Me vuelven a consentir?

¿Me vuelven a acariciar?

Canción: Pasaje llanero

Letra: Luz Odilia León

Música: Yaneth Luque

Tu mirada me acompaña

Dedicado a Olivey

¡Ojos grandes, negros!,

del fruto de la selva y el amor

fueron arrancados por

la furia y la sevicia de

un monstruo feroz.

Ojos que escriben sucumbo

ojos que ofrendan amor

ojos que exponen te quiero

son faro de luz y de sol.

Ojos con quien sueño,

cuando los pretendo mirar

están frente a mi rostro y me

dan bendición.

¡Ojos que siempre recuerdo

los llevo en el corazón!

Rosas y perfumes

A mi amiga M-N

Entre aromas y perfumes

tan enamorados nos conquistamos,

sobrevolamos, crecimos

como los árboles frondosos

de optimismo y de placer.

Un día inefable, callado te fuiste

volviste, no volviste, yo insomne invicta,

esperando un espanto que me acompañe.

¡Me asusta la sombra, de aquel impávido!

Observo cómo entras por la puerta,

cómo sales como pájaro sin sonido

dejándome los girasoles y el perfume

regalado y los harapos en el baúl guardados

que cubre el esqueleto bien relajado.

Cuántas veces mi entusiasmo daba

en querer ser idónea,

se hizo un arco el desenfreno

de aquel confuso equivocado.

Soñé y con mi cara gris y mis ojos

escondidos entre párpados mojados

sonámbula sin entender por qué,

tal vez andabas entre risas y claveles,

jardín joven, de largo verano.

Te escondiste entre hojas,

que caen frágiles para llegar a tus pies descalzos.

Como ‘insoluto’ allá en tu regazo,

¿acaso es un sueño de 20 años que

despierta ante tu silencio nefasto?

¿A dónde está la corrección del corazón

que traiciona a otro corazón?

Buscando las huellas

A los desaparecidos

He vuelto a pasar siguiendo los pasos

Buscando las huellas y no las encuentro.

Y nadie me dice, nadie responde

y sigo y sigo esperando

que un día regresan de viaje tan largo.

¡Aquí tengo las fotos!

Aquí están los recuerdos,

de aquellos amigos

que nunca volvieron.

Aquí estoy recordando,

quiénes eran ellos

cómo lidiaban, cómo trabajaban,

cómo confiaban

y solo querían, un distinto país

para futuros muchachos.

Esta es la historia en este país,

siguiendo los pasos, buscando las huellas

y no las encuentro.

Aquí tengo las fotos, aquí están

los recuerdos de aquellos amigos

que nunca volvieron,

siguiendo los pasos,

buscando las huellas

no las encuentro.

Dedicatorias…

Yaneth Luque

A la cigarra…

Y aquí nos dejaste tus jardines

Con sus flores de mil colores y eternas primaveras

Como bufón travieso, te burlas en la cara de los inquisidores

De aquellos que quisieron usurpar la claridad de tu alma…

Tu apuesta inclaudicable por el amor y la vida.

Quién diría…

Recibir tal herencia ‘alquimizada’, en el dolor profundo que te causaron.

Para nosotros, la dicha de estacionarnos en tu palabra, tu risa y tu mirada…

Para ellos, tu grito alegre y victorioso, que declara para siempre su derrota…

A la Luz y al León…

Pequeño cuerpo que narra la historia de injusticia y de violencia de toda una nación…

Pequeños huesos que sostienen las casi ya seis décadas de ternura salpicadas de amargura y abandono.

En tu nombre, la Luz que la barbarie no logro apagar, la fuerza y la fiereza que dicta tratados de dignidad y resistencia.

Luz Odilia León… Quien te conoce no puede pasar la página de la vida sin sentir que algo se transforma y se conmueve.

En tu palabra de ásperos y a la vez seductores acentos, quedan atrapadas las pupilas y los cuerpos que como niños absortos se tejen en tus poesías y tus historias mojándose de lágrimas, de indignación, de admiración y de vergüenza…

En tus pies, la historia del desplazamiento que desde pequeña se escondía en las montañas para lograr dormir en medio del terror pintado de azul o rojo, en medio de la intolerancia que se promovía santificado en púlpitos y mansiones.

Tus pies que desde pequeña caminaron sin descanso abandonando su nido, dejando atrás el jolgorio de los pájaros y las gallinas, el sonido del río, el perro que aún recuerda tu memoria.

En tu abrazo que ya es esquivo, aún se puede oler todo el territorio que abrazaste, que luchaste, que sanaste y protegiste, enseñando en las veredas, huyendo de las balas, gritando en las tribunas, movilizando las marchas campesinas.

Aún se siente la fuerza de tus manos que desde el agobio del tiempo se movilizan y se expanden como rayo de sol, amoroso y solidario o como volcán furioso que erupciona sin descanso.

Poesía rebelde, lava candente que denuncia, que se niega al silencio y al olvido.

Al comienzo era el amor

María Alejandra Tapia Millán

“Aquel muerto es la urna vacía donde echar, de una sola vez, todo el vino de un gran amor”

Marguerite Yourcenar

La pregunta por la muerte me atraviesa y me carcome. Algo de ella sigue en mí y siento que se pudre, como debe estar pudriéndose su cuerpo en algún lugar de nuestro pueblo. Ni siquiera sé en dónde. No sé por qué. Solo sé que es injusto. Que hubiera querido tenerla para siempre. Que he deseado con todas mis fuerzas que el olvido se apodere completamente de mí para poder curar el dolor de recordar su rostro y saber que no puedo acariciarlo de nuevo. El problema es que si el olvido se impone, también pierdo las imágenes de amor que son solo mías, solo de ella, justamente nuestras; olvidar me haría renunciar a todo lo de que su ser queda en mí y no estoy dispuesta a eso, porque si su recuerdo se esfuma por completo, ¿no desaparezco también yo en ese movimiento?

Es esa la encrucijada que me atormenta. Que no puedo olvidar su partida, su destrucción física, las torturas que sufrió, las marcas que debieron quedar en su cuerpo, la debilidad que debió sentir su alma en los últimos momentos sin que eso implique también renunciar a la posibilidad de recordar todo el amor que le tengo, toda la ternura que le profeso, su risa, sus consejos, el olor de sus comidas, sus palabras de aliento.

Quisiera que el grito que lanzo de dolor zanjara algún tipo de acuerdo entre lo que debo olvidar y lo que quiero recordar.

Grito, grito, grito.

Nada. Mutis. Silencio.

¿Dónde está mi mamá?, ¿a dónde se la llevaron?, ¿por qué?, ¿qué hizo ella?, ¿qué hice yo para merecer esto?

Prosigo en mi cabeza la lista de preguntas que jamás tendrán respuesta y ruego para que alguna de ellas por lo menos le ponga fin a este vano intento.

Devuélvanmela.

Llévenme a mí en su lugar.

No la torturen, déjenla en paz.

Ella no hizo nada. Solo me hizo a mí.

Sí, a mí, su hija, ahora una mujer que busca desesperadamente darle dignidad al sinsentido de la muerte de su madre.

Mi madre era una mujer para quien el amor era una vocación. Tal vez por eso mismo, sus familiares y amigos siempre recurrían a ella en esos momentos en los cuales el espesor de la vida toma la contextura de un fango, de una arena movediza, que te paraliza y te asfixia. Ella se sacrificaba siempre por los demás. Iba gustosa a ese lugar ritual del que se inmola por la causa. Y en su caso, la causa era el amor. El amor por mi padre, por sus hijos, sus amigos, mi familia, el país, o quizá, simplemente, el amor por el amor. Ahora me pregunto si mi desconfianza hacia el amor proviene de esta capacidad desmedida de mi madre que terminaba siempre por consumirla completamente.

Sin embargo, ahora, ante este estadio intermedio que habito entre la certeza y la duda de su muerte, la entiendo por fin. Esto que siento es exactamente igual al amor tal cual ella lo experimentaba, un dolor que se expande hasta el infinito pero que por eso mismo lo trasciende.

No puedo enterrar su cuerpo, no está presente, pero me invade por completo. Tengo trozos de imágenes, sonidos, olores y sabores que lo componen, que me habitan y me regurgitan. El color blanco de su pelo se instala en mis ojos como un brillo insoportable. El tono apacible de su voz retumba como una reverberación incesante. ¿Era eso mi madre? Ahora solo puedo recordarla como un Frankenstein demencial que no termina de articularse. Tal vez así me veía ella cuando yo era muy pequeña y mi caótico cuerpo necesitaba todo de su parte.

Preciso hacer algo con todo esto. Se me ocurre incluso hacer otro país. No he pensado en huir. Eso nunca. Pienso en política. Ahora que la perdí me queda la escritura o la denuncia. Recuerdo el título de aquel libro que me topé en mis años universitarios. Jamás pensé que funcionaría como una suerte de epitafio: “La escritura o la vida”. Para mí ahora es la vida y la vida es política.

Pienso en Antígona. No en la de Sófocles sino en la de Yourcenar. La de Fuegos. Pienso en rojo, en sangre, en dolor, en venganza. Sí, la venganza también se presentó como una opción. Pero elegí. Como una Antígona moderna, elegí. Mi decisión es la lucha. No la armada, porque esa fue la que arrojó a mi madre a los brazos pestilentes del odio y el rencor. Mi apuesta es por la dignidad. Por la de mi madre y por la de todos los muertos que junto a ella se apilan. Viene la imagen más horrorosa. La fosa.

Maldita fosa. No puedo siquiera odiarla. Porque si supiera sus coordenadas, por lo menos la encontraría. La enterraría. La besaría. Eso es lo único que anhelo. Besar su frente de nuevo. Sentir su cuerpo, así sea muerto.

Sentir de nuevo. Su cuerpo. Mi propio cuerpo.

Dios, te imploro que me dejes tocar su rostro una última vez. No creo en ti, pero por ella te acojo. Tengo que pensar así para no ceder en la tentación de irme con ella. Hay días en que solo quiero morir, con la vana ilusión de encontrarla de nuevo. Quiero descansar y este peso de no encontrarla me resulta insoportable. Qué paradoja que el amor resulte un peso. Lo único que lo aliviana es el deseo de que esto no le pase a nadie, nunca, jamás. Pienso que la tierra no se puede tragar a las personas, algo debe quedar. Un trozo. El de ella. ¿Dónde está?

Las opciones se iban presentando cada día. Unas parecían descabelladas, otras hilvanaban de nuevo la ilusión. Otras tan solo me remataban. Ir a los juzgados, ver catálogos de muertos en Medicina Legal, leer periódicos, hacer llamadas, implorar, llorar. Y en medio de todo eso tratar de vivir. Así fue que conocí a Gael. Él había perdido a su padre y, como yo, lo buscaba desesperadamente. En la asociación de víctimas de crímenes de Estado donde nos encontrábamos todos los sábados, terminamos por enamorarnos. Una vez más, la paradoja de un amor tal que hiere y que por eso mismo salva se hacía presente en mi vida.

Gael me dio la fuerza, el empuje, la verraquera para denunciar, para tomar la palabra y gritar: ¡NO MÁS IMPUNIDAD! Con él surgió para mí la política, junto al amor, como proyecto de vida. En gran medida porque quedé embarazada y a partir de allí todo se transformó. Nunca me imaginé que la sombra oscura y patética del rencor humano se volvería a posar sobre mi existencia.

Cuando nació Ariadna, nuestra hija, pensé en dejar la lucha política. Le supliqué a Gael que dejáramos de exponernos tanto, de salir en noticias. Temía porque los mal llamados asesinatos “selectivos” y “aislados” se tomaban de nuevo el país. Él luchaba por la restitución de tierras y yo, por los desaparecidos. Temí por Ariadna que, en parte, fue como una recompensa por perder a mi madre. Pero Gael insistió.

No hay palabras para narrar el dolor que me parte y me consume cuando pienso en todo lo que pude hacer y no hice. Ese viernes debí besarlo hasta el cansancio. Debí amarlo hasta el éxtasis de los cuerpos. Debí gritar su nombre y retenerlo. Pero en cambio, tan solo me despedí con un breve gesto. Él salió a radicar una demanda y justo a la salida del juzgado unas balas acabaron con su vida… y con la mía… y con la de Ariadna… y con la del país... y con la de la Humanidad.

Quisiera decir que me rindo. Que ganaron. Que el horror y el dolor son más grandes que mis ínfimas y efímeras posibilidades humanas. Pero no. No. Ahora más que nunca no. En Ariadna veo a mi madre, veo a Gael, veo cada muerto absurdo de esta guerra y por eso insisto. Por eso le apuesto a otro país. Por ella, por los que quedamos, por los que venimos.

Insisto en la política y en mi escritura. Estas letras, que no le pertenecen sino a ella, a mi madre, y a él, a mi amor, a la vez están destinadas a todos. Sus restos no son solo míos, son de cada uno de nosotros, así como a mí me pertenecen todos los muertos que ha dejado esta guerra. Mi corazón se expande y los llora, los ama y los recuerda. En mí y en mi hija viven, respiran y testimonian. La responsabilidad que nos queda es no permitir más este desastre. Ahora la Vida tiene más sentido que nunca.

Doce poemas para una herida sin cuerpo

Mario Opazo

179.

Yo vi en el desierto los escombros

de una matanza

de una estampida

de una caravana

desierto estaba

como volviéndome

como instalándome

como mirándome

de cierto modo

vacío y lleno

lleno y vacío

estaba

desierto.

180.

Y vos

detrás de la virgen callado

40 años de estupor

y aún no entiendes

¿Qué fue eso que te expulsó?

al infierno errante

al paraíso estático

No sabes cómo

pero estás detrás de la virgen

en esa foto.

175.

Llegaré en el tren de la tarde

(lleno de paisajes).

En los bolsillos las rocas del Cabo de Hornos,

las dunas suaves de Atacama,

en los zapatos pegado el barro

y una que otra estrella.

Llegaré rodeado de lunas

saldrán volando de mi chaqueta las golondrinas

los astros

ingrávidos

los pájaros

alzando su raro peso.

Traeré el sombrero lleno de mariposas

zancudos tropicales en las solapas

serpientes en los brazos

y una que otra salamandra en la camisa.

Llegaré al fin

de todos modos

de igual manera

y por supuesto

como llega el tren de la tarde

lleno de paisajes

trayendo al viejo de regreso.

176.

De tanto ir y venir se hizo camino

huella le dicen

(por no decir…)

y el camino hizo venir de tanto ir

volver le dicen

(por no decir…)

por no decir persistencia se dice huella

por no decir horror se dice volver

persistencia se dice caminando

volver se dice llorando.

164.

No podré avanzar así

por el camino de tierra

como el hilo de agua por la sequía

y el ocaso por la cumbre

diciendo adiós,

suavemente.

No podré ir como va la luz,

yendo simplemente,

veloz viene de afuera

extraterrestre, lunática, ingrávida

gira en la curva de la tierra.

La luz va y viene

Tampoco iré como el viento va,

rugiendo entre las palmas

oscilando, ondulando, horadando

dando botes y rebotes,

viento que sopla un soplo

y habla en voz baja.

Ni podría ir estrepitoso

como van las malas noticias

corriendo por las avenidas

las alamedas y los puentes,

no como el ruido de las fábricas

ni el motor de una motocicleta.

Me iré a la tumba como un hombre

así como vamos todos

carne y hueso, pesado, indomable

silencioso y ciego,

lleno de esperanza de haber muerto

y que la muerte no se trate de otra vida.

154.

Y cada vez que la ventana se abre

entra una brisa que viene de lejos

desde los cinco años cuando papá

me llevaba al bosque y leía en voz alta

de allá viene

desde hace años:

años luz

años árbol

años libros

años castañas

(llegan a jugar).

Y él leía a Marx y a Mao Tse Tung

al viento

y yo casaba lagartijas entre las lajas

al sol.

Su voz hacía del bosque un auditorio

los árboles atentos a la revolución.

Cada vez que se abre la ventana

el fondo del aire es rojo,

como las banderas del partido

como las manzanas del sur

como las heridas en las manos

que manchan la herramienta

y duele.

Llega a la ventana el año 73

anciano, libertario, sobreviviente

con él llega la tormenta

recia, irrefutable, brava.

Cuando se abre la ventana

viene mi niño, ese que fui

y se sienta a mi lado pantalón corto

rodillas encostradas y mocos colgando,

ese cabezón de anteojos

torpe y meditabundo

que lloraba tragando con dolor

un pedazo de pan añejo.

152.

Para sobrevivir a la tormenta

y resistir,

entre todos los peñascos,

en la arena del desierto,

sobre el cielo negro de aceite,

bajo el cielo rojo de ácido,

en la lluvia despiadada.

Para que el coloso verde se canse de seguirnos

caminaremos bajo la lluvia sin retorno

más allá del allá iremos

del allá lejano,

del allá borroso,

más allá del casco y el turbante,

de la casa y la jaima,

donde se acaba la cultura que somos

esa terrible forma de ver al otro,

caminaremos lejos del noticiero.

Y mientras llueve

caminaremos rápido,

lento,

de todas maneras nos iremos

todos juntos

en bloque

para que las balas lo sepan

y se regresen

por donde vinieron.

153.

El hombre salió de la caverna

tomó aire y olfateó el bosque,

con otros hombres alzó una roca

y otra

y otra más.

A la derecha los fantásticos alineamientos de

Carnac

Abajo un detalle del Santuario de Stonehenge

A la izquierda el Palacio de la Moneda incendiándose.

151.

Llueve,

detrás del bambú

entre oriente y occidente llueve,

no ha parado de llover

y eso que es el horror no escampa fácil

ni se represa ni se encausa

solo inunda sin forma,

va empapándolo todo

cual tempestad del trópico

inundación de agua y sangre

como el suelo de un barco pesquero

como las mesas del anfiteatro

como la boca de un niño muerto,

pasmada de soledad

tragedia que seremos

si sigue lloviendo.

138.

En una estación de trenes de plomo

al final de la ciudad azul sobre el agua

un redoblante militar redobla,

la retreta del sábado se da en domingo

que ya es domingo y no lo sabe.

El amanecer de los fantasmas

como apariciones desfilando hoy

dejan ver más allá una valija

que suena como un taxi Studebaker.

Más acá, sobre una banca en el andén,

cerca de la maleta pero más acá

un par de zapatos de niño zapatea

como histéricos coleópteros de charol

llamando a aquel que fue torrente

vital de vida para la muerte.

Se fue el niño sin zapatos,

lejos y cerca

se vieron paisanos, fumadores,

ladrones y asesinos.

No es mi caso pero sí mi vocación,

la de callar convicto y convencido,

la de esperar más allá de la frontera.

Había una maleta sobre la herida

abierto el abismo en el pavimento

de fondo rojo, luz sangrando.

Y desde ahí los gritos y las señas,

desde ahí los cuerpos amontonados

los huesos perdidos, separados

los cables, los electrodos, el voltaje.

Luego la muerte que no era nada

comparada con la vida muerta

subió al tren y miró a lo lejos

lo que salía de las cámaras.

Montañas de cuerpos desnudos

lo que salía de los hornos

cenizas,

volátil memoria al viento.

Más acá del bien y el mal

no hubo ética en el campo

ni testigos, ni público, ni autor.

Se fueron en hogueras consumiendo

más allá del simple hecho de morir

más acá de la ilusión de existir.

Se marcharon porque sí,

unos en otros

delegados de testigos,

vigías del recinto

va la vida, va la muerte

caen cosas sobre mí,

sobre ti,

sobre todos

caen como lluvia de piedras pequeñitas

como peñascos del Rin.

Pedazos de mármol que el cielo arroja

sobre las ruinas de lo humano

qué es eso que los hombres olvidaron

o dejaron olvidar entre sus sueños

torpes limitados y mezquinos.

124.

Vine de lejos

hecho trizas,

salmuera,

desgarro.

Y dolió:

venir de lejos

un domingo

plateado de lluvia

llegué tarde

una noche

de la vida

y fui reflejo:

de otra patria

en el pavimento

asustado

vine de lejos

rápido,

urgente,

como salvando la vida,

casi me alcanzan:

las balas

vine de lejos

de la infancia

pantalón roto

sangre roja

mano izquierda

y llegué:

vivo

caí preso

me enamoré

caí libre

me sostuve,

me contuve

y quedé:

medio muerto

vine de lejos

y dolió

la vida,

la distancia,

la ausencia,

los domingos:

plateados de lluvia.

73.

En la pesadilla caían sobre mí

mariposas de mármol,

los ojos visitaban las tumbas

y las manos estaban en sus bolsillos solas,

las cruces caían como rayos,

los ángeles volaban a otro mundo,

yo solito entre los árboles

volvía a la vida,

tú:

inalcanzable,

niebla color plata.

Extracto de la obra Humanos derechos - Guerrillera

Fernando Arias

Pero si me toca poner el pecho pues lo asumiré porque todo, todo en la vida, todo lo que uno hace en la vida tiene sus consecuencias. Cada cosa, cada paso, cada paso es una semilla, pero también con cada paso se está pisando algo, entonces cada paso, cada movimiento que hacemos, cada cosa que expresemos, es una declaración y es una orden para la vida.

Epílogo

La obra Intersecciones: perspectivas estéticas y políticas para la paz se enmarca en el proceso de justicia transicional colombiano que tiene dos objetivos principales: lograr la paz estable y duradera y alcanzar la reconciliación nacional.

La consolidación de la paz, más allá del silencio de los fusiles (paz negativa), logrando relaciones de colaboración y apoyo mutuo, de armonía y de justicia social (paz positiva), es un asunto que involucra a los individuos, a los grupos y a la institucionalidad. La paz positiva, planteada por Johan Galtung, requiere del trabajo de todos. Implica la construcción de relaciones sobre una base de respeto, de confianza y de valores compartidos que contribuyan a la restauración de la dignidad humana.

Con esa idea, las obras de los artistas que inspiraron este libro, concebidas desde un inicio como representación del conflicto armado, de la naturaleza humana y de la inequidad, fueron interpretadas por investigadores de distintas disciplinas y áreas del conocimiento para hacer una simbiosis entre ellas y el producto de sus investigaciones. Así, desde diferentes ópticas y aprovechando las experiencias sensoriales que despierta el arte, este libro se inserta en los mecanismos de construcción de memoria histórica, de reparaciones simbólicas y de sanación

Cada capítulo, cada poema, cada obra, llama a la reflexión; invita a tener una mirada hacia el pasado para restaurar el daño causado y, a la vez, mirar hacia el futuro para lograr la transformación. Promueve que se vincule a la sociedad a los más desaventajados o a quienes han sido marginados de ella para que, entre todos, se contribuya al logro de los objetivos esperados en el proceso de justicia transicional y se combatan las causas estructurales del conflicto.

Tania Bolaños

Magistrada suplente

Jurisdicción Especial para la Paz

Sobre los autores y artistas

Los investigadores

Paco Gómez Nadal (prólogo)

Periodista y ensayista especializado en Derechos Humanos, con una larga trayectoria en América Latina y el Caribe. Es colaborador independiente de La Prensa (Panamá), FronteraD y Eldiario.es (España). Coordina el nodo de América Latina y el Caribe de Human Rights Everywhere, organización dedicada a la defensa territorial de pueblos indígenas y afrodescendientes. Autor de los libros Los muertos no hablan, El malcontento e Indios, negros y otros indeseables, entre otros. Correo electrónico: pacogomeznadal@gmail.com

María Alejandra Tapia Millán (editora)

Doctoranda en Psicología de la Universidad de los Andes. Magíster en Psicopatologías Clínicas del Sujeto y del Lazo Social de la Universidad de Toulouse 2, Francia. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora júnior (Colciencias). Coordinadora de investigación y de la exposición de arte Intersecciones: perspectivas políticas y estéticas para la paz en Colombia, y editora del libro homónimo. Correo electrónico: ma.tapia10@uniandes.edu.co

Diana María Rey Lema (editora)

Doctoranda en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Magíster en Derecho Privado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Abogada de la Universidad Libre. Colaboradora del proyecto de investigación y de la exposición de arte Intersecciones: perspectivas políticas y estéticas para la paz en Colombia, y editora del libro homónimo. Correo electrónico: dianamaria59@gmail.com

Tania Bolaños Enríquez (editora)

Doctora en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Magíster en Derecho Público (LL.M.) con énfasis en Derecho Internacional Público de la misma universidad. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Docente-investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Investigadora asociada (Colciencias). Grupo de Investigación cifad. Correo electrónico: tania.bolanos@ ucc.edu.co

Máximo Pérez Cardona

Candidato a mba de la Universidad de los Andes. LL.M. de la Universidad de Múnich, Alemania. Abogado de la Universidad del Rosario. Docente-investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Correo electrónico: maximo.perezc@ucc.edu.co

Édgar Alberto Roa Martínez

Maestrando en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, en la Línea de Investigación en Derecho Mercantil y Contratos y Negocios Internacionales. Abogado de la Universidad La Gran Colombia. Docente-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Grupo de Investigación cifad. Correo electrónico: edgar.roam@campusucc.edu.co

Piedad Lucía Barreto Granada

Doctora en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos 3, España. Maestría en Propiedad Intelctual. Abogada de la Universidad Libre. Docente-investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Investigadora Junior (Colciencias). Grupo de Investigación CIFAD. Correo electrónico: piedad.barreto@campusucc.edu.co

Juan Pablo Monroy

Doctorando en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Maestrando en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Lomas de Zamora, Argentina. Abogado de la Universidad Libre. Docente e investigador universitario. Correo electrónico: juanpmonroy@gmail.com

Carolina Soto Méndez

Doctoranda en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Diploma de estudios avanzados (D.E.A.) en Bioética y Biojurídica de la Universidad Rey Juan Carlos, España. Abogada. Docente-investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Grupo de Investigación CIFAD. Correo electrónico: carolina.sotom@campusucc.edu.co

Israel Biel Portero

Doctor en Derecho Internacional de la Universitat Jaume I, España. Especialista en Derechos Humanos. Abogado. Docente-investigador universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto. Grupo de Investigación La Minga. Investigador Junior (Colciencias). Correo electrónico: israel.bielp@ucc.edu.co

Ángela Navia López

Magíster en Estudios Internacionales con Mención en Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Abogada de la Universidad de Nariño. Docente-investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto. Coordinadora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas La Minga. Correo electrónico: angela. navialo@ucc.edu.co

Liliana Parra

Doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas. Maestría en Psicología Social y Violencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magíster en Humanidades y Sociedades del Siglo 21 de la Universidad de Barcelona, España. Psicóloga. Docente e investigadora colombiana en clínica psicosocial de la Facultad de Pisicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Grupo de Investigación boulomai. Correo electrónico: liliana.parrav@campusucc.edu.co

Isabel Hernández Arteaga

Doctora en Ciencias de la Educación, Docente Escuela de Posgrados en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, e Investigadora del Centro de Investigación en Docencia Universitaria. Correo electrónico: isabel.hernandez@ucc.edu-co

María Elsa Unriza Puin

Comunicadora Social-Periodista, Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos y de Relaciones Internacionales, Doctoranda en Conocimiento y Cultura de América Latina. Coordinadora de Investigaciones Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Correo electrónico: maria.unriza@ucc.edu.co

Laureano David Angarita Becerra

Doctorando en Psicología Clínica, Magíster en Psicología Clínica, Especialista en Evaluación e Intervención de Trastornos Emocionales y Afectivos, Docente-investigador del programa de Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Correo electrónico: david.angarita@campusucc.edu.co

Helmer Fernando Llanez Anaya

Economista, especialista en Desarrollo Local, magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Docente y jefe del programa de Economía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Correo electrónico: helmer.llanez@ucc.edu.co

Fredys Alberto Simanca Herrera

Ingeniero de sistemas, magíster en Informática Aplicada a la Educación. Docente-investigador del programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Correo electrónico: fredys.simanca@campusucc.edu.co

Gabriel Becerra Yáñez

Doctorando en Estudios Sociales de América Latina. Magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Especialista en Derecho Púbico. Docente-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa sede Bogotá. Grupo de Investigación cifad. Correo electrónico: gabriel.becerray@campusucc.edu.co

Rafael Velandia Montes

Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad de Zaragoza, España. Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma universidad y con Diploma de Estudios Avanzados (d.e.a.) de la Universidad de Zaragoza, en el área de Filosofía del Derecho. Docente-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Investigador júnior (Colciencias). Grupo de Investigación cifad. Correo electrónico: rafael.velandiam@campusucc.edu.co

Los artistas

Rodrigo Echeverri (curador)

Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Demostró en los inicios de su trabajo una fuerte preocupación por las condiciones de violencia en Colombia y buscó el modo de materializarlas a través de una obra abstracta cuyo mayor argumento son el color y la forma. Nominado en la 9 versión del Premio Luis Caballero. Curador de la exposición de arte Intersecciones: perspectivas políticas y estéticas para la paz.

Fernando Arias

Indaga constantemente la condición humana explorándola por medio del video, la fotografía, la instalación y la acción. El conflicto, la sexualidad, la religión y la política son temas recurrentes en su trabajo. Tiene la fundación Más Arte Más Acción, donde se generan proyectos artísticos interdisciplinarios en colaboración con artistas y escritores que cuestionan temas sociales y de medio ambiente. Por medio de la representación de su cuerpo a través de la fotografía y el video, Arias trata temas como la identidad y la sexualidad, así como problemas sociales relacionados con la construcción de nación y de relaciones de poder en situaciones de conflicto.

Liliana Angulo

Maestra en Artes Plásticas con Especialización en Escultura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado estudios de Maestría en Antropología en la Universidad de los Andes. En su trabajo plástico, ha explorado por diferentes medios la identidad racial, la cultura afrocolombiana y su representación en la cultura contemporánea. Artista con profundo interés en la educación artística, ha trabajado en diferentes proyectos sociales que se benefician del arte. Ha mostrado su trabajo fotográfico local e internacionalmente.

Andrés Orjuela

Estudiante de Doctorado en Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magíster de la misma universidad. Maestro en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Su obra mantiene una constante reflexión en torno a las estructuras de poder entendidas desde una labor de análisis de la actualidad en sus distintas manifestaciones globales como la política, la economía y la cultura de masas. Este trabajo está en constante diálogo con investigaciones que socializa en distintos congresos y simposios donde participa como una forma de acción plástica, en la que la noción de investigación-producción es resaltada en su práctica artística.

Eduard Moreno

Maestro en Artes Plásticas con Especialización en Pintura (1997). Galardonado con el Latin American Art Award otorgado en la 7 Feria Internacional de Arte de Bogotá como reconocimiento a su trayectoria artística. Desarrolla en sus obras la colonización de la manera como se almacena y se repite la información y cómo funciona la memoria en el ser humano; también se cuestiona la forma como nos representamos y representamos el conflicto y a sus víctimas.

Libia Posada

Médica cirujana y maestra en Artes Plásticas. Trabaja el maltrato intrafamiliar, del cual ha sido testigo durante sus años como médica general. La artista ha ganado reconocimientos importantes, como el segundo lugar en el Salón Nacional de Artistas en 1999 y el primer premio del Salón Regional en el año 2000. La artista busca construir un atlas de Colombia con los elementos fríos de la cartografía —las convenciones, las escalas—, pero nacido de la geografía sentimental de personas de carne y hueso que conocieron el dolor. Combina la asepsia de su formación como cirujana con su capacidad de conmoción como creadora.

Mario Opazo

Magíster en Artes Plásticas y Visuales. Docente de la Universidad Nacional de Colombia. La trayectoria del artista supera ya las dos décadas, su obra se expone de manera permanente desde 1992, participando en las discusiones sociales que se dan a la luz de los escenarios públicos, escena a la que no ha sido indiferente su trabajo. Ganador del concurso abierto por el Ministerio de Cultura para elaborar el monumento de paz que se hará con el metal de las armas entregadas por las FARC y se instalará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Sair García

Maestro en Artes Plásticas. Trabaja el tema de los desplazados en Colombia a través de dibujos e instalaciones, de esculturas, grabados y pinturas. Pero no ha recurrido nunca a la pornoviolencia para hacer sus denuncias e impugnaciones, sino que las ha hecho planteando la tragedia a través de la poesía y conduciendo al observador a deleitarse con sus logros, mientras va socavando su indiferencia y espoleando su imaginación hasta concienciarlo acerca de la brutalidad y la injusticia circundantes.

Adriana Ciudad

Maestra en Artes Plásticas que se caracteriza por su versatilidad cromática, así como por su experimentación con la pintura acrílica. Sensibilia marca su retorno al Perú luego de un largo periodo de ausencia. La artista presenta una serie de pinturas, dibujos y escultura/instalación realizados en acrílico sobre diversos soportes; en los que retrata personajes femeninos de los que emergen paisajes mentales y mundos oníricos a manera de estructuras geométricas, y líneas y manchas fluorescentes.

Alba Nelly Galeano

Defensora de derechos humanos, víctima de desplazamiento forzado del oriente Antioqueño. La historia de Alba, y la de sus seres queridos, ha estado marcada por múltiples hechos de violencia sociopolítica y conflicto armado que, aunque inevitablemente han dejado las huellas de las memorias del dolor, no han impedido que su esencia aguerrida y su espíritu sanador se mantengan libres y vigentes en la lucha por las memorias de la esperanza.

Luz Odilia León Ramírez

Defensora de derechos humanos, víctima de crímenes de Estado, sobreviviente de la Unión Patriótica, lideresa y poetisa. El horror de la violencia la marcó con la desaparición y pérdida de sus seres queridos casi hasta la tercera generación. Sin embargo, ella siempre renace gracias a la fuerza de la esperanza y a partir de las cenizas del dolor, para demostrarle al mundo que seguirá luchando, hasta el último suspiro, por el vuelo de la memoria viva.

Yaneth Luque Manrique

Psicóloga de formación y Especialista en Medicinas y Terapias Alternativas. Yaneth ha dedicado su vida al acompañamiento psicosocial de víctimas de violencia sociopolítica y conflicto armado, integrando en el pensamiento-acción, los saberes ancestrales y las terapias alternativas como herramientas esenciales para el manejo de afectaciones psicosociales. Hace parte del Colectivo de pensamiento amerindio y prácticas de sanación ancestral Hizca Gaia.

Luz Angie Bermúdez Melo

Trabajadora Social de formación, con experiencia en el trabajo psicosocial, principalmente orientado en el acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres víctimas de violencia sociopolítica y conflicto armado en Colombia, en diferentes territorios rurales y urbanos de Colombia. Para ello, integra herramientas de terapias alternativas, arte-terapia, psicoterapias de grupo y procesos de elaboración de memoria. Hace parte del Colectivo de pensamiento amerindio y prácticas de sanación ancestral Hizca Gaia.

Este libro se terminó de imprimir y encuadernar en In Colors en diciembre del 2018. Fue publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se emplearon las familias tipográficas Aleo y Rockwell Std.

La obra Intersecciones: perspectivas estéticas y políticas para la paz se enmarca en el proceso de justicia transicional colombiano que tiene dos objetivos principales: lograr la paz estable y duradera y alcanzar la reconciliación nacional.

La consolidación de la paz, más allá del silencio de los fusiles (paz negativa), logrando relaciones de colaboración y apoyo mutuo, de armonía y de justicia social (paz positiva), es un asunto que involucra a los individuos, a los grupos y a la institucionalidad. La paz positiva, planteada por Johan Galtung, requiere del trabajo de todos. implica la construcción de relaciones sobre una base de respeto, de confianza y de valores compartidos que contribuyan a la restauración de la dignidad humana.

Con esa idea, las obras de los artistas que inspiraron este libro, concebidas desde un inicio como representación del conflicto armado, de la naturaleza humana y de la inequidad, fueron interpretadas por investigadores de distintas disciplinas y áreas del conocimiento para hacer una simbiosis entre ellas y el producto de sus investigaciones. Así, desde diferentes ópticas y aprovechando las experiencias sensoriales que despierta el arte, este libro se inserta en los mecanismos de construcción de memoria histórica, de reparaciones simbólicas y de sanación.

Cada capítulo, cada poema, cada obra, llama a la reflexión; invita a tener una mirada hacia el pasado para restaurar el daño causado y, a la vez, mirar hacia el futuro para lograr la transformación. Promueve que se vincule a la sociedad a los más desaventajados o a quienes han sido marginados de ella para que, entre todos, se contribuya al logro de los objetivos esperados en el proceso de justicia transicional y se combatan las causas estructurales del conflicto.

Tania bolaños Enríquez

Uno de los aportes a la educación para la paz es la evolución del concepto de paz negativa a paz positiva, de manera que comprende el desarrollo de las potencialidades humanas encaminadas a la satisfacción de esas necesidades básicas.↩︎

En abril del 2002, un grupo de paramilitares arribó en lancha por el río Atrato a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá y para ello pasaron por varios puestos de control de sus contrarios (la guerrilla de las FARC), según una investigación de las Naciones Unidas. En el momento en que unos y otros se encuentran en el casco urbano de Bojayá, el combate es inevitable; lo siguiente que recuerdan sus habitantes es que despertaron entre los cuerpos de sus familiares, amigos, vecinos y comenzaron a sacarlos de la iglesia en la que fueron atacados y a la que recurrieron con la idea errada de que iban a estar seguros.↩︎

Al respecto, también se puede referir icty casos Fiscal vs. Dario Kordic y Mario Cerkez, sentencia de la Sala de Apelaciones del 17.12.04; Fiscal vs. Sefer Halilovic, sentencia del 16.11.05; Fiscal vs. Dragoljub Kunarac y otros, sentencia de la Sala de Apelaciones del 12.6.02)↩︎

El informe de la Misión Electoral Especial identifica y caracteriza algunas de estas problemáticas.↩︎

Que contiene 33 artículos organizados en cinco capítulos: Capítulo 1. Disposiciones generales; Capítulo 2. De los derechos de la oposición política; Capítulo 3. De las Organizaciones Políticas Independientes; Capítulo 4. De los mecanismos de protección de los derechos de la oposición; Capítulo 5. Disposiciones finales.↩︎

Un análisis más detallado de cada proyecto se puede encontrar en el texto Oposición política en Colombia, de Juan Fernando Londoño (2016)↩︎

Se logró obtener la ponencia escrita de los siguientes partidos y movimientos: Mira, Cambio Radical, aico, mais, up, asi, Alianza Verde, Opción Ciudadana y los movimientos Marcha Patriótica y Poder Ciudadano.↩︎

Las ponencias de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y Unión Patriótica en la Mesa de Partidos son reiterativas respecto a la necesidad de garantizar los derechos a la oposición de los movimientos sociales y populares.↩︎

Al respecto, el Acuerdo Final encomendó al Consejo Nacional de Participación Ciudadana (CNPC) la realización de un proceso participativo en los siguientes términos:

Solicitar al Consejo Nacional de Participación, con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Cinep que organice el espacio de participación de carácter nacional de que trata el punto 2.2.1 […] El espacio de carácter nacional se convocará y realizará dentro de los 60 días siguientes a la firma del Acuerdo Final. En desarrollo de lo establecido en el punto 2.2.1, dentro de los 60 días siguientes a que la Comisión de Diálogo haya concluido su trabajo, el Gobierno, sobre la base de las conclusiones que surjan del espacio de carácter nacional presentará el proyecto de Ley de Garantías y Promoción de la Participación Ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales.↩︎

Entre las referencias más importantes y recientes tenemos, verbigracia, el caso de Rosa Elvira Cely: “Rosa Elvira sufrió un paro cardiaco, perdió la conciencia y al ser intervenida en el quirófano le encontraron la pelvis y el útero rotos como consecuencia de un palo que le habían introducido por el ano. Dentro del cuerpo se hallaron rastros de yerba y astillas” (Semana, 6 de febrero de 2012).↩︎

Por ejemplo, el caso de Yuliana Samboní, niña de 7 años víctima de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado Semana, 15 de diciembre de 2016), que tuvo lugar en Bogotá, el 4 de diciembre de 2016, y que ha generado una amplia cobertura mediática y múltiples protestas sociales en diversas ciudades de Colombia:

La pequeña de tan solo siete años fue violada dos veces: en el carro y en el apartamento […] se reveló que la niña fue torturada durante varias horas antes de morir. Se hallaron mordiscos en su cara y marcas de estrangulamiento en su boca y cuello […] el supuesto violador y asesino ‘tuvo todo el día para hacer lo que quiso y además dormir’ […] Luego de haber cometido el delito […] intentó esconder el cadáver debajo de la silla del sauna […[ la ropa de la menor estaba envuelta en una bolsa plástica y oculta en el tanque del inodoro […] Pero cuando subieron a la terraza, con un jacuzzi empotrado […] hallaron el cuerpo de Yuliana Andrea desnudo y empapado de aceite de cocina. (Betín, 7 de diciembre de 2016)

Debe mencionarse que la Fiscalía General de la Nación pedía sesenta años para el victimario y una juez lo condenó a 51 años y ocho meses de prisión, decisión que también generó protestas sociales porque se consideraba que la pena era muy baja y la Fiscalía apeló la decisión (Semana, 29 de marzo de 2017).↩︎

Sobre el caso mexicano, con consecuencias extrapolables a otros países, el artista colombiano Andrés Orjuela (s. f.) reflexiona acerca de cómo los narcotraficantes, al advertir la extensa cobertura del crimen en México, cometen homicidios con la máxima brutalidad para intimidar a rivales y a la Policía. Al respecto, pueden verse las obras Matazón y Silenciados (anexos), que muestran, respectivamente, una portada de la popular revista mexicana de nota roja Alarma! y una portada de la serie que el artista intervino (conservando únicamente los titulares de la publicación):

[…] con imágenes que recrean los grabados de José Guadalupe Posada (1952-1913). De esta manera, el crudo dato referencial de la violencia en la exhibición de los cuerpos asesinados y mutilados, aparece velado por una imagen que remite a las representaciones de ‘calacas’ y esqueletos del emblemático grabador, como una estrategia desde donde interpelar las lógicas de sentido que articulan el consumo cotidiano de las imágenes de violencia y potenciar una reflexión crítica. (Davis, s. f.)↩︎

Este trabajo toma como abordaje metodológico el propuesto para el proyecto “Intersecciones”, del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho cifad, de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, que propuso a su equipo de investigadores y a un grupo de artistas plásticos de reconocida trayectoria la realización de un trabajo colectivo que tendría dos partes: una consistente en la realización de una exposición de obras de arte en las cuales se abordan diferentes facetas del conflicto en Colombia, y otra consistente en la realización de un libro con capítulos en los cuales los investigadores compartirían sus resultados de investigación sobre esta temática.↩︎

“Digno de ser divulgado o publicado como noticia” (Real Academia Española [rae], 2001, p. 1591).↩︎

Es decir, el uso selectivo del Derecho penal, que se conoce como criminalización primaria, en el que solo se tipifican como delito las acciones cometidas por miembros de las clases sociales menos poderosas de la sociedad, incluso así no afecten de manera grave los intereses sociales, mientras que las conductas de los integrantes de los grupos sociales más poderosos no lo son, así afecten de manera grave tales intereses. Ver al respecto, por ejemplo, Zaffaroni, Alagia y Slokar (2000, pp. 6 y ss.).↩︎

Sobre el porqué del interés colectivo en las noticias de las celebridades, Fuller (2010, p. 175) afirma: “Porque establecemos un vínculo emocional fuerte y sucedáneo con celebridades en una sociedad cada vez más transitoria, desencarnada, y solitaria. Las celebridades ayudan a mantener juntos a grupos muy grandes y dispares”.↩︎

Que sostiene que solo se debe recurrir al Derecho penal para hacer frente a conductas generadoras de conflictos sociales de naturaleza grave, y siempre y cuando las demás herramientas extrajurídicas y jurídicas distintas a la penal se hayan mostrado como ineficaces para hacer frente a tales comportamientos.↩︎

Solo puede hablarse de víctima cuando haya una sentencia en firme en la que se declare la responsabilidad jurídica penal de un individuo (Silva, 2008, p. 359).↩︎

La edad de la víctima puede ser uno de esos factores. Sin embargo, tampoco explica por qué un caso tiene mayor connotación social que otro. De ello es paradigmático el caso ocurrido el 30 de agosto del 2014, en el que Joan Sebastián Rugeles, de 7 años de edad, fue asesinado por su madre y su cadáver fue encontrado con señales de violencia después de permanecer desaparecido veinticuatro horas (El Tiempo, 29 de septiembre de 2014), pero su caso no generó la amplia cobertura mediática y múltiples protestas sociales en diversas ciudades de Colombia que sí produjo el citado caso de Yuliana Samboní, a pesar de tener la misma edad. En la misma línea, en marzo del 2016, el cadáver de un menor de 11 años fue encontrado con signos de tortura (Noticias Caracol, 3 de marzo de 2016) y su homicidio tampoco desató la ola de indignación del caso de Samboní. Sobre la relevancia de este caso da cuenta Cortés (diciembre 11 de 2016):

Desde el caso de Rosa Elvira Cely, nunca la ciudad y el país en general habían estado tan conmocionados. Era el tema de conversación en la esquina de la carrera 8 con calle 12 de la fría mañana del pasado miércoles. Era la primera página de todos los periódicos colgados en los quioscos. Era la línea abierta de las estaciones de radio y el maná de las redes sociales, que, como ya es costumbre, dejaron ver sus desmanes y apocamientos.↩︎

Específicamente, aquellos casos en los que se trata de un hombre solitario que empieza a disparar contra personas que no conoce, los cuales se prefieren a aquellas situaciones que involucren “el homicidio de familiares y de masacres cometidas en conexión con delitos contra la propiedad” (Duwe, 2000, p. 365).↩︎

En igual sentido, existe una tendencia en el cine a presentar un número mayor de historias relacionadas con delincuencia (Reiner et al., 2000, pp. 113 y ss.).↩︎

Nos referimos a los delitos contra la vida e integridad personal, la libertad, integridad y formación sexuales y el patrimonio económico.↩︎

Aunque no hace referencia específica al delito, Luhmann (2007, p. 873) señala que “aquel que recibe la información se ve a sí mismo y a otros receptores de información y aprende poco a poco a tomar nota de manera altamente selectiva de aquello que es necesario para actuar en el contexto social respectivo —sea la política, la escuela, grupos de amigos, movimientos sociales—”.↩︎

Ni siquiera un profesor de Derecho penal, un abogado penalista, un fiscal o juez penal estaría sometido a hablar exclusivamente sobre la criminalidad.↩︎

En relación exclusiva con este aparte, utilizamos el vocablo información como sustantivo del verbo informar, que significa “enterar o dar noticia de algo” (rae, 2001, p. 1274). O sea, no hacemos referencia a informar como actividad profesional, periodismo, sino al simple dar a conocer.↩︎

Pamphlets.↩︎

Broadsheets.↩︎

Penny press. El nombre de prensa de un penique hace referencia al costo de un ejemplar, que costaba un penique, es decir, un centavo, y que era vendido en la calle por niños, en oposición a los tradicionales periódicos de la época que se adquirían por subscripción, con un costo de ocho a diez dólares al año, y solo podían ser comprados por quienes no tuvieran la subscripción en la oficina del periódico, a un costo de seis centavos por ejemplar. Valga agregar que en esa época el salario promedio diario era de 85 centavos (Schudson, 1978, pp. 15 y ss.).↩︎

En lo que también —como ya se mencionó— jugaron un papel importante las obras de detectives de Edgar Allan Poe y sir Arthur Conan Doyle y la aparición en el siglo 19 de múltiples publicaciones dedicadas a informar sobre delitos (Cheatwood, 2010, pp. 38 y 39). La fascinación social que los delitos empezaron a generar se puede apreciar, verbigracia, en los cinco homicidios cometidos en Londres en el otoño de 1888 y cuya comisión se atribuyó a Jack el Destripador, los cuales aún siguen siendo representados y que son expuestos como parte de las atracciones turísticas de Londres (Warwick, 2006, p. 552). En el sitio The London Dungeon, se promociona como “atracción turística” la recreación de los homicidios cometidos por Jack el Destripador. Disponible en: Enlace a página↩︎

Dime novels. Dime es una moneda de diez centavos.↩︎

Yellow journalism.↩︎

Al respecto, ver la muestra de la foto original de un homicidio y la misma imagen luego de la intervención del artista (anexos).↩︎

“Lo que demuestra la estructura del argumento que subsecuentemente atacaría a otros medios como la música pop y los videojuegos” (Surette, 2011, p. 8).↩︎

Todo esto al margen de que muchos videojuegos han sido objeto de críticas por su extrema violencia, pues presentan situaciones en las que el homicidio y toda clase de comportamientos delictivos violentos son una constante durante el desarrollo del juego, verbigracia, Doom, Dying Light, Grand Theft Auto, toda la serie de Call of Duty y el antiguo juego Chiller, en el que la tortura de personas con instrumentos medievales era parte de su contenido.↩︎

Su sitio web es: Enlace a página↩︎

Su sitio web es: Enlace a página↩︎

La serie original CSI tiene lugar en la ciudad de Las Vegas, Nevada.↩︎

Asesino en serie a quien se le imputaron judicialmente cincuenta homicidios, pero se piensa que la cifra de víctimas puede ser mayor (The New York Times, 26 de enero de 1989)↩︎

Disponible en: Enlace a página↩︎

Asesino en serie a quien se le imputaron judicialmente el homicidio y desmembramiento de 15 hombres y jóvenes (Johnson, 1992).↩︎

Disponible en: Enlace a página↩︎

Precisar qué hace que los miembros de la sociedad deseen conocer sobre la ejecución de tales conductas criminales y no de otras excede los propósitos de este escrito y constituye un campo de investigación de mucho interés para la Criminología.↩︎

Para un examen más completo de la cuestión, ver Velandia (2015a, pp. 87 y ss.).↩︎

Ley 1761 de 2015, Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely).↩︎

Sobre el particular, con mayores referencias sobre casos de Estados Unidos y España, ver Velandia (2015a, pp. 127 y ss.).↩︎

Para un análisis sobre la cuestión con mayor profundidad y más ejemplos de actitudes ciudadanas punitivas, ver Velandia (2015a, pp. 87 y ss.).↩︎

Hacemos mención solo a este caso debido a su reciente ocurrencia, el 4 de diciembre de 2016.↩︎

No se ha intentado acometer un rastreo completo de todas sus manifestaciones, sino solo de algunas de las más relevantes, pues un trabajo en tal sentido va más allá de los propósitos de este escrito.↩︎

En este caso, es tan evidente que se trata de una manifestación de punitividad electoral que incluso los medios de comunicación lo advierten:

Hasta el lunes, no había un solo proyecto de ley en trámite en el Congreso para castigar a violadores y asesinos de niños. Pero la conmoción que causó el crimen de Yuliana Andrea Samboní, de 7 años, pareció sacudir a los congresistas del Partido de la U, que este martes casi colapsan las secretarías de Senado y Cámara radicando iniciativas en ese sentido. A falta de una ley, cuatro fueron los proyectos radicados, dos que pretenden implementar la castración química como tratamiento terapeútico (sic) a violadores y la polémica prisión perpetua. Lo curioso es que lo presentaron a una semana de acabar el periodo legislativo, y uno de ellos es reforma constitucional. Aunque el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dice que se tramitarán a la mayor brevedad, la reforma constitucional para implementar la prisión perpetua está hundida, y tendrá que volver a ser presentada después del 16 de marzo. ¿Saludo a la galería? (Semana, 6 de diciembre de 2016)↩︎

En sentido similar, la entonces excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez sostuvo: “[…] estoy acá como mamá para expresarle solidaridad a esta familia, pero también para pedirles a los colombianos que impulsemos el proyecto de Gilma Jiménez: los violadores en Colombia no merecen nada más ni nada menos que prisión perpetua” (El Tiempo, 16 de diciembre de 2016). Así mismo, el representante a la Cámara por el departamento del Cauca Óscar Ospina Quintero manifestó:

[…] ‘es un tema muy doloroso, no solamente porque es una niña, sino por las condiciones en las que este bárbaro la violó y asesinó’. Además, señaló una propuesta que le hizo al Gobernador del Cauca: ‘Liderar una cruzada entre todos los dirigentes para exigir a la Fiscalía y al Bienestar Familiar que sea realmente ejemplar la condena. Hoy voy a dejar constancia en la plenaria de la Cámara en ese sentido, para que movamos rápidamente un proyecto para pedir la cadena perpetua para estos criminales y la castración química si es necesario’. (El Tiempo, 5 de diciembre de 2016)

Finalmente, el representante a la Cámara Efraín Torres Monsalvo aseveró:

[…] ‘la única solución es que se apruebe la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. Estas personas depravadas, sádicos y violadores, deben terminar el resto de sus días en la cárcel, necesitan estar apartados de la sociedad […] Si en junio del próximo año no aprobamos este proyecto, nos tocará salir a las calles a recoger firmas para que a través de referendo, podamos decirle al Congreso de la República que necesitamos tener una ley para poder implementar esta medida’. (Kienyke, 6 de diciembre de 2016)↩︎

Ver Velandia (2015b, pp. 233 y ss.).↩︎

Mediante la cual se convocaba a un referendo constitucional poniendo a consideración de la sociedad colombiana una reforma al artículo 34 de su Constitución Política para permitir que en los casos de delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales agravadas y secuestro cometidos en contra de menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física y/o mental se pudiera imponer la pena de prisión perpetua.↩︎

Que en todo caso no era original, sino una repetición de argumentos ya expuestos en otros ámbitos espaciales y territoriales.↩︎

a. 45 Yohana Salamanca Jiménez se lanzó como candidata al Senado de la República para el periodo 2014-2018 defendiendo la propuesta de cadena perpetua de Gilma Jiménez, pero no obtuvo los votos suficientes. De tal suerte, esta propuesta de un nuevo referendo fue considerada como la antesala de su campaña electoral para las elecciones del 2018, en las que tampoco quedó elegida.↩︎

En la faena investigativa según Hernández (2012) los métodos e instrumentos se derivan del problema que se quiere indagar y de la forma en que este sea construido; aclara que la flexibilidad metodológica no es equivalente a la dispersión, siendo necesario establecer un eje de indagación que oriente el proceso.↩︎

Los estudios cualitativos son holísticos porque contextos, individuos y grupos son vistos e interpretados desde una perspectiva de unicidad, por tanto, no se consideran variables, sino un todo integral que obedece a una lógica propia de organización, funcionamiento y significación.↩︎

Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.↩︎