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  • Configuraciones del derecho penal en Colombia

    Configuraciones del derecho penal en Colombia 

    Ramírez Llerena, Elizabeth(Universidad LibreCartagena, 2015)

    El libro “CONFIGURACIONES DEL DERECHO PENAL EN COLOMBIA” surge como consecuencia de la necesidad de tener un medio útil para difundir los conceptos jurídicos y humanistas producto de investigaciones y ensayos sobre distintos temas del Derecho Penal en Colombia. En este orden de ideas, el primer libro está destinado a presentar varios resultados de investigación afines al postgrado en derecho penal y criminología, contando con interesantes publicaciones de los egresados de las diversas promociones de la Especialización de Derecho Penal Y Criminología, tanto como de profesores nacionales e internacionales. Esperamos crecer en calidad y variedad de temáticas, toda vez que el fortalecimiento del Instituto de postgrado de la Universidad Libre permite que se vincularan artículos de derecho penal y criminología, evidenciando la calidad y constancia en la divulgación de resultados de investigación de profesores, estudiantes de posgrado e invitados especiales. Reseña tomada del original. Fecha de reseña: 4 de mayo de 2021.

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  • La convención sobre los derechos del niño

    La convención sobre los derechos del niño 

    García Chavarria, Ana Belem(2006)

    Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.

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  • Decreto 1082 de 2015

    Decreto 1082 de 2015 

    Colombia(2015)

    Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado. Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio. Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza. Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

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  • Del ejercicio de la abogacía

    Del ejercicio de la abogacía 

    Colombia, Decreto-Ley 4633 de 2011(2012)

    Se incorpora del estatuto del abogado o Decreto 196 de 1971 las normas que se consideran no fueron derogadas por el Código Disciplinario del Abogado. Recuérdese que el nuevo código o Ley 1123 de 2007, en su artículo 112 “deroga en lo pertinente el Decreto 196 de 1971, el artículo 13 del Decreto 1137 de 1971, la Ley 20 de 1972, y demás normas que le sean contrarias”.

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  • Factores de atribución de la competencia de los jueces civiles en el código general del proceso

    Factores de atribución de la competencia de los jueces civiles en el código general del proceso 

    Sanabria Santos, Henry Norberto(Bogotá, 2012)

    Es bien conocido por todos que para determinar la competencia se torna indispensable la conjugación y aplicación al caso concreto de los diferentes factores establecidos en la ley, de tal suerte que la atribución para conocer y resolver un determinado asunto es el fruto, entonces, del análisis, estudio y verificación, de cara a las particularidades de dicho asunto, de los diferentes criterios que al efecto nos ofrece nuestro estatuto procesal. Sobra decir, que previamente a darle aplicación a esos criterios o factores de atribución o determinación de competencias, se hace necesario recordar que, por regla general, de acuerdo con lo señalado por el artículo 15 CGP, a la llamada jurisdicción ordinaria le corresponde el conocimiento de aquellos asuntos que expresamente no le haya asignado nuestro ordenamiento a otra jurisdicción; al interior de la ordinaria, le corresponde a la especialidad o rama civil, el conocimiento de los asuntos que no estén asignados a otra especialidad jurisdiccional, es decir, que no le hayan sido de manera concreta señalados al conocimiento de los jueces laborales, de familia, penales, etc.; y, finalmente, ya ubicados al interior de la rama civil, serán los jueces del circuito los que conocerán de los litigios que no hayan sido determinados por la ley como de competencia de otros jueces civiles. Esto es lo que denomina la norma en mención como la “cláusula general o residual de competencia”, con lo cual, según se puede advertir de la lectura de la norma, se quiere significar que si una controversia no le fue expresamente asignada, por ejemplo, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la conocerá la ordinaria; si al interior de la ordinaria, no le aparece asignada a un determinado juez, le corresponderá tramitarla y decidirla al juez civil, y si no fue atribuida a un juez civil específico, será el de circuito el que contará con la competencia para ello.

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  • Laicidad y eutanasia

    Laicidad y eutanasia 

    Salame Khouri, Latife; Kraus Weisman, Arnoldo(2019)

    La incuestionable certeza de la muerte nos acompaña desde que tomamos conciencia de ella y de nuestra finitud, aunque debido a las distintas percepciones de la vida, en Occidente tardamos más en asimilarla que en Oriente. La muerte no distingue entre religiosos, no religiosos, ateos, agnósticos, pobres ni ricos; lo que diferencia a las personas, y con frecuencia a los grupos, es la forma en que se enfrenta el final de la vida. Por tal motivo, es obligación del Estado laico garantizar que todas las personas lleven a cabo el proceso de morir conforme a sus creencias, ejerciendo su autonomía y sin afectar a terceros.

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