Legitimación procesal activa del poder judicial en la interposición de medios de control constitucional

Abstract

Dentro de la estructura de los medios de control constitucional (controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad) establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el orden jurídico nacional, se prevé actualmente una legitimación procesal activa para que los poderes Legislativo y Ejecutivo, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías y los órganos constitucionales autónomos puedan interponer dichos mecanismos. La procedencia de estos medios frente a normas generales, actos u omisiones de poderes u órganos del Estado que vulneren el principio de división de poderes (separación de funciones y ámbitos de competencia) es altamente relevante para mantener la integridad de dicho principio y garantizar la supremacía constitucional en un Estado de derecho. El texto fundamental vigente omite considerar al poder Judicial como sujeto procesalmente legitimado para hacer uso de estos mecanismos de defensa constitucional. Además, la normatividad internacional aporta pocas referencias significativas sobre una legitimación similar para este poder en países que mantienen una división de poderes comparable a la de México. Bajo estas consideraciones, resulta impostergable conferir legitimación procesal activa al poder Judicial frente a actos que violen el principio de división de poderes y, por ende, comprometan su autonomía e independencia.